Por ESTEBÁN VIDAL
La confusión reinante en relación a lo que ocurre hoy en Cataluña no es casual. Ya dice el refrán que a río revuelto ganancia de pescadores. En este sentido lo que actualmente sucede en Cataluña no es una excepción a tenor de los últimos acontecimientos. Por esta razón es preciso señalar la existencia de dos niveles de análisis de la realidad para una mejor comprensión de los hechos que acontecen en Cataluña.
En primer lugar nos encontramos con el marco general en el que se inserta la opinión pública, y que está definido por el enfrentamiento entre las elites de Madrid y Barcelona. Este conflicto puede resumirse como una lucha entre diferentes legalidades. La legalidad del Estado español que pretende conservar su control sobre el territorio y la población de Cataluña, y por otro lado la legalidad que trata de imponer la Generalitat sobre Cataluña para constituirse en un Estado independiente. En el marco de este rifirrafe se inscribe todo el conflicto y debate que hoy se desenvuelve en torno a Cataluña, y del que el referéndum del pasado 1 de octubre únicamente constituye un instrumento de los políticos nacionalistas para legitimar la construcción de un Estado propio. A los líderes nacionalistas nunca les ha interesado el derecho a decidir, salvo que este consista en ratificar su voluntad y consecuentemente su programa político. De hecho es bastante clarificador comprobar que la pregunta formulada en el referéndum girase en torno a la creación de un Estado catalán o, en su caso, la permanencia de Cataluña dentro del Estado español. Así pues, los acontecimientos se han desenvuelto en este marco político e ideológico establecido por las instituciones oficiales del sistema de dominación.
La lógica del conflicto en Cataluña se desarrolla, entonces, entre el Estado central y la Generalitat, el nacionalismo español y el nacionalismo catalán, el españolismo y el catalanismo, la burguesía española y la burguesía catalana. Se trata de una lógica del poder que ha dirigido la escalada de la confrontación a la que diferentes sectores de la población han sido arrastrados. Si el Estado español ha empleado la represión para imponerse y tratar de asegurar con ello el cumplimiento de su legalidad, los políticos de la Generalitat no han sido menos y han utilizado sus recursos institucionales (Mossos, sistema educativo, burocracia, medios de comunicación, etc.) y monetarios para movilizar a la sociedad y hacer valer así sus intereses. Asimismo, el nacionalismo español no ha dudado en movilizar a su correspondiente base social tanto en Cataluña como en el resto del Estado español para legitimarse y crear más presión sobre la elite nacionalista catalana. Es, por tanto, un conflicto de carácter nacional en el que el nacionalismo, a partir de los hechos diferenciales en el terreno identitario, es empleado para politizar y movilizar a la población y lograr su adhesión a alguna facción de la elite dirigente. Como resultado de todo esto el espacio público, político, ideológico, cultural y social se divide entre el nacionalismo español y el nacionalismo catalán, lo que permite la colaboración entre clases y la supeditación de los sectores más populares a los intereses de cada facción de la elite dominante.
Pero existe otro nivel de análisis la realidad que subyace a todo lo antes descrito y que es el que ataña a lo que ocurre entre bastidores. Si la representación del conflicto es hecha en términos nacionales es porque obedece a una intencionalidad política que hay detrás de todo ello, y que en última instancia responde a la necesidad de forzar una redistribución del poder institucional. El Procés y el referéndum han servido al claro propósito de forzar la creación de una situación de excepcionalidad política que permita arrancar al Estado español una serie de concesiones a través de la reforma constitucional y estatutaria. Es aquí donde cobra sentido la apertura del correspondiente debate político para reformar la constitución con el propósito de mantener a Cataluña dentro del marco político de un Estado español de carácter federal. De un proceso de reforma como este sólo cabe esperar un reforzamiento del poder del Estado español, y sobre todo un aumento del poder de sus delegados en la periferia como es la elite política catalana. Inevitablemente todo esto implica, a su vez, un aumento de los recursos económicos de la autoridad regional, de lo que se deduce rápidamente que en toda esta serie de desencuentros políticos calculados están en juego sustanciosas cantidades de dinero, pero también de cargos en la burocracia autonómica, de privilegios, sinecuras y prebendas como, por ejemplo, en las empresas a cargo de la Generalitat o en aquellas otras que dependen de sus contratos y subvenciones. Así, puede entenderse que en determinados sectores políticos, encuadrados sobre todo en el nacionalismo catalán y en aquellos que se encuentran en la órbita del soberanismo, ligados tanto a organizaciones partidistas como de carácter social y movimentista, estén tan implicados e interesados en el desarrollo del Procés como para haber puesto en marcha una movilización social en Cataluña que no se veía desde 2011.
Si el impulso principal del Procés y de todo cuanto ha girado en torno al referéndum ha venido de las instituciones oficiales en Cataluña, y más concretamente de la Generalitat, su ejecución ha contado con la casi imprescindible colaboración de diferentes actores sociales, políticos y sindicales que han operado como correa de transmisión para movilizar a una parte considerable de la población. No se trata de un apoyo desinteresado, sino que existe un gran interés en recoger los correspondientes frutos derivados de una gran movilización popular que, todo hay que decirlo, ha destacado por un elevado grado de organización, coordinación y eficacia a la hora de ofrecer resistencia a las autoridades enviadas desde Madrid para abortar las iniciativas de los políticos catalanes. El nacionalismo catalán se ha dotado así de una importante base social que el 1 de octubre hizo de parachoques de la élite catalana al ser la que recibió los embates de la represión ejercida por la fuerza armada del Estado español. Quienes participaron en esta movilización fueron utilizados de un modo completamente descarado por la casta de mercenarios políticos apoltronados en la Generalitat, quienes no dudaron en alimentar una serie de esperanzas que ellos mismos se encargaron de destruir el 10 de octubre y que tuvieron como consecuencia la decepción y el descrédito. Sin embargo, hay que destacar que la movilización popular puesta en marcha por diferentes actores ubicados en los movimientos sociales, el sindicalismo y la política, se inscribió en el marco antes descrito y que bajo el pretexto del derecho a decidir buscaba la construcción del Estado catalán. La fundación de una república catalana, de carácter capitalista, burgués, estatista, partitocrática, europeísta, etc., o la permanencia de Cataluña en el Estado español son las únicas opciones posibles presentadas a los catalanes. Las alternativas giran, por tanto, en torno a un estatismo catalán y un estatismo español, de manera que a los catalanes únicamente se les pretende brindar la oportunidad de elegir el color y el propietario de las cadenas de su esclavitud.
La elite política catalana, sabedora de la inviabilidad de fundar un Estado catalán independiente, atizó el nacionalismo como instrumento de movilización para generar la presión social necesaria con la que desencadenar una crisis política e institucional en el seno del Estado español y, de este modo, forzar algún tipo de proceso de reforma del que obtener las consecuentes concesiones. Estas concesiones en la forma de considerables sumas de dinero constituyen una importante motivación que los actores involucrados en la movilización social anhelan conseguir en un futuro próximo. Así se entiende el colaboracionismo no ya sólo de sectores abiertamente nacionalistas, sino también de aquellos otros que históricamente han pertenecido a la disidencia política cuyo eje de coordenadas ideológico natural se ubica en el terreno de la lucha de clases, de las aspiraciones emancipadoras y transformadoras. Sin embargo, la conversión del independentismo, el nacionalismo, el referéndum y, en definitiva, el soberanismo, en una moda en Cataluña ha hecho que los sectores pertenecientes a la disidencia política se hayan subido al carro del procés para integrarse de manera ordenada en el sistema y recoger las debidas prebendas que, más pronto que tarde, serán repartidas entre los participantes en función de sus correspondientes méritos al servicio de la causa nacionalista.
Entre los colaboracionistas encontramos a un sector considerable del movimiento libertario. Desde un punto de vista ideológico no deja de ser llamativa esta participación, lo que hace necesario buscar las razones reales que se encuentran detrás. Aunque no han sido pocas las voces críticas con esta postura lo cierto es que este tipo de fenómenos tampoco constituyen una novedad, sobre todo si tenemos en cuenta que fueron bastantes las ocasiones del pasado en las que una parte del entorno libertario se prestó a colaborar con ciertos elementos de la clase política, e incluso con las autoridades. Por este motivo es importante buscar las razones de fondo que explican esta actitud y contrastarlas con aquellas explicaciones justificadoras utilizadas por quienes se involucran en este tipo de procesos políticos y sociales.
Si hay algo verdaderamente peculiar en el entorno libertario es esa extraña propensión a apuntarse al jaleo allí donde lo hay. Esto suele justificarse bajo el pretexto de que es necesario estar en las denominadas luchas populares para tratar de radicalizarlas y conseguir de este modo dotarlas de un carácter revolucionario. En el fondo esto no deja de ser la expresión de una vieja táctica empleada por los marxistas y que no es otra que el entrismo. Con ello se busca parasitar las movilizaciones sociales organizadas por otros para extraer los consecuentes réditos tanto sociales, como políticos y económicos. Lo que se busca en estas ocasiones no es la consecución de un cambio en un sentido emancipador, pues es de sobra sabido que el reivindicacionismo de las luchas parciales sólo logra en el mejor de los casos meras reformas del orden constituido en la forma de concesiones, de migajas que son dispensadas por el poder a las élites subalternas que encabezan las protestas. En este contexto es en el que se inscribe esa propensión de algunos sectores ácratas a participar en las trifulcas políticas que se tercien. Pero en el fondo únicamente persiguen mantener y reproducir sus organizaciones, crecer a expensas de las movilizaciones, de tal manera que la agitación social es el río revuelto en el que lanzan sus redes para pescar en medio de la confusión. Todo esto en el marco del Procés deja bien clara la existencia de un anarquismo que opera de manera reactiva, que crece y se desarrolla al amparo del poder establecido así como de sus iniciativas. Un anarquismo integrado por quienes hoy aspiran a recoger los frutos de su participación en un fenómeno político y social encaminado formalmente a la construcción de un Estado catalán independiente. Un anarquismo cuyas organizaciones e integrantes persiguen las dádivas de las instituciones en la forma de prebendas de todo tipo, y que sólo demuestra que en el fondo de estas maniobras se encuentra la intención de integrarse de forma ordenada en el sistema establecido.
No sin razón Errico Malatesta señaló en su momento el sinsentido de que los anarquistas apoyasen a aquellos que aspiran a alzarse con el poder. Esta afirmación sigue siendo válida en lo que respecta a los libertarios que de manera entusiasta se han sumado al Procés. La agitación social que ha acompañado al Procés no es otra cosa que las burbujas que emergen en la superficie de un fenómeno que constituye en esencia una lucha de las élites por una redistribución del poder, y en el que determinados sectores sociales sólo son instrumentos al servicio de los intereses de dichas élites. Así, la denominada construcción nacional con la creación de un Estado catalán está en las antípodas de cualquier aspiración de carácter emancipador. El colaboracionismo demuestra ser una gran inconsecuencia cuya justificación suele ser respaldada con la reivindicación del referéndum como expresión del derecho a decidir. Sobre esto ya se ha dicho bastante en otra parte, pero cabe recordar que un pueblo no tiene la posibilidad de decidir su futuro en el marco político del Estado, y un Estado catalán tampoco va a resolver nada de esto. Por el contrario el referéndum únicamente ha sido un instrumento de legitimación de la elite catalana y de su proyecto político. Aunque formalmente se afirma que se aspira a la creación de un Estado catalán, lo que es completamente inviable, lo que realmente se persigue es algo mucho más factible como es conseguir nuevas concesiones del Estado español.
Los libertarios favorables a la participación en el Procés aducen que la única alternativa es quedarse en casa y no luchar. Esto constituye un grave error porque demuestra impotencia para organizar un espacio de lucha propio en la sociedad, pero también manifiesta un carácter reactivo al depender de las iniciativas ajenas. A esto hay que sumar que participar en el Procés significa involucrarse en un conflicto cuyo eje central es la denominada lucha nacional y no la lucha de clases, con lo que en la práctica supone afianzar la dinámica de colaboración entre clases que hoy se ha implantado en Cataluña. En el marco social, político e ideológico del procés no hay ninguna posibilidad para que la protesta popular, definida en términos puramente nacionales, adopte un carácter revolucionario y emancipador porque está dirigida, al menos formalmente, a construir un Estado catalán y no a poner fin a la sociedad de clases. Quienes controlan este proceso son no sólo las instituciones oficiales, sino sobre todo sus colaboradores en los movimientos populares a través de una red de organizaciones y colectivos, tanto políticos como sociales y económicos, que orbitan en torno a la Generalitat, y de la que de un modo u otro comen. Por esta razón, cuando se elige participar en un espacio político, social e ideológico que no es el propio, y que por el contrario constituye un territorio que pertenece al enemigo, ya se está preso antes de luchar y la batalla está perdida de antemano. Es materialmente e ideológicamente imposible desvincular el procés de su finalidad política nacionalista dirigida a reforzar el poder de las élites catalanas, y eventualmente construir un Estado catalán propio que cada día que pasa es cada vez más lejano e imposible.
Como consecuencia de la asunción de las premisas políticas e ideológicas del nacionalismo que equiparan la autodeterminación con el referéndum, las votaciones y en última instancia la construcción de un Estado catalán, vemos cómo algunos sectores libertarios no han dudado en reivindicar uno de los mayores símbolos de la esclavitud de nuestra época actual como son las urnas electorales. Del abstencionismo y de consignas como la de «no nos representan» se ha pasado a defender las votaciones bajo la fórmula fraudulenta del derecho a decidir. Pero lo cierto es que un pueblo únicamente consigue disponer de la capacidad decisoria para determinar su futuro cuando el Estado ha sido destruido, y no cuando se desarrolla un proceso electoral dirigido a ratificar la voluntad de las elites para construir un nuevo Estado, y consecuentemente una nueva máquina de opresión dirigida a conservar y reproducir las jerarquías de la sociedad de clases. El colaboracionismo se traduce, entonces, en contrarrevolución que es ejecutada de un modo más o menos consciente por los principales responsables de las organizaciones libertarias implicadas en el procés, todo ello con la esperanza de conseguir los consecuentes recompensas por los servicios prestados. Pero igualmente esta colaboración es desarrollada, muchas veces de un modo inconsciente, por ese rebaño de activistas alienados que hace tiempo delegaron en otros cualquier labor reflexiva.
Un claro ejemplo de todo lo dicho lo representa la convocatoria de huelga del 3 de octubre bajo el pretexto de protestar contra la represión. Una represión, que al menos en el momento en el que la huelga fue convocada, era llevada a cabo contra algunos altos funcionarios de la Generalitat y no contra el conjunto de la sociedad catalana. Sin embargo, se cerraron filas en torno a los políticos catalanes y el relato antirrepresivo no tardó en vincularse desde el primer momento a la celebración del referéndum, en tanto en cuanto la represión fue presentada como una vulneración de los derechos y libertades ciudadanas. Una vez más nos encontramos con que sectores pretendidamente disidentes, e incluso revolucionarios, asumen la ideología ciudadanista y terminan defendiendo los principales instrumentos de opresión política de los que dispone el sistema de dominación, tal y como ocurre con los procesos electorales. En este sentido el procés ha dado lugar a bastantes paradojas como que ciertos anarquistas defiendan las urnas electorales y con ello apoyen el estatismo, sea a través de la permanencia de Cataluña en el Estado español o de la construcción de un Estado catalán. En último término este sector libertario no ha hecho sino asumir como propia toda la mitología nacionalista que ha sido construida en torno al referéndum.
Asimismo, es interesante constatar que la huelga política convocada para el 3 de octubre rápidamente consiguió el apoyo y patrocinio de las máximas autoridades en Cataluña, además del apoyo y la participación de una facción significativa de la patronal catalana y otros elementos destacados del establishment como, por ejemplo, los partidos políticos. Tal es así que la mencionada huelga no tardó en convertirse en un paro nacional con todo lo que ello conlleva en el terreno político y simbólico. De este modo comprobamos una vez más que la denominada disidencia social y política tiene poco de disidente cuando sus principales exponentes se suben al carro de las iniciativas impulsadas desde el poder, lo que demuestra su oportunismo con el que tratan de reproducir sus organizaciones al parasitar este tipo de procesos sociales y políticos, además de intentar granjearse toda clase de prebendas y privilegios en los estamentos de la burocracia estatal y política.
De todo lo anterior podemos concluir que ese anarquismo de Estado, toda esa farándula libertaria que se presta a la colaboración entre clases, que sirve de apoyo para la clase política y sus proyectos de creación de un Estado catalán, y que vive de las subvenciones, los privilegios y el mercadeo de prebendas de todo tipo con la administración, no es otra cosa que la expresión de una disidencia controlada y dirigida por el poder, que desempeña el papel de remolque o furgón de cola en las movilizaciones desencadenadas por las instituciones. Si la naturaleza del Procés, tal y como fue indicado en otra parte, es la revalorización de la clase política catalana y sus instituciones oficiales, la participación en semejante espectáculo constituye una forma de afianzar la contrarrevolución en curso. El Procés ha servido para impedir cualquier tipo de movilización autónoma de la sociedad en Cataluña dirigida a subvertir el orden establecido, destruir las instituciones, la propiedad privada y las estructuras de poder que sostienen al Estado en aquella región. La lucha de clases ha sido sustituida por la lucha nacional en la que opresores y oprimidos se dan la mano, lo que ha servido para dirigir la protesta social hacia el callejón sin salida del nacionalismo y el estatismo, y que en última instancia significa el mantenimiento y reproducción de la actual sociedad de clases.
El Procés mismo forma parte de la estrategia contrarrevolucionaria puesta en marcha por la elite dirigente catalana después de verle las orejas al lobo en 2011 cuando la población rodeó el parlamento, hasta el punto de que Artur Mas, así como otros colaboradores suyos, tuvo que entrar en helicóptero como Batman. Una estrategia que, a tenor de los más recientes acontecimientos, les ha funcionado de maravilla con la innegable colaboración de algunos elementos vinculados al activismo, los movimientos sociales y la disidencia política. Hoy Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Anna Gabriel y tantos otros, son los héroes nacionales de Cataluña junto a las instituciones autonómicas como el parlament, los Mossos, etc. La represión del Estado español ha contribuido a reforzar esa imagen de héroes y mártires que han logrado construirse, pues el victimismo, un rasgo inherente a todas las ideologías totalitarias y que de forma especial se da en los nacionalismos, es la principal herramienta para la movilización social y la presión política para, así, legitimar las aspiraciones de la clase política catalana.
El sentimiento de nación agraviada siempre ha sido muy funcional para las elites dominantes de todas partes. El fascismo surgió de ese sentimiento generalizado en las poblaciones de Italia y Alemania. Este victimismo ha demostrado ser muy útil políticamente al servir para elaborar un relato que presenta un conflicto nacional entre buenos y malos, y en el que los referéndums sólo son un elemento legitimador para reforzar la posición de poder de las elites, pero también un mecanismo con el que buscar la unanimidad a nivel interior en contraposición al enemigo exterior. La ley de las mayorías, la ley del número que socava toda individualidad, impone una dinámica totalitaria en la que el hecho diferencial en el terreno de la identidad constituye la línea divisoria que enfrenta a un nosotros frente a un ellos que niega esa misma identidad. En última instancia el nacionalismo catalán ha logrado llevarlo todo hasta el extremo de vincular el derecho a decidir con la construcción de un Estado independiente, lo que ha servido para trazar una línea divisoria perfectamente clara entre quienes están a favor de ese proyecto político y quienes lo rechazan. Todo se resume a la consigna de «estás conmigo o estás contra mí». Como consecuencia de esto quienes no comulgan con ruedas de molino son rápidamente metidos en el mismo saco del españolismo y sus representantes políticos.
Hoy vemos cómo una mascarada que algunos se atreven a llamar revolución sirve para subvertir cualquier posibilidad emancipadora y transformadora en el terreno social, hasta el punto de que la movilización de la población ha significado su alineamiento con el nacionalismo catalán o el español así como con sus respectivas élites de referencia. Desafortunadamente la mentalidad democraticista parece haberse impuesto en algunos sectores del radicalismo político, hasta el punto de que parece que los millones de personas que participaron en el referéndum del 1 de octubre no pueden estar equivocadas. Pero lo cierto es que la libertad no sale de las urnas, y que esta no es posible en el marco político de un Estado, sea español o catalán. Por este motivo se hace necesario que ante esta dinámica contrarrevolucionaria los sectores más conscientes de la disidencia política, tanto en Cataluña como en el resto del Estado español, desarrollen su propio espacio de lucha en un marco más amplio que el de sus particulares enfrentamientos contra el poder. Inevitablemente esto significa poner en marcha una lucha ideológica dirigida a romper la colaboración entre clases que hoy ha impuesto el nacionalismo, tanto español como catalán, y de esta forma extender entre la población la oposición al sistema de dominación vigente. Se trata de recuperar la lucha de clases como eje central del conflicto social, lo que inevitablemente conlleva dar la espalda a las instituciones y enfrentarse a ellas al mismo tiempo.
Todo parece indicar que los acontecimientos que hoy se desenvuelven en Cataluña van a servir para provocar una crisis política e institucional que fuerce la reforma del orden constituido, y consecuentemente que facilite el reforzamiento del sistema de dominación. Ante esta coyuntura histórica se hace preciso reformular la lucha en unos términos ideológicos y estratégicos antagónicos a la lógica y a la dinámica del poder. Esto implica la conformación de un único frente de batalla contra el sistema de dominación en el que existan diferentes trincheras desde las que desarrollar esa lucha común, hasta el punto de generar un espacio de lucha propio dirigido a destruir el Estado y su sociedad de clases. Así pues, desde diferentes ámbitos se impone la necesidad de orientar la lucha en ese sentido revolucionario y emancipador, lo que constituye una actitud que hoy fácilmente puede ser resumida en la vieja consigna de paz entre pueblos y guerra entre clases.
23 octubre 2017
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