España
podría alcanzar los 18 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión
social en 2022, lo que supone cerca del 38 por ciento de la población, si
continúa la tendencia actual de recortes y no se corrigen las medidas de
austeridad, según el informe Crisis, desigualdad y pobreza
presentado por Intermón Oxfam. Además, señala que el país podría tardar 25 años
en recuperar el nivel de bienestar y los derechos sociales anteriores a la
crisis.
El
informe analiza la respuesta a las crisis de América Latina y el Este Asiático
en las décadas de los 80 y los 90 y la desigualdad y pobreza que generaron
sobre la población, comparándolas con las políticas de austeridad y de recortes
que se están aplicando en España. Así, muestra cómo en esos países la
nacionalización de las deudas privadas superó la capacidad de pago de los
países, se estancó la economía, subió la inflación, cayeron los ingresos y
tuvieron que seguir lo que en esa época se llamaba 'ajuste estructural' bajo la
vigilancia del FMI y del Banco Mundial con condiciones impuestas desde fuera,
tal y como ocurre ahora en España.
En
cuanto al aumento de la pobreza, el director general de Intermón Oxfam, José
María Vera, ha subrayado que actualmente se habla de 12,7 millones de personas
que están en situación de riesgo o de pobreza. «Estos datos, de seguir en
esta tendencia creciente desde 2008 y comparándolos con los datos de América
Latina, llevan a un resultado de entorno al 38 por ciento de la población en
una década, lo que supone que 18 millones de personas se encontrarían en
situación de pobreza».
Vera
ha recordado que en América Latina «las consecuencias se centraron de forma
especial sobre los más pobres y los más vulnerables y se produjo un aumento del
desempleo, la precarización, los salarios mínimos y el salario agrícola real
—todavía no recuperado en algunos países desde los años 80—. En todos estos
países la crisis supuso un fuerte aumento de los niveles de pobreza y a
mediados de los 90 se habían empobrecido gran parte de ellos con un retraso en
los porcentajes de las personas que vivían en situación de pobreza equiparables
a los de 25 años antes».
MÁS BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES
Por
otro lado, ha alertado de que «la brecha entre las personas que más ingresan y
las que menos ha aumentado ya hasta situar al país a la cabeza en el primer
lugar entre los 27 países Miembros de la
UE con más desigualdad social». «Antes de la crisis el 20 por
ciento más rico ingresaba 5,3 veces más que el 20 por ciento más pobre y en
2011 esta proporción había subido hasta el 7,5 y los datos recientes muestran
que sigue aumentando —ha agregado—. Haciendo comparativa con América Latina y
si continua esta trayectoria en una década, el 20 por ciento más rico podría
llegar a ingresar 15 veces más que el 20 por ciento más pobre».
Además,
ha manifestado que la recuperación en América Latina «es de lo que más se tardó,
de hecho en 1997 todavía había más de 200 millones de personas que vivían en la
pobreza y no es hasta 2005 cuando la proporción empieza a ser equivalente al
comienzo de la crisis, lo que supone que se tardó como media unos 25 años en
recuperar los niveles en los porcentajes de pobreza antes de que la crisis
empezara, por lo que este es otro de los datos que hace mirar a la situación
española actual».
Respecto
a la situación de recortes en España, el director Intermón Oxfam ha
denunciado que «se han cebado con las
personas más necesitadas mediante de reducción de ayudas y subvenciones a
asociaciones que están más cerca de las personas más vulnerables».
«Consideramos que el lado más evidente del gasto es el del rescate bancario».
«Hay
ejemplos relacionados con la actividad de las ONG que resultan sangrantes como
que el rescate del Banco de Valencia supone toda la ayuda a desarrollo de
España en su año máximo o que solamente la indemnización a su director general
equivale a toda la ayuda alimentaria destinada al Sahel», ha precisado Vera.
Ante
esta situación, el informe propone alternativas a la crisis para «propiciar un
cambio de rumbo», tales como «recaudar con justicia, blindar los derechos
sociales, fortalecer la democracia,
luchar contra la evasión fiscal y apostar por una ciudadanía activa».
Por
último, Vera ha solicitado que se «mantengan las políticas de solidaridad
internacional, aunque no sean en los mismos niveles que hace algunos años, pero
desde luego no con el desmantelamiento actual porque a pesar de todo lo que
decimos sigue habiendo unas diferencias de renta abismales en países como Sahel
y una necesidad de que sigamos estando ahí». También ha apuntado que con este
informe se quiere «contribuir a que no se enfrente a los pobres de un lado con
los de otro, no se trata de atender ahora más aquí y no atender a los países
del Sur».
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