Sobre nuestros parlamentarios...

Estoy leyendo este libro Esperanza Aguirre. La lideresa de Alfredo Grimaldos Feito, y este texto sobre nuestros representantes, refuerza más mi desconfianza a las elecciones, a todos los políticos y a este sistema imperante que se autodenomina como democrático...

El nombramiento de Acebes como consejero de la filial de Caja Madrid abre otra polémica entre el PP y el PSOE sobre las incompatibilidades de sus señorías los diputados en las Cortes de la madrileña Carera de San Jerónimo. Según la Ley Electoral y el Reglamento del Congreso, los diputados tendrán dedicación exclusiva, sin desarrollar otra actividad pública o privada, salvo excepciones como la docencia, la investigación y la abogacía, siempre previa autorización del Parlamento.

Pero el 18 de marzo de 2009, el Congreso permite a Acebes cobrar también de Caja Madrid. La Comisión del Estatuto del Diputado da luz verde para quien era ministro del Interior cuando se produjo la tragedia del 11-M forme parte del consejo de Cibeles. Al final, lo mejor es la unanimidad y el corporativismo. Todos los grupos, incluido el PSOE, dan por buenos los argumentos del diputado del PP, según los cuales Caja Madrid es una entidad privada. A pesar de que el artículo 159.2 de la Ley Electoral impide pertenecer a consejos de empresas de «entidades de crédito o aseguradoras o en cualesquiera sociedades o entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito». El Congreso considera que la sociedad de Caja Madrid no responde a esta descripción. Este tipo de informes se aprueba en secreto y a puerta cerrada en el pleno de la Cámara. Los diputados no conocen el informe que votan, sólo está en manos de los portavoces. Luz y taquígrafos. Ángel Acebes, que en esta legislatura ha intervenido sólo una vez, seguirá percibiendo también sus ingresos como diputado.

Otro beneficiado por la manga ancha que aplican los diputados del Congreso a sus compañeros pluriempleados es José María Michavila, que tiene ya autorización para compaginar los sueldos que percibe en el sector privado con el salario oficial que cobra del Estado. Acebes y Michavila están prácticamente desaparecidos del hemiciclo desde el inicio de esta legislatura. El primero ya obtuvo el año pasado el viso bueno del Congreso para ejercer como abogado. Diputado raso en esta legislatura, ha decidido volcarse en una profesión que apenas ha ejercido, pero sin renunciar a su escaño y a los cerca de 5.000 euros que percibe mensualmente por «ocuparlo». Ahora se va a llevar otro pico con el momio de Cibeles.

Por su parte, José María Michavila puede continuar también con su actividad remunerada en la firma Michavila y De Fernando Family Office, una «boutique» de banca privada dedicada a gestionar los patrimonios de familias ricas. El ex ministro de Justicia del PP y diputado por Valencia fundó la empresa en 2007, y un año más tarde solicitó permiso al Congreso para compatibilizar esa labor con su salario anual que ronda los 60.000 euros. Ya ha obtenido el visto bueno definitivo.

Ésta es la segunda ocasión, durante la presente legislatura, en la que la Cámara Baja autoriza a Michavila a compatibilzar su escaño parlamentario con una actividad privada remunerada. El diputado del PP trabaja, además, en el bufete Eius, que firmó diversos contratos de asesoramiento jurídico con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte durante la etapa en la que estuvo al frente de la alcaldía Arturo González Panero, uno de los imputados en el llamado caso Gürtel. Michavila es, además, representante de estrellas del espectáculo —entre ellas, los cantantes Alejandro Sanz y Shakira—, preside una fundación a favor de la educación infantil y viaja frecuentemente al extranjero por razones ajenas a su actividad parlamentaria.

Aunque el pluriempleo de Michavila y su absentismo en el Congreso le han granjeado abundantes críticas en el hemiciclo, incluso entre sus propios compañeros de filas, a la hora de votar muy pocos se atreven a censurar su actitud: sólo 43 diputados —el 12 por 100 de la Cámara— votaron contra el informe que permite casos como el suyo. 256 lo hicieron a favor. La razón de esa descarada muestra de corporativismo resulta tan sencilla como irritante: nadie está dispuesto a arrojar piedras sobre su propio tejado, y la inmensa mayoría de los diputados se opone a cualquier iniciativa que suponga endurecer el régimen de incompatibilidades de sus señorías y dar transparencia a sus actividades privadas. De hecho, casi el 90 por 100 de los 350 miembros de la Cámara tiene otras ocupaciones fuera del hemiciclo, pese a que la Ley del Régimen Electoral General les impone dedicación absoluta a su labor parlamentaria.

La ley electoral prohíbe expresamente a los diputados contratar con la Administración pública, y ese veto también incluye a los ayuntamientos, pero el Congreso prefiere hacer la vista gorda, y no sólo con Michavila. El bufete del ex ministro de Justicia cita en su propia página web como méritos de sus abogados los «servicios al Estado». En sus ratos libres, el diputado del PP encabeza este despacho, Eius, que se distingue por estar formado por letrados que pisan diariamente la línea que separa lo público de lo privado: «Desarrollan su actividad profesional respecto a clientes concretos del despacho, dentro y fuera de España en materias de su especialidad, compatibilizando esas funciones con su dedicación a la vida académica y al servicio del Estado».