Ya que estamos en el 20-N, y aunque tarde, creo que es interesante conocer la postura de la CNT ante los procesos judiciales abiertos sobre los crimenes del franquismo:
Desde la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, como organización anarcosindicalista que tiene a miles de hombres y mujeres represaliados y desaparecidos por el fascismo español, quiere hacer notar frente al debate mediático que se ha suscitado con el procedimiento previo abierto por el juez Garzón en torno a la información solicitada a diferentes instituciones del Estado para conocer la dimensión de la represión franquista, que dicho procedimiento se abre a raíz de una denuncia presentada por movimientos sociales de recuperación de la memoria histórica ante el Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional 399/2006 y por tanto en nada tiene que ver con actuaciones de motu propio desde la Administración, que con Ley de Memoria o sin ella, y de manera reiterada y consciente a lo largo de 30 años, ha hecho dejación de sus responsabilidades sin aplicar los criterios de la legislación internacional sobre derechos humanos que obliga a ofrecer Verdad, Reparación y Justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad (los cuales no prescriben) que ocurrieron no sólo durante el golpe de estado de 1936 y la guerra civil, sino que se prolongaron durante toda la dictadura hasta finales de los años 70.
En esa dejación el Estado español ha derivado en las asociaciones la búsqueda y exhumación de los restos de personas fusiladas y enterradas en fosas comunes (cuando es una responsabilidad del propio Estado), no ha anulado los juicios franquistas por ilegítimos e ilegales, sólo ha devuelto parcialmente el patrimonio sindical robado por los franquistas (y en el caso de CNT con extraordinaria y escandalosa diferencia con respecto a la UGT) y nada a los particulares, se ha olvidado de los guerrilleros que lucharon contra el fascismo, abandona los lugares de memoria social, y un largo etcétera.
Esta política memoricida que arrastramos desde la llamada transición democrática ha evitado crear desde la Administración una Comisión de la Verdad o similar (semejante a las de otros países que han salido de dictaduras criminales) que tampoco la llamada Ley de la Memoria Histórica ha generado, de tal manera que la intención del juez Garzón de recibir en 15 días la información sobre la represión franquista se presenta como una labor parcial e imposible.
Tal vez el sonrojo del juez por haber intervenido en el procesamiento de verdugos de las dictaduras chilena y argentina, y haber contemplado fosas comunes en Guatemala o Colombia, le ha llevado a intentar cerrar las heridas que arrastramos aquí (con cifras que los historiadores sitúan en un mínimo de 300.000 asesinados entre fusilados y muertos en cárceles, con más de 50.000 personas aún hoy en cientos y cientos de fosas comunes), o tal vez sea una actuación meramente virtual y mediática a las que nos tienen acostumbrados las instituciones en general …veremos a ver si continúa el proceso.
En cualquier caso, desde CNT, no confiamos en unas instituciones que no han llevado a cabo una ruptura democrática real con el franquismo, ni en una justicia que nunca es imparcial, sino que responde a intereses de clase. Nosotros y nosotras optamos por la acción directa como vía certera de lucha (al margen de denuncias que también apoyamos…aunque sólo sea para dejar en evidencia al propio Estado que no cumple con sus propias disposiciones) y dentro de la total autonomía, independencia, autogestión (sin subvenciones ni liberados sindicales) de la que nuestra centenaria Confederación ha hecho bandera y fundamento.
Nosotros y nosotras seguiremos trabajando, en la medida de nuestras posibilidades y más allá de lo que el circo mediático dicte, para mantener viva la memoria de las luchas y sufrimientos de los trabajadores y trabajadoras en este ingrato solar hispano, y que esta memoria nos sirva para entender también las injusticias y desigualdades de hoy, y cómo combatirlas, porque como ya expusiera en el congreso constitutivo de la CNT en 1910:
«Habrase podido tender a mermar el poderío de los señores feudales, para robustecer el real; habrase podido disminuir el poder real en beneficio de las clases medias; habrase podido llegar a la república, aboliéndose la autoridad de los monarcas; pero en todos estos cambios realizados mediante el esfuerzo de los trabajadores, que han sido el cuerpo y el brazo dirimidor de las contiendas, la situación económica del obrero ha seguido siempre lo mismo. Explotado ayer y hoy y siempre. No se niega con esto el progreso moral e intelectual que los cambios políticos han acarreado para los trabajadores. Su esfuerzo para beneficiar a otras clases han mejorado su condición de hombres y los han colocado en situación de poder anhelar su emancipación económica, que era algo que parecía nebuloso, algo que ha confundido en todos los tiempos —y aún hoy muchos confunden— con determinadas libertades políticas…[Porque] no es posible abolir los privilegios con organismos en los que el privilegio exista, por cuanto no es posible la emancipación sino como obra de los trabajadores mismos.»
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