Un grupo de médicos denuncia al Gobierno de Samarás ante el Tribunal Penal Internacional
18/05/2014
Un hombre de 54 años, aquejado de una grave enfermedad coronaria, ingresó la semana pasada en el hospital Evangelismós de Atenas. Necesitaba ser operado. Lo bajaron al quirófano, lo sedaron e intubaron. También le afeitaron el pecho. Cuando el cirujano tenía el bisturí en la manó, entró corriendo el gerente. El enfermo, casado y con un hijo, era un desempleado sin cobertura sanitaria de ningún tipo. La operación costaba 15.000 euros y no podía pagarla. El gerente ordenó al equipo médico que lo reanimaran y le dieran el alta.
El doctor Tasos Vijas, de la clínica social Kinonikó Iatrio, conoció el caso el pasado martes y llamó a la prensa. Se armó tanto revuelo que al día siguiente el gerente de Evangelismós telefoneó al paciente. Ya podía operarse. Todo había sido un malentendido. El Ministerio de Sanidad explicó que el enfermo había acudido a operarse el día que no le tocaba. Sólo eso.
Vijas no se lo cree y ha denunciado al Gobierno. Asegura que actuó con premeditación, como muchas otras veces. «Tenemos cientos de casos», asegura. «Hemos ido a los tribunales, incluido el Penal Internacional de La Haya. Creo que los que tienen el poder y han impuesto las condiciones de la deuda han de ser juzgados por crímenes contra el pueblo griego».
Las Naciones Unidas han criticado con dureza al Gobierno conservador de Antonis Samarás por no atender las necesidades básicas de la población, y a los acreedores les ha pedido que rebajen la presión porque provoca la muerte de muchas personas. Grecia ha reducido un 25% el presupuesto de los hospitales y es el país de la Unión Europea anterior al 2004 que gasta menos en sanidad.
La mortalidad infantil, según The Lancet, ha subido un 43%, las depresiones severas se han multiplicado por 2,5, los casos de tuberculosis entre los drogodependientes se han doblado, los contagiados con el VIH se han multiplicado por diez y los suicidios han crecido un 45%.
Hay 800.000 personas, en una población de 11 millones de habitantes, que no tiene ningún tipo de seguro médico porque han agotado el paro y otras prestaciones. El doctor Vijas asegura que son el 30% y que muchos más no pueden asumir el copago de las visitas y de los medicamentos. «Hay diabéticos sin acceso a insulina que infartan —explica Tasos Vijas—, enfermos con la presión alta que no pueden medicarse y que también sufren infartos cerebrales».
La clínica social está en el barrio de Elenikó, última parada de la línea 2 del metro. Es un proyecto de 300 médicos voluntarios que, en dos años y medio, han hecho más de 26.000 visitas. Cubren todas las especialidades y ofrecen medicinas gratis que reciben de donaciones. Las visitas al psicólogo y al psiquiatra se han disparado después de que el Estado redujera un 55% el gasto en enfermedades mentales.
El doctor Vijas muestra la imagen de un tumor de pecho tan grande que ha eclosionado sobre la piel: «Siete meses anduvo esta mujer de hospital en hospital sin que la atendieran hasta que vino a nosotros. Hoy agoniza y cuando muera será un asesinato. Tenemos cientos de casos».
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