¿Será España una democracia?

Por JEAN ORTIZ

Ya no me acuerdo de quien dijo un día algo así: en España se puede ser demócrata (de pandereta, añado yo) sin haber sido antifascista, sin haber roto con el franquismo.

Es difícil hablar de democracia a propósito de un país que no hace del antifascismo un referente de su identidad, tras largos años de crímenes fascistas masivos, un país que deja tirados en las fosas comunes, en las cunetas, a unos 130.000 republicanos antifascistas (entre 114.000 y 150.000 según las fuentes), fusilados por los franquistas. España es el segundo país en el mundo, después de Camboya, donde más hubo (y quedan), cantidad de «desaparecidos», asesinados y amontonados en fosas: 1.850 fosas localizadas en el primer «mapa de fosas». (Para «comparar»: Chile tiene unos 3.000 «desaparecidos»).

Es difícil hablar de «democracia» a propósito de un país donde el pasado ha sido y sigue siendo, de alguna manera, casi ocultado, enterrado, sin asumir, un país donde el franquismo («centinela de Occidente») sociológico, ideológico, impregna todavía amplios sectores de la sociedad, un país donde el olvido del pasado ha sido una estrategia política impuesta por las clases dominantes. El franquismo sigue, 80 años después del golpe cívico-militar de julio del 36, globalmente impune. El fascismo español no ha sido juzgado, ni como tal, como régimen, ni a través de sus verdugos. Esa exigencia callada (la impunidad para el franquismo), entraba en el famoso «pacto» (consensuado) de «la Transición», en los anos 1977-78, tras la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975... «Pacto del silencio y del olvido».

España es un país donde un juez prestigioso y pertinente, eficaz, independiente: el juez Baltazar Garzón, ha sido condenado a muerte profesional, sometido a juicio y obligado a dimitir, por querer investigar la feroz dictadura franquista (sus crímenes de toda clase), sus jefes (ninguno ha sido juzgado). El diario El País del 15 de mayo del 2010, lleva en su primera plana, el titular: «Garzón cae por querer investigar el franquismo».

Los verdugos han muerto en sus camas, o pasean todavía libres, pese a sus crímenes de lesa-humanidad, (crímenes que no prescriben). España es un país donde un alto dirigente socialista, exjefe del Gobierno de «alternancia» de octubre de 1982, Felipe González, (que alecciona al mundo entero sobre «derechos humanos») se jacta de haberlos violados. González confesó al diario El País el 20 de abril del 2001: «nosotros decidimos no hablar del pasado»; es decir explícitamente: no tocar al franquismo y a su heredera, la monarquía, ilegítima. Desde la Iglesia hasta sectores de la «izquierda moderada», muchos falsos demócratas siguen cacareando sin fin, cínicamente, las mismas mentiras, y nos contestan, cuando exigimos «justicia»: «no se pueden reabrir las heridas del pasado»… ¡Heridas que nunca antes fueron cerradas, y un pasado que no pasa! El revisionismo es tan peligroso como el olvido. Hoy en día, el riesgo principal, en la «batalla de la memoria», me parece ser la «re-escritura», neo-conservadora, de la historia de la República, de la Guerra de España, del franquismo, de las Resistencias… criminalizando a los Republicanos, a los combatientes por la República, a los guerrilleros, presentándoles como «agentes del comunismo internacional», «títeres de la KGB», como si el antifascismo fuese una manipulación de Moscú…

En España, poco a poco, desde hace unos diez años, gracias al trabajo militante de las «asociaciones de memoria» (ARMH, Foro de la memoria, Federación de los foros, etc.), de las asociaciones de víctimas, y a las investigaciones de historiadores «progres», se está recuperando paulatinamente la memoria republicana (de la Segunda República proclamada el 14 de abril de 1931). Ahora se puede hablar e incluso reivindicar la República, la «Tercera», que sea más social, más anticapitalista que la de 1931, exigir un referéndum entre monarquía y República, como lo proponen los comunistas, los militantes de Izquierda Unida, los de Podemos, algunos sectores minoritarios del PSOE, la izquierda radical, los anarquistas, los movimientos sociales de maestros, de jornaleros del campo, el sindicato andaluz de trabajadores (SAT), de enfermeras, de «sin techo», de desahuciados… Los partidos del sistema, ellos, niegan y se oponen a la necesidad de una democracia completa, en un país que sea múltiple.

La derecha cavernícola y la mayor parte de los dirigentes «socialistas», adheridos al social-liberalismo, rechazan la perspectiva constituyente y se aferran todavía a un modelo caducado de «transición modélica», de colaboración de clases…

Hoy en día, se ve la bandera tricolor republicana en la mayoría de los actos militantes. Van hablando «los silencios de la historia», que fue hasta hace poco historia oficial, la de los «vencedores»de la «Cruzada», y van rellenándose los huecos del olvido pactado.

Estamos rompiendo el cerco de la desmemoria. Fundamentalmente por el compromiso de los militantes de la memoria, en España, apoyados por un fuerte movimiento memorial al otro lado del Pirineo, en Francia. En los dos países, las clases dominantes temen que esos movimientos «memorialistas» enlacen con, (o se vuelvan) los movimientos sociales. Frente al auge del «retorno republicano», como lo escribí en el libro Espagne, la République est de retour, los dos grandes partidos, ex-pilares del sistema, los socialistas (PSOE) y la derecha neo-franquista (el Partido Popular, apoyado por «Ciudadanos»), se niegan a cualquier referéndum sobre la monarquía y la autodeterminación de los pueblos de España. Rechazan la propuesta democrática, que va creciendo, de un proceso constituyente para institucionalizar lo que España es: una «nación de naciones», y avanzar hacia una «federación» o «confederación» (para otros), acabar con la España al revés, «una», uni-nacional, para derogar la Constitución de 1978, bastante continuista y democrática solo en apariencia. El Ejército es presentado como «garante de la unidad de España», un país, según la Constitución, «no confesional”», pero no definido como «laico». Bajo el seudo-referéndum de 1978 sobre la Constitución, iba pareja la transformación de España en una monarquía parlamentaria. Pero no fue eso —monarquía o república— lo que se le preguntó a los españoles. Para la mayoría del pueblo (y ahí radicaba el engaño), votar «sí» a la Constitución no era asumir la monarquía.

La crisis, el fracaso del «modelo de la transición pactada», de un proceso supervisado en la primavera de 1977 por Estados Unidos y la Internacional Socialista (Vernon Walters, H. Smith, W. Brandt, H. Kissinger) trastoca todos los papeles. En realidad, la «transición modélica» resulta pura leyenda, puro mito, pura falacia y montaje politiquero. El franquismo se recicló muy rápidamente en «monarquía parlamentaria», en «democracia». Como dicen algunos españoles «rojos»: muchos franquistas se acostaron «fachas» y despertaron demócratas.

El golpe militar del 18 de julio del 1936 y la larguísima dictadura franquista no fueron ni un «pronunciamiento» de los habituales ni una «dictadura» como otras. El destacado historiador anglosajón Paul Preston habla de «holocausto» premeditado, planificado. Los vencedores lo querían irreversible para aplastar definitivamente a las clases populares. «Holocausto» según Preston para caracterizar el terror y la represión franquista, y ese miedo que no acaba nunca, que se trasmite de generación en generación. Desde el principio, Franco, como Mola, Queipo de Llano, planteaban la necesidad de «depurar», de «limpiar» a España del «gen» de la revolución, del marxismo, del anarquismo… Entrevistado el 27 de julio de 1936 en Tetuán, por el periodista Jay Allen, Franco declaraba querer «salvar a España del marxismo a cualquier precio». No se trataba sólo de ganar la guerra sino de paralizar al pueblo por el terror. Los golpistas concebían la guerra como una guerra de exterminio. En agosto del 1936, en Badajoz, mataron a más de 10.000 personas; la plaza de toros se tiñó de sangre. La «columna de la muerte» arrasó a pueblos enteros. Un terror estimulado desde arriba, desde la dirigencia; llamamientos repetidos a violar (una terrible violencia de género), a matar, a «depurar»...

En septiembre de 2013 («Cadena Ser», 30 de septiembre), una vez más, la ONU exigió a España que acabase con la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977, en realidad ley de auto-amnistía, de impunidad, ley finalmente de «punto final» (la expresión es latinoamericana). El artículo 2 de la ley da la tónica: se amnistía al personal del régimen por los delitos cometidos, en el ejercicio de sus funciones, contra los derechos de las personas...

Con la Ley de Responsabilidades políticas de 1939, a cada apresado, a cada condenado republicano, se le incauta los bienes; se los roban los terratenientes, los vecinos, los bancos… El articulo 10 de la ley dice: «En toda condena se impondrá, necesariamente, sanción económica». Queda por escribir la historia de la espantosa represión económica contra las familias republicanas, el gran saqueo a cargo de las autoridades, así como de las familias afines al régimen… El incalculable botín franquista… Y ni una palabra acerca de una necesaria «reparación», de la devolución de los bienes incautados (propiedades, cuentas bancarias…), como sería lo normal jurídica y moralmente. Ni se menta tal posibilidad…

En Andalucía existen oficialmente 61.958 expedientes de incautación de bienes (cifra infravalorada por el miedo a denunciar) a los represaliados, despojados de lo poco que tenían. En esa misma Andalucía, entre 1936 y 1945, hubo 57.801 fusilados (49.718 republicanos y 8.083 franquistas). El tema del equiparamiento del terror, de «los dos campos», el dogma mentiroso del «todos culpables», tan querido y cacareado por los «demócratas naftalina», se revela una verdadera farsa, una manipulación asquerosa.

No se puede equiparar el terror republicano espontáneo, que duró las primeras semanas, y el terror fascista planificado, promovido por las autoridades, en forma de revancha de clase, y que se prolongó hasta los años setenta. Cuando se investiga, se profundiza la represión, como lo hicieron los historiadores Tuñón de Lara, Francisco Moreno, Francisco Espinosa, Ángel Viñas, Javier Tusel, Reig Tapia… uno se da cuenta de la falacia del tema del «equilibrio del terror y de la memoria», de la falacia del concepto de «responsabilidad colectiva».

Los socialistas lo han plasmado cuando, el 12 de Octubre (¡día de la «raza»!) del 2004, hicieron desfilar juntos (el «Desfile de la Victoria») a un nazi español de la División Azul, y a un héroe republicano español, que combatió con el general Leclerc, en la 2da. DB, para liberar a Francia. Esta fue parte de «La Nueve» (160 hombres), compuesta principalmente por anarquistas y comunistas españoles, fue la que primero entró en París, participó en los últimos combates, unas horas antes de verse liberada la capital, por una insurrección popular.

Hoy día todavía, a la borbónica familia real, metida en muchos escándalos, se le protege en la medida de todo lo posible. El «caso Garzón», la corrupción estructural, los muchísimos escándalos mayúsculos que afectan a unos y a otros, como el enorme «caso Gurtel», que conciernen y comprometen sobre todo al Partido Popular, no le impidieron ganar las elecciones, ni gobernar el país. «Forrarse» es considerado como algo normal. A la mayoría de los jueces, no les importa un pepino la supeditación de la justicia. La crisis catalana y del «pacto territorial», reflejan con creces esa falta de independencia judicial. El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional son los que han acabado con el juez Garzón. Como en los «viejos tiempos», hoy día, las cárceles catalanas se han vuelto a llenar de presos políticos «independentistas» (la mayor parte de ellos «ediles»). El «nuevo» rey Felipe VI se ha salido de su papel pronunciando un discurso anticatalán, de inspiración y contenido ultraconservador, brutal, represivo. ¡¡Se han caído las máscaras!! El supuesto «rey de todos los españoles» ha seguido à Rajoy y al PP.

España se ha puesto deliberadamente fuera de la normativa internacional de los derechos humanos, incluso tras adoptar, sin los votos del PP, en el 2007, la nueva ley (ni siquiera se le llama «de memoria» y no lleva una sola vez la palabra «república»). El texto descafeinado fue votado el 31 de diciembre del 2007. Los militantes de la memoria presionaron al gobierno socialista (de Zapatero) para conseguir por fin una verdadera ley de memoria… Tras meses de vacilaciones, de consultas (incluso con los grupos franquistas) el texto, basado en el «equilibrio de la memoria», no satisfizo a nadie. Ni justicia, ni verdad, ni reparación. España no cumple con la legislación internacional en los casos de «desapariciones forzadas» (fosas comunes). 80 años después de la guerra, siguen sin anularse los tribunales militares sumarios, sus juicios sumarísimos y sentencias criminales. Quedan por rehabilitar, entre otros fusilados o «agarrotados», Puig Antich, Julián Grimau, Miguel Hernández, Cristino García, militantes anarquistas supliciados, del FRAP, el presidente catalán Companys…

El entonces jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, el 20 de febrero del 2008, barrió con todas las ayudas estatales a las asociaciones que abren fosas y hacen el trabajo que tuvieran que hacer las autoridades. Exclamó: «ni un euro para las fosas». Al Estado sin embargo le incumbe hacerse cargo de la localización, la exhumación y la identificación de los «desaparecidos» (un ejemplo: dos fosas de más de 2.000 víctimas en los cementerios de Córdoba). Socialistas y «pepistas» ni han cumplido ni cumplen. Los gobiernos sucesivos han evadido sus responsabilidades. Una periodista y novelista francesa, Renée Lafont, fusilada por los franquistas el primero de septiembre del 36, yace olvidada en la fosa común del cementerio cordobés de La Salud… Unos militantes franceses han lanzado, a principios del 2018, una campaña internacional para que los gobiernos francés y español exhuman sus restos, y los trasladen, con los debidos honores, a Francia. ¡¡Ningún gobierno «democrático» ha contestado!!

En la España «democrática», todavía no se ha desfranquizado en profundidad. Quedan decenas de calles con nombres de fascistas…

Y qué decir del único «parque temático fascista» en el mundo: ¡¡el faraónico Valle de los Caídos!! Un mausoleo a la gloria de los «vencedores», un lugar de exaltación al fascismo, construido durante 20 años con el dinero de las arcas públicas; y utilizando el trabajo de 20.000 presos antifascistas, explotados, humillados, maltratados. El Valle, mantenido con los recursos de los contribuyentes, fue y sigue siendo además un gran negocio. En la gigantesca basílica está la tumba del dictador Franco… Al acabar la guerra, España contaba con 400.000 presos republicanos. Una cifra récord. Se fusilaba sin parar pese a (oficialmente) haber «terminado la guerra» el 1 de abril de 1939.

En las (post)dictaduras latinoamericanas, a las que España exportó su «modelo» de transición, se crearon Comisiones de la Verdad… En España, no ha habido comisión alguna, ningún rastro de Comisión Verdad-Justicia-Reparación. La ley de Amnistía de 1977 no permite que se investiguen los crímenes franquistas. Cada intento se enfrenta al rechazo del PSOE, de Ciudadanos y del PP. El desamparo jurídico y político de las víctimas y de sus asociaciones, la falta de apoyo institucional, les obliga a acudir a jueces extranjeros como la jueza María Servini de Cubria, en Argentina.

A ese terrible balance de violaciones de los derechos humanos sin respuesta, cabe añadir el insoportable caso de los niños robados (más de 30.000) a sus familias republicanas, «subversivas», diabolizadas, para entregarlos, en adopción plena, quitándoles nombre y apellido, a familias «cristianas» adictas al franquismo, que les «lavaban el cerebro». Esa «depuración política», promovida y organizada por el franquismo, la Falange y la Iglesia, estribando en decretos, leyes oficiales (entre otros un decreto de noviembre de 1949), se ha vuelto un negocio hasta entrados los años 1990 (una ley de 1987 pretende poner fin a ese crimen de Estado). El Estado español no ha hecho nada para enfocar, tratar de responder a ese crimen de lesa humanidad, buscar y encontrar a esos muertos-vivos. En Argentina, las comisiones han «recuperado» adultos, que fueron «niños robados» por los militares.

Y ni que hablar de la represión económica y de su «reparación» como corresponde en esos casos.

Muchas empresas que ayudaron a Franco, en la construcción del insultante y gigantesco mausoleo del Valle de los Caídos, quedan hoy entre las más importantes del país.

Las que ayudaron a Franco se beneficiaron de concesiones estatales: mano de obra esclava, barata, batallones de presos republicanos ¡¡«rehabilitándose» por el trabajo!! Hoy día, los descendientes de esa oligarquía franquista campean siempre entre los más ricos de España. Es el caso de FECSA (absorbida por ENDESA), de los hermanos March, banqueros del franquismo, de los HUARTE, de los BOTIN, de la ingente constructora ACS, presidida por Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid…

Los Huarte han entrado en el gigante de la construcción OBRASCON HUARTE LAIN, Juan Banus ha sido el caudillo corrupto de Puerto Banus… 43 ministros de Franco fueron dirigentes en el sector bancario. El neo-franquista líder del PP, J.M. Aznar, es nieto de Manuel Aznar Zubigaray, ex director de la agencia de prensa EFE, y después embajador en la ONU… «Son los mismos perros», decía mi tía Pilar, «con collares diferentes».

El 10 de enero de 1939, el ministro republicano de Exteriores, Álvaro del Bayo, en un discurso en la Sociedad de las Naciones, increpaba a las «democracias occidentales» culpables por la capituladora «no intervención», exclamando: «El día vendrá en que se acuerden todos ustedes de nuestros muertos». Las supuestas «democracias occidentales», por intereses de clase, prefirieron, y no siempre solapadamente, el fascismo al Frente Popular. Hoy día, el contexto internacional exige que reevaluemos el antifascismo.

Si España fuese una democracia, lo sería pues muy «incompleta», con muchas carencias, con un montón de cuentas pendientes, con la ausencia de juicio político a la dictadura, con impunidad oficial de los torturadores… No puede haber democracia plena que no esté basada en Verdad-Justicia-Reparación. Un día, el rey Juan Carlos le tiró a Hugo Chávez: «¿Por qué no te callas?». Tras ese balance, poco democrático: ¿Quién debería callarse?

INVESTIG'ACTION

23 junio 2018