Por KEVIN ZEESE y NILS McCUNE
Hay una gran cantidad de información falsa e inexacta sobre Nicaragua en los medios. Incluso en la izquierda, algunos simplemente han repetido las afirmaciones dudosas de la CNN y los medios oligárquicos de Nicaragua para apoyar la destitución del presidente Ortega. La narrativa de manifestantes no violentos versus escuadrones antidisturbios y paramilitares progubernamentales no ha sido cuestionada por los medios internacionales.
Este artículo busca corregir el registro, describir lo que está sucediendo en Nicaragua y por qué. Mientras escribimos esto, el golpe parece estar fallando, la gente se ha unido para la paz (como demostró esta marcha masiva por la paz del sábado 7 de julio) y la verdad está saliendo (por ejemplo, el escondite de armas descubierto en una iglesia católica el 9 de julio). Es importante entender lo que está ocurriendo porque Nicaragua es un ejemplo de los tipos de golpes de estado violentos que Estados Unidos y los ricos usan para poner en marcha gobiernos neoliberales dominados por los negocios. Si las personas entienden estas tácticas, serán menos efectivas.
Mezclando los intereses de clase
En parte, los expertos estadounidenses están obteniendo su información de los medios de comunicación, como La Prensa de Jaime Chamorro-Cardenal, y el Confidencial de la misma familia oligárquica, que son los elementos más activos de los medios golpistas. Repetir y amplificar su narrativa deslegitima al gobierno sandinista y presenta la rendición incondicional de Daniel Ortega como la única opción aceptable. Estos expertos protegen a los infames intereses internos y externos que se han propuesto controlar el país más pobre y, a la vez, rico en recursos naturales de Centroamérica.
El intento de golpe trajo las divisiones de clase en Nicaragua a la luz pública. Piero Coen, el hombre más rico de Nicaragua, dueño de todas las operaciones nacionales de Western Union y una compañía de agroquímicos, llegó personalmente al primer día de protestas en la Universidad Politécnica de Managua para alentar a los estudiantes a seguir protestando, prometiendo su apoyo continuo.
La oligarquía terrateniente tradicional de Nicaragua, liderada políticamente por la familia Chamorro, publica ultimátums constantes al gobierno a través de sus medios de comunicación y financia los bloqueos que han paralizado al país durante las últimas ocho semanas.
La Iglesia Católica, aliada por mucho tiempo con los oligarcas, ha puesto todo su empeño en crear y sostener acciones antigubernamentales, incluyendo sus universidades, escuelas secundarias, iglesias, cuentas bancarias, vehículos, tweets, sermones dominicales y un esfuerzo unilateral para mediar en el Diálogo Nacional. Los obispos han amenazado de muerte al presidente y su familia, y se ha filmado a un sacerdote que supervisa la tortura de los sandinistas. El Papa Francisco ha pedido un diálogo de paz e incluso ha llamado al cardenal Leonardo Brenes y al obispo Rolando Álvarez a una reunión privada en el Vaticano, lo que desencadena los rumores de que los monseñores nicaragüenses estaban siendo regañados por su evidente participación en el conflicto que están mediando oficialmente. La Iglesia sigue siendo uno de los pocos pilares que mantienen vivo el golpe.
Un reclamo común es que Ortega se ha alineado con la oligarquía tradicional, pero lo contrario es cierto. Este es el primer gobierno desde la independencia nicaragüense que no incluye a la oligarquía. Desde la década de 1830 hasta la década de 1990, todos los gobiernos nicaragüenses, incluso durante la Revolución Sandinista, incluyeron personas de la élite, como los «apellidos» de Chamorro, Cardenal, Belli, Pellas, Lacayo, Montealegre, Gurdián. El Gobierno desde 2007 ya no lo hace, por lo que estas familias apoyan el golpe.
Los detractores de Ortega denuncian que su diálogo en tres partes, incluidos los sindicatos, los capitalistas, y el Estado es una alianza con las grandes empresas. De hecho, ese proceso ha producido la mayor tasa de crecimiento en América Central y el salario mínimo anual aumenta 5-7% por encima de la inflación, mejorando las condiciones de vida de los trabajadores y sacando a las personas de la pobreza. El proyecto «Borgen contra la pobreza» informa que la pobreza disminuyó en un 30 por 100 entre 2005 y 2014.
El gobierno liderado por el FSLN ha puesto en marcha un modelo económico basado en la inversión pública y en el fortalecimiento de la red de seguridad para los pobres. El gobierno invierte en infraestructura, tránsito, mantenimiento de agua y electricidad dentro del sector público y mueve los servicios privatizados, por ejemplo, cuidado de la salud y educación primaria en el sector público. Esto ha asegurado una estructura económica estable que favorece a la economía real sobre la economía especulativa. La mayor parte de la infraestructura en Nicaragua se ha construido en los últimos 11 años, algo comparable a la era del New Deal en EE.UU., incluidas las plantas de electricidad renovable en todo el país.
Lo que los comentaristas liberales e incluso izquierdistas pasan por alto es que a diferencia del gobierno de Lula en Brasil, que redujo la pobreza a través de pagos en efectivo a familias pobres, Nicaragua ha redistribuido el capital productivo para desarrollar una economía popular autosuficiente. El modelo FSLN se entiende mejor como un énfasis en la economía popular sobre el Estado o las esferas capitalistas.
Si bien el sector privado emplea alrededor del 15% de los trabajadores nicaragüenses, el sector informal emplea a más del 60%. El sector informal se ha beneficiado de 400 millones de dólares en inversiones públicas, muchas de las cuales provienen de los fondos de la alianza ALBA para financiar microcréditos para pequeñas y medianas empresas agrícolas. Las políticas para facilitar el crédito, el equipo, la capacitación, los animales, las semillas y el combustible subsidiado respaldan aún más a estas empresas. Los pequeños y medianos productores de Nicaragua han llevado al país a producir 80-90% de sus alimentos y terminar su dependencia de los préstamos del FMI.
Como tales, los trabajadores y campesinos, muchos de los cuales trabajan por cuenta propia y accedieron al capital productivo a través de la Revolución Sandinista y las luchas subsiguientes, representan un tema político importante del desarrollo social estable de posguerra de la última década, incluidos los cientos de miles de campesinos que han recibido el título de propiedad de la tierra y casi la cuarta parte del territorio nacional que ha recibido el título colectivo como territorio de naciones indígenas. Los movimientos sociales de los trabajadores, los campesinos y los grupos indígenas fueron la base del apoyo popular que llevó al FSLN de nuevo al poder.
La titulación de tierras y la asistencia a pequeñas empresas también han enfatizado la igualdad para las mujeres, lo que resulta en que Nicaragua tiene el nivel más bajo de desigualdad de género en América Latina y ocupa el lugar 12 entre 145 países en el mundo, justo detrás de Alemania.
Con el tiempo, el gobierno del FSLN ha incorporado este sector de autoempleo masivo, así como los trabajadores de maquiladoras (es decir, trabajadores textiles en plantas de propiedad extranjera ubicadas en zonas de libre comercio creadas por gobiernos neoliberales anteriores) en el sistema de salud y pensiones, causando los compromisos financieros para crecer que requerían una nueva fórmula para garantizar la estabilidad fiscal. Las reformas propuestas a la Seguridad Social fueron el disparador para el sector privado y protestas estudiantiles el 18 de abril. El lobby empresarial solicitó protestas cuando Ortega propuso aumentar las contribuciones del empleador en un 3,5% a los fondos de pensiones y salud, mientras que solo aumentó ligeramente las contribuciones de los trabajadores en un 0,75% y transfirió el 5% de la transferencia de efectivo de los pensionistas a su fondo de asistencia médica. La reforma también puso fin a una laguna jurídica que permitía a las personas de altos ingresos reclamar unos ingresos bajos para acceder a los beneficios de salud.
Esta fue una contrapropuesta a la propuesta del FMI para elevar la edad de jubilación y más del doble de la cantidad de semanas que los trabajadores tendrían que pagar en el fondo de pensiones para poder acceder a los beneficios. El hecho de que el gobierno se sintiera lo suficientemente fuerte como para negar las exigencias de austeridad del lobby empresarial y del FMI era una señal de que la fuerza de negociación del capital privado había disminuido, ya que el impresionante crecimiento económico de Nicaragua, un aumento del 38% en el PIB 2006-2017, ha sido liderado por pequeños productores y gasto público. Sin embargo, la oposición utilizó anuncios manipuladores de Facebook que presentaban la reforma como una medida de austeridad, más falsas noticias de la muerte de un estudiante el 18 de abril, para generar protestas en todo el país el 19 de abril. Inmediatamente, la máquina de cambio de régimen se puso en movimiento.
El Diálogo Nacional muestra los intereses de clase en conflicto. La Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia de la oposición tiene como figuras clave: José Adan Aguirre, líder del lobby empresarial privado; Maria Nelly Rivas, directora de Cargill en Nicaragua y jefa de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Nicaragua; los estudiantes universitarios privados del Movimiento 19 de Abril; Michael Healy, gerente de una corporación azucarera colombiana y jefe del lobby de agronegocios; Juan Sebastián Chamorro, que representa a la oligarquía vestida de civil; Carlos Tunnermann, exministro sandinista de 85 años y excanciller de la Universidad Nacional; Azalea Solís, directora de una organización feminista financiada por el gobierno de EE.UU.; y Medardo Mairena, un «líder campesino» financiado por el gobierno de los Estados Unidos, que vivió 17 años en Costa Rica antes de ser deportado en 2017 por trata de personas. Tünnermann, Solis y el Movimiento 19 de Abril estudiantil están todos asociados con el Movimiento de Renovación del Sandinismo (MRS), una pequeña rama del partido sandinista, que sin embargo merece una atención especial.
En la década de 1980, muchos de los cuadros de alto nivel del Frente Sandinista eran, de hecho, los hijos de algunas de las famosas familias oligárquicas, como los hermanos Cardenal y parte de la familia Chamorro, a cargo de los ministerios de Cultura y Gobierno del Gobierno revolucionario. La educación y sus medios, respectivamente. Después de la derrota electoral del FSLN en 1990, los hijos de la oligarquía organizaron un éxodo del partido. Junto con ellos, algunos de los cuadros intelectuales, militares y de inteligencia más notables dejaron y formaron, con el tiempo, el MRS. El nuevo partido renunció al socialismo, culpó a Daniel Ortega de todos los errores de la Revolución y con el tiempo se hizo cargo de la esfera de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Nicaragua, incluidas las organizaciones feministas, ecologistas, juveniles, de los medios de comunicación y de derechos humanos.
Desde 2007, el MRS se ha vuelto cada vez más cercano con la extrema derecha del Partido Republicano de los Estados Unidos. Desde el estallido de la violencia en abril, muchas, si no la mayoría de las fuentes citadas por los medios occidentales (incluida, inquietantemente, Democracy Now de Amy Goodman), provienen de este partido, que cuenta con el apoyo de menos del 2% del electorado nicaragüense. Esto permite a los oligarcas expresar su violento intento de reinstalar el neoliberalismo en un discurso de izquierdistas de antiguos sandinistas críticos con el gobierno de Ortega.
Es una farsa afirmar que los trabajadores y los campesinos están detrás de los disturbios. La Vía Campesina, el Sindicato Nacional de Agricultores y Ganaderos, la Asociación de Trabajadores Rurales, el Frente Nacional de Trabajadores, la Nación indígena Mayangna y otros movimientos y organizaciones han sido inequívocos en sus demandas para poner fin a la violencia y su apoyo al Gobierno de Ortega.
Este malestar es una operación de cambio de régimen a gran escala llevada a cabo por oligarcas mediáticos, una red de ONGs financiadas por el gobierno de los EE.UU., elementos armados de familias de terratenientes de élite y la Iglesia Católica, y ha abierto la puerta a los cárteles de la droga y al crimen organizado para ganar un punto de apoyo en Nicaragua.
El elefante en la habitación
Lo que nos lleva a la participación del gobierno de Estados Unidos en el golpe violento.
Como Tom Ricker informó al principio de esta crisis política, hace varios años el gobierno de EE.UU. decidió que, en lugar de financiar a los partidos políticos de oposición, que han perdido enorme legitimidad en Nicaragua, financiaría el sector de la sociedad civil a través de ONGs. De modo que National Endowment for Democracy (NED) otorgó más de 700.000 dólares para construir la oposición al Gobierno en 2017, y ha otorgado más de 4,4 millones de dólares desde 2014. El objetivo principal de este financiamiento fue «proporcionar una estrategia coordinada y voz de los medios para los grupos de oposición en Nicaragua». Ricker continúa:
«El resultado de esta consistente construcción y financiamiento de los recursos de la oposición ha sido crear una cámara de resonancia que sea amplificada por comentaristas en los medios internacionales, la mayoría de los cuales no tienen presencia en Nicaragua y dependen de estas fuentes secundarias.»
El padre fundador de NED, Allen Weinstein, describió a NED como la CIA abierta que decía: «Mucho de lo que hacemos hoy fue hecho encubiertamente hace 25 años por la CIA». En Nicaragua, más que en la derecha tradicional, NED financia al MRS —organizaciones afiliadas que plantean críticas izquierdistas al gobierno sandinista—. Los activistas del cambio de régimen usan eslóganes, canciones y símbolos sandinistas incluso cuando queman monumentos históricos, pintan sobre los marcadores rojos y negros de los mártires caídos y atacan físicamente a los miembros del partido sandinista.
De los grupos opositores en el Diálogo Nacional, la organización feminista de Azalea Solís y la organización campesina de Medardo Mairena se financian a través de becas NED, mientras que los estudiantes del 19 de Abril permanecen en hoteles y realizan viajes pagados por Freedom House, otro órgano de cambio de régimen financiado por NED y USAID. NED también financia Confidencial, la organización de medios Chamorro. Las subvenciones de NED financian el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), cuyo Director Ejecutivo, Félix Maradiaga, es otro cuadro de MRS muy cercano a la Embajada de los Estados Unidos. En junio, Maradiaga fue acusado de dirigir una red criminal llamada Viper que, desde el campus UPOLI ocupado, organizó robos de automóviles, incendios y asesinatos para crear caos y pánico durante los meses de abril y mayo.
Maradiaga creció en los Estados Unidos y se convirtió en miembro del Aspen Leadership Institute, antes de estudiar política pública en Harvard. Fue secretario en el Ministerio de Defensa del último presidente liberal, Enrique Bolaños. Es un Líder Joven Global en el Foro Económico Mundial y en 2015, el Consejo de Asuntos Globales de Chicago le otorgó la Beca Gus Hart, entre los que se incluyen los disidentes cubanos Yoani Sánchez y Henrique Capriles Radonski, el líder de la oposición venezolana que atacó a la embajada cubana durante el intento de golpe de Estado del 2002.
Sorprendentemente, Maradiaga no es el único líder del intento de golpe que es parte de la Red Mundial de Liderazgo Aspen. Maria Nelly Rivas, directora en Nicaragua del gigante corporativo estadounidense Cargill, es uno de los principales voceros de la oposición, Civic Alliance. Rivas, quien actualmente también dirige la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Nicaragua, está siendo preparado como un posible candidato presidencial en las próximas elecciones. Debajo de estos líderes preparados por los Estados Unidos, hay una red de más de 2.000 jóvenes que han recibido capacitación con fondos de NED en temas tales como las habilidades de los medios sociales para la defensa de la democracia. Este batallón de guerreros de las redes sociales pudo dar forma y controlar inmediatamente a la opinión pública en Facebook en los cinco días del 18 al 22 de abril, lo que provocó protestas violentas espontáneas en todo el país.
Sobre la violencia
Una de las formas en que los informes sobre Nicaragua se han aventurado más lejos de la verdad es llamar a la oposición «no violenta». El guión de violencia, inspirado en las protestas de las guarimbas de 2014 y 2017 en Venezuela, es organizar ataques armados contra edificios gubernamentales, tentar a la policía para enviar escuadrones antidisturbios, participar en enfrentamientos filmados y publicar videos editados en línea alegando que el gobierno está siendo violento contra los manifestantes 'no violentos'.
Más de 60 edificios gubernamentales han sido quemados, escuelas, hospitales, centros de salud atacados, 55 ambulancias dañadas, al menos 112 millones de dólares en daños a la infraestructura, pequeñas empresas han sido cerradas y 200.000 empleos perdidos causando un impacto económico devastador durante las protestas. La violencia ha incluido, además de miles de lesiones, 15 estudiantes y 16 policías muertos, así como más de 200 sandinistas secuestrados, muchos de ellos torturados públicamente. Las violentas atrocidades de la oposición fueron mal informadas como represión gubernamental. Si bien es importante defender el derecho del público a protestar, independientemente de sus opiniones políticas, no es ingenuo ignorar que la estrategia de la oposición requiere y se alimenta de la violencia y las muertes.
Las noticias nacionales e internacionales reclaman muertes y lesiones debido a la «represión» sin explicar el contexto. Los medios de comunicación ignoran los cócteles molotov, los lanzadores de mortero, las pistolas y los rifles de asalto utilizados por los grupos de oposición, y cuando los simpatizantes sandinistas, la policía o los transeúntes son asesinados, son contados falsamente como víctimas de la represión estatal. Se ha demostrado que los reclamos explosivos de la oposición, como las masacres de niños y los asesinatos de mujeres, son falsos, y los casos de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas policiales no se han corroborado con pruebas o debido proceso.
Si bien hay evidencia para apoyar el reclamo de la oposición, de los manifestantes, asesinos de francotiradores, no hay una explicación lógica para que el Estado use francotiradores para aumentar el número de muertos, y los contramanifestantes también han sido víctimas de disparos de francotiradores, lo que sugiere un «tercero» papel provocador en la violencia desestabilizadora. Cuando toda una familia sandinista fue quemada en Managua, los medios de la oposición citaron a un testigo que afirmó que la policía había prendido fuego a la casa, a pesar de que la casa se encontraba en un vecindario cerrado al acceso policial.
La Policía Nacional de Nicaragua ha sido reconocida desde hace mucho tiempo por su modelo de policía comunitaria (en contraste con la policía militarizada en la mayoría de los países centroamericanos), su relativa falta de corrupción y la mayoría de sus altos mandos femeninos. La estrategia de golpe de Estado ha tratado de destruir la confianza pública en la policía a través del uso atroz de noticias falsas, tales como las muchas afirmaciones falsas de asesinatos, palizas, torturas y desapariciones en la semana a partir del 17 al 23 de abril. Varios jóvenes cuyas fotos fueron llevadas a manifestaciones de la oposición como víctimas de la violencia policial han resultado estar vivos y bien vivos.
La policía ha sido totalmente inadecuada y no está preparada para los enfrentamientos armados. Los ataques a varios edificios públicos en la misma noche y los primeros grandes ataques incendiarios llevaron a los trabajadores del Gobierno a vigilar con barriles de agua y, a menudo, palos y piedras, para defenderse de los atacantes. La oposición, frustrada por no lograr más conflictos policiales, comenzó a construir barricadas en todo el país y quemando las casas de los sandinistas, incluso disparando y quemando a las familias sandinistas en atroces crímenes de odio. En contraste con la versión de los hechos de La Prensa, los nicaragüenses han sentido la clara falta de presencia policial y la pérdida de seguridad en sus barrios, mientras que muchos fueron blanco de la violencia.
Desde mayo, la estrategia de la oposición ha sido construir barricadas armadas en todo el país, cerrando el transporte y atrapando a las personas. Las barricadas, generalmente construidas con grandes adoquines, están tripuladas por entre 5 y 100 hombres armados con pañuelos o máscaras. Mientras que los medios informan sobre jóvenes idealistas que realizan barricadas, la gran mayoría de los controles de carretera son mantenidos por hombres pagados que provienen de un fondo de delitos menores. Cuando grandes áreas de ciudades y pueblos están bloqueadas por las fuerzas gubernamentales y policiales, las actividades relacionadas con las drogas se intensifican, y las bandas de narcotraficantes ahora controlan muchas de las barricadas y pagan los salarios.
Estos bloqueos han sido los centros de violencia, los trabajadores que necesitan pasar por los controles son a menudo robados, golpeados, insultados y, si se sospecha que son sandinistas, atados, desnudados, torturados, pintados en azul y blanco, y algunas veces delicado. Hay tres casos de personas que mueren en ambulancias que no pueden atravesar los controles de carretera, y un caso de una niña de 10 años secuestrada y violada en el retén de Las Maderas. Cuando los vecinos organizados o la policía despejan los controles de carretera, los grupos armados huyen y se reagrupan para quemar edificios, secuestrar o herir a personas en venganza. Todas las víctimas que produce esta violencia son contadas por los medios de comunicación como víctimas de la represión, una falsedad total.
El gobierno nicaragüense se ha enfrentado a esta situación al mantener a la policía fuera de las calles, para evitar encuentros y acusaciones de represión. Al mismo tiempo, en lugar de simplemente arrestar manifestantes violentos, lo que sin duda le habría dado a la oposición las muertes de batalla que anhela, el gobierno pidió un Diálogo Nacional, mediado por la Iglesia Católica, en el que la oposición pueda presentar cualquier propuesta para humanos derechos y reforma política. El gobierno creó una Comisión Parlamentaria de Verdad y Paz y lanzó una consulta independiente del Ministerio Público.
Con la policía fuera de las calles, la violencia de la oposición se intensificó a lo largo de mayo y junio. Como resultado, se desarrolló un proceso de autodefensa del vecindario. Las familias que han sido desplazadas, los jóvenes que han sido golpeados, robados o torturados y los veteranos de la insurrección de 1979 y/o la Contra, realizan una vigilia alrededor del cuartel general del Frente Sandinista en cada pueblo. En muchos lugares, construyeron barricadas contra los ataques de la oposición y han sido etiquetados falsamente como fuerzas paramilitares en los medios de comunicación. En las ciudades que no cuentan con barricadas organizadas por la comunidad, el costo humano de la violencia de la oposición es mucho mayor. La Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses ha sido particularmente el blanco de la violencia de la oposición. En junio, un estudiante delegado del Diálogo Nacional, Leonel Morales, fue secuestrado, disparado en el abdomen y arrojado a una zanja para morir, para sabotear el diálogo y castigarlo por desafiar el derecho de los estudiantes del 19 de Abril a hablar en nombre de todos los nicaragüenses estudiantes.
Desde abril, se han realizado cuatro concentraciones principales de la oposición, dirigidas a movilizar a los nicaragüenses de la clase media alta que viven en los suburbios entre Managua y Masaya. Estas manifestaciones ofrecieron un 'Quién es quién' de la alta sociedad, incluyendo reinas de belleza, propietarios de negocios y los oligarcas, así como estudiantes universitarios del Movimiento 19 de Abril, la alta moral de la oposición.
Tres meses después del conflicto, ninguna de las víctimas mortales ha sido burguesa. Todos han venido de las clases populares de Nicaragua. A pesar de las denuncias de represión total, la burguesía se siente perfectamente segura de participar en las protestas públicas de día, aunque la última manifestación diurna terminó en un ataque caótico por manifestantes contra ocupantes ilegales en una propiedad de, curiosamente, Piero Coen, el hombre más rico de Nicaragua. Los ataques armados nocturnos generalmente han sido llevados a cabo por personas que provienen de vecindarios pobres, muchos de los cuales reciben de dos a cuatro veces el salario mínimo diario por cada noche de destrucción.
Desafortunadamente, la mayoría de las organizaciones nicaragüenses de derechos humanos son financiadas por NED y controladas por el Movimiento para la Renovación Sandinista (MRS). Estas organizaciones han acusado al gobierno nicaragüense de dictadura y genocidio durante la presidencia de Ortega. Las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han sido criticadas por sus informes unilaterales, que no incluyen ninguna información proporcionada por el gobierno o personas que se identifican como sandinistas.
El Gobierno invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, una entidad con sede en Washington notoriamente hostil a los gobiernos de izquierda, a investigar los eventos violentos de abril y determinar si la represión había ocurrido. La noche de una polémica escaramuza en la carretera a las afueras de la Universidad Agraria de Managua puso fin a una tregua negociada de 48 horas, el director de la CIDH, Paulo Abrao, visitó el sitio para declarar su apoyo a la oposición. La CIDH ignoró la violencia generalizada de la oposición y solo informó sobre la violencia defensiva del gobierno. No solo fue categóricamente rechazado por el canciller nicaragüense Denis Moncada como un «insulto a la dignidad del pueblo nicaragüense», una resolución que aprueba el informe de la CIDH fue respaldada solo por diez de 34 países.
Mientras tanto, el Movimiento 19 de Abril, compuesto por estudiantes universitarios actuales o anteriores a favor del cambio de régimen, envió una delegación a Washington y logró alejar a gran parte de la sociedad nicaragüense sonriendo a la cámara con miembros intervencionistas de extrema derecha del Congreso de los Estados Unidos, incluida la representante Ileana Ros Lehtinen, el senador Marco Rubio y el senador Ted Cruz. Los líderes de M19 también aplaudieron las belicosas advertencias del Vicepresidente Mike Pence de que Nicaragua está en la lista de países que pronto sabrán el significado de libertad de la Administración Trump, y se reunieron con el partido ARENA de El Salvador, conocido por sus vínculos con los escuadrones de la muerte el teólogo de la liberación asesinado, el arzobispo Oscar Romero. Dentro de Nicaragua, la masa crítica de estudiantes dejó de manifestarse hace semanas, las grandes protestas cívicas de abril y mayo han menguado, y los mismos rostros familiares de la política de derecha nicaragüense se quedan con la cuenta por el daño material masivo y la pérdida de vidas.
¿Por qué Nicaragua?
Ortega ganó su tercer mandato en 2016 con un 72,4 por 100 de los votos de un 66 por 100 de participación, muy alto en comparación con las elecciones en los Estados Unidos. Nicaragua no solo ha establecido una economía que trata a los pobres como productores, con resultados notables que elevan su nivel de vida en 10 años, sino que también tiene un gobierno que rechaza consistentemente el imperialismo estadounidense, aliándose con Cuba, Venezuela y Palestina, y soporte de voces para la independencia puertorriqueña y una solución pacífica a la crisis coreana. Nicaragua es miembro de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), una alternativa latinoamericana a la OEA, ni incluye a EE.UU. ni a Canadá. También se ha aliado con China para un proyecto de canal propuesto y Rusia para la cooperación de seguridad. Por todas estas razones, Estados Unidos quiere instalar un gobierno nicaragüense amistoso con Estados Unidos.
Más importante es el ejemplo que Nicaragua ha establecido para un modelo social y económico exitoso fuera de la esfera de dominación estadounidense. Generando más del 75% de su energía a partir de fuentes renovables, Nicaragua fue el único país con autoridad moral para oponerse al Acuerdo Climático de París por ser demasiado débil (luego se unió al tratado un día después de que Trump retirara a EE.UU., declarando que «nos oponíamos Acuerdo de París fuera de responsabilidad, los Estados Unidos se opone por irresponsabilidad»). El gobierno del FMLN en El Salvador, aunque menos dominante políticamente que el Frente Sandinista, ha tomado el ejemplo del buen gobierno de Nicaragua, que recientemente prohibió la minería y la privatización del agua. Incluso Honduras, el bastión eterno del poder de Estados Unidos en Centroamérica, mostró signos de un giro hacia la izquierda hasta el golpe militar respaldado por Estados Unidos en 2009. Desde entonces, ha habido una represión masiva de activistas sociales, una elección claramente robada en 2017, y Honduras ha permitido la expansión de las bases militares de EE.UU. cerca de la frontera nicaragüense.
En 2017, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por unanimidad la Ley de Condicionalidad de Inversión Nicaragüense (Ley NICA), que si es aprobada por el Senado obligará al gobierno de EE.UU. a vetar los préstamos de las instituciones internacionales al gobierno nicaragüense. Este imperialismo de Estados Unidos dañará la capacidad de Nicaragua de construir carreteras, actualizar hospitales, construir plantas de energía renovable y hacer la transición de una ganadería extensiva a sistemas integrados de silvicultura, entre otras consecuencias. También puede significar el final de muchos programas sociales populares, como electricidad subsidiada, tarifas estables de autobuses y tratamiento médico gratuito de enfermedades crónicas.
El Poder Ejecutivo de EE.UU. ha utilizado la Ley Magnitsky Global para apuntar a las finanzas de los líderes de la Corte Suprema Electoral, la Policía Nacional, el gobierno de la ciudad de Managua y la corporación ALBA en Nicaragua. Los agentes de policía y los burócratas de salud pública han recibido el aviso de que sus visas estadounidenses han sido revocadas. El punto, por supuesto, no es si estos funcionarios han cometido o no cometieron actos que merecen su reprimenda en Nicaragua, sino si el gobierno de EE.UU. debe tener la jurisdicción para intimidar y acorralar a los funcionarios públicos de Nicaragua.
Mientras la violencia sádica continúa, la estrategia de los golpistas para expulsar al gobierno ha fracasado. La resolución de la crisis política vendrá a través de elecciones, y es probable que el FSLN gane esas elecciones, salvo una nueva ofensiva dramática e improbable por parte de la oposición de derecha.
Una guerra de clases al revés
Es importante comprender la naturaleza de los golpes estadounidenses y oligárquicos en esta era y el papel de los medios y el engaño de las ONGs porque se repite en múltiples países de América Latina y otros países. Podemos esperar un ataque similar contra el recientemente elegido Andrés Manuel López Obrador en México si él busca los cambios que ha prometido.
Estados Unidos ha tratado de dominar Nicaragua desde mediados del siglo XIX. Los ricos en Nicaragua han buscado el retorno del gobierno aliado de Estados Unidos desde que los sandinistas subieron al poder. Este golpe fallido no significa el final de sus esfuerzos o el final de la desinformación de los medios corporativos. Saber lo que realmente está ocurriendo y compartir esa información es el antídoto para derrotarlos en Nicaragua y en todo el mundo.
Nicaragua es una guerra de clases patas arriba. El gobierno ha elevado los niveles de vida de la mayoría empobrecida a través de la redistribución de la riqueza. Los oligarcas y los Estados Unidos, incapaces de instalar el neoliberalismo a través de las elecciones, crearon una crisis política, destacada por la cobertura falsa de los medios para obligar a Ortega a renunciar. El golpe está fallando, la verdad está saliendo, y no debe ser olvidada.
18 julio 2018
* Kevin Zeese es un abogado que codirige el sitio Popular Resistance de Estados Unidos. Y Nils McCune está en el equipo técnico de IALA Mesoamérica (Instituto Agroecológico de América Latina en Nicaragua) y becario de investigación en la Universidad de Michigan.
