[Otro ejemplo más de cómo la Iglesia Católica y su clero mienten completamente cuando hay detrás dinero.
Ya lo dice el refrán popular: «Gente de sotana, nunca pierde y siempre gana».]
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Por ley, la Iglesia Católica está obligada a presentar cada año una memoria justificativa de sus actividades económicas, igual que cualquier asociación o fundación. Hace ya varios ejercicios que no cumple con esta obligación legal: la última memoria difundida por la Conferencia Episcopal Española es del año 2009. De ese documento sale esta página que, al hilo de lo que publiqué ayer sobre la Mezquita de Córdoba, hoy conviene recordar.
En su memoria, la Iglesia olvida varias cosas. Es falso que haga «un esfuerzo económico muy grande» para mantener el patrimonio nacional: es el Estado quien financia las obras de rehabilitación de catedrales y demás monumentos. Y «muy grande» no es una medida contable: para eso se usan los números; con ellos es más complicado mentir.
Desde finales de los ochenta, está en vigor el Plan Nacional de Catedrales: un programa público que financia las restauraciones con dinero de los contribuyentes. Entre 2006 y 2008, el Ministerio de Cultura presupuestó 10 millones de euros para este plan. Entre 2008 y 2011, la Catedral de Toledo recibió 6,6 millones. Y la rehabilitación de la Catedral de Burgos costó 30 millones de euros en 15 años (fondos públicos y mecenas privados, como cajas y bancos). Hay muchos ejemplos más: según el anuario 2011 de estadísticas culturales —esta información sí está actualizada—, en el año 2010 el Ministerio de Cultura financió obras de restauración en 20 catedrales.
También es falso que estos edificios tengan «una rentabilidad escasa o nula» para la Iglesia. Se cobra entrada en muchos de ellos. Solo la Mezquita de Córdoba, como ayer expliqué, consigue así al menos 8 millones de euros al año (el obispado no ofrece cifras oficiales). ¿Paga la Iglesia las restauraciones de aquellos lugares de culto que son de pago? Tampoco. En los últimos tres años, el Ministerio de Cultura destinó 3,3 millones a su restauración de la Mezquita de Córdoba.
Estoy a favor de que sea el Estado quien financie la conservación del patrimonio. Pero lo justo sería que, a cambio, fuese el Estado quien también explotase los ingresos que generan estos edificios. No está reñido con la libertad de culto: nadie pide a la Iglesia que deje de dar misa allí. Pero si la Conferencia Episcopal Española pretende que las catedrales y otros edificios del patrimonio nacional sean propiedades privadas, que lo sean con todas sus consecuencias: también para las reparaciones y los impuestos.
En su memoria, la Iglesia olvida varias cosas. Es falso que haga «un esfuerzo económico muy grande» para mantener el patrimonio nacional: es el Estado quien financia las obras de rehabilitación de catedrales y demás monumentos. Y «muy grande» no es una medida contable: para eso se usan los números; con ellos es más complicado mentir.Desde finales de los ochenta, está en vigor el Plan Nacional de Catedrales: un programa público que financia las restauraciones con dinero de los contribuyentes. Entre 2006 y 2008, el Ministerio de Cultura presupuestó 10 millones de euros para este plan. Entre 2008 y 2011, la Catedral de Toledo recibió 6,6 millones. Y la rehabilitación de la Catedral de Burgos costó 30 millones de euros en 15 años (fondos públicos y mecenas privados, como cajas y bancos). Hay muchos ejemplos más: según el anuario 2011 de estadísticas culturales —esta información sí está actualizada—, en el año 2010 el Ministerio de Cultura financió obras de restauración en 20 catedrales.
También es falso que estos edificios tengan «una rentabilidad escasa o nula» para la Iglesia. Se cobra entrada en muchos de ellos. Solo la Mezquita de Córdoba, como ayer expliqué, consigue así al menos 8 millones de euros al año (el obispado no ofrece cifras oficiales). ¿Paga la Iglesia las restauraciones de aquellos lugares de culto que son de pago? Tampoco. En los últimos tres años, el Ministerio de Cultura destinó 3,3 millones a su restauración de la Mezquita de Córdoba.
Estoy a favor de que sea el Estado quien financie la conservación del patrimonio. Pero lo justo sería que, a cambio, fuese el Estado quien también explotase los ingresos que generan estos edificios. No está reñido con la libertad de culto: nadie pide a la Iglesia que deje de dar misa allí. Pero si la Conferencia Episcopal Española pretende que las catedrales y otros edificios del patrimonio nacional sean propiedades privadas, que lo sean con todas sus consecuencias: también para las reparaciones y los impuestos.
1/marzo/2012
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