El Gobierno de Mariano Rajoy confirmó este viernes que la Casa Real española estará excluida de la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que pretende aprobar en otoño.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció en rueda de prensa que muchos ciudadanos han solicitado formalmente que la Casa Real española esté sometida a la Ley de Transparencia y tenga que informar regularmente de sus actividades y gastos, pero adujo que el Gobierno ha rechazado esa posibilidad porque la monarquía “no forma parte del conjunto de administraciones públicas”.
El anteproyecto de la Ley de Transparencia se ha elaborado con 3.669 aportaciones realizadas a través de Internet por los ciudadanos y otras 14 remitidas de manera escrita. En total, la web habilitada para el periodo de consulta pública ha recibido “más de 78.000 visitas”.
El rechazo a que la Casa Real esté sometida a la Ley de Transparencia ha generado gran indignación entre la población española que cada vez se ve menos identificada en una Família Real que no padece la creciente desigualdad social, el desempleo y los drásticos recortes presupuestarios en servicios básicos como la sanidad y la educación.
Supongo que no tardará en aparecer un comentario anónimo acusándome de ser un reformista-cómplice-de-una-república-burguesa simplemente porque en esta entrada no he declarado mi amor eterno a la anarquía universal. Pero, en fin, ya se sabe que hay gente que se aburre mucho...
ResponderEliminarLa diferencia entre un régimen republicano y otro monárquico es que el puesto de la jefatura del Estado no está monopolizada por una familia determinada. Claro que en el fondo es lo mismo, un cargo superior que determina la representación de un Estado, pero puede ejercer tal cargo alguién, más o menos, elegido «democráticamente» o no, a que esté ejercido y controlado por una minoría por razones genéticas o consanguíneas.
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