Ignacio Escolar
Periodista
Domingo, 10 de febrero del 2013
La inmensa mayoría de empresarios honestos de este país deberían corear un famoso lema del 15-M y dedicárselo con un corte de mangas a la cúpula de la patronal: «¡Que no nos representan, que no!». La CEOE, que tantas lecciones da sobre el esfuerzo y la austeridad de los demás, arrastra un oscuro presente y un impresentable historial. Es una organización que ya está tardando en abrir las ventanas, limpiar bajo las alfombras y pedir públicamente disculpas a la sociedad.
La trayectoria de sus últimos dirigentes es como para hacérselo mirar. José María Cuevas, su histórico presidente, ni siquiera fue empresario; su hijo (al fin un emprendedor en la familia) acaba de ser detenido en una operación contra el blanqueo de capitales. Su sucesor, Gerardo Díaz Ferrán, está en la cárcel, acusado de gravísimos delitos; es el mismo moroso que no pagaba a sus empleados pero tenía dinero para donar varios cientos de miles de euros a Fundescam que se gastaron en la campaña electoral de su amiga, la regeneradora Esperanza Aguirre. Y quien sustituyó a Díaz Ferrán, Juan Rosell, ha tenido esta semana dos patinazos cada uno de los cuales justificaría por separado una dimisión. El primero, asegurar que esos 7,5 millones de euros en «donaciones» que aparecen registrados en los presuntos papeles de Bárcenas tienen poca credibilidad porque son «cantidades ridículas» (¿cuántos ceros hacen falta para que los donativos se parezcan a los de verdad?). El segundo, negar las cifras de paro. Para la marca España, es ideal que el presidente de los empresarios cuestione la estadística oficial.
Rosell también soltó el viernes en la SER una frase para enmarcar: «En la empresa pública ni se controla ni se evalúa». El cazo se lo dice a la sartén. En el 2010, la CEOE gestionó 587 millones de euros. Por comparar, el presupuesto del Congreso y del Senado (141 millones entre ambas cámaras) no llega ni a la mitad de la mitad. El 68% de esos fondos, unos 400 millones, son subvenciones, pagadas por los contribuyentes. La mayor parte de su dinero es público, pero sus cuentas son opacas. La CEOE solo presenta anualmente un mínimo resumen, con menos detalles que el salpicadero de un Seat Panda y solo de la cúpula central. Hablamos de una organización que cuenta con nueve vicepresidentes, una junta directiva de 221 miembros, 486 sedes por toda España y 3.729 empleados. Son los mismos que pregonan la austeridad, llaman vagos a los funcionarios y critican la «mastodóntica» Administración. Son también los que pedían abaratar el despido pero aprobaron una indemnización de 1,9 millones de euros para uno de sus exdirectivos.
El PP planteó esta semana que la futura ley de transparencia afecte también a partidos y sindicatos, como receptores de dinero público. Me sumo a la propuesta, pero que la amplíen también a la patronal.
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