LA INSIGNIA
(18-octubre-2012)
Febrero del año 2003: Juan del Olmo, juez de la Audiencia Nacional, ordena el cierre de Egunkaria y dicta orden de detención contra sus directivos por considerar que la publicación había sido «creada, financiada y dirigida por ETA». Abril del año 2010: la propia Audiencia Nacional determina que los procesados no tenían «la más mínima relación con ETA», que el diario no formaba parte de su estructura, que ni siquiera había publicado «un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas» y que su cierre se había ordenado sin «habilitación constitucional directa» y en ausencia de una «norma legal y expresa» que lo autorizara.
(18-octubre-2012)
Febrero del año 2003: Juan del Olmo, juez de la Audiencia Nacional, ordena el cierre de Egunkaria y dicta orden de detención contra sus directivos por considerar que la publicación había sido «creada, financiada y dirigida por ETA». Abril del año 2010: la propia Audiencia Nacional determina que los procesados no tenían «la más mínima relación con ETA», que el diario no formaba parte de su estructura, que ni siquiera había publicado «un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas» y que su cierre se había ordenado sin «habilitación constitucional directa» y en ausencia de una «norma legal y expresa» que lo autorizara.
El caso ha vuelto a ser noticia por una sentencia del Tribunal Europeo
de DDHH; la tercera que dicta contra el Reino de España por no
investigar denuncias de torturas. Primero fue Mikel San Argimiro;
después, Aritz Beristain y más tarde, Martxelo Otamendi, director de Egunkaria,
cuyos recursos se rechazaron en todas las instancias del Reino a las
que apeló, incluido el Tribunal Constitucional. Tres denuncias, tres
condenas. Y las que están por llegar. Porque los casos expuestos no son
consecuencias de la lucha antiterrorista mal entendida, sino de un
periodo especial que se llama segunda restauración borbónica y que
implica el sometimiento de la Justicia al Ejecutivo y la limitación de
los derechos civiles siempre que el Estado determine la existencia de
una amenaza interior, es decir, siempre.
Ahora, con la extensión de las protestas, el régimen muestra su
verdadera cara a millones de ciudadanos que no la conocían. La realidad
ha escapado de las comisarías de Euskadi, de los barrios rebeldes de
Madrid y de la gran metáfora de nuestras cárceles, de las más pobladas de Europa.
Ahora, con el nuevo Código Penal, cualquier manifestación de
desobediencia civil puede ser delito y cualquier convocatoria de un acto
de desobediencia, incitación al delito. La segunda restauración termina como la primera, en dictablanda. Ya recordarán lo que vino después.
Madrid, octubre.
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