«El nacionalismo militante de la burguesía,
que embrutece, engaña y divide a los obreros para hacerles ir a remolque de los
burgueses, es el hecho fundamental de nuestra época»
Lenin, Notas críticas sobre la cuestión nacional.
Lenin, Notas críticas sobre la cuestión nacional.
Introducción: cuando
la izquierda abandona el internacionalismo
¿Una nación puede ser verdaderamente libre coexistiendo
con el sistema imperialista que oprime a los pueblos? ¿La verdadera
independencia de una nación implica necesariamente la separación y nuevas
fronteras, o bien la separación representa una escenificación para someter la
nación a otro poder extranjero, a cambio de algunos beneficios para las clases
dominantes que promueven el movimiento nacional?
«Mudar de señor no es
ser libres» escribió sarcásticamente Quevedo cuando la oligarquía catalana a
través de la Generalitat
dirigida por Pau Claris rompió con la corona de España en 1641 y reconoció al
rey de Francia –el Borbón Luis XIII– como su señor, otorgándole el título de
Conde de Barcelona y soberano del Principado, en una aventura que finalizó con
la anexión francesa de una parte de Cataluña mediante el Tratado de los
Pirineos. Hoy se diría a los que desde la izquierda promueven el “derecho a
decidir” en Cataluña –buscando la protección de Bruselas o Berlín– que «mudar
de imperialismo no es ser libres».
En Cataluña, la mejor tradición de la izquierda
revolucionaria, simultáneamente nacional e internacionalista, planteaba que el
derecho de autodeterminación era una solución estéril, contraria a los
intereses del pueblo de Cataluña y de la nación catalana –y de cualquier otra–
si no se vinculaba con el contexto de la lucha antiimperialista. El dirigente
comunista Joan Comorera, uno de los fundadores del Partit Socialista Unificat
de Catalunya (PSUC) –muerto en las cárceles franquistas por luchar por la
libertad de Cataluña y de España–, fue uno de los que mejor supo vincular la
cuestión nacional catalana con el internacionalismo revolucionario y la
transición al socialismo. Aplicando a Cataluña las ideas de Lenin al respecto,
Comorera consideraba reaccionario y contrario a los intereses de los trabajadores
desvincular el problema nacional concreto de Cataluña de la lucha general
contra el imperialismo:
«Cataluña es una
nación. Pero Cataluña no puede aislarse. La tesis de que Cataluña puede
resolver su problema nacional como un caso particular, desentendiéndose y hasta
en oposición al problema general del imperialismo y de la lucha del
proletariado, es reaccionaria. Por este camino se va a la exageración negativa
de las peculiaridades nacionales, a un nacionalismo local obtuso. ¡Por este
camino no se va hacia la liberación social y nacional, sino a una mayor
opresión y vejación!» (1).
Las causas de la opresión y explotación de los
trabajadores y el pueblo de Cataluña eran las mismas que afectaban a los
trabajadores y el pueblo de España: la oligarquía española –incluyendo la gran
burguesía catalana y vasca– y el imperialismo internacional. Por este motivo,
Comorera planteaba la necesaria unidad de los pueblos y los trabajadores del
Estado en torno a la reivindicación de la República Popular
española como marco común donde se conseguirían las libertades para Cataluña:
«Por tanto,
compañeros, el camino a seguir para Cataluña no ofrece dudas. Únicamente la República Popular
de España dirigida por la clase obrera permitirá a Cataluña el pleno y libre ejercicio
de su derecho de autodeterminación. Únicamente la República Popular
de España dirigida por la clase obrera, garantizará el respeto estricto y
absoluto a la expresión de su voluntad soberana. (…) Y esta República Popular
dirigida por la clase obrera, sólo la podrá conseguir Cataluña luchando en
fraternal unión con los otros pueblos hispánicos» (2).
Rompiendo con este principio internacionalista y
revolucionario, la mayoría de las organizaciones políticas y sindicales de la
izquierda catalana consideran que ahora es el momento adecuado para plantear,
como reivindicación prioritaria, la consigna del “derecho a decidir”. A partir
de la democracia general y abstracta –como si las clases dominantes y las
oligarquías imperialistas pudieran tolerar más democracia y “derecho a decidir”
que el que les beneficia– los ciudadanos catalanes podrían escoger libremente
el futuro político de Cataluña, incluyendo la eventual creación de un nuevo
Estado.
Todo el debate político actual se ha desplazado a
planteamientos sobre la forma que debe adoptar el Estado español y Cataluña,
como si se pudiera hacer abstracción de la posición que los poderes dominantes
obligan a ocupar a Cataluña y España dentro del conjunto de los países
imperialistas, que se relacionan de forma estrictamente jerárquica entre los
dominantes –Estados Unidos, Alemania y Japón, principalmente Estados Unidos–
y los más dependientes como Italia, Portugal, Grecia, España… y Cataluña.
Además, la dependencia se acentúa con la crisis dado que las decisiones más
importantes se toman sobretodo en Bruselas y Berlín, donde se dictan
estrictamente las políticas a seguir, de tal modo que los países dependientes
se convierten en caricaturas de Estados al perder la mayor parte de su
soberanía nacional: son simplemente unos Estados vasallos sometidos a la
división internacional del trabajo dictada por Alemania y las otras dos
potencias imperialistas dominantes. La inserción de la Unión Europea en un
mercado capitalista mundial en crisis, convulsionado por las luchas entre las
diferentes potencias imperialistas y por la irrupción de países más
independientes como los llamados BRICS –Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica–, se realiza bajo la hegemonía política de Alemania, país que ha
elaborado desde hace décadas una estrategia de fomento de los diferentes
movimientos nacionalistas y étnicos para reestructurar la Unión Europea
exclusivamente en provecho propio y en detrimento de otras oligarquías
competidoras como la de Francia. El “derecho a decidir” para Cataluña y otras
regiones de Europa, como Escocia o Flandes, independientemente de los
sentimientos populares y del idealismo que despierta en una buena parte de
sectores populares catalanes que sienten la necesidad de ejercer un derecho
democrático, no sería más que una estrategia adoptada por la burguesía
nacionalista catalana que busca mejorar su posición dentro del sistema
imperialista, de común acuerdo con la estrategia elaborada por la Europa alemana.
El lugar que ocupan
España y Cataluña en el mundo
La contradicción principal de nuestra era es la que
enfrenta al imperialismo con los pueblos oprimidos que luchan por librarse del
dominio imperialista y de un mercado capitalista mundial disputado por los tres
polos imperialistas dominantes, puesto que de esta contradicción nacen los
movimientos populares y las revoluciones actuales.
Las corporaciones y grandes grupos económicos -tanto
financieros como industriales- que dominan la economía mundial, a excepción de
algunos pocos países independientes que tratan de controlar y gestionar en su
provecho la entrada de capital extranjero, se articulan en cadenas económicas
transnacionales –acertada descripción cuya autoría recae en el marxista
italiano Gianfranco Pala (3)– a partir de eslabones constituidos por diferentes
capitales nacionales –ya sean de las industrias o las finanzas, o un híbrido de
ambos– asociados de forma jerárquica dentro de las cadenas, y donde el capital
se centraliza o se descentraliza y se establece en red en función de sus
necesidades. Estas cadenas se estructuran como monopolios y oligopolios
imperialistas mundiales que compiten entre ellos, lo que no excluye alianzas
puntuales en función del contexto económico global. La relación de estas
cadenas transnacionales con los Estados y naciones que atraviesan y con las
instituciones supranacionales viene dada por el porcentaje de los diferentes
capitales nacionales en estas cadenas, por la competencia entre éstas en cada
país y grupo de países, y por la influencia que un Estado determinado tenga –en
términos militares, o de “persuasión” económica sobre otros socios, por
ejemplo, a través del control que Alemania tiene de la deuda externa de Grecia
y España o sobre el euro– para defender los intereses de su oligarquía dentro
de estas cadenas.
La soberanía nacional, en el contexto del imperialismo
actual, así como el papel de los Estados nacionales, no se corresponde ya con
su función clásica de defensa del mercado nacional, puesto que éste se ha
internacionalizado y la soberanía se diluye en función de la posición
jerárquica que los capitales y las oligarquías tengan dentro de las diversas
cadenas imperialistas. El dominio final, no obstante, corresponde siempre a las
tres potencias imperialistas principales -Estados Unidos, Alemania y Japón-, y
las diferentes soberanías nacionales de los imperialismos dependientes se
transfieren a instituciones situadas sobre los Estados y supervisadas por los
“tres grandes”, ya sean instituciones públicas y formalmente “democráticas”, o
privadas y cerradas a cualquier “injerencia” de los ciudadanos.
Los diferentes Estados imperialistas se transforman de
esta manera en oficinas de defensa y gestión de los diferentes capitales
nacionales articulados dentro de estas cadenas, por tratar de mejorar su
posición dentro de la jerarquía imperialista. Las instituciones europeas y
mundiales que pretenden regular el mercado capitalista mundial representando
intereses diversos –como la
Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el G-8, la Cumbre Asia-Pacífico,
el Foro Transatlántico, la Organización Mundial del Comercio, etc.–, son las
instituciones donde los representantes políticos de las diferentes oligarquías
imperialistas –a veces con la presencia de otros países independientes como
China, países latinoamericanos y asiáticos, etc.– discuten “democráticamente” y
a la vista del público, pero indudablemente existen otros foros y otros
mecanismos, opacos y ajenos a la vista indiscreta de la opinión pública, donde
se toman decisiones y se resuelven conflictos de forma poco ortodoxa entre los
diferentes poderes imperialistas.
Dentro de estas cadenas imperialistas se inserta el Estado
español y también Cataluña, exactamente en el lugar que les han obligado a
ocupar los imperialismos dominantes: especialización en turismo, especulación
urbanística y financiera, mano de obra barata, y en el caso de Cataluña y
Euskadi, pequeñas y medianas industrias que son competitivas dentro de las
cadenas transnacionales y complementan a las grandes corporaciones. Es
importante remarcar que Cataluña o Euskadi –y en menor medida otras zonas más
pobres del Estado al igual que la totalidad de España– forman parte del mundo
imperialista occidental. No son naciones oprimidas sino naciones opresoras –por
supuesto, no al mismo nivel que Estados Unidos, Alemania o Francia porque no
tienen el mismo poder y sólo pueden contentarse con las sobras–, en la medida
en que sus burguesías y sus sociedades –principalmente las más desarrolladas
como la catalana o la vasca– pretenden beneficiarse o se han beneficiado de la
pertenencia a una parte del mundo, el occidente capitalista, que domina y
explota a los países del llamado tercer mundo a través del neocolonialismo, la
deuda externa, el intercambio desigual y el chantaje político o las guerras de la OTAN. Históricamente,
tanto España como Cataluña o el País Vasco se beneficiaron del imperio colonial
español desarrollando su industria, su comercio y sus finanzas, recibiendo
materias primas baratas o traficando con esclavos. Pero la inserción de España
dentro de las cadenas imperialistas internacionales se realiza desde la
dependencia a otros capitales dominantes, dependencia que se hace sentir
duramente con la crisis capitalista actual.
La persistencia de la crisis capitalista y la
intensificación de la competencia económica mundial genera desasosiego y pánico
a las burguesías más dinámicas y prósperas del país, catalanas y vascas.
Paralizadas por el estancamiento de España, ven peligrar sus intereses y buscan
otras opciones dentro de las cadenas imperialistas internacionales que no pasen
por la dependencia hacia una oligarquía española en retroceso: buscan mejorar
sus posiciones dentro de la jerarquía global imperialista y de la nueva
división internacional del trabajo que se está realizando por la crisis capitalista
mundial. Y a pesar de que una gran parte de trabajadores y sectores populares y
militantes de formaciones políticas tengan una idea muy diferente al respecto,
sólo es en este contexto donde se puede practicar el famoso “derecho a
decidir”.
¿Es posible ejercer
el “derecho a decidir” en el seno del imperialismo?
Separarse no significa necesariamente independencia y
libertad: muchas veces puede significar su contrario. El derecho de
autodeterminación de las naciones siempre ha sido un derecho reconocido y
defendido por la izquierda revolucionaria, transformadora. Y, efectivamente,
sigue siendo un derecho a defender en contextos de una opresión nacional. Pero
este ejercicio aparentemente democrático y justo también puede convertirse en
su contrario y ser utilizado por el imperialismo para sus propios fines de
opresión nacional mucho más terrible: en 1861 la Confederación del
Sur de Estados Unidos apeló al “derecho a decidir” para separarse del Norte,
mantener el poder de los terratenientes y someter a los negros a la esclavitud;
Hitler utilizó en 1938 el derecho de autodeterminación teóricamente para
«proteger» a la minoría alemana de Checoslovaquia «oprimida por la mayoría
checa», pero en la práctica se apoderó de los Sudetes y después de todo el país,
esclavizando a los checoslovacos; en la región de Katanga situada en el Congo,
en 1960 los imperialismos belga y norteamericano promovieron la secesión de
esta rica región minera tras el triunfo del dirigente revolucionario Patrice
Lumumba; durante los años 90 del siglo pasado, el imperialismo norteamericano y
europeo –y sus cómplices entre la izquierda occidental– esgrimieron el derecho
de autodeterminación en Yugoslavia para justificar las injerencias
imperialistas y las bombas de la
OTAN contra aquel país multinacional: la vergüenza de Kosovo
–modelo que muchos independentistas catalanes anhelan para Cataluña–, que ha
pasado a ser una región autónoma de Serbia a una semi-colonia de la OTAN después de contar miles
de víctimas civiles –con un presidente acusado de traficar con órganos humanos,
drogas y prostitución–, es la prueba más palpable de que las libertades
nacionales son incompatibles con el imperialismo.
Lenin, Comorera y el PSUC histórico sabían perfectamente
que el derecho de autodeterminación es un espectáculo de fuegos artificiales o,
peor aún, un vehículo de mayor opresión nacional y contra los trabajadores si
no se supedita lo particular –las reivindicaciones nacionales– a lo general –la
lucha contra el imperialismo en la perspectiva de avanzar al socialismo–, y por
ello rechazaban apoyar indiscriminadamente a todo movimiento democrático, como
el de autodeterminación, cuando podían favorecer de alguna forma al
imperialismo. Lenin lo explicó de esta manera:
«Las distintas
reivindicaciones de la democracia, incluyendo la de la autodeterminación, no
son algo absoluto, sino una partícula de todo el movimiento democrático (hoy
socialista) mundial. Puede suceder que, en un caso dado, una partícula se halle
en contradicción con el todo; entonces hay que desecharla. Es posible que en un
país el movimiento republicano no sea más que un instrumento de las intrigas
clericales o financiero-monárquicas de otros países; entonces, nosotros no
debemos apoyar ese movimiento concreto. (…) No hay ni puede haber una sola
reivindicación parcial de la democracia que no engendre abusos si no se
supedita lo particular a lo general; nosotros no estamos obligados a apoyar ni
“cualquier” lucha por la independencia, ni “cualquier” movimiento republicano o
anticlerical» (4).
Desmarcándose de esta tradición, la mayoría de la
izquierda catalana –hoy nacionalista– considera progresista y favorable para
Cataluña situar en estos momentos el “derecho a decidir” o de autodeterminación
dentro del marco del imperialismo internacional, independientemente de que el
poder real esté concentrado de forma absoluta en manos de las diferentes
oligarquías, las multinacionales y los grandes bancos y corporaciones –formas
que adopta el capital monopolista–, las instituciones como el Fondo Monetario
Internacional, Wall Street, la
OTAN, el Banco Central Europeo y otras muchas instituciones,
públicas o clandestinas, cerradas al control de los trabajadores y la mayoría
de la ciudadanía, que impone una disciplina de hierro a los Estados vasallos y dependientes
como España, Portugal, Grecia o Italia entre otros. Y se trata del imperialismo
real, ejercido por los poderes dominantes dentro de la Unión Europea,
Estados Unidos y sus instituciones de la mundialización capitalista y de las
guerras genocidas fuera de Europa –apoyadas por parte de la izquierda mal
llamada “soberanista”–, no del imperialismo de pacotilla, decadente, segundón y
hasta semicolonial que es hoy el español. Frente a esta política nacionalista,
Comorera había planteado muchos años antes la tesis irrefutable de la
incompatibilidad de la soberanía nacional bajo el dominio de los monopolios
capitalistas:
«La soberanía
nacional y el capitalismo monopolista son incompatibles y su consecuencia
lógica, la recuperación de la soberanía por la nación, supone la liquidación
previa del capitalismo monopolista, es decir, como primera medida, la
nacionalización de los monopolios» (5).
Afirmar que las libertades nacionales se pueden adquirir
bajo el dominio imperialista, que saquea, oprime y extermina pueblos, –los
últimos: Costa de Marfil, Libia, Siria y Palestina– por defender sus libertades
nacionales, es erróneo políticamente y sólo lleva a un lavado de cara al
imperialismo opresor de los pueblos. Como efecto secundario, se crea la falsa
ilusión de que vivimos en un sistema democrático “puro” y neutral, que puede
beneficiar a toda la ciudadanía por igual, alimentando las falsas ilusiones de
muchos trabajadores de que dentro de la Unión Europea se va
a solucionar la crisis y los problemas que les afectan. Pero cuando las
instituciones imperialistas disfrutan de un poder absoluto y convierten a los
gobiernos “democráticos” –incluso en la “civilizada” Europa– en simples
funcionarios que deben aplicar sus órdenes –y cuando no las cumplen se perpetran
golpes de Estado blandos, como en Italia y Grecia– resulta curioso suponer que
estas mismas instituciones permitan ejercer un “derecho a decidir” real y
auténtico que vaya más allá del formalismo de unas nuevas fronteras y de una
nueva estrella en la bandera de una Unión Europea imperialista, en la que, por
otra parte, se siente tan a gusto una buena parte de la izquierda de nuestro
país.
Cataluña: ¿nuevo
Estado capitalista en Europa?
Partiendo de la legitimidad que tienen los pueblos a
ejercer su derecho de autodeterminación y del rechazo a toda forma de opresión
o discriminación nacional, es preciso recordar que no existen derechos ni
deberes en abstracto, desconectados de la realidad social y económica, que no
tengan un carácter de clase. Es decir, tales derechos jamás pueden beneficiar
simultáneamente –excepto en momentos puntuales de la historia– a los grupos o
clases sociales que tienen intereses diferentes: las elites económicas
constituidas por la gran burguesía y los trabajadores; los pequeños comerciantes
y los dueños de las grandes superficies comerciales, o bien a los neoliberales
que defienden los intereses privados con la izquierda que defiende el sector
público universal.
La izquierda mayoritaria, reformista –que hasta el momento
no tenía mayores pretensiones ideológicas que la teorización de un “capitalismo
humanitario” quimérico, aunque sostenible y ecológico, ni mayores pretensiones
políticas que tratar de frenar, a toro pasado, las sucesivas oleadas políticas
de recortes y austeridad– así como otras organizaciones de extrema izquierda
–por muy buena voluntad que tengan– han visto la ocasión de oro para arañarse
unos votos entre ellas sumándose a un movimiento promovido, dirigido y
hegemonizado por la burguesía y la oligarquía nacionalistas y reaccionarias,
organizadas en Convergència i Unió (CiU) y sus organizaciones y asociaciones
satélites, que disfrutan del respaldo absoluto de muchos medios de
comunicación, públicos y privados, para construir su hegemonía reaccionaria
sobre el pueblo de Cataluña. Se trata de una fuerza política –como el PP y en
gran medida el PSOE– radicalmente pro-imperialista, pro-sionista, neoliberal y
promotora de privatizaciones, recortes sociales, reformas laborales y guerras
imperialistas genocidas. No sólo eso, sino que la izquierda parlamentaria vota
a favor de propuestas de CiU, y casi toda la izquierda participa en
manifestaciones y actos públicos promovidos por esta misma fuerza política
apoyando su concepto de “derecho a decidir”. Muy poca memoria histórica tiene
esta izquierda, así que recordemos la caracterización tan exacta que hizo
Comorera de esta burguesía a la que hoy se considera tan democrática y digna de
apoyo total:
«La burguesía
catalana no intentó ponerse más caretas y se pasó abiertamente al campo de la
anti-España, de la anti-Cataluña. Fue una fuerza más de las clases y castas que
han oprimido a los hombres y los pueblos hispánicos, que han hecho siempre de
la opresión nacional uno de sus objetivos principales, históricos. Nuestra
burguesía conspiró con los militares traidores, con los fascistas y los nazis
contra la República
y tomó parte activa en la sublevación del 18 de julio. La burguesía catalana ha
sido y continua siendo una de las principales fuerzas del régimen
franco-falangista» (6).
La izquierda nacionalista entiende que ahora es el momento
de plantear estrategias comunes con la gran y pequeña burguesías secesionistas,
lo cual puede acarrear efectos devastadores en la lucha de clases. Quizás todas
las gesticulaciones en torno al “derecho a decidir” acaben reducidas a una
teatralización que le permitan a la burguesía catalana mayor margen de maniobra
frente a Madrid, como ha sucedido tantas veces. Pero de momento han tenido el
efecto de desviar a un discreto segundo plano las políticas de austeridad,
privatizaciones, recortes sociales, reformas laborales, y graves acusaciones de
corrupción contra CiU que erosionaban a esta fuerza política. El debate se ha
polarizado, de esta manera, en torno a la cuestión nacional, donde las
propuestas estrellas de las diferentes organizaciones políticas se centran en
el aspecto formal, el modelo de Estado –autonómico, federal, confederal o la
secesión de Cataluña– pero, excepto por las opciones minoritarias de
izquierdas, se habla poco del contenido real de ese Estado, que implica en
definitiva asumir que el poder seguirá siendo ejercido por las mismas elites de
siempre.
Con la apuesta nacionalista de buena parte de la izquierda
catalana, continuidad natural de otros frentes establecidos con CiU por el
nuevo Estatut de Cataluña o por el llamado pacto fiscal –que significa
concederle el poder a la burguesía catalana sobre la totalidad de la riqueza
pública generada por los trabajadores–, se le ha dado oxígeno a esta fuerza
política a costa de erosionar gravemente la independencia política de las
organizaciones de izquierda, de la clase obrera y los sectores populares
catalanes, una estrategia –la priorización del “derecho a decidir” al lado de
la gran burguesía– denunciada hace mucho por Lenin:
«No hay una sola de
estas reivindicaciones que no pudiera servir, y que no haya servido en ciertas
circunstancias, de instrumento de engaño de los obreros por parte de la
burguesía. Destacar en este sentido una de las reivindicaciones de la
democracia política, o sea, la autodeterminación de las naciones, para
contraponerla a las demás, es radicalmente falso desde el punto de vista
teórico. En la práctica, el proletariado sólo puede conservar su independencia
subordinando su lucha por todas las reivindicaciones democráticas, sin excluir
la república, a su lucha revolucionaria por el derrocamiento de la burguesía»
(7).
La cuestión nacional en Cataluña y en España ha cambiado
sustancialmente a lo largo de la historia. Es evidente que no es la misma hoy
que había bajo el franquismo –donde Cataluña y otros pueblos, incluyendo el
español, venían de sufrir terribles opresiones nacionales, culturales y
sociales– ni bajo la I
o la II República,
donde había espacios de libertades nacionales. Y es también evidente que las fuerzas
que impulsan y dirigen hoy el movimiento nacional en Cataluña –las fuerzas
reales, no las subalternas que van tras ellas– no tienen nada que ver con
aquellas fuerzas que lo hacían 30, 50 o 80 años atrás. No estamos en los
tiempos de la década de 1840, en los que se gritaba durante las insurrecciones
obreras de Barcelona las consignas de «República catalana» y «Estado catalán»
(8). Tampoco estamos en la década de 1930, cuando, en palabras del historiador
Pierre Vilar «el catalanismo era político y burgués. La catalanidad era
sentimental, popular, cosa de campesinos, tenderos, artesanos, empleados,
sacerdotes, maestros. Sus intérpretes fueron Macià y Companys» (9). Ni tampoco
nos encontramos en 1936, cuando el PSUC disputó a la pequeña y mediana burguesía
de Esquerra Republicana de Catalunya la dirección del movimiento nacional
catalán desde una perspectiva proletaria. Pero la izquierda nacionalista parece
haber olvidado la historia y con ella otro principio fundamental que vinculaba
la cuestión nacional y la de clase:
«En diferentes épocas
salen a la palestra diferentes clases, y cada clase entiende a su manera la
“cuestión nacional”. Por consiguiente, la “cuestión nacional” sirve en las
distintas épocas a distintos intereses y adopta distintos matices según la
clase que la promueve y la época en que se promueve.» (10)
¿Qué clase social domina hoy la cuestión nacional en
Cataluña y en España? ¿A qué intereses sirve hoy la cuestión nacional en
nuestro país?
Una parte de las clases dominantes españolas, la
oligarquía histórica compuesta por financieros, terratenientes e industriales
–de la que forman parte también catalanes y vascos– tradicionalmente defensora
de un centralismo monárquico y reaccionario, cuando no fascista, y propensa a
resolver la cuestión nacional incrementando la opresión y la supresión de
libertades nacionales, ve con recelos el movimiento político de la burguesía
catalana nacionalista, que promueve nuevas formas de sumisión al imperialismo
que no pasen por Madrid. Sus ramificaciones en Cataluña incluyen tendencias
antinacionalistas, lerrouxistas, antiautonomistas y fascistas, que buscan
capitalizar el descontento de muchos trabajadores por el giro nacionalista de
la izquierda. Algunas de ellas representan la tradición de la clase oligárquica
española que, desde Fernando VII hasta Franco –con los breves momentos de las
revueltas liberales y las dos Repúblicas– han sometido a los pueblos de
Cataluña y España, y a los obreros y los campesinos, a regímenes opresivos,
brutales, reaccionarios, caciquiles y dictatoriales con el objetivo de defender
sus intereses de clase a cualquier precio.
En Cataluña los intérpretes privilegiados de esa antigua
«catalanidad popular» ya no son los dirigentes de Esquerra Republicana. Se han
apoderado de ella, casi de forma absoluta, las familias oligárquicas
nacionalistas, desviando el descontento de los catalanes por las políticas
antisociales hacia el sentimiento nacionalista e identitario, desplegando la
bandera del falso independentismo. La burguesía nacionalista, y dentro de ella
los sectores más reaccionarios y pro-imperialistas, utiliza políticamente el
movimiento nacional en marcha agitando un eventual secesionismo. Este sector de
la gran burguesía ha sabido movilizar a amplios sectores de la sociedad explotando
hábilmente el cansancio por la ausencia de alternativas reales a las duras
políticas de ajuste, austeridad y recortes sociales; el sano y positivo
sentimiento patriótico y de apego al país de muchos catalanes; la convulsa y
muchas veces injusta relación histórica de España hacia Cataluña, que acumuló
muchos resentimientos nacionales; los rencores provocados por decisiones
políticas de los sucesivos gobiernos centrales y, finalmente, el sentimiento de
odio hacia la España
pobre y subdesarrollada –sintetizado en un antiespañolismo visceral– que
tradicionalmente ha sido el ADN del nacionalismo reaccionario de sectores de la
burguesía y la pequeña burguesía para los cuales la Europa rica es el espejo
hacia el que mirarse. Como expresó Artur Mas, el presidente actual de la Generalitat tras la
histórica manifestación nacionalista del 11 de septiembre, traduciendo el
estado de ánimo imperante en una mayoría de nacionalistas: «la España del norte se ha
cansado de la España
del sur y la Europa
del norte también se ha cansado de la
Europa del sur» (11). El catalanismo reaccionario
tradicional, que había visto en el “charnego” pobre y emigrante su “bestia
negra”, se ha transformado en la metáfora políticamente correcta que muestra a
una Cataluña –al igual que la “Europa del norte”– lastrada por el atraso y la
pobreza de la España
del sur y “expoliada” financieramente por un Estado central que subsidia estas
regiones pobres, aunque nadie de los que habla de “expolio fiscal” protestó
cuando llegaron cuantiosos fondos europeos estructurales y de cohesión para
España y Cataluña. Que una gran parte de la izquierda catalana se haya sumado a
un movimiento de estas características dice muy poco a su favor.
Otra de las carencias notables de gran parte de la
izquierda que defiende el “derecho a decidir” en versión convergente es la
ausencia de un programa de superación del capitalismo y de transición al
socialismo: cuando se asume el “derecho a decidir” tal y como ha sido planteado
por CiU y sin cuestionar previamente el dominio imperialista, lo que se está
pidiendo en realidad –aunque sea inconscientemente o aunque se busque
sinceramente lo contrario– es la creación de condiciones para la formación de
un nuevo Estado capitalista dentro de la Europa imperialista, es decir, un Estado
compatible con el domino de los grandes monopolios industriales y financieros,
y las instituciones imperialistas que garantizan el poder de las oligarquías
sobre los trabajadores y los pueblos. Un Estado, además, que seguramente será
usufructado por CiU durante muchos años. De nuevo la clarividencia de Comorera
resalta frente a la claudicación política:
«La separación por la
separación es una idea reaccionaria, ya que en nuestro caso concreto, Cataluña,
constituyéndose en un Estado independiente, saldría de una órbita de
explotación nacional para caer dentro de otra igual o peor. (…) La separación
por la separación no resuelve el problema nacional, porque la continuidad del
imperialismo comporta la opresión nacional, progresiva, incluso de aquellas
naciones que un día fueron independientes y soberanas» (12).
Esto es tan evidente que la izquierda nacionalista no
explica en ningún lugar la cuadratura del círculo que propone: cómo conseguir
que los trabajadores y el pueblo de Cataluña tengan el “derecho a decidir”
efectivo sobre su futuro cuando las principales fuentes de la economía del país
son propiedad de la oligarquía catalana dependiente del imperialismo yanqui y
alemán, o cuando el futuro del pueblo de Cataluña se encuentra enjaulado, al
igual que el futuro del resto de España, en unas instituciones imperialistas
que imponen milimétricamente a los gobiernos –a los gobiernos españoles, al
actual gobierno autonómico catalán o a un futuro hipotético gobierno
independiente en Cataluña– unas políticas que están deteriorando brutalmente
las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo catalán, de todos los
pueblos del Estado español y del resto de la Unión Europea.
El “derecho a
decidir” como estrategia del neoliberalismo y el imperialismo
El auge del nacionalismo secesionista en Cataluña no es un
hecho fortuito ni aislado. Dentro de la Unión Europea una
serie de movimientos nacionales, principalmente en Escocia, Flandes, el País
Vasco y Cataluña –a los que se suman otras movilizaciones menos influyentes,
étnicas o nacionalistas, en otras regiones– plantean cada vez con mayor
insistencia la separación de sus Estados actuales, a partir de la promoción de
identidades nacionales. Las fuerzas dirigentes de estos movimientos –las
distintas burguesías y oligarquías nacionalistas– persiguen la formación de
nuevos Estados en el seno de la Unión Europea a través de la autodeterminación,
dentro del contexto de dominio imperialista, y sin cuestionar ni el capitalismo
ni el poder de las elites económicas y sociales que con sus políticas están
empobreciendo a los pueblos y a los trabajadores europeos.
Por otra parte, desde las instituciones imperialistas de la Unión Europea se
viene promoviendo desde hace años a los movimientos identitarios, de carácter nacionalista
y étnico, y se reconoce cada vez más la legitimidad de sus reivindicaciones
culturales y políticas. Desde una parte de la oligarquía europea,
principalmente alemana –potencia dominante y nacionalmente homogénea en el seno
de Europa–, se ve con buenos ojos este movimiento, que le permitiría debilitar
a otras oligarquías históricamente más vinculadas a los viejos Estados. El
derecho de autodeterminación en el seno de la Unión Europea no
sería más que un vehículo para la mejor penetración del gran capital
monopolista y para debilitar las oligarquías rivales dependientes. El objetivo
es potenciar la creación de euro-regiones nacionales o étnicas, con
personalidades políticas propias, y ligadas directamente al gobierno europeo en
Bruselas. Así, una oligarquía financiera fuertemente centralizada podrá
explotar con mucha mayor facilidad a unos pueblos divididos (cuando no
enfrentados) y organizados en torno a etnias y nacionalidades que competirán
entre ellas por atraer inversiones o por disputar mercados a otras regiones. El
“derecho a decidir” no sería más que una estrategia para establecer nuevas
formas de sumisión al imperialismo más provechosas para la gran burguesía
nacionalista catalana de acuerdo con los intereses de la potencia dominante,
Alemania.
Varias instituciones de la Unión Europea, así
como fundaciones, institutos, etc., al igual que partidos nacionalistas, vienen
desarrollando este proyecto desde hace décadas, bajo estricto control de
Alemania en términos de financiación, dirección y creación de hegemonía en
torno a las ideas etnicistas. Estas ideas tuvieron una gran resonancia en los
grandes medios de comunicación y en el Parlamento Europeo, creando el sustento
filosófico y político que llevó a apoyar las reivindicaciones secesionistas y
étnicas en Yugoslavia y más tarde las guerras de la OTAN contra este país.
Entre las organizaciones políticas e instituciones que se
encuentran bajo la órbita alemana destacan el Partido Democrático de los
Pueblos-Alianza Libre de Europa (PDPE-ALE), que trabaja con los Verdes y que
cuenta entre sus animadores a Daniel-Cohn-Bendit, ex trotskista de mayo del 68
y hoy promotor de guerras genocidas por todo el mundo, desde Yugoslavia a Libia
y Siria. El PDPE-ALE, del que forman parte Esquerra Republicana de Cataluña,
Eusko Alkartasuna, el Bloque Nacionalista Galego o la Chunta Aragonesista,
trabaja estrechamente con la
Asociación de las Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), la Unión Federalista
de las Comunidades Étnicas (UFCE) que organiza congresos de comunidades étnicas
y que promueve un “derecho de las minorías” en contraposición a los Estados
actuales –excepto el alemán, cuya población es prácticamente un grupo nacional
homogéneo–, y el European Center for Minorities Issues (ECMI), financiados por
Alemania, a veces directamente desde su Ministerio de Interior. Por otra parte,
los documentos clave de la construcción europea son alemanes, como la carta de
las lenguas regionales o minoritarias, la convención-marco para la protección
de las minorías, las cartas de la autonomía local y regional y la carta de
Madrid, todos ellos orientados a garantizar la preeminencia de Alemania en
Europa en el camino hacia la mundialización capitalista bajo las directrices
del neoliberalismo, las privatizaciones y el libre mercado (13).
Los viejos Estados, que durante siglos han desarrollado
una dinámica de lucha de clases que ha permitido la conquista de derechos
sociales y laborales, y que albergan importantes sectores públicos, incluso
dominados por las oligarquías dependientes son un freno a la mundialización
capitalista y el libre mercado. La resistencia de los trabajadores para frenar
los retrocesos en materia de derechos sociales y laborales es mucho mayor en
los Estados, donde grandes movimientos sindicales –y, ocasionalmente, partidos
de izquierdas fuertes y arraigados de ámbito estatal–, suponen serias trabas a
la desregulación laboral, económica y financiera que imponen los capitales
imperialistas y sus servidores locales. La fragmentación de los Estados y la
división y compartimentación del movimiento obrero y popular facilita la
permeabilización de las políticas favorables al gran capital imperialista,
dominadas por las privatizaciones, el libre mercado, la caída en picado de los
salarios y la desregulación de las relaciones laborales en beneficio exclusivo
de la gran patronal. Esa es una de las implicaciones del “derecho a decidir” en
el contexto del imperialismo.
La alternativa
republicana, popular y antiimperialista: soberanía real para Cataluña y España
La llamada a la historia que realizan tanto los
partidarios del nacionalismo español como los partidarios del nacionalismo
catalán para sustentar las reivindicaciones políticas, como no podía dejar de
ser, peca de un fuerte parcialismo antihistórico y mitificador. En la larga
historia común de los pueblos de Cataluña y del resto del Estado desde la
unificación de la corona de Castilla con la de Aragón, ha habido épocas de
sintonía y épocas de conflictos, épocas de terribles opresiones nacionales y
épocas de libertades nacionales. Ni la relación de España con Cataluña –y con
otros pueblos como el vasco- ha sido un oasis de felicidad, ni tampoco España
ha sido una perpetua “prisión de los pueblos”. Por poner un ejemplo: no fue lo
mismo la España
franquista que la España
republicana en su mentalidad y comportamiento respecto la realidad
plurinacional del Estado. Ni España ha sido desde los reyes católicos hasta hoy
“una grande y libre”, ni tampoco ha sido Cataluña una nación que existe desde
la noche de los tiempos y que está oprimida desde el momento en que forma parte
de la corona española.
Desde el rigor científico de Pierre Vilar –historiador
premiado por la
Generalitat de Cataluña y a quien nadie en su sano juicio
podría acusar de anticatalanismo o de complacencia con el nacionalismo español-
se comprueban hechos sorprendentes para el nacionalismo: incluso la victoria de
Felipe V en 1714 es cuestionable como fecha mítica de la opresión catalana,
dado la nueva época de auge socioeconómico que se abrió para Cataluña: «la
historiografía catalana siempre se ha visto embarazada por el siglo XVIII. Éste
se abre con la supresión de toda autonomía catalana, se cierra con una
participación vigorosa de los catalanes en la defensa de España contra
Napoleón», de esta manera «es, pues, un proceso espontáneo el que favorece, en
este período, la aparición de un estado-nación español» (14), un Estado-nación
español débil, cuya unidad será cuestionada desde finales del siglo XIX.
La antecesora de la gran burguesía nacionalista de CiU era
la oligarquía industrial y financiera catalana, los Güell, los Ferrer, etc.,
agrupados en la patronal Fomento del Trabajo. Españolista ferviente, defensora
de la esclavitud en las colonias –donde se enriqueció con el tráfico de
esclavos, cuyos beneficios impulsaron en parte la industrialización de
Cataluña– financió mercenarios que luchaban contra los independentistas cubanos
y al ultraderechista Partido Español en Cuba que agrupaba a los terratenientes
esclavistas. Se hizo nacionalista a finales del siglo XIX cuando, perdidas las
colonias, el mercado español se volvió vital para su industria, y escogió a los
reaccionarios Prat de la Riba
y Cambó como sus ideólogos y representantes políticos para defender sus
intereses frente a Madrid. Volvió a hacerse anticatalana cuando el peligro de
revolución social acechaba en el horizonte –defendiendo métodos terroristas y
de exterminio contra el movimiento obrero–y financiando a las monarquías
corruptas de Alfonso XII y su hijo Alfonso XIII, y más tarde apoyando a las
dictadura de Primo de Rivera y Franco, como hicieron Cambó y tantos otros.
Hoy, cuando se plantean formas de relación directas con
Bruselas y Washington en consonancia con el cambio estructural de la economía
catalana –mucho más internacionalizada y volcada a la exportación–, los
descendientes directos de aquella rancia burguesía blanquean su pasado
españolista y radicalizan su discurso nacionalista. Pero en sí, el modelo de
sociedad de CiU se parece como dos gotas de agua a las promovidas por los sectores
más neofascistas del PP, como Aznar, Esperanza Aguirre y la FAES: para ambas burguesías,
su modelo socioeconómico es el macrocasino de “Eurovegas”, la apertura sin
condiciones a las multinacionales y al capital extranjero, la entrega de la
nación a los poderes imperialistas a cambio de algunos beneficios, el apoyo a
Israel –país al que Artur Mas, presidente de la Generalitat y actual
dirigente del movimiento nacional catalán, ha elogiado repetidamente–, el apoyo
abierto a los contrarrevolucionarios y terroristas cubanos, la oposición al
gobierno revolucionario de Venezuela, y la construcción de una Cataluña que
combina un modelo económico ultraliberal y el darwinismo social con las
herencias culturales más conservadoras, una Cataluña, además, donde los
sectores reaccionarios de la
Iglesia católica tienen una gran influencia social y
política.
No nos encontramos en la situación del año 1978, cuando
Cataluña y otros pueblos del Estado venían de sufrir una terrible opresión
nacional de la mano del régimen franquista, un régimen que contó con el apoyo
de un sector sustancial de la burguesía industrial catalana que vio con muy
buenos ojos la extirpación a sangre y fuego del poderoso movimiento obrero
catalán y la garantía de un monopolio industrial por el nuevo Estado fascista.
Una burguesía que además recibió con los brazos abiertos la llegada de decenas
de miles de emigrantes españoles que, huyendo de la miseria a la que eran
condenados, venían a ser explotados en la economía catalana a precios muy competitivos.
Estos emigrantes, por cierto, tuvieron una contribución muy importante con sus
luchas para la recuperación de las libertades nacionales. A partir del año
1978, cuando finaliza la transición hacia el actual régimen monárquico,
Cataluña pudo recuperar una buena parte de su autogobierno conseguido en la II República en gran
medida gracias a las luchas antifranquistas obreras y populares que protagonizó
el PSUC en Cataluña y el PCE en el resto de España durante el franquismo.
Lamentablemente, el autogobierno de Cataluña fue a parar a manos de la
oligarquía catalana que lo ha usufructado casi ininterrumpidamente desde
entonces por la terrible corrosión política e ideológica de las organizaciones
de izquierdas.
La constitución de un Estado capitalista catalán en el
seno de la Unión Europea
–que nacerá con defectos congénitos, ya que deberá asumir una gran parte de la
deuda pública española– no mejorará las condiciones de vida de los trabajadores
catalanes, probablemente las empeorará al aislarlos de la clase obrera del
resto del Estado. Las políticas de la
Unión europea, de los llamados mercados financieros y del
gran capital internacional, afectan por igual a los trabajadores catalanes y
españoles, así como a los países más dependientes y semicoloniales de la Unión Europea, como
Portugal, Grecia o Irlanda. Son políticas que benefician prioritariamente a
Alemania mediante el saqueo impune de los trabajadores y los pueblos a través
de la deuda externa y las políticas de ajuste. La libertad real de Cataluña no
puede plantearse desde el formalismo de un “derecho a decidir” que busca
acomodarse dentro del imperialismo europeo, ni tampoco desde proyectos sobre
formas del Estado ideales que no tienen en cuenta el contenido de clase. La
libertad real, al igual que la de España, pasa necesariamente por cortar las
cadenas que unen a Cataluña y España con el sometimiento al imperialismo, en
primer lugar por el capital monopolista y por el vasallaje político y económico
al que la Unión Europea
somete a España y a Cataluña como si fueran dos semicolonias.
Una relación verdaderamente justa de los pueblos del
Estado, una auténtica libertad nacional y una verdadera soberanía, sólo puede
conseguirse desde el marco de la ruptura con el imperialismo. Sin esa
perspectiva, cualquier esperanza independentista sólo puede acabar en una nueva
relación de sumisión al imperialismo. Los trabajadores de Cataluña, al igual
que los del resto del Estado y los otros pueblos que conviven en su seno tienen
los mismos enemigos: la oligarquía española –constituida también por las elites
económicas del País Vasco y Cataluña–, la gran burguesía catalana y el
imperialismo que oprime a los pueblos. Los lazos históricos que unen a los
trabajadores y los pueblos del Estado español, que sufren por igual los efectos
de las políticas imperialistas, justifica un esfuerzo por encontrar espacios de
unidad desde la igualdad nacional y encontrar el verdadero derecho de
autodeterminación. La
República Popular y antiimperialista, como señalaba Comorera,
hoy también puede convertirse en un marco de libertad para los trabajadores y
los pueblos del Estado español dentro de la unión fraternal y la igualdad en
derechos. Esta República puede unirse a la corriente mundial de países –como
los del ALBA (Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, etc.), así como
otros países que respetan la soberanía nacional y la igualdad en las relaciones
internacionales– que se esfuerzan en poner en pie unas sociedades alternativas
a las injusticias del capitalismo, basadas en la solidaridad, la defensa de los
trabajadores y los sectores populares, y la independencia y unidad de todas las
naciones en la búsqueda de su particular camino hacia el socialismo.
Notas:
(1) Joan Comorera: Contra la guerra
imperialista i per l'alliberació social i nacional de Catalunya.
(2) Comorera, obra cit.
(3) Gianfranco Pala: La crisis
después de todo. Crítica del postfordismo y cadenas imperialistas
transnacionales. Marx Ahora, nº 9, 2000, La Habana, pp. 59-78.
(4) Lenin: Balance de la discusión
sobre la autodeterminación. Editorial Akal 74, Madrid, 1975, pp. 151 y 160.
(5) Joan Comorera: La nació en la
nova etapa histórica.
(6) Joan Comorera: Lletra oberta a
Reis Bertral.
(7) Lenin: obra cit., pp. 120 y
121.
(8) Pierre Vilar: Sobre els
fonaments de les estructures nacionals. Curial Edicions Catalanes, Barcelona
1985, p. 53.
(9) Vilar, obra cit., p. 157.
(10) J. Stalin: Cómo Entiende la Socialdemocracia
la Cuestión Nacional.
(12) Comorera, obra cit.
(13) Pierre Hillard: La
décomposition des nations européennes. De l’union euro-atlantique à l’Etat
mundial. François-Xavier de Guibert, Paris, 2005.
(14) Vilar: obra cit. p. 49.
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