El Comité de Derechos Económicos asegura que la «congelación» del salario mínimo «no permite un nivel de vida digno»
MELCHOR SÁIZ-PARDO
Los recortes económicos del Gobierno y la envergadura de la crisis en España han encendido todas las alarmas en Naciones Unidas. El último informe del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU, remitido el pasado junio al Ejecutivo, critica sin ambages los ajustes aprobados en los últimos meses, que, denuncia, «perjudican de forma desproporcionada» a los más desfavorecidos. El informe reprocha al Gobierno buena parte de las medidas adoptadas en los últimos meses y, en particular, los recortes en sanidad, educación, planes de empleo y pensiones.
El estudio de Naciones Unidas, que es anterior al último paquete de recortes aprobado por el Gobierno de Rajoy este julio (reducción de las ayudas a la dependencia y prestaciones de desempleo, amén de la subida del IVA), es muy pesimista. A diferencia de las ediciones anteriores, en las que la intranquilidad de la ONU eran inmigrantes, presos o mujeres maltratadas, ahora la inquietud es buena parte de la población general.
El comité asegura estar «preocupado» por la «reducción de los niveles de protección» provocada por «las medidas de austeridad». Recortes que -asegura- están «perjudicando de forma desproporcionada» a «los grupos desfavorecidos y marginados», entre los que cita a las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, «los adultos y los jóvenes desempleados», las personas mayores, los gitanos, los inmigrantes y los solicitantes de asilo.
La ONU muestra especialmente inquietud por los altos niveles de paro que están provocando las reformas. Afirma que el actual contexto de «crisis económica y financiera» hace todavía más preocupante «el continuo incremento de las tasas de desempleo y del desempleo de larga duración». Señala, además, que el paro se está cebando, de nuevo, en los sectores más débiles, lo que está «agravando la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran». El comité, ante esta perspectiva, hace un llamamiento al Gobierno para que «evite cualquier retroceso» en la «protección de los derechos laborales de los trabajadores» y reclama que «la formación profesional de calidad siga siendo prioritaria», especialmente en los casos de desempleo de larga duración.
Alarmas encendidas también por el deterioro de las condiciones de los que sí tienen trabajo. El informe de CDESC señala tajante que el salario mínimo interprofesional, que ha sido congelado desde el año 2011, tiene «un valor que no permite un nivel de vida digno». La institución reclama con urgencia que se «ajuste periódicamente al costo de la vida» ese sueldo. Y lo mismo con las pensiones. «El comité constata con preocupación que los niveles de pensión sean, en muchos casos, inferiores al nivel de subsistencia mínimo, lo que pone a sus beneficiarios en riesgo de pobreza», apunta el documento, que denuncia particularmente la coyuntura de «las mujeres que reciben pensiones de viudedad más bajas».
Quinta parte
Según el estudio de la ONU, los recortes y la intensificación de la crisis han provocado un incremento «considerable» del índice de personas en riesgo de pobreza en España, hasta el punto de que el 21,8% de la población vive ya por debajo de ese umbral. Especialmente preocupada se muestra Naciones Unidas por la repercusión de la crisis y los recortes en los niños. Afirma que uno de cada cuatro menores de edad ya vive por debajo del umbral de pobreza. Una situación que se hace aún más delicada porque «las prestaciones económicas a las familias han sido severamente restringidas o incluso, eliminadas, como en el caso de la prestación económica de pago único por nacimiento».
Los técnicos de la organización denuncian igualmente «la situación de los individuos y de las familias que se encuentran abrumados por los costes de la vivienda tras haber accedido a hipotecas de larga duración» y lamentan que el Gobierno haya legislado en marzo para dejar a «discrecionalidad de las entidades bancarias la admisión de la dación en pago». Todo ello, además, con la constatación de que se están autorizando «desalojos forzosos sin las debidas garantías legales», sin que las personas afectadas sean «consultadas previamente» y sin que se les ofrezca «una alternativa de alojamiento o compensación».
Sin «capacidad creativa»
Los recortes en educación e investigación también son criticados con dureza. Detalla el documento que son dos de los sectores «más afectados» por los tijeretazos, tanto en los presupuestos de la Administración central como de las comunidades autónomas. El CDESC habla de «medidas regresivas» que, sobre todo, van a «poner en riesgo» el acceso «de las personas y grupos desfavorecidos y marginados a la educación universitaria». Dice la ONU que es especialmente inquietante que España, en esta situación de crisis, haya decidido hacer «recortes presupuestarios que ponen en peligro la protección y la promoción de la capacidad creativa e investigativa».
La ONU también arremete contra las «disparidades» entre regiones a la hora de los recortes «en términos de inversión social». Teme que esos ajustes aumenten «las disparidades» y provoquen un «disfrute inequitativo o discriminatorio de los derechos» de los ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia. Y en cuanto a las reformas de abril en materia sanitaria, advierte de que recortar los derechos de acceso de los inmigrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud va contra las convenciones internacionales firmadas por España.
El Gobierno no ha hecho público oficialmente este informe a pesar de que la ONU, cuando se lo remitió el pasado 6 de junio, le pidió que diera «amplia difusión a las observaciones» en «todos los niveles de la sociedad, en particular entre los agentes estatales, los jueces y las organizaciones de la sociedad civil».
MELCHOR SÁIZ-PARDO
Los recortes económicos del Gobierno y la envergadura de la crisis en España han encendido todas las alarmas en Naciones Unidas. El último informe del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU, remitido el pasado junio al Ejecutivo, critica sin ambages los ajustes aprobados en los últimos meses, que, denuncia, «perjudican de forma desproporcionada» a los más desfavorecidos. El informe reprocha al Gobierno buena parte de las medidas adoptadas en los últimos meses y, en particular, los recortes en sanidad, educación, planes de empleo y pensiones.
El estudio de Naciones Unidas, que es anterior al último paquete de recortes aprobado por el Gobierno de Rajoy este julio (reducción de las ayudas a la dependencia y prestaciones de desempleo, amén de la subida del IVA), es muy pesimista. A diferencia de las ediciones anteriores, en las que la intranquilidad de la ONU eran inmigrantes, presos o mujeres maltratadas, ahora la inquietud es buena parte de la población general.
El comité asegura estar «preocupado» por la «reducción de los niveles de protección» provocada por «las medidas de austeridad». Recortes que -asegura- están «perjudicando de forma desproporcionada» a «los grupos desfavorecidos y marginados», entre los que cita a las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, «los adultos y los jóvenes desempleados», las personas mayores, los gitanos, los inmigrantes y los solicitantes de asilo.
La ONU muestra especialmente inquietud por los altos niveles de paro que están provocando las reformas. Afirma que el actual contexto de «crisis económica y financiera» hace todavía más preocupante «el continuo incremento de las tasas de desempleo y del desempleo de larga duración». Señala, además, que el paro se está cebando, de nuevo, en los sectores más débiles, lo que está «agravando la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran». El comité, ante esta perspectiva, hace un llamamiento al Gobierno para que «evite cualquier retroceso» en la «protección de los derechos laborales de los trabajadores» y reclama que «la formación profesional de calidad siga siendo prioritaria», especialmente en los casos de desempleo de larga duración.
Alarmas encendidas también por el deterioro de las condiciones de los que sí tienen trabajo. El informe de CDESC señala tajante que el salario mínimo interprofesional, que ha sido congelado desde el año 2011, tiene «un valor que no permite un nivel de vida digno». La institución reclama con urgencia que se «ajuste periódicamente al costo de la vida» ese sueldo. Y lo mismo con las pensiones. «El comité constata con preocupación que los niveles de pensión sean, en muchos casos, inferiores al nivel de subsistencia mínimo, lo que pone a sus beneficiarios en riesgo de pobreza», apunta el documento, que denuncia particularmente la coyuntura de «las mujeres que reciben pensiones de viudedad más bajas».
Quinta parte
Según el estudio de la ONU, los recortes y la intensificación de la crisis han provocado un incremento «considerable» del índice de personas en riesgo de pobreza en España, hasta el punto de que el 21,8% de la población vive ya por debajo de ese umbral. Especialmente preocupada se muestra Naciones Unidas por la repercusión de la crisis y los recortes en los niños. Afirma que uno de cada cuatro menores de edad ya vive por debajo del umbral de pobreza. Una situación que se hace aún más delicada porque «las prestaciones económicas a las familias han sido severamente restringidas o incluso, eliminadas, como en el caso de la prestación económica de pago único por nacimiento».
Los técnicos de la organización denuncian igualmente «la situación de los individuos y de las familias que se encuentran abrumados por los costes de la vivienda tras haber accedido a hipotecas de larga duración» y lamentan que el Gobierno haya legislado en marzo para dejar a «discrecionalidad de las entidades bancarias la admisión de la dación en pago». Todo ello, además, con la constatación de que se están autorizando «desalojos forzosos sin las debidas garantías legales», sin que las personas afectadas sean «consultadas previamente» y sin que se les ofrezca «una alternativa de alojamiento o compensación».
Sin «capacidad creativa»
Los recortes en educación e investigación también son criticados con dureza. Detalla el documento que son dos de los sectores «más afectados» por los tijeretazos, tanto en los presupuestos de la Administración central como de las comunidades autónomas. El CDESC habla de «medidas regresivas» que, sobre todo, van a «poner en riesgo» el acceso «de las personas y grupos desfavorecidos y marginados a la educación universitaria». Dice la ONU que es especialmente inquietante que España, en esta situación de crisis, haya decidido hacer «recortes presupuestarios que ponen en peligro la protección y la promoción de la capacidad creativa e investigativa».
La ONU también arremete contra las «disparidades» entre regiones a la hora de los recortes «en términos de inversión social». Teme que esos ajustes aumenten «las disparidades» y provoquen un «disfrute inequitativo o discriminatorio de los derechos» de los ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia. Y en cuanto a las reformas de abril en materia sanitaria, advierte de que recortar los derechos de acceso de los inmigrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud va contra las convenciones internacionales firmadas por España.
El Gobierno no ha hecho público oficialmente este informe a pesar de que la ONU, cuando se lo remitió el pasado 6 de junio, le pidió que diera «amplia difusión a las observaciones» en «todos los niveles de la sociedad, en particular entre los agentes estatales, los jueces y las organizaciones de la sociedad civil».
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