Los historiadores,
investigadores y profesores de Castilla y León abajo firmantes mostramos
públicamente, gracias al ofrecimiento del blog Conversación sobre la Historia,
nuestro enérgico rechazo a la proposición de «Ley de Concordia» que plantean
los grupos de PP y Vox a las Cortes de Castilla y León por considerar que
desvirtúa las políticas de memoria democrática actualmente vigentes y porque se
basa en una visión mistificadora de la historia de España en el periodo de 1931
a 1978.
La Junta tramita esta
ley derogando su propio decreto de memoria histórica y democrática de 2018 sin
justificar los motivos para ese cambio legal más allá de la apelación a una
«concordia» que, como tal, no aparece ni en la Constitución ni en el Estatuto de
Castilla y León. Pero la lectura de la proposición de ley evidencia un claro
propósito de frenar y dar marcha atrás en las políticas de memoria democrática
que, con demasiada lentitud, se han ido abriendo paso en España y, más aún, en
Castilla y León. La Junta de Castilla y León fue de las últimas comunidades
autónomas en legislar sobre estos asuntos y sólo en el período 2019–2022 prestó
apoyo y dio participación a las asociaciones y familiares de las víctimas de la
Guerra Civil y del franquismo, las cuales, a lo largo de las últimas décadas y
muchas veces sin ayuda institucional alguna, han debido hacerse cargo de las
exhumaciones (es la comunidad donde más se han hecho), investigaciones y
homenajes a las mencionadas víctimas.
Algunas asociaciones
memorialistas ya han manifestado su rechazo y el Gobierno va a tomar medidas
legales contra la proposición de ley. Por nuestra parte, como investigadores y
estudiosos de la historia contemporánea de España, señalamos nuestras
discrepancias con la citada proposición de ley, que apela a un supuesto «rigor
histórico» y un «criterio científico» que, en nuestra opinión, brillan por su
ausencia. Como tampoco los vimos en la reciente declaración de bien de interés
cultural de la «Pirámide de los italianos» por parte de la Consejería de
Cultura, tratándose de un mausoleo ubicado en el puerto de El Escudo a la
memoria de Mussolini y de las tropas italianas que envió para apoyar a los
sublevados, en una zona donde aún proliferan otros monumentos, cartelas y
símbolos franquistas, a los que la mayoría PP-VOX en las Cortes pretende
otorgar la misma protección, apelando a supuestos valores culturales y sin la
más mínima contextualización histórica.
1.- Si bien es cierto
que, como dice la proposición de ley, no existe un relato totalmente
consensuado entre historiadores sobre la II República, no lo es menos que hay
un amplio acuerdo en el ámbito académico al considerar que fue un régimen
democrático con alternancia política, elecciones libres y amplio catálogo de
libertades y derechos ciudadanos. Su normalidad −no exenta de conflictos, como
en otros países− se rompió a raíz del golpe militar del 18 de julio de 1936,
que originó la Guerra Civil, dio lugar a un baño de sangre y propició la
implantación de una dictadura opresiva durante casi cuarenta años. Así que
integrar los años de la II República en el mismo periodo de la Guerra civil, la
Dictadura franquista y la primera transición, sugiriendo una continuidad
homogénea en cuanto a conflictos, persecuciones y violencias, resulta altamente
distorsionador de la realidad histórica y supone casi tanto como equiparar
democracia y dictadura (palabra que no aparece en el texto de la proposición de
ley).
Y no se trata de
idealizar la República, a la que tocó compartir con los demás países
occidentales una época convulsa, polarizada y de grave crisis económica, sino
de asumir que, con todos sus defectos y errores, fue, como expresaba la ley que
declaró el 2006 «año de la memoria histórica» en España, «el antecedente más
inmediato y la más importante experiencia democrática que podamos contemplar al
mirar nuestro pasado».
2.- La investigación
histórica, que muchas veces ha debido recurrir a testimonios orales para
averiguar la verdad de unos hechos ocultos o tergiversados por la documentación
oficial, ha acreditado un total de unas 16.000 víctimas mortales, como mínimo,
debidas a la represión franquista en las provincias de Castilla y León, ya
fuera por sentencia de consejo de guerra, asesinato extrajudicial o muerte en
cárceles o campos de concentración. Un zarpazo represivo tanto más brutal
cuanto que la sublevación del llamado «ejército nacional» triunfó en casi toda
la región en las primeras horas y no hubo frente de guerra más que en el norte
de León, Palencia y Burgos durante el primer año de la contienda. Baste señalar
que las cifras de nuestra región fueron unas cuatro veces más que las de
Galicia, que también fue retaguardia.
Sin duda obliga el
criterio de no discriminación a la hora de reconocer y dar justicia y
reparación a todas las víctimas de la violencia política sin discriminación
alguna, pero no podemos asumir que a día de hoy las instituciones democráticas
españolas no otorguen una atención prioritaria a las víctimas del terror
franquista y a sus familiares, puesto que durante décadas, incluso en
democracia, fueron desatendidas y ni siquiera pudieron tener en muchos casos el
duelo y las honras fúnebres debidas en una sociedad civilizada, mientras que
las otras, los llamados «caídos por Dios y por España», recibieron ayudas y
atención memorial de las instituciones desde el primer momento.
Esta atención
específica a las víctimas de la violencia franquista, que es la médula de las
normas estatales y autonómicas hoy vigentes sobre memoria democrática, está
ausente en la proposición de ley que
comentamos, en la cual se mezclan indebidamente todo tipo de víctimas desde
1931 a 1978, haciendo incluso una innecesaria referencia a las víctimas del
terrorismo posterior (innecesaria no porque no deban tener la misma
consideración, sino porque ya gozan de ella desde hace años y existe
legislación al respecto). Lo que es una muestra de olvido y desprecio
intolerable.
3.- Tampoco nos
parece de recibo tratar de evitar la difusión de información «que pueda revelar
la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación,
incluyendo las víctimas, sus familiares y cualquier persona que participe en el
mismo» (Art. 4.4), lo que es tanto como impedir el conocimiento de los hechos
históricos, el derecho a la verdad y la libertad de investigación, sin
perjuicio de lo establecido por las leyes para la protección de datos
personales.
4.- Consideramos un
retroceso respecto del decreto de 2018 que la nueva «Comisión de exhumaciones»
establecida en la proposición de ley excluya a las asociaciones de memoria
histórica, a la universidad, a las Cortes y otros estamentos, a los que se
otorgaba una función consultiva en el decreto de 2018, para hacer depender
todas las competencias resolutivas de un organismo integrado exclusivamente por
altos funcionarios de la Junta de Castilla y León y dos representantes de los
municipios.
Arduo o imposible es
lograr la concordia de todos los españoles y españolas, más aún si se intenta
mediante «centros de estudio» o leyes quiméricas. La concordia se ejerce más
que se legisla sobre ella; de lo contrario resulta una expresión vacía de
contenido que de una u otra forma conduce al olvido de las víctimas y de los
orígenes de la Dictadura. No tan difícil debería ser consensuar una memoria
histórica entre cuantos compartimos los valores democráticos y de convivencia
amparados por la Constitución. En todo caso, es un deber moral y una obra de
justicia que nos obliga a todos atender las demandas de todas las víctimas de
la violencia política, empezando por las de la Guerra Civil y la Dictadura
franquista, que son las que más tiempo llevan esperando.
Por todo lo cual, los
abajo firmantes exigimos a los grupos de PP y Vox de las Cortes de Castilla y
León la retirada de la proposición de
Ley de Concordia.
FUENTE:
https://conversacionsobrehistoria.info/2024/04/03/no-hay-concordia-sin-memoria-declaracion-de-historiadores-de-castilla-y-leon/
