Este artículo presenta los motivos que existen para justificar la llamada de la Confederación Europea de Sindicatos y de los Sindicatos españoles a las movilizaciones de protesta contra las políticas neoliberales desarrolladas por muchos gobiernos de la Unión Europea (incluido el español), que están dañando el bienestar y calidad de vida de las clases populares. El artículo detalla el impacto de tales políticas.
La Unión Europea está muy agitada. La Confederación Europea de Sindicatos ha llamado a movilizaciones en todos los países de la Unión Europea para el día 29 de septiembre. Y en España los dos mayores sindicatos del país, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, han convocado una Huelga General para ese mismo día. Estas acciones no son ni las primeras ni serán las últimas. En realidad, hay un descontento muy generalizado contra las instituciones de la Unión Europea y contra gran número de gobiernos de tal entidad política, como consecuencia de las políticas públicas que han estado promoviendo y llevando a cabo tales instituciones y gobiernos durante estos años y que han dañado el bienestar social de las clases populares, alcanzando unos niveles que se consideran inaceptables por parte de los sindicatos que están liderando estas protestas.
¿Qué está pasando en la Unión Europea? Veamos los datos. Uno de ellos es el crecimiento del desempleo, que ha alcanzado su máximo nivel en España. Otro dato es que las rentas del trabajo han ido disminuyendo como porcentaje de la renta nacional a costa de un enorme crecimiento de las rentas del capital. Así las primeras han descendido en el promedio de los países de la UE-15, de un 69% de la renta total en 1975 a un 56% en 2010. En España el descenso ha sido particularmente acentuado a partir del 1992, pasando del 68% al 54% de la renta total. La gravedad de este hecho queda reflejada en que tal descenso ha ocurrido a pesar de que el porcentaje de la población empleada ha ido subiendo.
Esta situación se presenta de varias formas. Una de ellas es que los beneficios empresariales han aumentado de una manera muy marcada. Durante el periodo 1999-2009, por ejemplo, tales beneficios aumentaron un 38% en el promedio de la UE-15, y un 42,3% en la zona euro. En España, por cierto, crecieron incluso un porcentaje mayor durante el mismo periodo, concretamente aumentaron un 73%, más del doble de la media de la UE-15. Por otro lado, los costes laborales crecieron sólo un 17% en la UE-15, y en España incluso un porcentaje menor, 3,7%, es decir, cinco veces menos.
Esta situación fue la causa de una mayor polarización social y un enorme crecimiento de las desigualdades. El pacto capital y trabajo que había caracterizado el «periodo dorado del capitalismo» se rompió en favor del primero. El mundo del trabajo ha ido perdiendo poder. Y contribuyendo a ello estaban las políticas neoliberales promovidas por el establishment europeo (el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco de España), y llevadas a cabo por gran número de gobiernos. Entre estas políticas públicas destacaban las reformas fiscales regresivas, las bajadas de los impuestos a las rentas del capital y de las rentas superiores, la disminución de la tasa de crecimiento del gasto público incluyendo el gasto público social (mientras que las necesidades iban aumentando), la reducción de la protección social y la desregulación de los mercados de trabajo, tendentes a abaratar el precio del trabajo. Los datos existentes documentan esta situación.
Una consecuencia de estos hechos ha sido la creciente alienación de las clases populares hacia las instituciones del establishment europeo. Otra han sido las enormes tensiones que reflejan unas clases trabajadoras, cuya estabilidad y seguridad ha sido afectada muy negativamente, sintiéndose muy inseguras. No es pues de extrañar que los partidos gobernantes de centro izquierda hayan ido perdiendo, país tras país, la confianza de sus bases electorales, descontentas con su transformación en partidos socioliberales, que han abandonado su compromiso con las políticas redistributivas y de extensión de los derechos sociales y laborales. Este abandono ha ocurrido en el momento, por cierto, en que el porcentaje de la población en la UE-15 que declara que las desigualdades son excesivas (el 78% de la población) ha sido el más elevado desde el inicio de la Unión Europea.
La situación en España
Esta polarización alcanzó su máxima expresión en España, cuya incorporación al euro se hizo a costa de su estado del bienestar. A fin de reducir el déficit del estado por debajo del 3% del PIB, tal como exigía el criterio de Maastrich, se bajó el gasto público social por habitante en términos absolutos en el periodo 1993-1995 (bajo la coalición PSOE-CIU), y en términos proporcionales en la época PP. Es decir, durante el periodo 1996-2004, el crecimiento del gasto público social per cápita en España (que cubre las transferencias y los servicios públicos del Estado del Bienestar) subió mucho menos que en el promedio de los países de la UE-15. Como consecuencia de ello, la diferencia en tal gasto social entre España y el promedio de la UE-15 se disparó en el periodo 1995-2004. Y la causa es fácil de ver. Los gobiernos de entonces, como el gobierno de ahora, dieron más prioridad a disminuir el déficit del estado que a cubrir el déficit social de España con el promedio de la UE-15. Éste fue aumentando y aumentando hasta 2004, cuando el gobierno cambió. El gobierno Zapatero, en alianza con los partidos a su izquierda IU, IU-C y ERC y BNG, fue reduciendo este déficit, pero al llegar la crisis y a partir de 2008 volvió a la misma receta de disminuir el déficit del Estado a costa de cortar el gasto público, incluyendo el gasto público social, con el resultado de que el déficit de gasto público social por habitante de España con el promedio de la UE-15 es más elevado ahora que a principios de los años noventa. En realidad, hoy España tiene un déficit social de 68.000 millones. Ésta es la cantidad que España debiera añadir a su gasto público social para gastarnos lo que nos corresponde por el nivel de riqueza que tenemos. Dicho de otra manera, el PIB per cápita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15. En cambio el gasto público social es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94% nos gastaríamos 68.000 millones de euros más. España, que es la octava potencia económica, esta construida sobre unas bases sociales de barro. Y los recortes presentes empeoraron la situación. España está a la cola de la UE-15. Sólo uno de cada diez adultos españoles trabaja en los servicios públicos del estado del bienestar (sanidad, educación y servicios sociales). En Suecia es uno de cada cuatro.
Estos datos son más que suficientes para exigir a los representantes de las clases populares que corrijan y declaren que el pueblo español se merece una situación social mejor. Y las soluciones son fáciles de ver. El país tiene recursos. Pero el estado no los recoge. Y ahí está la raíz del problema. No son los mercados financieros los que indican que hay que recortar el gasto público social. Ellos indican que «las economías son muy frágiles». Y en parte, como decía la Agencia Moody’s recientemente, porque no han tenido estados fuertes. No es por casualidad que los llamados PIGS (cerdos en inglés) sean Grecia, Portugal, Irlanda y España, países gobernados durante más de 70 años por gobiernos profundamente conservadores que tienen unas políticas fiscales sumamente regresivas. El problema son las políticas neoliberales que ahora se quieren incluso expandir.
En defensa de la democracia
La defensa de tales políticas, sumamente impopulares, es que deben hacerse para responder a las exigencias de los mercados financieros, presentándose estas políticas como las únicas posibles. Se acepta, pues, que el capital financiero basado en Wall Street o en Frankfurt es el que manda en España. Como bien dijo uno de los mejores periodistas de España, el Sr. Iñaki Gabilondo, de Canal+, nos estamos transformando en una dictadura en la que lo que se hace en nuestro país es decidido por grupos fácticos fuera de él.
Aquellos que lucharon tanto para conseguir la democracia en España no pueden aceptar esta situación. Cualquier persona de sensibilidad democrática debe movilizarse en contra de este hecho.Y las movilizaciones deben ser contra las instituciones europeas (el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, hoy todas ellas controladas por las derechas), contra el Fondo Monetario Internacional (la voz del capital financiero) y en contra de los establishments políticos y mediáticos de los países miembros de la UE (incluyendo España), que aprueban y promueven la situación actual, aprovechándose de la crisis para llevar a cabo las políticas regresivas que siempre han deseado. E incluyo a la mayoría de los medios de difusión entre los responsables de estas políticas pues, como se ha demostrado estos días, la mayoría han estado promocionando tales políticas, intentando crear lo que mi amigo Noam Chomsky define como el «consenso convencional» para presentarlas como inevitables. Una voz representativa de este consenso es la de Fernando Vallespín, que en su artículo «la Huelga Zombi» publicado en El País (17-09-2010), insulta a los sindicatos y a las izquierdas en este país llamándoles «estúpidos» por no ver que no hay otra alternativa a las políticas que sigue Zapatero, ignorando que por cada política propuesta por el gobierno Zapatero, los sindicatos y los partidos a la izquierda del PSOE han presentado alternativas factibles y creíbles. Así, frente a la congelación de las pensiones y recortes de los salarios de los empleados públicos han propuesto la reversión de las políticas fiscales que han restado enormes cantidades (incluso mayores que las que intentan ahorrar con tales recortes de gasto público) de las arcas del estado. Y frente a las generosas ayudas al capital financiero, han propuesto que las cajas, en lugar de privatizarlas, se conviertan en bancas públicas que garanticen la accesibilidad al crédito.
Sí que existen alternativas. Alternativas que, por cierto, permitirían una mayor y más rápida recuperación económica que la que se está dando. El hecho de que no se haga es, además de por la ideología neoliberal que impregna el equipo económico del gobierno, por querer dar una imagen de dureza (le llaman firmeza) e impresionar a Wall Street, Frankfurt y Bruselas. De ahí la enorme necesidad que tienen el Gobierno y las derechas de que la huelga general fracase para presentarse como el vencedor del conflicto, habiendo tomado medidas muy populares en aquellos centros,pero impopulares en los barrios obreros.
Ni que decir tiene que la mayoría de medios se han movilizado ya para que la Huelga General fracase y, con ello, los sindicatos (la fuerza más coherente que existe en España en defensa del estado del bienestar) queden derrotados. Estos sindicatos, insultados en los medios, están hoy defendiendo, no sólo el bienestar y calidad de vida de las clases populares en España, sino también la todavía muy limitada democracia existente en nuestro país.
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