El Consejo de Ministros ha actuado este viernes como era previsible que lo hiciera: rechazando la extradición de veinte personas —entre ellas, exministros franquistas—, reclamada por la jueza argentina María Servini por presuntos delito durante la dictadura de Franco: haber firmado penas de muerte. El Gobierno se ha pronunciado al fin tras recibir la petición de Servini e información complementaria que se le solicitó posteriormente y que llegó el pasado mes de diciembre.
El titular de Justicia, Rafael Catalá, ha argumentado ampliamente los motivos por los que su Departamento considera que miembros del Gobierno franquista como Rodolfo Martín Villa o José Utrera Molina no tienen que ir a comparecer a los tribunales argentinos. Por un lado, según ha indicado Catalá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el «principio de jurisdicción preferente» convierte a España en el país competente para juzgar los presuntos delitos cometidos por españoles en territorio ídem.
Por otro lado, según el «principio de doble incriminación» al que apela el Gobierno, los delitos que presuntamente habrían cometido Martín Villa o Utrera Molina, entre otros y según la jueza Servini, no eran hechos delictivos con la legislación de la dictadura. Es decir, con Franco no era delito firmar penas de muerte. Además y, por último, el ministro de Justicia ha asegurado que conforme al «principio de extinción de la responsabilidad», aunque se hubiera cometido el delito, éste habría prescrito transcurridos 15 años.
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