Los inmigrantes en España, que representan un 12,17% de la población (más de 5,7 millones de personas), aportan al Estado del bienestar más de lo que reciben y sólo son responsables de un 5,6% de la utilización de los servicios sociales, especialmente de sanidad y educación.
Estos datos, incluidos en el estudio “Inmigración y Estado de bienestar en España”, realizado por de la Fundación “La Caixa”, fueron presentados hoy en Madrid.
El informe pone de manifiesto que argumentos como el abuso del sistema de protección social por parte de la población inmigrante, esgrimidos por más de la mitad de los españoles, “están injustificados”, señaló el director general de la Fundación la Caixa, Jaime Lanaspa.
La percepción del extranjero como un competidor por los servicios sociales es, en parte, según Lanaspa, “producto de los insuficientes recursos asignados a unos programas expuestos a una demanda creciente”, tanto por el aumento de la población como por causa de la crisis económica.
Incluso los inmigrantes que están en España en situación irregular contribuyen al sistema al pagar impuestos indirectos, dinamizar el consumo y realizar tareas que permiten a las mujeres autóctonas incorporarse al mercado laboral, subraya el estudio.
Según el análisis, los extranjeros residentes en España consultan un 7 por ciento menos que los españoles al médico de familia y un 16,5% menos al especialista, aunque recurren un 3,2% más a los servicios de urgencias.
Constata también que menos del 1% de los perceptores de pensiones son inmigrantes, y de ellos más de la mitad son europeos.
Dividido en dos partes, el informe analiza las aportaciones de la población extranjera a la economía y al sistema social español, así como el uso que hacen de los servicios sociales.
Destaca el “factor dinamizador” que suponen en la economía, ya que el 30 por ciento del crecimiento del PIB en España en los últimos 20 años ha sido “consecuencia directa” de la llegada de inmigrantes.
Además, el 50% del superávit en las finanzas públicas españolas en los años de mayor crecimiento correspondió a impuestos y contribuciones sociales de la inmigración, que supusieron una media de unos 5.000 millones de euros (cerca de 7.400 millones de dólares) anuales.
Sin embargo, la crisis ha castigado duramente a estos colectivos, que en la actualidad sufren tasas de desempleo superiores al 30%, en comparación con un nivel de paro del 18% entre los autóctonos.
El informe asegura que una parte de sus oportunidades de trabajo radica en la economía sumergida, que según algunas estimaciones podría llegar a representar más del 20% del PIB de España.
La juventud y altas tasas de actividad de los inmigrantes han sido también determinantes para elevar la proporción de cotizantes sobre pensionistas a cerca del 2,5%, lo que ha retrasado en casi cinco años la previsible entrada en déficit del sistema español de pensiones, asegura el estudio.
Además, la llegada de extranjeros ha paliado los efectos del progresivo envejecimiento poblacional de España y ha garantizado temporalmente el sostenimiento del sistema de pensiones.
Inmigrante en el tajo.El estudio subraya que casi el 30% de los inmigrantes son pobres, frente al 18% de españoles, pero sólo un 6,8% de las intervenciones de los servicios sociales se dirigen a ellos, y la mayoría son de carácter informativo.
En cuanto a la educación, destaca el hecho de que el 9,6% de los alumnos de enseñanza obligatoria son extranjeros, mientras que el porcentaje del gasto social dedicado a la educación de la población inmigrante es del 6% del presupuesto total.
La lista de nacionalidades de inmigrantes residentes en España está encabezada por los procedentes de Rumanía (840.682), seguidos por marroquíes (757.809), ecuatorianos (369.692) y colombianos (222.061), según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).
EFE
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