La farsa democrática española o falsa democracia

Padecemos una reforma laboral votada en el Parlamento por los diputados que están sometidos a la disciplina de su partido (votan lo que su jefe de filas les dicta), independientemente de lo que deseen sus electores, cuya mayor parte son trabajadores (que ni siquiera fueron consultados). A ello hay que añadir que los votantes no tienen la posibilidad de revocar a tales representantes de sus cargos. Es decir, el Parlamento español no es representativo de sus ciudadanos, en contra de lo que se cree.

Por otra parte, el gobierno español quiere sacar por decreto una reforma sobre las pensiones y de la edad de jubilación (siguiendo el paso de otras reformas que recortaban los derechos sociales de la gente años atrás y por los diferentes ejecutivos de turno). Atribuyéndose el ejecutivo competencias del poder legislativo. En pocas palabras, puesto que no hay división de poderes (lo que define a una democracia formal), España no es tal democracia, ya que no se cumple la característica mencionada. Ejemplo de la falacia de una democracia representativa.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Nuestro parlamentarismo presente, hunde sus raíces en nuestro pasado reciente*: tras la muerte de Francisco Franco en 1975. Y tras ella, la consiguiente «Transición Democrática española» que, cómo su nombre indica, no supuso una ruptura con la dictadura franquista. Fue el cambio gradual de un régimen autoritario nacional-católico al régimen representativo parlamentario actualmente existente: una oligarquía de partidos políticos o partitocracria. Gonzalo Puente Ojea nos lo explica de una forma asequible y fácilmente comprensible en una entrevista que le hicieron para la Universidad de Santiago de Compostela —en gallego— titulada «Reflexiones sobre un tigre protestante», sobre la farsa que supuso tal evento histórico (de la que he extraído algunos párrafos que tratan el tema):

«Aunque Franco hubiera durado dos años más, el tinglado institucional que había diseñado tenía sus horas contadas, sobre todo en lo referido a los plenos poderes del dictador. Posteriormente, gran parte de ese legado institucional se recogería, a través del fraude democrático cometido por la oposición de izquierdas —que deseaba llegar al poder rápidamente y maniobraba de espaldas a sus bases militantes—, en unos pactos clandestinos con la élite franquista (empezando por el Rey y siguiendo por las Cortes), que también quería salvar su mercancía. Las Cortes franquistas —Procuradores elegidos digitalmente por la dictadura— fueron, de hecho, las que aprobaron la Ley para la Reforma Política, que luego se convertiría en el preámbulo de la Constitución de 1978. La Ley para la Reforma Política no es que no fuera aprobada por una asamblea constituyente —que nunca existió—, es que ni siquiera lo fue por una asamblea elegida democráticamente. La Ley fue aprobada por los Procuradores en Cortes, cuya legitimidad dependía de su juramento a las Leyes Fundamentales y a los principios del Movimiento Nacional, y cuya acta se debía sencillamente a la forma de elegir a los representantes de la soberanía popular en tiempos de Franco.»

«Aquí no hubo un gobierno provisional neutral, de técnicos, ni un referéndum sobre la forma de gobierno, ni una convocatoria a Cortes constituyentes, con medios de comunicación abiertos. En este proceso, el cuerpo civil de la nación española tuvo que volver a someterse a las viejas servidumbres eclesiásticas y clericales. Y ahora, después de 40 años de franquismo, para una persona como yo es una tragedia tener que soportar que este modelo, que carece por completo de base popular y auténticamente democrática, se me presente como perfecto, ante la creciente falta de libertad, la inmoralidad pública permanente y la corrupción generalizada que ha traído consigo.»

(...)

«Pero la llamada transición a la democracia se inició con la Ley para la Reforma Política, que se aprobó a finales de 1976, cuando todavía no había sido decretada la libre constitución de partidos políticos y de sindicatos libres, cuando la representación de la soberanía española estaba en manos de los llamados Procuradores en Cortes, cuando la monarquía española era un trasunto y una creación absoluta de un dictador y cuando el pueblo español carecía de medios de información y de comunicación social que le permitieran ser parte de la democratización y destinatario de una Constitución democrática. Fue otra puñalada por la espalda. El Rey, las élites políticas del franquismo —los Procuradores en Cortes— y unos lideres políticos que no pensaron para nada en qué consistía la democracia y qué era lo que España necesitaba, se lanzaron a diseñar, a partir de la Ley para la Reforma Política —que encontraría su culminación en la Constitución de 1978—, un bipartidismo oligárquico que permitiese el actual turno en el poder de los dos grandes partidos mayoritarios, bien protegidos por una ley electoral —caracterizada por una aplicación dura de la ley D’Hondt— que lo único que hace es impedir una auténtica representación política.

»La transición política empezó en aquel momento y culminó en 1978 con una democracia secuestrada, con una Constitución contradictoria, con la restauración de una monarquía católica y con unos poderes de la Iglesia católica muy parecidos a los del periodo 1936-1975. Este país fue víctima de una gran fraude: el carácter pretendidamente modélico de la reforma política —supuesta representación del espíritu democrático de los españoles abrazados en la concordia nacional, indiscutible como si fuera el sacramento del bautismo de un demócrata— es en realidad una tergiversación monstruosa que hiere la dignidad de los españoles. Los partidos políticos se han constituido en clase política mediante el turno: aunque procuran luchar por el poder y obtenerlo, para lo cual elaboran sus respectivas retóricas políticas, comparten el interés común del uso del poder para el enriquecimiento personal y para el prestigio social. Frente a esto se sitúa una masa que, cada cuatro años, vota automáticamente sin saber verdaderamente lo que vota. Y esto no es una democracia de ninguna clase.»

(...)

«Cuando una gran cantidad de historiadores —pero también personas como Torcuato Fernández Miranda— dicen que el salto de una legalidad a otra legalidad dentro de la legalidad fue una maravilla, el milagro de los milagros, lo que hacen es fabricar un paralogismo, un sofisma escandaloso. Porque si usted dice que saltamos de una legalidad a otra legalidad entonces es que hay dos legalidades distintas, y si me añade la coletilla de que ese salto se hace dentro de la legalidad, usted o está loco o nos está tomando el pelo.

»Lo que hubo fue una operación de salvamento recíproco de la institución monárquica, de la Iglesia y de la clase política franquista representada en este proceso de transición “democrática” por los Procuradores en Cortes elegidos en tiempos de Franco…»

(...)

«¡Las Cortes de Procuradores franquistas se convirtieron en las Cortes constituyentes de la llamada democracia, y este es un gran timo y gran fraude! Y después, los que mandan desde entonces en España dicen, sin el menor pudor político, sin el menor sentido democrático y sin la menor honestidad política elemental, que este modelo constitucional es el súmmum de la maravilla.»

redalyc.uaemex.mx/pdf/380/38070205.pdf

*He dicho pasado reciente, porque el parlamentarismo moderno tiene raíces medievales, en la Cortes convocadas por los reyes, a las que acudían los miembros más destacados del alto clero y la nobleza junto a los representantes de los municipios pertenecientes al patriciado urbano, la oligarquía dirigente de tales ciudades y villas de realengo (cuyo señor y soberano era el mismo rey). No representaban en nada a la totalidad de la población, ni siquiera eran democráticas, aunque algunos digan lo contrario.