Por ALEJANDRO NADAL
El Acuerdo de París sobre cambio climático fue presentado al mundo en 2015 como un gran logro al finalizar la vigesimoprimera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención sobre Cambio Climático. Se dijo que por vez primera todos los países del mundo se habían unido en un esfuerzo común por mantener el cambio climático por debajo de los dos grados centígrados respecto de la era preindustrial. Además, se acordó realizar esfuerzos por limitar a 1,5 grados dicho cambio climático. Para lograr lo anterior todos y cada uno de los países miembros definirían de manera voluntaria e independiente sus compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Formalmente el Acuerdo de París (AP) entró en vigor en noviembre de 2016, al ser ratificado por el número requerido de países. Pero lo que nunca se ha dicho con toda claridad, y los medios no han sabido entender, es que ese acuerdo ya entró en vigor, pero todavía no puede aplicarse. Ya llevamos cuatro años en esta especie de limbo que convierte el AP en un tratado internacional que ya entró en vigor pero no puede aplicarse. La razón es que le falta lo que sería el equivalente a una ley reglamentaria.
Las implicaciones de lo anterior son devastadoras. En los últimos cuatro años, los 192 países miembros del Acuerdo de París han estado ocupados en negociar las reglas precisas de aplicación de ese instrumento. Leyó usted bien: tenemos cuatro años negociando el contenido del «Libro de Reglas» que define los procedimientos para uniformar los informes nacionales sobre reducción de emisiones, las reglas de cooperación financiera, la forma en que un país podrá cumplir sus metas de reducción de emisiones al ayudar a otras naciones a disminuir las suyas y las modalidades que deben regir las transacciones en los mercados de carbono y en los mecanismos de compensación de emisiones, etcétera.
Hace un año concluyó la COP24 en Katowice, Polonia, y se dijo que ya por fin habían concluido las negociaciones para definir el Libro de Reglas. Pero nuevamente el mendaz lenguaje diplomático sirvió de cortina de humo. Resulta que las reglas para la implementación de uno de los más importantes componentes del Acuerdo de París, definido en su artículo sexto, quedaron sin ser definidas y la tarea se dejó para la COP25. Y ésta tampoco pudo llegar a un acuerdo sobre ese artículo.
¿Qué dice este famoso artículo? Se trata de uno de los más importantes y contenciosos del Acuerdo de París. Es un texto breve que abre las puertas para que un país que haya rebasado sus metas o compromisos nacionales (voluntarios y definidos de manera independiente) pueda vender su excedente de emisiones a una nación que no ha podido cumplir con sus metas. Esos objetivos pueden estar relacionados con diferentes tipos de proyectos, como reducciones de emisiones, expansión de fuentes renovables o plantaciones forestales.
El artículo sexto también abre la puerta a la creación de un nuevo mercado de carbono internacional para intercambiar reducciones de emisiones en cualquier parte del mundo por los sectores públicos y privados. Al igual que el caso anterior, esas disminuciones pueden provenir de múltiples tipos de proyectos.
El principal problema es que estos mecanismos de mercado facilitan que las cosas sigan como están y no han servido para frenar las emisiones. El mercado de carbono más desarrollado es el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, y ese régimen ha estado en crisis desde hace años. Apenas este 2019 comenzó a repuntar el precio de la tonelada de carbono (equivalente), pero múltiples problemas de origen no han facilitado su funcionamiento.
Mantener el statu quo es muy mala opción en estos momentos. Ya sabemos que los compromisos nacionales no alcanzan para el objetivo inicial del acuerdo, y cuando se hacen cuentas se observa que colocan al mundo en la trayectoria de tres grados centígrados, lo cual tiene implicaciones de dimensiones catastróficas y constituye una amenaza existencial para la humanidad.
Antes y durante la COP25 muchas organizaciones y algunos países habían esperado que los grandes emisores de GEI anunciarían que estaban redoblando esfuerzos para reducir dichas emisiones. Esas notificaciones nunca llegaron y es claro que Estados Unidos (que ha denunciado el AP, pero todavía tuvo derecho a participar en esta COP), Brasil, China, Australia y Arabia Saudita encabezaron el grupo de países que, francamente, no escatimaron recursos para sabotear los esfuerzos de la COP25.
¿Cuál es el balance? Cuatro años después de cumplido el Acuerdo de París, las emisiones de GEI siguen aumentando. Tenemos ya un cuarto de siglo discutiendo y negociando un verdadero régimen regulatorio para enfrentar la amenaza del cambio climático. Este esfuerzo no ha fructificado y no parece que las cosas vayan a cambiar pronto. La COP25 recuerda la época de los sainetes que frecuentemente hacían reír al público en los teatros madrileños, porque terminaban en un grandioso fiasco. Sólo que esta vez el fiasco se traducirá en tragedia.