miércoles, 11 de julio de 2012

El dogma económico neoliberal...

... y las políticas y estafas que promueve

Por VICENÇ NAVARRO

Durante la Edad Media hubo un dogma religioso que creía que la tierra era el centro del universo, dogma que se repitió y reprodujo a base de reprimir la evidencia científica que lo cuestionaba, mostrando la invalidez e insostenibilidad de los pilares conceptuales que lo sustentaban. Toda una batería de clérigos y sacerdotes —los intelectuales de aquel tiempo— promovían tal dogma, detrás del cual estaba la Iglesia Católica, que consideraba que la Iglesia era el centro ideológico y político de la Tierra, la cual era, a su vez, el centro del Universo. El tiempo fue mostrando que los críticos llevaban razón, aunque la Iglesia, todavía hoy, no ha pedido perdón a Galileo, el mayor pensador crítico de aquel dogma, que fue brutalmente reprimido por atreverse a cuestionarlo.

Pues, por raro que parezca, estamos viendo una situación semejante con la crisis actual, con la diferencia que ahora el dogma es económico en lugar de religioso, los sacerdotes y propagandistas del dogma son ahora los economistas del establishment, apoyados, promovidos y/o financiados por la Iglesia actual, la banca y el sistema financiero que controlan la vida política mediática, financiera y económica del país. El dogma es el dogma neoliberal. Economistas como la mayoría de firmantes de documentos patrocinados por Fedea (financiada por la banca y la gran patronal) así como economistas “estrella” promovidos en los medios de mayor difusión del país (uno de ellos tiene una hora semanal en la televisión pública catalana, TV3 —claramente instrumentalizada por la coalición conservadora-neoliberal que gobierna Catalunya—, llamada “lecciones de economía” que consiste en promocionar tal dogma neoliberal) dominan las tertulias y los medios televisivos, radiofónicos y escritos, que les ofrece el fórum para la presentación del dogma. Este dogma consiste en creer que los problemas de la economía española derivan de tener un gasto público excesivo (pues supuestamente nos gastamos más de lo que tenemos) y unos salarios demasiado altos (consecuencia de tener unos sindicatos excesivamente fuertes). De este dogma surgen unas políticas públicas que consisten en recortar el gasto público, incluyendo el gasto público social, y en hacer reformas laborales que tienen como objetivo reducir los salarios y despedir más fácilmente a los trabajadores, debilitando a los sindicatos.

La evidencia de que este dogma es erróneo es abrumadora. El gasto público, incluyendo el gasto público social, por habitante es el más bajo de la Eurozona; el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar (es decir, el empleo público) es el más bajo de la Eurozona, y de los más bajos de la Unión Europea; el Estado español tenía un superávit (no un déficit público) y una deuda pública bajísima antes de que se iniciara la crisis en 2007; los salarios están entre los más bajos de la Eurozona, con el salario mínimo más bajo de tal área monetaria; y así un largo etcétera.

Es más, la aplicación de las políticas públicas neoliberales durante estos años de crisis han sido un desastre (no hay otra manera de definirlo). El desempleo ya alcanza el 24% (entre los jóvenes es un 50%), y la economía está en recesión. Y los países que han aplicado estas políticas con mayor intensidad (los países periféricos de la Eurozona, Grecia, Portugal, Irlanda y España) están todos ellos en recesión. ¿Qué mayor evidencia desean de que tales políticas neoliberales están equivocadas? En realidad nunca (repito, nunca) un país en recesión (y estamos ya casi en una Gran Depresión) ha salido de ella mediante la reducción de los salarios, del gasto público y de la protección social. Es obvio que en un momento en que la economía está paralizada debido al enorme endeudamiento de las familias y de las medianas y pequeñas empresas, y de la ausencia de crédito, lo que se requiere es una intervención del Estado para estimular la economía mediante la expansión del gasto público a fin de crear empleo tanto en la infraestructura física como social del país, a la vez que la activa participación del mismo Estado en la provisión de crédito. Esto es lo que ha permitido sacar a los países en recesión y/o depresión del bache económico en el que se encontraban. De nuevo, como ocurría con el dogma religioso, en este dogma económico la evidencia científica de que la política de recortes es profundamente errónea es abrumadora, pese a lo cual —impermeables a esta evidencia y a los datos que muestran su error— continúan aplicándose, atribuyéndose la recesión a que no se ha recortado suficientemente el Estado del Bienestar, y a que los salarios continúan demasiado altos.

Los clérigos del nuevo dogma y la nueva Iglesia

Pero como ocurrió en el dogma religioso, este dogma económico se propaga, promueve e impone porque sirve a unos intereses claros: los intereses del capital financiero, aliado a la gran patronal. Han sido ellos los que precisamente han creado esta enorme crisis a fin de poder llevar a cabo tales políticas que les benefician significadamente. La Iglesia de ahora es la Iglesia financiera aliada de la gran patronal, orientada a la exportación. Esta última no requiere un consumo doméstico que la sostenga, pues el consumo toma lugar en otros países. El Pacto Social, que significaba un entendimiento entre el capital y el mundo del trabajo, se ha roto, puesto que el capital hegemonizado por el capital financiero, es decir, la banca, se cree lo suficientemente poderoso como para ignorar al mundo del trabajo. El consumo doméstico de los productos producidos por la economía productiva (que requería una demanda interna basada en buenos salarios, y un gasto público elevado) ya no es necesario en una economía liderada por las exportaciones. Cuando el supuesto motor de la economía es el sector exportador (tal como ocurre en Alemania, por ejemplo) la importancia y necesidad del consumo doméstico se diluye, e incluso desaparece. La gran patronal exportadora alemana ha impuesto una congelación salarial, pues no necesita ya la demanda doméstica. Un tanto igual está ocurriendo en España. La mejora de las exportaciones no está repercutiendo en el nivel de consumo interior ni en la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población laboral. De ahí que los salarios continúen bajos y ello a pesar del notable crecimiento de la productividad.

Este dogma, a pesar del enorme fracaso de sus políticas, continúa reproduciéndose en los medios de mayor difusión (que al estar profundamente endeudados a la banca) no permiten que artículos como éste se publiquen en sus páginas. La evidencia de ello es también abrumadora (en una conversación reciente con un periodista de uno de los mayores rotativos del país, éste me lo reconocía con toda candidez. Su diario estaba muy endeudado y publicar artículos como el que leía y que ustedes están leyendo les supondría un riesgo añadido). De ahí que las voces críticas continúan siendo vetadas, silenciadas o marginadas, presentándolas como extranjeras, “anglosajonas”, voces que no entienden España, cuando no conspiradoras deseosas de cargarse el euro.

Las medidas represivas de la nueva Iglesia: las instrucciones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea

En realidad, el euro no está en peligro, en contra de lo que se está indicando en los medios. Lo que ocurre es que se ha creado una crisis (la recesión es resultado de la aplicación de las políticas neoliberales) que permita imponer las medidas impopulares que desean imponer. La mejor prueba de ello es mirar las condiciones que el Banco Central Europeo (que no es un Banco Central, sino un lobby de la banca, y muy en especial de la banca alemana) exige a los gobiernos, antes de comprar deuda pública española (que es lo que en realidad debería hacer si fuera un Banco Central, que no lo es). En una carta al Presidente del gobierno español anterior, exigió que impusiera “un contrato laboral de carácter excepcional que contemple indemnizaciones bajas por despido durante un espacio de tiempo limitado”, es decir, que se permita despedir a los trabajadores fácilmente. Tal medida acaba de ser aprobada ahora por las Cortes Españolas, permitiendo que las empresas que emplean menos de 50 trabajadores (que son la inmensa mayoría de empresas en España) puedan despedir sin indemnizaciones durante el primer año, reduciendo considerablemente las indemnizaciones para empleados con mayores periodos de contratación. Otra condición puesta por el BCE es el debilitamiento de los sindicatos, diluyendo la validez de los convenios colectivos, eliminando la indexación salarial.

Y a nivel de política fiscal, el BCE ha estado exigiendo una reducción del gasto público, y en particular del gasto público social, gestionado en su gran mayoría por las Comunidades Autónomas, que están en una situación imposible debido, entre otras razones, a la gran escasez de crédito, escasez que continúa a pesar de que la banca española ha recibido ayudas equivalentes a un 10% del PIB, y el Banco Central Europeo ha prestado a unos intereses bajísimos (1%) un billón (sí, un billón) de euros a los bancos europeos, préstamo del cual, la banca española y la italiana recibieron 500.000 millones de euros.

Estas políticas, que el gobierno Rajoy ha hecho suyas, ya han sido aplicadas en Grecia, con los resultados que todos conocemos. De nuevo, la evidencia que muestra su negatividad es sólida y robusta. Ahora bien, siendo su impacto dañino para el bienestar de la gran mayoría de la población, no quiere ello decir que no beneficien a sectores como la gran banca y la gran patronal que están consiguiendo lo que siempre han deseado, y lo están consiguiendo con sus aliados en el BCE, en la Comisión Europea, en el gobierno alemán (portavoz de la gran banca alemana y de las grandes empresas exportadoras), y, cómo no, por los llamados economistas “estrella” que continúan promoviendo el dogma neoliberal.

martes, 10 de julio de 2012

La guerra de los Grandes Lagos


En una serie de suplementos especiales (REPORTAJES DE INVESTIGACIÓN) que acompañaba a algunos números de la revista La Clave, junto al número 257, de marzo del 2006, salió uno titulado Conflictos olvidados, que trataba sobre los conflictos armados de varias partes del mundo como el Cáucaso, América Latina o el Sudeste asiático, entre otros. En el artículo «África: la maldición de las potencias» se dice que «es el continente más azotado por la violencia y el que menos espacio recibe en los medios. Las tensiones étnicas, la corrupción y la competencia entre las multinacionales y ciertas potencias mundiales desencadenan las guerras».

Durante la década de los noventa del siglo pasado los intereses francófonos y anglófonos estaban enfrentados (hoy en día, ya no tanto, cómo vimos en Libia), y ese enfrentamiento acarreó varias guerras en la región. Uno de ellas fue en Ruanda (en cuyo contexto hay que incluir el genocidio tutsi efectuado por el gobierno hutu pro francés) y, por extensión, al Congo. Aquí reproduzco unos extractos del artículo que habla sobre estos dos países centroafricanos de la región de los Grandes Lagos:


Tras el fin de la guerra fría, los aliados, Gran Bretaña y Estados Unidos por un lado y Francia por otro, se disputan el control de los recursos africanos y la influencia sobre el continente. Casi nunca de manera pacífica, casi siempre con intermediarios nativos. El veredicto por ahora: París está perdiendo la partida.

La guerra civil ruandesa conmovió al mundo, atrajo la atención mediática durante un tiempo y provocó una serie de guerras como la que aún hoy se libra en el Este de la República Democrática del Congo (RDC). Como siempre, la verdad fue la primera víctima, y aún hoy quedan por explicar muchas cuestiones, como la del asesinato conjunto de los dos presidentes hutus de Ruanda y Burundi, el 6 de abril de 1994, que fue la chispa que incendió toda la región de los Grandes Lagos. La tensión racial incubada durante siglos por hutus y tutsis, y la guerra civil iniciada por el actual presidente ruandés, Paul Kagame, fueron el preludio para el genocidio de 1994 y la desestabilización de los Grandes Lagos.

En 1990, proveniente de Uganda, con el apoyo de este país, de Estados Unidos y Gran Bretaña, el Frente Patriótico Ruandés (FPR) de Kagame invadió Ruanda y desató la guerra civil. En el bando contrario, Francia apoyaba al gobierno hutu económica y militarmente. Estaba en juego la influencia en la zona, sus recursos naturales y una extraña carrera en la estaban embarcadas las grandes potencias: la de asegurarse el mayor número de votos entre los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Desatado el genocidio de los tutsis en el interior de Ruanda en 1994, las cadenas de televisión internacionales mostraban largas filas de refugiados huyendo del terror impuesto por el ejército de mayoría hutu, demonizado hasta la saciedad. La situación dio pronto un vuelco y el FPR, presentado como un moderno séptimo de caballería de los trópicos, liberaba Ruanda en pocos meses. Las largas filas de desgraciados que huían hacia la RDC, a los campos de refugiados de Goma y Bukavu, eran ahora hutus. Entonces la información comenzó a llegar con cuentagotas a Occidente.

De pronto, las comunicaciones se interrumpieron, pero no la guerra. En 1996 y desde suelo ruandés, se bombardeaban campos de refugiados hutu bajo bandera de la ONU, ubicados en suelo congoleño. En 1997, el nuevo ejército de Ruanda y el de Uganda, con la excusa de perseguir a los posibles responsables del genocidio —algo que la comisaria europea Emma Bonino calificó de «gran farsa internacional»— invadieron el inmenso territorio de la República Democrática del Congo y junto a Estados Unidos apoyaron al rebelde congoleño Laurent Kabila contra el dictador Mobutu. Laurent Kabila llegó al poder en Kinshasha en pocos meses, pero una vez instalado, dio la espalda a sus hasta entonces aliados. Las tropas de Ruanda, Burundi y Uganda, lejos de retirarse de la RDC, inciaron los combates contra Kabila, que recibió por su parte el apoyo militar y económico —a cambio de contratos y contrapartidas de explotación de los recursos naturales— de Robert Mugabe —presidente de Zimbabue—, Namibia y Angola. Era lo que se conoce como primera guerra mundial africana. Sus combates aún se libran en el este del país.

Lo que allí ha estado en juego durante todo este tiempo, entre otras cosas, es el dominio y la venta a las empresas occidentales de minerales escasos y caros en el mundo, pero muy abundantes en la zona. Así, el comercio del coltán —utilizado en la fabricación de teléfonos móviles, ordenadores, videoconsolas, equipos electrónicos de armamento o turbinas de aviones—, el oro, la plata, el cobre, el zinc, los diamantes, el cobalto, el uranio, el manganeso o el tungsteno se convirtieron en la gasolina que alimentó el conflicto.

Con la guerra enquistada, Laurent Kabila fue asesinado en una confusa trama, pero le sucedió su hijo, Joseph Kabila, que heredó los mismos amigos y enemigos de su padre. Cansados de un conflicto sin solución posible, Namibia y Angola anuncaron su intención de retirar sus tropas. Después lo hicieron Ruanda, Uganda y Burundi y más tarde Zimbabue. Era el año 2002. Tropas de interposición de la ONU entraron en la RDC para tratar de imponer una paz que aún hoy nadie respeta, pero al menos el conflicto ha perdido intensidad. La guerra de la RDC arroja un balance estimado de cinco millones de muertos.

LA CLAVE, 17 de marzo de 2006.

jueves, 5 de julio de 2012

Quién es quién en el caso Bankia


Un repaso rápido a las biografías y los méritos profesionales de los 33 responsables de Bankia que la Audiencia Nacional, tras la denuncia de UPyD, ha decidido imputar bajo la gravísima acusación de falsificar las cuentas y estafar a los pequeños accionistas de esta arruinada entidad, entre otros presuntos delitos:

1- Rodrigo Rato (PP). Sueldo en 2011: 2.436.000 euros.
Expresidente de Bankia, exdirector gerente del FMI, exvicepresidente del Gobierno y el hombre que pudo ser Rajoy en el lugar de Rajoy (de no ser porque el dedo de Aznar no se acabo de fiar de él).

2- José Luis Olivas (PP). 1.764.000 euros.
Expresidente de Bancaja y del también quebrado Banco de Valencia. Expresidente de la Generalitat Valenciana entre Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

3- Francisco Verdú Pons. 1.570.000 euros.
Consejero delegado de Bankia hasta hace apenas unas horas. Fue antes vicepresidente de la Banca March. Rato lo fichó como su número dos y Goirigolzarri lo mantuvo en su posición. Fue el único de todo el anterior consejo que continuó.

4- José Manuel Fernández Norniella (PP). 676.000 euros.
Exdiputado y hombre de confianza de Rato, que lo nombró presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Ha sido presidente de Azucarera Ebro, vicepresidente de la CEOE y vicepresidente de Caja Madrid, entre otros cargos.

5- Carmen Cavero Mestre (PP). 173.000 euros.
Cuñada del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

6- Arturo Fernández Álvarez. 278.000 euros.
Presidente de la patronal madrileña. Cuñado de Gerardo Díaz Ferrán.

7- Alberto Ibáñez González. 142.000 euros.
Expresidente de Citi en España y consejero de Salomon Brothers.

8- Javier López Madrid. 310.000 euros.
Comenzó su carrera en Goldman Sachs. Está casado con la hija de Juan Miguel Villar Mir, presidente y propietario del Grupo Villar Mir. Es consejero delegado del grupo y llegó a Bankia a propuesta de la patronal madrileña CEIM.

9- Juan Llopart Pérez. 367.000 euros.
Presidente de la comisión ejecutiva de Zeta, a propuesta de La Caixa, principal acreedor de este grupo editorial. Muy cercano al presidente de La Caixa, Isidro Fainé, fue fichado por Rato como consejero independiente.

10- Araceli Mora Enguidanos. 125.000 euros.
Catedrática en Economía de la Universidad de Valencia.

11- José Antonio Moral Santín (IU). 522.000 euros.
Exdiputado en la Asamblea de Madrid, militante del Partido Comunista desde los años 60 y Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Su propio partido pidió su dimisión.

12- Francisco Juan Ros García. 124.000 euros. Consejero delegado del grupo Ros Casares, Consejero de Thyssen Ros Casares, Vicepresidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) Nacional y presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección de Levante.

13- José Manuel Serra Peris (PP). 387.000 euros. Exsecretario de Estado de Industria y Energía con Aznar, un dato biográfico nada menor que, curiosamente, no aparece en su currículum oficial que difunde Bankia en su web. Ha sido consejero de la SEPI, de Endesa y de Red Eléctrica Española. Fue uno de los acompañantes del vicepresidente de Madrid, Ignacio González, en aquel polémico viaje a Colombia donde González fue espiado.

14- Atilano Soto (PP). 128.000 euros.
En el auto el juez le llama “Milano”, en vez de Atilano, pero no hay duda de quién es. Presidente de la Caja de Segovia desde 1997. Durante años compatibilizó el puesto con el de presidente de la Diputación de Segovia (1991-2003), presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, presidente del Patronato Provincial de Turismo, consejero delegado de la empresa Segovia 21 y unos cuantos cargos más hasta superar la decena.

15- Antonio Tirado Jiménez. 409.000 euros.
El más veterano de los consejeros de Bancaja, donde llevaba casi 20 años. Fue alcalde de Castellón por el PSOE, partido que abandonó el 1994. p. La mayor parte de su carrera en la caja la ha hecho con el apoyo del PP, que le nombró presidente de Bancaja tras la salida de Olivas, hace dos meses.

16- Francisco Pons Alcoy. Empresario valenciano, presidente de la cooperativa Consum, presidente de Caixa Popular y vicepresidente de Eroski.

17- Angel Acebes Paniagua (PP). 163.000 euros.
Ex ministro de Justicia, de Interior y de Administraciones Públicas. Exalcalde de Ávila. Ex secretario general del PP. Dejó el Congreso hace poco más de un año, después de una legislatura en la que compaginó el escaño con sus negocios particulares.

18- Francisco Baquero Noriega (CCOO). 317.000 euros.
Miembro durante años de la Ejecutiva de Comfia, la federación de servicios financieros de Comisiones Obreras. Está casado con María Jesús Paredes, también empleada de banca y exdirigente de Comfia. La pareja tiene numerosos negocios empresariales y un gran patrimonio immobiliario.

19- Pedro Bedía Pérez. 308.000 euros.
Consejero a propuesta de Comisiones Obreras.

20- Luis Blasco Bosqued. 178.000 euros.
Vocal en el consejo a propuesta del PP. Es presidente de Telefónica de Argentina y vocal en la junta directiva del Real Madrid. Antes pasó por el consejo de Sogecable y de la constructora OHL.

21- Rafael Ferrando Giner. 307.000 euros.
Empresario valenciano, expresidente de la patronal valenciana y exvicepresidente de la CEOE.

22- José Rafael García-Fuster (PP). 265.000 euros.
Ha sido senador, concejal en el Ayuntamiento de Valencia y diputado en las Cortes Valencianas.

23- Jorge Gómez Moreno (PSOE). 339.000 euros. Fue diputado en la Asamblea de Madrid y concejal en el ayuntamiento de la capital.

24- Agustín González González (PP). 214.000 euros.
El político de los trece cargos: presidente de Caja Ávila, alcalde de El Barco de Ávila, presidente de la Diputación de Ávila, presidente de ASIDER –la asociación que gestiona los fondos europeos en la zona–, presidente de la mancomunidad de servicios de Barco y Piedrahita, presidente de la Fundación Cultural de Santa Teresa, consejero de la corporación Madrigal… Milita en la derecha desde 1983, con AP. Aseguró en una entrevista que su único sueldo era el de la Diputación, olvidando el dinero que cobró de Bankia.

25- Mercedes de la Merced (PP). 376.000 euros.
Entre otros cargos, ha sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y eurodiputada. Aznar dudó entre apostar por ella o por Esperanza Aguirre como candidata de la derecha en Madrid.

26- Jesús Pedroche Nieto (PP). 204.000 euros.
Fue consejero en el gobierno autonómico de Madrid con Gallardón y presidentes de la Asamblea de Madrid. Dimitió como concejal en el Ayuntamiento de Madrid en 2003 tras una sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba el despido de su secretaria personal, a la que mandó al paro pocos días después de saber que estaba embarazada.

27- Remigio Pellicer. 302.000 euros.
Empresario valenciano. Consejero en Bancaja a propuesta del PSOE.

28- José María de la Riva Ámez (PSOE). 202.000 euros.
Exconcejal en el Ayuntamiento de Madrid.

29- Estanislao Rodríguez-Ponga (PP). 355.000 euros.
Exsecretario de Estado de Hacienda del Gobierno de Aznar, bajo las órdenes de Cristóbal Montoro. Fue vicepresidente de Caja Madrid con Miguel Blesa, en el año 2006, y con Rato tuvo también un papel importante en la caja. Estuvo en el consejo de administración de Cibeles –la corporación industrial de Caja Madrid– y formó parte del núcleo duro de Rato en la toma de decisiones de la entidad financiera hoy quebrada.

30- Mercedes Rojo-Izquierdo (PP). 374.000 euros.
Exasesora de Esperanza Aguirre.

31- Ricardo Romero de Tejada (PP). 270.000 euros.
Fue alcalde de Majadahonda y secretario general del PP en la Comunidad de Madrid. Hombre de Rodrigo Rato, su nombre ha aparecido en numerosas ocasiones ligado al Tamayazo. Mientras era el número dos del partido en Madrid, estuvo en nómina en una empresa de fotocopias, propiedad de dos constructores muy vinculados con el PP.

32- Juan Manuel Suárez del Toro. 235.000 euros.
Ingeniero industrial. Presidente de Caja Insular de Canarias y, al mismo tiempo, presidente de Cruz Roja Española desde 1994.

33- Angel Villanueva Pareja. 307.000 euros.
Ha sido Secretario del Consejo de Administración de Bancaja. Ha presidido la inmobiliaria de la entidad, Bancaja Habitat, S.L, y ha sido secretario de su fundación.

-Los sueldos que cito son siempre de 2011, solo incluyen su remuneración en Bankia o en BFA y la fuente es esta información de El País.

Foto de familia de los consejeros de BANKIA

miércoles, 4 de julio de 2012

Epigenoma: mucho más que genes

Un genoma no puede explicar completamente la funcionalidad de nuestras células, sus trastornos o la definición de nuestra especie. Necesitamos algo más

MANEL ESTELLER / DIRECTOR, PROGRAMA EPIGENÉTICA Y BOLOGÍA DEL CÁNCER DEL IDIBELL

ABC - 18/06/2010


La sombra de Craig Venter, uno de los padres del genoma humano,
sobre una secuencia genética

Parte de la explicación viene proporcionada por la Epigenética, que podemos definir como «la herencia de la actividad del ADN que no depende de su secuencia estricta». Es decir, la Genética sería el abecedario y la Epigenética su ortografía. Ésta última se hereda en el nivel más simple, durante todas las divisiones celulares que ocurren en nuestros tejidos durante la vida o, de una manera más provocadora, en nuestras células germinales y la transmitiremos a nuestra descendencia. La Epigenética se refiere a modificaciones químicas en nuestro material genético y en las proteínas reguladoras del mismo. Las más reconocidas marcas epigenéticas son la adición de un grupo metilo al ADN y la modificaciones químicas de las histonas, proteínas alrededor de las que se enrolla el ADN. El Epigenoma sería el conjunto de todas las marcas epigenéticas.

En la vida real nos enfrentamos con muchos casos en los que el genoma no está a la altura de las expectativas. Uno de los más evidentes son los gemelos monocigóticos, que comparten el mismo material genético. Aun así, la aparición de enfermedades puede ser muy diferente en ambos y esta discordancia ha sido una cuestión desconcertante para los investigadores.

Nosotros aportamos una de las piezas pequeñas de este rompecabezas, al mostrar que los gemelos monocigóticos presentan una «deriva» epigenética que se acentúa con la edad, y se incrementa si han pasado parte de su vida separados y tienen diferentes estilos de vida (como consumo de tabaco). Otro ejemplo interesante son los animales clonados. que se originan a partir del mismo ADN del donante y deberían ser iguales, pero no lo son. Ratones, gatos, ovejas, perros o toros clonados no son idénticos a sus «padres»: pueden tener características y enfermedades distintas y muestran epigenomas diferentes.

Un epigenoma alterado es uno de los principales trastornos de identidad del cáncer humano. La reducción de los niveles totales de metilación del ADN de los tumores en comparación a los tejidos vecinos normales, la inactivación epigenética de genes que nos deberían proteger del cáncer y una disrupción de las histonas definen a una celula tumoral. Una diferencia esencial entre el genoma y el epigenoma es que el segundo es reversible bajo circunstancias adecuadas y el uso de sustancias, lo que ha originado la aprobación de fármacos epigenéticos efectivos para el tratamiento de ciertas formas de leucemias y linfomas. La carrera para la obtención de los primeros epigenomas humanos ha empezado.

martes, 3 de julio de 2012

Assange analiza las lecciones de la 'primavera árabe' con Noam Chomsky y Tariq Ali

'La primavera árabe', sus orígenes y consecuencias centraron la charla del fundador de WikiLeaks con el filósofo y lingüista estadounidense Noam Chomsky y con el historiador militar Tariq Ali en la nueva edición del programa 'Diálogos con Julian Assange' en RT.


La gran lección de la 'primavera árabe'

Ambos invitados revelan sus impresiones sobre los mecanismos que activaron las revueltas populares en Oriente Próximo y analizan la repercusión de las mismas a nivel mundial. Así, Ali afirma que «la primavera árabe ha sido muy contagiosa» y hace hincapié en que estas revueltas populares «surgieron en una parte del mundo de la cual los comentaristas decían que allí la gente no estaba interesada en la democracia, que los musulmanes eran genéticamente hostiles a la democracia».

No obstante, las protestas no solo brotaron sino que se extendieron a otras partes del mundo, incluso a los Estados Unidos, señala el historiador. «Fue la ocupación de la plaza de Tahrir en El Cairo lo que inspiró a los activistas de todo EE. UU., opina el experto, quien apunta que 'la primavera árabe' todavía “sigue siendo contagiosa de diferentes formas». Por su parte, Chomsky opina que en Egipto sí «había gente preparada» para protestar y «para muchos era solo una posibilidad de empezar a hacer algo».

Sin embargo, Ali señala que «la velocidad y la magnitud de los levantamientos, realmente pilló a todo el mundo por sorpresa». El historiador está convencido de que se habrían aplicado «unos mecanismos radicales» para detener las protestas, si estas hubieran sido predecibles. «Hubieran intentado detener a la gente, aplastar a la gente, torturar a la gente, meter a los activistas en la cárcel», apunta.

Pero todo se descontroló muy rápidamente y EE. UU. junto con otras potencias occidentales no pudieron detenerlo, dice el historiador. Los expertos señalan que la invasión de Libia fue un intento de Occidente de restablecer el control en la región.

Al mismo tiempo, los analistas entrevistados por Assange apuntan que en los países productores de petróleo del golfo Pérsico, tales como Arabia Saudita, Kuwait o los Emiratos, de los que EE. UU. es un antiguo y fiel aliado, «nunca ha estallado nada similar». Estas naciones «se encuentran bajo un control férreo», señala Chomsky, quien apunta que Occidente tiene «un plan de juego para cuando algunos de sus dictadores favoritos pierden la capacidad de gobernar». En esta situación «lo que se hace es apoyarlos hasta el último minuto posible y cuando es imposible apoyarlos más el ejército se vuelve contra ellos, se consigue que la clase intelectual haga declaraciones rotundas sobre la democracia y luego se intenta restaurar el sistema antiguo en cuanto sea posible».

Según Ali, la gran lección de estas revueltas consiste en que «la gente, las masas, se han dado cuenta de que para hacer un cambio hay que movilizarse y ser activos».

Occidente debería adoptar los nuevos modelos políticos de Sudamérica

Noam Chomsky apunta que son las fuerzas populares preocupadas por sus sociedades las que tienen que crear sus propios modelos y no buscarlos. Y esto ya está pasando en América del Sur, asegura el lingüista, poniendo el ejemplo de Bolivia, donde «la parte de la población más reprimida en el hemisferio, la población indígena, se ha trasladado al ámbito político». Chomsky asegura que los mismos procesos están sucediendo en Ecuador y, «hasta cierto punto», en Perú.

Según el analista, «Occidente haría mejor en adoptar algunos aspectos de estos modelos rápidamente, antes de derrumbarse y acabarse».

Asimismo Chomsky destaca «el importante avance hacia la independencia y la integración» que Sudamérica ha conseguido por primera vez desde que los conquistadores europeos llegaran al continente.

Por su parte, Tariq ratifica que «los cambios más significativos de las últimas décadas» provienen de Sudamérica, y el ambiente en países como Venezuela, Bolivia, Brasil «es totalmente distinto». En estos países mucha gente dice: «Por primera vez nos sentimos de verdad independientes», afirma el historiador.

A su vez, Chomsky señala que «no ha quedado ninguna base militar estadounidense en Sudamérica, que es un fenómeno que dice mucho».

«No se rindan. Tengan fe. Sean escépticos.»

Es el consejo universal que Tariq Ali da a los jóvenes de la nueva generación que quieren cambiar el sistema y son los protagonistas de los movimientos de protesta en todo el mundo. Ali incita a los jóvenes a ser activos, ya que en el caso contrario «nadie les pondrá nada en bandeja». «Sean críticos con el sistema que nos domina a todos y antes o después, si no para esta generación, entonces para la siguiente, las cosas cambiarán», señala esperanzado.

Pueden ver la versión completa de la entrevista
de 'Diálogos con Julian Assange' aquí.


lunes, 2 de julio de 2012

Apocalipsis antibiótica

Bacterias cada vez más resistentes

En 40 años se ha pasado de anunciar «el fin de las enfermedades infecciosas» a pronosticar que «de nuevo, matarán sin freno». La capacidad de las bacterias para resistir a los antibióticos empieza a ir más rápido que el hallazgo de nuevos remedios. El uso poco racional de los fármacos y la automedicación agravan el problema.

Por MARÍA CORISCO

El Mundo-Magazine
(domingo, 11 de marzo de 2012)

«El mundo está al borde de perder las curas milagro y se dirige hacia una era preantibióticos, en la cual muchas infecciones comunes no tendrán cura y, de nuevo, matarán sin freno». El mensaje apocalíptico como pocos, nos llegaba hace ahora un año y la agorera no era otra que la mismísima directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan. Pocos meses después, el comisario europeo de Sanidad, John Dally, reconocía que 25.000 europeos mueren cada año víctimas de enfermedades infecciosas porque no se han logrado encontrar un antibiótico eficaz para ellos. Y, en España, cada vez va siendo más habitual que los microbiólogos de los hospitales se devanen los sesos tratando de averiguar cuál es el antibiótico —o cóctel de ellos—, que logre detener y curar según qué infecciones especialmente rebeldes.

Esto sucede hoy 70 años después de que la penicilina abriera las compuertas del universo antibiótico, y cuando apenas ha transcurrido medio siglo desde que la comunidad científica se felicitara porque, albricias, se había encontrado por fin «la bala mágica» —según terminología de la época— con la que combatir las infecciones. De hecho, allá por 1970, Jesse Leonard Steinfeld, a la sazón cirujano general de EEUU —máxima autoridad sanitaria del país—, anunció que estábamos «ante el fin de las enfermedades infecciosas». ¿Qué ha podido suceder para que, en tan poco tiempo, hayamos pasado de la euforia al temor? Sencillamente, que, enardecidos por los millones de vidas salvadas gracias a los antibióticos, se subestimó la principal estrategia de supervivencia de las bacterias: las resistencias.

Las bacterias son seres vivos, microorganismos que llevan millones de años adaptándose y evolucionando para conseguir sobrevivir. Están por todas partes y, de hecho, en nuestro organismo hay un sinfín de ellas —más incluso que células—, aunque habitualmente no nos causan ningún daño. Pero también hay bacterias patógenas, que son las causantes de enfermedades infecciosas bacterianas. Para luchar contra ellas disponemos, desde hace unas décadas, de unas armas tremendamente eficaces: los antibióticos. Pero, gracias a su capacidad de adaptación, las bacterias, siguiendo con el símil bélico, han ido aprendiendo a conocer nuestras armas y a diseñar estrategias para defenderse de ellas. En suma, a resistir los antibióticos.

«La resistencia es algo consustancial a las bacterias», asegura el doctor Jesús Blázquez, miembro de la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI) e investigador del Centro Nacional de Biotecnología. Con él coincide el doctor Juan J. Picazo, catedrático de Microbiología Médica y jefe de Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, quien apostilla que «llevan millones de años resistiendo las situaciones más adversas».

Esto lo han conseguido, señala Picazo, gracias a una ventaja y a una desventaja biológicas: «La ventaja biológica es su elevadísima capacidad de multiplicación; la desventaja, que, cuando se multiplican, a veces se equivocan. A estos errores se les denomina mutaciones. Y resulta que algunas de estas mutaciones. Y resulta que algunas de estas mutaciones confieren resistencia a los antibióticos».

Y es ahí cuando, puro Darwin, entra la selección del más fuerte: «Gracias a una de esas mutaciones», prosigue el médico del Hospital Clínico San Carlos, «puede surgir una bacteria que resista a un antibiótico; esa será la bacteria que sobreviva y la que, al reproducirse nuevamente, transferirá esa resistencia a toda su descendencia».

Pero además, en los últimos años se ha visto que, como si de cromos se tratara, también las bacterias se intercambian ADN. Para ellas, la forma más sencilla de adquirir una resistencia es tomarla prestada de otras que ya la tienen; de forma muy simple, al intercambiar material genético entre sí, las bacterias pueden también pasarse resistencias de unas a otras.

En realidad, el fenómeno de la resistencia no es nuevo, ni muchísimo menos. Ya en 1945, poco después de que se comercializara la penicilina, de que le nombraran sir y de que le concedieran el Nobel, Alexander Fleming advertía en una entrevista concedida al New York Times de que el abuso de este fármaco «acabará inevitablemente provocando el desarrollo de bacterias resistentes». Un año después ya pudo verse en un hospital londinense que el 14% de los estafilococos aislados de enfermos tenían la capacidad de producir una enzima que destruía a este antibiótico.

Pese a ello, el triunfalismo continuó siendo durante años la tónica: se sabía de las resistencias, pero, explica el doctor José Ramón Paño, de la Unidad de Microbiología del Hospital Universitario de La Paz, «el ritmo de generación de nuevos antibióticos era más rápido que la velocidad de las bacterias para ir adaptándose a ellos, de manera que siempre teníamos por delante nuevas opciones antibióticas.

En los últimos años, sin embargo, el descubrimiento y desarrollo de nuevos antibióticos prácticamente se ha paralizado, mientras que las bacterias han seguido aprendiendo. «Cada vez más patógenos van adquiriendo los mecanismos de resistencia para evitar que les haga daño este o aquel antibiótico», asegura el doctor Paño. «Y, por eso, cada vez hay menos opciones para poder tratar determinar enfermedades».

Resistencias

Según datos presentados por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) en 2009, España es uno de los países que, en comparación con Europa y el resto del mundo, presenta más problemas en cuanto a resistencias a antimicrobianos. Entre un 10% y un 25% de los neumococos (bacteria que provoca infecciones como la meningitis o la neumonía) son resistentes a la penicilina y a la eritromicina; entre un 25% y un 50% de los Staphylococcus aureus (uno de los patógenos humanos más frecuentes y que es la causa de infecciones quirúrgicas, de catéteres vasculares, neumonías, etcétera) son resistentes a la meticilina, y entre un 25% y un 50% de Escherichia coli (la causa más frecuente de infecciones urinarias e intraabdominales) son resistentes a las quinolonas.

Mientras que en Suecia la tasa de resistencia a un grupo de antibióticos empleados en el tratamiento de enfermedades respiratorias como la neumonía neumocócica es sólo el 2%. Hay distintas razones, desde climáticas hasta de mayor contacto físico, que se apuntan para explicar el porqué aquí —y, en general, la zona mediterránea—, tenemos más resistencias que en los países del norte de Europa. La causa principal parece ser que el consumo de antibióticos está más restringido entre los nórdicos: mientras ellos ocultan sus armas y sólo las utilizan cuando es preciso, en España s emplean con mayor ligereza, dando opción a las bacterias a aprender a enfrentarse a ellas y a terminar siendo intratables.

Es algo a lo que el doctor Jesús Rodríguez Baño, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del hospital Virgen Macarena de Sevilla, se enfrenta cada día. «Las decisiones sobre los tratamientos con antibióticos que se tienen que tomar en el día a día son cada vez más difíciles», explica. «Antes, se consideraba que los pacientes con mayor probabilidad de tener resistencias bacterianas eran aquellos que habían estado hospitalizados y tratados previamente con antibióticos; hoy, esta posibilidad se ha generalizado, de forma que te tienes que plantear el tema de las resistencias incluso en pacientes que llegan desde su casa a Urgencias.

Para que lo entendamos, el doctor Rodríguez Baño pone el ejemplo de un cuadro común: persona que acude a urgencias con pielonefritis (infección del tracto urinario, potencialmente grave, pero también frecuente). «Antes se le prescribía un antibiótico y te quedabas tranquilo, pero ahora surge la duda, porque el aumento de las resistencias ha sido tremendo», relata. «La sensación que tenemos es la de “a ver con qué acertamos”, de forma que tenemos que ir dando el salto a medicamentos antes reservados sólo para aquellas infecciones con mayor riesgo de resistencia».

Superbacterias

Uno de los problemas es que, de inicio, los médicos tienen que trabajar a ciegas: ante un cuadro de infección —y mientras se espera que lleguen los resultados que confirmen a qué se enfrentan, si hay resistencias y de qué tipo— el paciente recibe un tratamiento con el que se intenta cubrir los microorganismos más habituales en dicha infección. Pese a que se está trabajando intensamente en conseguir test de diagnóstico rápido, la realidad es que, todavía, en la práctica clínica diaria no hay test cuyo uso se haya generalizado y que resulte de utilidad.

«Por eso seguimos medicando empíricamente, sin saber hasta dos o tres días después qué es lo que estamos tratando», señala el doctor Rodríguez Baño. «Si la infección no es muy severa, tienes opción de modificar la medicación; pero, si el paciente está muy grave, que aciertes en el tratamiento —es decir, que utilices un antibiótico para el que no haya resistencias— puede determinar su supervivencia. De forma que tratamos de evaluar cuidadosamente a cada paciente, su historia, el medio del que procede, el tipo de infección… Es una complejidad terrible».

Esta situación entronca con la aparición de las superbacterias, microorganismos resistentes a muchísimos antibióticos, si no a todos. Han sido, digamos, las más privilegiadas en ese proceso de selección del más fuerte, porque en sus distintas mutaciones han ido adquiriendo todas las resistencias, sumando unas tras otras en su ADN hasta lograr ser intratables.

«Otras superbacterias que estudiamos son las supermutadoras o hipermutadoras», explica el doctor Blázquez. «Pueden producir miles de veces más mutaciones por generación que una bacteria normal. Es como si jugaran muchos décimos de lotería: posiblemente la mayoría de esas mutaciones sean letales para ellas, pero, en una población de cientos de miles de millones basta con que salga una adelante para que tenga éxito y se reproduzca».

Por si no tuviéramos bastante con nuestras superbacterias patrias, en los últimos años han surgido un nuevo inconveniente, esta vez fruto de la globalización. Se trata de la detección de nuevas bacterias multirresistentes que los pacientes occidentales adquieren —y después propagan— en los viajes de turismo sanitario a la India o a Pakistán para recibir tratamientos médicos baratos.

En Europa se han encontrado ya unas bacterias de la familia Enterobacteriacea que tienen un nuevo gen, el NDM-1, que les confiere una gran resistencia a la mayoría de los antibióticos. Este gen es cada vez más habitual en los hospitales de estos países asiáticos y se está exportando a Europa y EEUU, lo que hace temer que se extienda pronto por todo el mundo.

«Cada vez es más frecuente que nos encontremos con sorpresas», corrobora el doctor Rodríguez Baño. «Desde hace dos o tres años, vemos a perronas que han adquirido una infección en un hospital de otro país, con una bacteria muy resistente, y se la pasa al paciente de la cama de al lado, a un familiar, o a un vecino. Esto va in crescendo».

Precisamente por ello, en las UCI españolas se hacen cultivos de vigilancia para asegurar que no entran bichos de esta naturaleza. «Y, a veces», confirma el médico del Virgen Macarena de Sevilla, «nos encontramos con personas que, pese a no tener especiales factores de riesgo, son portadoras de un microbio muy resistente. A esas personas se las aísla para evitar que se disemine este microbio por el hospital».

Bien, pues el panorama parece sombrío, especialmente si tenemos en cuenta que la investigación en el desarrollo de nuevos antibióticos prácticamente se ha paralizado. Estos fármacos curan una infección en cuestión de días, lo que los hace mucho menos rentables que aquellos que se utilizan de por vida en enfermedades crónicas. «Es legítimo que las farmacéuticas no estén interesadas en invertir en algo que no les es rentable», señala el doctor Paño, «pero de lo que se trata es de incentivar a estas compañías para que investiguen en un problema de salud».

Más allá de la investigación, los expertos apuestan por medidas que nos conciernen a todos. Entre ellas, la principal es la de hacer un uso racional de los antibióticos: ya que utilizarlos da la oportunidad a las bacterias de aprender a vencerlos, reservemos su uso para aquellas circunstancias en las que pueden tener una utilidad, es decir, para cuando la infección es bacteriana y no vírica. «Si tratas una infección por virus —por ejemplo, una gripe— con un antibiótico, no sólo no te curas, sino que ayudas a las bacterias a hacerse resistentes a ese antibiótico; y el daño causado por un antibiótico que tomaste por algo que no necesitabas puede tener un impacto más adelante, cuando verdaderamente precises esa medicación y no te haga efecto porque tus bacterias han generado resistencias a él», explica el doctor Paño. Aun así, señalan los expertos, en nuestra cultura —o incultura— sanitaria persiste la idea de que los antibióticos son la mejor medicina para cualquier enfermedad, y es frecuente que los pacientes los demanden a sus médicos.

Un lavado de manos

La automedicación es otro caballo de batalla: ya el propio Fleming, visionario como pocos, mostró sus reticencias a que la penicilina tuviera una formulación en comprimidos que permitiera que los pacientes pudieran, en su propio domicilio, administrársela a conveniencia propia. Y no le faltaba razón: demasiado a menudo, cuando notamos una mejoría tras el inicio del tratamiento con antibióticos, dejamos de utilizarlos, o no seguimos fielmente las pautas de dosificación; con ello propiciamos que las bacterias reciban dosis que no son letales y que aprendan a desarrollar resistencias.

Las medidas pasan también por algo tan aparentemente sencillo como evitar la transmisión de bacterias de unas personas a otras. Como explica el doctor Blázquez, «en el ámbito hospitalario siempre van a darse resistencias; a menudo los pacientes hospitalizados apenas tienen defensas y las únicas armas son los antibióticos. Lo que sí se podría hacer es tratar de que las personas al cuidado de esos pacientes no transmitan bacterias resistentes de unos a otros. Un simple lavado de manos puede salvar muchas vidas».

Podemos hacer cosas, sí, pero para quedar en tablas, no para ganar la guerra. «No podemos encontrar un antibiótico para el que no se llegue a generar una resistencia», reconoce el doctor Blázquez. «Lo único que podemos hacer es cuidar los antibióticos que tenemos, utilizarlos en el momento adecuado y en las dosis justas, e intentar buscar algunos más. Estamos luchando contra la evolución, y esa es una batalla perdida».

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

www.seimc.org

domingo, 1 de julio de 2012

Nueva York y Kigali


Las gravísimas responsabilidades occidentales en el genocidio de los tutsis en Ruanda en plena guerra de los Balcanes: genocidios inventados y genocidios tolerados leídos en clave geopolítica. Colette Bareckman analiza el libro de Linda Melvern, A People Betrayed: the Role of the West in Rwanda’s Genocide (Londres, Zed Books, 2000).

Entre el 7 de abril y principios de julio de 1994, fueron asesinadas, en Ruanda, entre 500.000 y un millón de personas. No fue –como muchos dijeron entonces– el clímax sangriento de una «caótica guerra tribal» entre los tutsis y los hutus, sino una matanza deliberada y sistemática de los primeros por los segundos. Después, la «comunidad internacional» reconoció que realmente se había producido un genocidio, y alegó su ignorancia de los hechos como excusa de su pasividad. Sin embargo, como muestra Linda Melvern en su devastador informe sobre el genocidio de Ruanda, la naturaleza de los asesinatos era perfectamente visible: «En Ruanda no había trenes sellados o campos apartados. El genocidio fue retransmitido por la radio». Además, y más rotundamente, «la prueba decisiva de que un genocidio estaba teniendo lugar le fue proporcionada al Consejo de Seguridad en mayo y junio, mientras estaba ocurriendo». Durante los últimos siete años, Melvern ha ido reuniendo un amplio abanico de fuentes: los informes de las investigaciones parlamentarias belgas y francesas, un informe filtrado de las reuniones secretas del Consejo de Seguridad de la ONU, entrevistas con personajes políticos clave, así como documentos conseguidos en Kigali. Su libro es una síntesis magistral de esta evidencia.

El resultado es una revelación escalofriante de las realidades políticas que hay tras la retórica de los «derechos humanos» de las potencias occidentales de la pasada década. Mucho antes del 7 de abril –ya en 1992, en el caso de Bélgica–, a estos regímenes se les había informado de un plan coherente para la eliminación no sólo de los tutsis, sino también de los hutus moderados opuestos al gobierno de Juvénal Habyarimana. Los orígenes de dicho plan no se encuentran tanto en un odio étnico profundamente asentado como en la manipulación de las tensiones sociales por parte de chovinistas fanáticos obstinados en mantenerse en el poder a cualquier precio. Fue este mismo régimen el que invirtió los cuantiosos fondos y ayudas del Banco Mundial y del FMI en la adquisición de armas y en el entrenamiento y organización de la milicia Interahamwe, avivando la máquina de matar en lugar de los proyectos de desarrollo. De este modo «la misma comunidad internacional que hace 50 años aprobó leyes con el mandato específico de asegurar que el genocidio jamás se perpetraría de nuevo, no sólo fracasó a la hora de prevenir lo ocurrido en Ruanda, sino que, al bombear fondos con el objeto de ayudar a la economía ruandesa, en realidad contribuyó a crear las condiciones que lo hicieron posible».

Los europeos se involucraron por primera vez en Ruanda en 1894, con la llegada de un conde alemán a la corte del rey Rwabugiri. Este conde encontró que la sociedad ruandesa estaba dividida en tres grupos: los tutsis, que por lo general eran pastores de ganado y formaban el estrato más alto de la sociedad, y el grupo dirigente del país; los hutus, la mayoría campesinos, y con mucho el grupo más numeroso; y los twas, cazadores y recolectores pigmeos que constituían menos del 1 por 100 de la población. Los tutsis y los hutus compartían la lengua, la religión y una misma dieta, pero estaban –algo parecido a las castas en la India– divididos por un intrincado y draconiano orden feudal, que daba a los tutsis los poderes de una aristocracia señorial sobre los hutus, cultivadores reducidos a una servidumbre virtual. La conquista alemana no alteró esta estructura, y cuando Ruanda fue transferida a Bélgica por la victoriosa Entente en 1918, los nuevos mandatarios la reforzaron con un sistema de clasificación étnica oficial, basado en las jerarquías tutsis existentes, y generalizaron el uso del trabajo forzado hutu. La alianza de los opresores tradicionales con el poder colonial extranjero avivó los resentimientos naturales de la clase inferior hutu contra sus superiores tutsis.

Con la llegada de la política moderna a finales de la década de 1950, estas tensiones estallaron. En noviembre de 1959, la violencia hutu contra los tutsis entró en erupción y en Ruanda se instauró la ley marcial. Los belgas cambiaron el rumbo de su política histórica inclinándose a favor de los hutus, animados éstos por la Iglesia católica local, cuyos sacerdotes tuvieron un papel activo a la hora de alimentar sus aspiraciones. Cerca de unos 150.000 tutsis huyeron a países vecinos, y las elecciones de 1960 dieron como resultado un gobierno de amplia mayoría hutu, que declaró la independencia en 1962. En noviembre de 1963 se produce una invasión desde Burundi por parte de un grupo de monárquicos tutsis. El nuevo presidente Grégoire Kayibanda reaccionó ordenando la ejecución de los líderes de la oposición y así, con el gobierno lanzando por radio mensajes alarmantes que afirmaban que «los tutsis estaban volviendo para esclavizar a los hutus», dieron comienzo los asesinatos de tutsis. Melvern refiere de manera lúcida la historia de Ruanda, en el sentido de que, como indica el título de su capítulo, «El pasado es el prólogo», los asesinatos de 1963 podrían verse en realidad como un ensayo a pequeña escala de los que se produjeron en 1994. La diferencia clave estriba en que, en 1963, la opinión pública occidental estaba alarmada. Bertrand Russell, entre otros, comparó lo ocurrido con el Holocausto.

Habyarimana con su primo Kayibanda en 1970

Kayibanda gobernó hasta 1973, en un régimen de partido único con la bendición clerical. Ruanda se convirtió en el Estado africano favorito de la Democracia Cristiana europea. Parmehutu, el partido de Kayibanda, utilizó el respaldo de la mayoría hutu para mantener bajo vigilancia a los tutsis por medio de tarjetas de identidad y sistemas de cuotas. En el sur de Ruanda había existido un porcentaje significativo de matrimonios mixtos; sin embargo, la corriente nacionalista hutu del partido de Kayibanda –donde se valora la «pureza por encima de todo»– era producto del norte del país, que no había formado parte del reino tradicional tutsi; no fue conquistado por Alemania hasta 1912 y tenía una tradición de resistencia a la dominación tutsi. Juvénal Habyarimana, el general que derrocó a Kayibanda, también era del norte, al igual que su camarilla –los azaku–, cuyo núcleo lo formaban su esposa Agathe y los familiares de ésta.

Después de 1963, muchos tutsis y hutus opuestos a los gobiernos de Kayibanda y Habyarimana se exiliaron a Uganda, Burundi, Tanzania y Zaire. En Uganda, perseguidos por Milton Obote, tomaron partido por el Ejército de Resistencia Nacional de Yoweri Museveni, que derrocó a Obote en 1986. Fueron estos ruandeses, entrenados y equipados en Uganda, quienes formaron el Frente Patriótico Ruandés (FPR), que invadió el país en octubre de 1990 con la promesa de expulsar a Habyarimana e instaurar un gobierno de unidad nacional. El gobierno de Kigali, evocando 1963, lanzó el mensaje de que el FPR era un ejército tutsi decidido a masacrar a los hutus y orquestó inmediatamente matanzas locales de tutsis. A comienzos de este mismo año, Habyarimana había cedido a las presiones internacionales y autorizó la formación de partidos de oposición, lo que le permitió, cuando se produjo la invasión del FPR, hacer un llamamiento como cabeza de un «Estado democrático» y solicitar tropas a Francia, Bélgica y Zaire, y armas a Egipto y Sudáfrica. En 1990 se aprobó un programa de ajuste estructural para Ruanda que proporcionó más fondos, utilizados por Habyarimana para comprar armas. De hecho, entre los años 1990 y 1994, el régimen de Habyarimana adquirió armas por valor de 83 millones de dólares, compra facilitada de buen grado por el entonces ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Butros Butros-Gali.

Malvern localiza los orígenes del plan del genocidio de 1994 en el período inmediatamente posterior a la invasión del FPR. Después de la invasión, el gobierno instó a los oficiales a que redactaran listas de los líderes y personas destacadas de la oposición tutsi, listas que eran actualizadas periódicamente. En los tres años de luchas intermitentes que siguieron, hay repetidos ejemplos de planes dirigidos a convertir a los tutsi, como grupo, en objetivo. Entre estos ejemplos, se incluye un informe preparado por Habyarimana en diciembre de 1991 donde identifica a los tutsis, «tanto de dentro como de fuera del país», como «el enemigo», y los califica como «extremistas nostálgicos del poder». Detrás de esto descansa el agudo miedo a la derrota militar: la superior experiencia de campo del FPR demostró vencer fácilmente a unas fuerzas más numerosas pero mal entrenadas, integradas en su mayoría por soldados reclutados atropelladamente.

Habyarimana y señora, también implicada en la matanzas

En 1992, los Estados africanos vecinos estaban tan alarmados por la situación que presionaron a Habyarimana para que entablara negociaciones de paz con el FPR en Arusha, Tanzania, diseñadas con el objetivo de llevar al gobierno ruandés y al FPR a una solución negociada. Finalmente, en agosto de 1993 se firmó un acuerdo de paz donde se estipulaba un sistema de gobierno compartido en el país, aunque resulta significativo que este acuerdo fuese visto con reservas por parte de funcionarios del Departamento de Estado. Puertas adentro, la economía ruandesa no se había recuperado del colapso producido por el Acuerdo Internacional del Café de 1989, promovido por Washington en favor de los grandes importadores estadounidenses para conseguir una disminución del precio de lo que constituía la principal exportación ruandesa. A consecuencia de los Acuerdos de Arusha, 16.000 soldados del ejército gubernamental tuvieron que ser desmovilizados, sin ningún tipo de fondos para pensiones o para una reinserción profesional, y con pocas oportunidades laborales. Los que se vieron amenazados se convirtieron en una fuente prolífica de reclutas para la Interahamwe –«quienes trabajan juntos»–, la milicia que dirigió las masacres planificadas. Al mismo tiempo que se negociaba en Arusha, Habyarimana compraba grandes cantidades de armas: el equivalente a 12 millones de dólares sólo entre agosto de 1992 y enero de 1993. Melvern proporciona una detallada descripción de los procesos de acopio y distribución de armas durante el año 1993; el nivel de implicación en el plan y la brutalidad premeditada se revelan por el número de machetes importados de China en 1993: en aquel año, se gastaron 46 millones de dólares en equipamientos para la agricultura «por compañías ruandesas que normalmente no tenían nada que ver con herramientas agrícolas». La llegada al país de tal cantidad de armas de fuego, granadas y otras armas más primitivas se vio significativamente favorecida por la insistencia en aquellos momentos del FMI en la relajación de las restricciones a las licencias que recaían sobre la importación, e incluso cuando el Banco Mundial envió misiones –cinco en total entre los años 1991 y 1993– para observar el progreso de la política de ajuste estructural, el maquillaje contable del régimen fue de un modo u otro pasado por alto.

Un mes antes de que se firmaran los Acuerdos de Arusha, comenzó a emitir una nueva emisora de radio, la Radio-Télévision Libre Mille Collines. El presidente era el mayor accionista de la emisora y sus estudios estaban conectados a los generadores del palacio presidencial; las emisiones en Kinyarwanda «no transmitían noticias de los hechos», sino que en su lugar, ocupaban completamente las ondas radiofónicas con burdas calumnias y propaganda anti-tutsi, dando los nombres de personas que «merecían morir». Viendo que el régimen se aprovisionaba sistemática y abiertamente de recursos para el asesinato en masa, activistas de derechos humanos, ONG y organismos de ayuda que trabajaban en Ruanda dieron la voz de alarma a finales de 1993 y principios de 1994. En septiembre de 1993 Butros-Gali –ahora secretario General de las Naciones Unidas– instó al Consejo de Seguridad a enviar fuerzas de la ONU a Ruanda, tal y como exigían los Acuerdos de Arusha; éstos habían exigido una de estas misiones para garantizar la seguridad en todo el país, confiscar las armas escondidas, neutralizar a los grupos armados y vigilar la repatriación de los refugiados. Estados Unidos, representados por Madeleine Albright, bloqueó cualquier moción encaminada a hacer respetar los Acuerdos o las propuestas de Butros-Gali. De hecho, intentaron incluso reducir toda la presencia de la ONU a la mera cifra simbólica de 100 soldados.

Finalmente, después de continuas obstrucciones estadounidenses, gracias a la ayuda y a instancia de Inglaterra y Rusia, en diciembre de 1993 se acordó y se envió una Misión de Ayuda de la ONU con una tropa de 2.500 soldados, un presupuesto ridículo, restringida a Kigali y con el mandato de limitarse a «supervisar» y «ayudar» a la implantación de los Acuerdos de Arusha. La UNAMIR estaba exageradamente mal equipada, con la mitad de lo inicialmente previsto, escasa de suministros básicos y paralizada por la falta de información. Cuando las tensiones comenzaron a intensificarse en los tres primeros meses de 1994, el general quebequés al mando de la misión, Roméo Dallaire, envió repetidos avisos a Nueva York de la inminencia de las masacres, solicitando un mandato con más facultades. El 11 de enero telegrafió pruebas detalladas de una próxima matanza. En la sede de la ONU, el responsable oficial de la gestión de las misiones de paz era el subsecretario Kofi Annan, claramente preferido por Washington a su superior egipcio. Annan cablegrafió de vuelta, prohibiendo cualquier tipo «de repuesta a las solicitudes de protección» sin la autorización de Nueva York, y suprimió la transmisión del aviso de Dallaire a Butros-Gali. Estados Unidos sabía más que el secretario general: un informe de la CIA de enero de 1994 pronosticó el colapso de los Acuerdos de Arusha y 500.000 muertes como consecuencia del mismo.

La noche del 6 de abril de 1994 el avión que trasladaba al presidente Habyarimana y al presidente Ntaryamira de Burundi a Kigali fue alcanzado por dos misiles tierra-aire. El misterio aún rodea las circunstancias de este ataque. Una posibilidad es que una conspiración de militares hutus descontentos con las concesiones hechas –con poca intención de cumplirlas– por Habyarimana en Arusha, decidieran matar dos pájaros de un tiro y eliminarle en una acción espectacular que podría utilizarse como pretexto para un pogromo contra los tutsis. En todo caso, a la media hora del lanzamiento de los misiles, Radio Mille Collines retransmitía las noticias y ya se habían establecido controles al mando de grupos armados por toda la ciudad. Las masacres comenzaron al día siguiente, desplegándose de manera fría y uniforme, como si estuvieran animadas por algún efecto marea desde Ntarama hacia el sur de Kigali, hasta Cyangugu cerca de la frontera congoleña y en la ciudad de Gisenyi, al noroeste, cuando las armas previamente distribuidas por el gobierno fueron tomadas y puestas al servicio del asesinato por toda Ruanda.

Mapa del genocidio

Estados Unidos cerró inmediatamente su embajada y evacuó a todos sus civiles. Dos días después, Francia envió una fuerza militar para proteger el aeropuerto de Kigali, clausuró su embajada –destruyendo cantidades ingentes de documentos confidenciales– y evacuó a sus protegidos y nacionales. El 12 de abril, Bélgica decidió retirar su contingente de la UNAMIR privando a la misión de las tropas mejor entrenadas y equipadas. El 18 de abril, Annan comenzó a defender que la UNAMIR debía ser totalmente retirada. Su delegado habló de un «asesinato étnico caótico y fortuito». Para quienes se hallaban sobre el terreno, sin embargo, estaba claro que no era un brote espontáneo de furor popular, sino una serie de operaciones cuidadosamente planeadas. En Kigali no había falta de orden o autoridad. Lo que faltó fue el más mínimo intento de parar el genocidio por parte de las potencias occidentales interesadas. El embajador de Ruanda en la ONU –que había ocupado en enero un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad– fue capaz de decir en su informe remitido a la junta responsable del exterminio, ahora en el poder, que no había apoyo para la UNAMIR en el Consejo de Seguridad: bastaría con sus propias medidas de «pacificación».

Viendo cómo se extendía la matanza, el FPR tomó la ofensiva desde su base en Mulindi el 9 de abril. Marchando hacia el sur y hacia el oeste a través de Ruanda, el 1º de julio había alcanzado Kigali. Estimando su avance, Francia envió 2.500 soldados fuertemente armados al sur del frente, aparentemente para crear una «zona segura» con el objetivo de prevenir más asesinatos. Críticos a la Operación Turquesa destacaron que casualmente ésta proporcionaba una retirada segura a los ejecutores del genocidio, fuerzas financiadas, entrenadas y equipadas por Francia. El alivio sentido por el poder extremista hutu sólo podía igualarse a la incredulidad del FPR hacia la pretendida neutralidad francesa y hacia el rápido despliegue de tropas tan bien equipadas cuando apenas unas semanas antes nadie había sido capaz de reforzar la UNAMIR. La entrada del FPR en Kigali intensificó aún más una crisis de refugiados de proporciones asombrosas al huir del país los hutus implicados en las masacres o intimidados por la propaganda de los perpetradores. Solamente entre el 14 y el 16 de julio un millón de personas cruzó la frontera con Zaire en Goma; en ese momento había otros 500.000 refugiados en Tanzania y 200.000 en Burundi. Ahora la repuesta humanitaria fue masiva y casi instantánea: 4.000 soldados estadounidenses y cientos de cooperantes llegaron a Goma en 3 días. Ahora bien, el millón de dólares al día gastado en asistir a los hutus que habían huido con la Interahamwe no servían de nada para los 1,7 millones de personas desplazadas dentro de la misma Ruanda. Los supervivientes al genocidio casi pasaron desapercibidos; Occidente ignoraba las necesidades de un país donde el 60 por 100 de su población estaba ahora «o muerta o desplazada».

Los machetes de la vergüenza

Melvern describe con terrible viveza y detalle cómo las potencias occidentales abandonaron Ruanda a su suerte. No obstante, uno de los grandes méritos de su libro es hacer visibles las valientes excepciones: Roméo Dallaire, quien resistió hasta el final con un puñado de voluntarios, Philippe Gaillard, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ruanda, y Jean-Hervé Bradol de Médicos Sin Fronteras, quienes intentaron salvar tantas vidas como pudieron. El valor de estos pocos no mitiga en absoluto la fuerza de su conclusión: «la furia y el resentimiento contra la ONU permanecerán durante décadas... No hay nada que Occidente pueda decir ahora a las personas de Ruanda para compensarlas por haber dejado de intervenir en las horas de necesidad».

El valor imperecedero del trabajo de Linda Melvern descansa en su implacable análisis de las redes de complicidad que hay detrás del genocidio y su rechazo a tratar las horripilantes estadísticas como si se tratara de una anomalía incomprensible o de una aberración. En su análisis, los asesinatos fueron el producto de una dinámica de exterminio dentro de Ruanda y, al mismo tiempo, de la apatía criminal y deliberada de las grandes potencias. Con su trabajo, Melvern deja más claro que el agua dónde están las responsabilidades principales. Si Bélgica fue el poder colonial que sistemáticamente alimentó las tensiones étnicas entre hutus y tutsis, y Francia el mecenas neocolonial que apoyó y armó a los brutales regímenes de Kayibanda y Habyarimana, Estados Unidos fue el que dio luz verde al genocidio, bloqueando en cada momento cualquier intento en la ONU de evitarlo o detenerlo. Melvern concluye acertadamente que el genocidio ruandés fue «el escándalo que define la presidencia de Clinton». El régimen estadounidense que proclamaba estar asentando nuevos criterios históricos, defendiendo los derechos humanos alrededor del mundo, asistió fríamente a la peor atrocidad de los últimos veinte años, haciendo todo lo posible para contener todos los esfuerzos de llamar al crimen por su nombre mientras estaba ocurriendo.

¿Por qué estaba la potencia estadounidense tan determinada a correr un velo sobre las masacres en Ruanda? No es difícil encontrar la respuesta. Al mismo tiempo que éstas se producían, la Administración Clinton –tras haber boicoteado el Acuerdo de Lisboa para detener el conflicto étnico en Bosnia– estaba obstinada en abrir por la fuerza en los Balcanes el camino que finalmente llevaría al ultimátum de Fontainebleau y al bombardeo de Yugoslavia. Con los medios de comunicación occidentales acosándole de cerca, Estados Unidos tenía la determinación de centrar la atención internacional en los ataques serbios a Bosnia, alegremente descritos por sus portavoces y simpatizantes como «genocidio». En este escenario no podía permitirse nada que distrajera a la opinión pública del drama que rodeaba a Sarajevo. La desproporción de escala entre los dos procesos era tan enorme que la verdad de una era inevitablemente una amenaza al mito de la otra. El genocidio real en África tenía que ser ocultado para sostener la pretensión de un genocidio ficticio en Europa, donde los asesinatos nunca se aproximaron a la destrucción de un pueblo. Invocando constantemente el deber de no permitir nunca otro Holocausto para justificar su intervención en los Balcanes, el régimen de Clinton se confabuló con el primer exterminio ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial que era genuinamente comparable con aquél. Cuando los senadores Jeffords y Simon escribieron a Clinton, en mayo de 1994, rogándole que autorizara una acción de la ONU para ayudar a parar la matanza en Ruanda, ni siquiera se molestó en contestarles. Albright, su filibustera en el Consejo de Seguridad, continuó a la cabeza del Departamento de Estado y dirigió el frente ideológico en la guerra de los Balcanes de 1999. Annan, un apropiado sucesor de Waldheim, fue recompensado con el ascenso adecuado. Incapaz de recomendar a la ONU una operación de rescate en Ruanda, cuando existía base legal para ello, no tuvo dificultad en cubrir el bombardeo de la OTAN de Yugoslavia, absolutamente ilegal según la carta de la ONU.

Es poco sorprendente que el magnífico libro de Linda Melvern, fruto de una cuidadosa investigación, escrito con lucidez y expresado en un tono moderado, haya sido sin embargo completamente ignorado por la prensa del país donde ha sido publicado. Ella misma escribe del genocidio de Ruanda que «sólo revelando los fracasos que lo permitieron, los de las organizaciones y los individuales, puede salir algo bueno de unos hechos tan desoladores y tan terribles. Sólo con una exposición de cómo y por qué ocurrió podemos albergar la esperanza de que el nuevo siglo romperá con el sombrío historial del pasado». Hasta ahora hay pocas señales de que esto sea así. Si su libro es una interrogación particularmente valiente del pasado, contiene también una resonancia contemporáneamente trágica: las cicatrices y las consecuencias del genocidio están todavía ahí, metástasis de un cáncer de odio y violencia que todavía se extiende a través de África central.

Restos de las víctimas acumuladas en un centro recordatorio del genocidio

* Colette Braeckman: Editora para África de Le Soir (Bruselas), ha escrito Rwanda: Histoire d’un Génocide (1994) y más recientemente L’enjeu congolais: L’Afrique centrale aprés Mobutu (1999).