Las denuncias por impago de salarios ante la inspección se disparan un 50% desde 2008, los retrasos marcan muchas veces el preludio de las insolvencias: el destino es el Fogasa
27 de mayo de 2013
Los datos oficiales permiten aproximarse a muchas situaciones difíciles de la crisis, a los seis millones de personas que están en el paro, a los casi dos millones de hogares en los que nadie en edad activa trabaja o en los que, además, han agotado ya cualquier prestación por desempleo. Pero hay una bolsa de afectados por la crisis que escapa de las estadísticas, miles de trabajadores que no cuentan como parados pero tampoco tienen ingresos, trabajadores zombi de empresas con dificultades que pasan meses desempeñando su función sin cobrar la nómina. Las denuncias por impago de salarios o finiquitos se han disparado desde que comenzó el declive económico en España, tanto en los tribunales como ante las autoridades laborales. La Inspección de Trabajo recibió un total de 7.875 el año pasado, 500 más que el año anterior. Desde 2008, han aumentado hasta un 50%.
Muchas veces el impago de sueldos continuado es el preludio de la suspensión de pagos de una empresa y la plantilla tiene que acudir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que ve caer los recursos: este año tiene un presupuesto para prestaciones de 843 millones, según los sindicatos, un 33% menos que en 2012, mientras las necesidades no dan tregua.
Pilar Camacho es una de esas damnificadas ocultas de esta interminable crisis. Cuenta como ocupada y asalariada, pero la cadena hotelera para la que trabaja, Husa, empezó a ser impuntual en el pago de los sueldos hace tres años. El sueldo de febrero es lo último que ha visto entrar en su casa. «La situación ha llegado a un punto insoportable, mi marido lleva dos años en el paro y está cobrando la última ayuda de 426 euros, pero pagamos 600 de hipoteca. Es un problema muy gordo: mi hija de 29 años no se puede independizar porque nos tiene que ayudar a nosotros», lamenta la trabajadora de unos de los establecimientos de Madrid, miembro del comité de empresa.
La compañía ha prometido pagar esta semana 15 días de sueldo correspondiente a marzo y completar el mes de abril en julio. «Y mientras, trabajamos a tope, porque el hotel se llena y hay menos empleados. Pero tampoco puedo dejar el trabajo porque no hay adónde irse y, porque si no te despiden, te vas sin nada», apunta Camacho, de 52 años.
La empresa también ha tenido problemas para pagar los sueldos en otros hoteles aunque, según fuentes de la firma, ya se están solucionando. En este caso, «el objetivo es que el retraso quede en un máximo de una mensualidad en julio», señalan las mismas fuentes, que recalcan «los malos resultados económicos» que arrastra la cadena. Husa pactó a primeros de año con sus bancos acreedores para refinanciar el 80% de su deuda (unos 42 millones de euros), lo que le otorga una carencia de un año y le evita pagos de más de nueve millones hasta junio de 2014.
«Este es un problema indetectable, los trabajadores que se mantienen en el empleo pero pasan meses sin ingresar nada constituyen un fenómeno que desgraciadamente está ahí y es muy difícil de detectar. Los trabajadores, con buen criterio, están optando por aguantar dadas las escasas alternativas de hoy en el mercado laboral», apunta Miguel Ángel García, jefe del gabinete económico de Comisiones Obreras. En su opinión, «en esos casos lo que tiene que funcionar bien es la negociación colectiva, para que las partes puedan llegar a acuerdos, y que la empresa actúe de buena fe y no prive de información critica a la plantilla».
Si la Inspección solo recibió cerca de 8.000 denuncias por este motivo en toda España se debe, sobre todo a que, «la vía del ministerio abre el proceso administrativo por el cual, además de reclamar el pago, se procede a sancionar a la empresa a buscar un acuerdo, pero las personas afectadas suelen optar por recurrir a la vía judicial para reclamar que se le pague el sueldo», explican fuentes del Ministerio de Empleo.
«Lo que se suele intentar es encontrar un acuerdo o una vía de solución para que los trabajadores recuperen el dinero cuando las circunstancias lo hagan posible», explican las mismas fuentes. Las sanciones por este motivo oscilan de los 600 a los más de 180.000 euros, pero cuando la empresa se acerca a la insolvencia, estas multas solo sirven para engordar un saco de deuda muy difícil de cobrar después por la Administración.
Cubigel es una de esas compañías derrumbadas que debe dinero a sus antiguos trabajadores. La antigua Unidad Hermética, que fabricaba sobre todo motores para neveras en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), presentó el concurso de acreedores en febrero de 2012 y sus 162 empleados no solo no recibieron la indemnización, sino que también perdieron dos pagas extras y una mensualidad, según explica el presidente del comité de empresa, Joan Roura. Además, habían cedido el 25% de su salario durante una temporada para que se pudieran pagar las materias primas una temporada. Más de un año después, la firma ha pasado a manos de una empresa asiática, Huayi, que ha salvado la producción y parte del empleo, y los trabajadores han recuperado sus sueldos adeudados, pero las indemnizaciones de los despedidos tendrán que correr a cargo del Fogasa, y eso se traduce en mucho tiempo de espera para lograr la paga mínima.
La compensación máxima de este fondo, que se nutre de las aportaciones por cuota de trabajadores y empresas, se sitúa en dos veces el salario mínimo por año trabajado con un tope de 120 días (eran 150 hasta el pasado mes de julio). Silvia Ramos, representantes de UGT en el organismo, explica que muchos trabajadores se encuentran entre la espada y la pared: «Sólo pueden pedir la rescisión de contratos con derecho a indemnización y paro cuando la empresa comete impago de salario durante tres meses consecutivos o seis no consecutivos, luego ya depende del juez, así que muchas empresas van abonando una parte y así se paralizan los plazos».
Tanto UGT como CCOO llevan tiempo denunciando que el organismo está saturado de solicitudes con la crisis y falto de recursos para atenderlos. «Los tiempos medios de tramitación superan los 12 meses y los expedientes que están pendientes de pago superan los 150.000», señalan las centrales en un documento conjunto. El Fogasa, añaden en su escrito, «debe participar en miles de procedimientos concursales, a la vez que es citado anualmente a cerca de 90.000 procedimientos declarativos ante los juzgados de la jurisdicción social, más de 670 juicios por letrado y año».
Por ello, UGT exige una batería medidas para reforzar los servicios y evitar el «taponamiento» de expedientes. Al margen de medidas de más largo plazo, los sindicatos reclaman un plan de choque inmediato que refuerce el personal y una «definición de un modelo de cargas de trabajo con los efectivos necesarios que permita dimensionar adecuadamente la estructura de plantilla y que guíe las actuaciones que deban realizarse a futuro».
Antes de las situaciones de insolvencia, se acumulan los meses de problemas. Fuentes del Ministerio de Empleo explican que el impago de salarios «es un pecado general, no se puede atribuir a un tipo de empresas o a un sector determinado más que a otros». Muchos clubes deportivos, que han visto pincharse su particular burbuja económica, también adeudan sueldos a sus jugadores y rozan la insolvencia. Y el éxito en las canchas no lo evita. Para muestra, un botón: el Ademar, el equipo de balonmano de León, no ha tenido un mal año: cuartos en la liga y en octavos de la Champions. Pero a finales de febrero, cuando presentó el concurso de acreedores, casi la mitad de los 500.000 euros de deuda correspondía a salarios impagados.
Destaca el número de casos en el sector de la atención a personas y servicios relacionados con la dependencia. Es el caso de Encarna Barrios, que trabaja en la empresa concesionaria de ayuda domiciliaria del Ayuntamiento de Jerez, y cuenta que la semana pasada cobró la nómina del mes de enero. «Somos un colectivo formado mayoritariamente por mujeres y el sueldo base es de unos 800 euros y pico, cuando es el segundo salario de la casa se puede tirar adelante pero otros no pueden», señalan. Las irregularidades comenzaron hace años, según Barrios, y el peor momento se dio en 2012, cuando llegaron a acumular siete nóminas sin cobrar.
El endeudado Ayuntamiento de Jerez lleva años con dificultades para pagar tanto los sueldos del personal como a sus proveedores o las cuotas del préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El consistorio envió el pasado abril una remesa de facturas por valor de 32 millones de euros al Ministerio de Hacienda con el fin de acogerse al nuevo plan de proveedores puesto en marcha por el Ejecutivo, que busca aliviar la morosidad de la Administración Pública, y ha ampliado la línea de crédito del ICO. Jerez se ha acogido cuatro veces en menos de un año para liquidar deudas anteriores a enero de 2012.
Morosidad fabrica morosidad. Un trabajador que tarda en cobrar su salario tira de los ahorros hasta que estos se agoten y también se demora en pagar sus cuentas a no ser que un préstamo alivie su situación. «Es un círculo vicioso», admite Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que agrupa a más de 700.000 empresarios y autónomos.
Cañete, también secretario general de la patronal de las pymes en Cataluña (Pimec), admite que la crisis multiplica los casos de compañías que dejan sin cobrar a su personal, pero asegura que se trata del último recurso. «Sobre todo cuando se trata de pequeñas y medianas empresas, la relación entre la dirección y la plantilla es muy estrecha y es lo último que el empresario deja de pagar. Cuando eso ocurre, es que la situación es muy grave».
«La morosidad merma la liquidez de las empresas y genera más morosidad, y la falta de crédito no permite romper con esa espiral», lamenta.
