El pasado 2 de febrero el gobierno central, la patronal y los lideres de UGT y CCOO firmaron un acuerdo sobre la reforma de las pensiones en el cual se retrasa la edad de jubilación y se alarga en tiempo de cotización para cobrar la pensión integra. Una medida política que viene precedida, durante bastantes años, de una campaña mediática basada en unos análisis de unos cuantos economistas, pagados por la banca y la patronal, en los cuales dicen que el sistema de las pensiones públicas, no las privadas, podían llegar a la quiebra dentro de unos años debido al envejecimiento de la población. Análisis la mayor parte falaces y cuyos pronósticos no se han realizado. Pero eso no quita que los vendidos de los dirigentes de UGT y CCOO firmen el acuerdo citado por unas cuantas subvenciones.Por eso os pongo íntegros dos artículos que hacen referencia a semejante traición. El primero es del antiguo diputado del Partido de Acción Socialista (PSOE-Histórico) Antón Saavedra en el Parlamento Asturiano por las listas de IU; y el segundo una noticia cogida de la prensa sobre unas declaraciones del ex Coordinador General de IU y ex secretario general del PCE, Julio Anguita, en un canal de televisión. (La negrita es cosa mía.)
Atentado sindical contra los trabajadores
Tanto el gobierno del PSOE como las cúpulas sindicales de UGT y CCOO pueden pintarlo del color que prefieran, pero lo que se ha negociado y aprobado sobre pensiones es que la edad legal de la jubilación se retrasa a los 67 y que su cuantía se reduce considerablemente. Dicho de otra manera, los trabajadores españoles se jubilarán más tarde y cobrarán pagas más bajas. Estas son las claves de la reforma aprobada el pasado viernes, 28 de enero de 2011, y ello supone el mayor atentado en la historia del movimiento obrero español que se ha producido contra los trabajadores por aquellos que dicen ser sus legítimos representantes sindicales. Y lo más grave, desde mi punto de vista, que en un país como España con más del 20 por ciento de su población activa en paro el reto de trabajar ininterrumpidamente desde los 26 años para alcanzar la jubilación a los 65 años, con el cien por cien de su base reguladora, es sencillamente una quimera.
Pero retrocedamos a los años noventa cuando comenzaron a proliferar todo tipo de previsiones negativas sobre el futuro de las pensiones donde se vaticinaba la inminente quiebra del sistema público de pensiones español, siempre desde los informes encargados a «afamados economistas» y «entendidos en la materia» por entidades financieras y asociaciones patronales, tales como CAIXA, SANTANDER o BBVA. Así, en el año 1996, el Círculo de Empresarios de Madrid encargaba otro informe a José Piñera, el ministro de Augusto Pinochet artífice de la privatización del sistema de pensiones en CHILE, en la década de los ochenta. La verdad, con este pedigrí, no es de extrañar que su diagnóstico fuese lúgubre: «El actual sistema estatal de reparto está abocado a la quiebra» a la vez que vaticinaba para el año 2010 un déficit del 10 por ciento del PIB. Más recientemente, en el año 2007 la FUNCAS encargaba otro estudio al conocido por impresentable David Taguas, aquel que fuera director de la Oficina Económica de Zapatero, con otro negrísimo vaticinio: «Dentro de cuatro años la Seguridad Social española estará en déficit financiero para los pagos a pensionistas».
Ampliamente aireados por la esfera mediática, siempre al servicio del poder establecido, estas y otras muchas previsiones por un estilo son las que sirven de apoyo a los partidarios de aplicar al sistema público —en nuestro caso, el gobierno neoliberal de Zapatero y sus «pandilleros» sindicales— soluciones tan poco imaginativas que a fuer de simplistas resultan totalitarias. Auténticas recetas de caballo que pasan por rebajar a la mitad la cuantía de las pensiones o, en su defecto, redoblar las cotizaciones sociales que soportan los trabajadores en exclusiva (las cotizaciones de la patronal, en la realidad son salarios en diferido de los trabajadores).
Antes de lanzar al vuelo las campanas alarmistas, con el único objetivo de seguir metiendo el miedo entre la ciudadanía, es preciso dejar señalado hasta qué punto pueden ser fiables todas estas predicciones. Pensar que, de aquí a cincuenta años, la evolución humana se va a comportar de manera tan imperturbable como lo haría un móvil newtoniano supone una tremenda imprudencia predictiva, porque estimar el número de hijos que decidirán tener el día de mañana los que hoy son niños cuando se conviertan en adultos no sólo es un gran atrevimiento, sino también un apriorismo ideológicoz. De entrada, supone aceptar la indeseable hipótesis de que las condiciones laborales de estos ciudadanos del medio plazo van a ser de una precariedad similar a la que padecen los jóvenes actuales. Además, las predicciones demográficas a muy largo plazo tienen la característica de que NUNCA SE HAN CUMPLIDO.
Abundando en el tema, según estos CASANDRAS de tercera regional, en el año 2010 el sistema de pensiones públicas debería haber quebrado hace tiempo, teniendo en cuenta que sus estudios auguraban que en el año 2005 habría 13,9 millones de cotizantes a la Seguridad Social frente a los 7,6 millones de pensionistas y en el año 2010 serían 14,5 millones de afiliados y 8,2 millones de pensionistas. Estaríamos así en el año 2010 en una proporción de 1,76 afiliados por pensionista, pero la realidad es que en el 2005 había 17,8 millones de cotizantes y 7,4 millones de pensionistas. Otros estudios de estos CASANDRAS preveían que la población española rondaría los 39 millones de personas en el año 2010 y la realidad es que somos 47 millones de ciudadanos. Cómo muy bien podemos observar, con los datos oficiales en la mano, la catástrofe prevista para el año 2010 no se ha cumplido, y nuestra Seguridad Social sigue gozando de buena salud a pesar de la dureza de una crisis que este gobierno dizque socialista —el PSOE están ocupando el poder con la condición de conservar un sistema económico insostenible, una estructura social excluyente y una organización política de democracia oligárquica y burocratizada— se resistió durante tanto tiempo en aceptar. En el año 2010, la proporción de afiliados/jubilados es de 2,39 y las cuentas de la Seguridad Social no sólo tienen superávit sino que dispone —siempre que no lo hayan despilfarrado— de un fondo de reserva de más de 60.000 millones de euros, equivalente al 5,9 por ciento del PIB, frente a la deuda que cifraban los mismos CASANDRAS en el 10,74 del PIB.
Por encima de todo, no debemos olvidar, como ha ocurrido con el gobierno de Zapatero y sus «apéndices sindicaleros» de UGT y CCOO, que las pensiones públicas forman parte del repertorio de DERECHOS CIVILES que configuran el ESTADO DEL BIENESTAR. Derechos que son el resultado de un PACTO POLITICO, y en virtud de ese pacto, señores Zapatero, Toxo y Méndez, el sistema público de pensiones se articula en torno al modelo «de reparto», basado en ese otro pacto tácito intergeneracional que forma parte de la esencia de nuestras sociedades: «Yo pago tú desarrollo y tu educación y tú pagas mi sostenimiento en la vejez», dicen los padres a los hijos. Es decir, en este modelo «de reparto», la generación que trabaja paga las pensiones devengadas por la generación que se jubila, que a su vez pagó las de los anteriores pensionistas, muy diferente a los mecanismos de «capitalización», tan deseadas por la banca que sanea Zapatero con los dineros de nuestras contribuciones y nuestros impuestos, donde cada cual cobra lo que cotizó anteriormente, siempre, claro está, que la entidad aseguradora no haya quebrado o conducido el fondo a pérdidas, como viene ocurriendo muy a menudo en estos tiempos…
¿Será posible mantener la red estatal de carreteras en el año 2040, tal cómo vienen vaticinado estos CASANDRAS que insisten en anunciar para esa fecha el colapso del sistema público de nuestras pensiones? Me hago esta pregunta, porque según los apocalípticos profetas de la quiebra de nuestra seguridad social en 2040 la población española estará tan envejecida que la relación entre beneficiarios y cotizantes hará insostenible nuestro sistema de pensiones. Resulta verdaderamente prodigioso que estos agoreros del futuro socioeconómico sólo vean encenderse luces de alarma en el tablero de mandos macroeconómicos cuando se trata de las pensiones públicas, haciendo caso omiso del resto de los indicadores, por que, si tal como sugieren los lúgubres predictores basándose en las proyecciones demográficas, el problema va a ser de escasez de población activa para esas fechas, al faltar trabajadores, no sólo entrarán en crisis las pensiones públicas, sino también las privadas. Y esto no sería lo más grave, ya que si faltan trabajadores, tampoco será posible atender las redes viarias, los aeropuertos, los hospitales, las escuelas… Apenas habrá maestros, médicos o enfermeros y disminuirá el número de jóvenes vigorosos aptos para nutrir los cuerpos militares, policiales y de emergencia, que mantienen el Orden Público, la Defensa Nacional y la Protección Civil. ¿De dónde va a salir la mano de obra que asegure el pleno funcionamiento en las fábricas, oficinas y comercios?
No, en absoluto preocupa esta auténtica debacle de producción a nuestros CASANDRAS de vía estrecha, lo que nos hace pensar que, cuando únicamente se muestran preocupados por el futuro de las pensiones MIENTEN COMO BELLACOS, al igual que hacen los firmantes del ACUERDO SOCIAL Y ECONOMICO el reciente 2 de febrero de 2011. Y si en un momento determinado los ingresos por cotizaciones no fueran suficientes para atender los pagos, el Estado deberá aportar la diferencia con cargo a los PRESUPUESTOS GENERALES, como ocurriera en el año 1995, cuando el sistema se encontraba en números rojos debido a que el monto de las cotizaciones sociales no era suficientes para atender el pago de las pensiones, las prestaciones de asistencia social y el gasto de la asistencia sanitaria. Entonces, tuvo que intervenir el Estado y el gobierno entrante en 1996 llevó a cabo el saneamiento de la seguridad social transfiriendo al Presupuesto del Estado todas las obligaciones derivadas del sistema sanitario y las prestaciones de asistencia social que en lo sucesivo se financiaría en su totalidad con los impuestos generales, después de poner el contador del déficit de la seguridad social a cero.
Los pensionistas españoles tienen que saber que la Seguridad Social, como el Estado, no puede quebrar, a no ser que la economía en su conjunto se hunda; pero en ese caso, lo primeros que quebrarían serían los fondos privados de pensiones, por cierto, en una proporción muy importante en deuda pública. ¿Por qué razones el presupuesto de la Seguridad Social tiene que estar «equilibrado» cuando la mayor parte de los demás gastos vinculados a la intervención pública en la vida social no lo están? ¿Dónde se equilibra el presupuesto del ministerio del Interior o los de Defensa, Educación, Justicia o la misma Casa del Rey?
No, señores Zapatero, Toxo y Méndez, en absoluto se trata de una carencia de medios sino de un problema de opciones: de a quien se da y se quita, de qué gastos son prioritarios y, sobre todo, cuánto se recauda y de dónde. No estamos ante un problema de fondos, sino principalmente de cómo se distribuye lo que la propia sociedad genera. Entonces, ¿Por qué ese afán de señalar que son precisamente las pensiones las que se financian con deuda pública? ¿Por qué no los gastos de Defensa, o las carreteras, o las inversiones millonarias a la banca y empresa privadas, o la reducción del impuesto patrimonial de las grandes fortunas, o la colmena de zánganos que conforma la mismísima Casa Real?
Lo malo de todo ello es que la opinión pública ha aceptado ciertas extrañas convicciones. Una de ellas, la de que todos los gastos del Estado, como las de las carreteras, por donde circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir, se costean con cargo a los Impuestos Generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo y del consumo de los trabajadores y sus familias. Frente a esto, otra convención ha establecido que las pensiones públicas han de ser sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores, y esto, desde mi punto de vista, determina una realidad perversa: los asalariados sufragan el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad privada mientras que los más adinerados no contribuyen a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de los ricos.
Si, de verdad, tuviéramos unos gobernantes al servicio de un pueblo y unos sindicatos al servicio exclusivo de y para los trabajadores, que no hincaran la rodilla ante el poder económico a cambio de un «platu de lentejes», hace tiempo que se habrían ajustado las cuentas a la DELINCUENCIA FINANCIERA de nuestro país, obligando a la banca a pagar lo que debe al pueblo.
ANTÓN SAAVEDRA
Anguita les canta las cuarenta a CCOO y UGT
Denuncia que son «cadenas de transmisión» de las políticas que han llevado a cabo los distintos gobiernos
El ex Coordinador General de IU y actual militante del PCE, Julio Anguita, denunció este viernes en TeleMadrid la traición de los sindicatos, «especialmente los dos mayoritarios», Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), al afirmar «rotundamente» que no están haciendo lo que deben y que se han convertido en «un apéndice del Estado».
Anguita ha denunciado la traición de los sindicatos a sus bases y los ha acusado de haberse incorporado al Estado, refiriéndose a que, a cambio de dinero y privilegios, secundan las políticas del gobierno de turno, anteponiéndolas a los intereses de los trabajadores a los que dicen defender.
Afirmó que los sindicatos han vendido su independencia, su libertad y hasta el sentido de su existencia, que es la defensa de los trabajadores, y se han sometido al gobierno a cambio de dinero abundante y de privilegios, lo que constituye una traición en toda regla. Anguita ha afirmado que al ser «un apéndice del Estado» y de constituir una «cadena de transmisión» de las políticas que han llevado a cabo los distintos gobiernos.
Sobre las medidas que ha tomado el Gobierno para afrontar la situación económica, Anguita ha dicho que éste «actúa como el pianista de un salón del oeste», que toca para que «no se oigan los tiros».
«No es una crisis cualquiera», ha subrayado, y va más allá de una simple recesión económico-financiera, porque, según ha señalado, también es una crisis «alimentaria, energética, de valores y de política internacional», en definitiva, «una crisis de civilización».
Además, ha descalificado la política fiscal porque ha asegurado que no se está ingresando dinero «y se les está perdonando impuestos a los ricos».
Sólo en gastos «inútiles» de las instituciones, ha afirmado que se podrían ahorrar más de 18.000 millones de euros.
La República.es
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