Por LIDIA FALCÓN
Cayo Lara dice que su generación que vivió la dictadura sabe lo que es la Transición. «Yo soy de los que defiende que se hizo lo que se podía, los sindicatos y la izquierda conquistaron lo que pudieron. Y fue un pacto no de élites. Algunos lo califican de pacto de élites… Fue un pacto de élites que estaban en la cárcel y en el exilio y otros que estaban en el poder y en la dictadura. Se habría podido avanzar mucho, pero la ruptura de ese pacto por parte de la derecha política y económica es lo que nos ha llevado a esta situación de deterioro. El no haber desarrollado España como Estado federal y plurinacional nos ha llevado a la situación actual respecto a Cataluña.»
No sólo Cayo Lara y su generación vivieron la dictadura y la Transición. Otros como yo, que pertenecemos a la generación anterior, y todavía la de mis padres, que muchos estaban vivos, las vivimos también. Y estuvimos en pie de guerra durante largos años para que no se ratificaran los pactos que nos traicionaban. La Transición fue la gran Traición. De los que estaban en el exilio, como Carrillo. y de los que habían estado en la cárcel. como Camacho. Solé Tura y otros redactores de la Constitución ni habían estado en la cárcel ni en el exilio, y pronto se vio el beneficio que obtuvieron. Por supuesto los grandes beneficiados fueron los que estaban el poder y que no lo abandonaron.
Es falso que se hubiera podido avanzar mucho con los pactos de la Transición, la prueba es el camino que hemos andado. Y no únicamente por culpa de la derecha, a menos que creamos que las derechas son demócratas y benéficas y sólo ahora, con Rajoy de gran culpable, han cambiado. Desde el momento en que el Partido Comunista acepta la Monarquía, el himno franquista y la bandera borbónica; el mismo Ejército que había masacrado a su pueblo, la misma Iglesia que había sido cómplice del genocidio español, y consiente en mantener intacto el reparto de la riqueza, el poder de la banca, de los grandes consorcios industriales y de los latifundistas del sur y del oeste de España, y aprueba la Ley de Amnistía del 77 que dejaba impunes a los asesinos fascistas, la rendición de las clases trabajadoras era sin condiciones. Tan sin condiciones que un año antes de aprobar la Constitución se firmaban los Pactos de la Moncloa para entregar todo el poder al capital y dejar al proletariado sometido a la patronal.
Y tan humillante rendición se acepta por el PCE para implantar esta parodia de democracia que reinstaura a una Casa Real corrupta, que nos está esquilmando desde hace 39 años, y que alterna en el gobierno a uno u otro partido, ambos siervos de la Banca Mundial, de las multinacionales y de la empresa armamentística, mediante la parodia de elecciones en que los resultados están previstos de antemano. Es demasiado el precio que se ha pagado por el acta de legalización del Partido Comunista.
Que nadie arguya que sin esa legalización el PCE no podía participar en política. Un partido que fue el hegemónico durante 40 años de dictadura, cuyos heroicos militantes habían sufrido persecuciones, torturas y asesinatos sin cuento, ¿qué podía temer en la era de las “democracias” europeas? Todos sabíamos que la clandestinidad se había acabado, quizá no pudiera obtener los escaños en el Congreso y las concejalías en algunos ayuntamientos, pero el precio de tanta rendición era demasiado barato.
A raíz del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 escribí un análisis que publiqué en Poder y Libertad (¿dónde iba a ser?) sobre la imposibilidad de que aquel golpe triunfase. Y eso que todavía no tenía todas las claves de la implicación del rey y de los socialistas en el diseño del otro golpe, el de Armada. No me equivoqué. Ni la situación de Europa en aquel año ni el lugar que tenían en la producción, y en la ideología dominante, el Ejército, la banca, los consorcios industriales, los Grandes de España que poseen Andalucía y Extremadura, y la Iglesia, podían propiciar un golpe a lo del año 36. Como decía Marx, si la primera vez fue una tragedia, la segunda fue una farsa. Y así fue y así ha sido. Al fin y al cabo, los vencedores de la Guerra Civil seguían, y siguen, siendo los que detentaban el poder; no necesitaban provocar una nueva guerra.
Los Pactos de la Moncloa hundieron la capacidad adquisitiva del proletariado, el Estatuto de los Trabajadores anuló ventajas y derechos que había concedido la dictadura y la Ley de Amnistía garantizó la impunidad de los asesinos y ladrones que nos habían aniquilado y esquilmado. Todavía están en todas las cunetas, caminos, cementerios y carreteras de España los restos insepultos de nuestros padres y de nuestros abuelos, que en número de más de 150.000 convierten a España en el más grande cementerio. Y cuando en esforzado trabajo, costeado por ellos mismos, los nietos de los asesinados han conseguido hallar una fosa con restos humanos, los jueces se niegan a acudir a levantar los cadáveres, contraviniendo toda norma legal.
Somos el país con más desaparecidos del mundo, en proporción a su población, después de Camboya. Y el más desgraciado. Porque hasta en Camboya y en Sudáfrica se ha constituido una Comisión de la Verdad y se ha enjuiciado a algunos de los criminales que perpetraron las matanzas. En Argentina, en Chile, en Uruguay, en Guatemala, en El Salvador, en Italia, en Grecia, en Portugal, en Alemania, se ha procesado a algunos de los verdugos, que hasta han llegado a ingresar en prisión, mientras que en España los genocidas son los que gobiernan el país, ellos o sus hijos o sus cómplices. Nunca se ha investigado la fortuna de los Franco, de la que siguen disfrutando sus herederos. Nunca se ha enjuiciado a Manuel Fraga, a Serrano Suñer, a Arias Navarro, a Martín Villa, que mantiene las mismas prebendas y negocios.
Contra todo lo que defienden los hagiógrafos de La Ley de Amnistía, desde Nicolás Sartorius a Manuel Fraga, ese cuerpo legal no vino a sacar de la prisión a los antifranquistas encarcelados sino a garantizar la impunidad de los franquistas. El indulto del 27 de noviembre de 1975, por la coronación del nuevo rey, dio la libertad a miles de presos por delitos de asociación, opinión, sindicalismo, prensa, como al propio Sartorius y a Camacho y a los del proceso 1001. Y sobreseyó los sumarios y dejó sin juicio a miles de nosotros que nos encontrábamos en libertad provisional. El segundo indulto en el 76 concluyó de liberar a los que tenían acusaciones de más calado y posteriormente, en el 77, cuando se aprueba la Ley de Amnistía, solo quedaban encarcelados 70 u 80 presos de ETA condenados por terrorismo. Esta fue la única contrapartida por haber dejado sin Memoria Histórica, sin pasado, sin justicia y sin compensaciones a cientos de miles de represaliados por el fascismo y a todo un pueblo.
Cayo Lara podía saber, y debía decir, que es falso que los redactores de esa perversa Constitución se propusieran construir un Estado Federal. Ni en 1978 ni en 2015. Desde el mismo momento en que aceptaron la Monarquía sabían que estaban aherrojando a los pueblos de España. Para eso la escribieron, para seguir explotando a los trabajadores y las trabajadoras, para impedir que se proclamara la III República, para que no se pudiera articular la forma de Estado como una Federación. Sometido el país al Ejército como garante de la unidad de España. Ni aunque ahora el PSOE invente esa farsa de federalismo tiene voluntad de implantarlo, porque lo primero que es preciso para ello es proclamar la III República. Nunca se ha visto mayor disparate político y jurídico que el de una Monarquía Federal. Y ni siquiera Cayo Lara se lo dice.
Todo esto, y mucho más, como los más de trescientos trabajadores, mujeres, y militantes de la izquierda, asesinados por los fascistas entre 1925 y 1982, contuvo la tan elogiada Transición. Y Cayo Lara no sólo debería saberlo, sino que debería explicárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos antes de que se embrutezcan totalmente con las enseñanzas oficiales, con la propaganda dominante de las televisiones en poder de las oligarquías. Cayo Lara tiene la responsabilidad de estar informado y de informar, porque para eso es dirigente de Izquierda Unida, y aunque ya no se llame Partido Comunista muchos camaradas están ahí, muchas mujeres y hombres de izquierda siguen entregando su esfuerzo para que este país no sea tan amnésico, tan cruel, tan indiferente, tan cainita con sus antepasados y con sus contemporáneos. Y las mujeres y los hombres de las clases explotadas no se merecen una explicación falsa y traicionera como la que precisamente está defendiendo la derecha, desde Rajoy a González. ¿No es una extraña casualidad?
Fueron los comunistas los que inventaron la autocrítica. Más exigentes que los que les habían precedido hasta entonces en las luchas políticas, decidieron no entregarse a la autocomplacencia de sentirse satisfechos con todo lo actuado. Tanto han sido críticos con ellos mismos que en ciertos momentos se han despedazado, y ahora, cuando ya ha llegado el momento de ajustar cuentas con el enemigo, ahora aceptan la tesis de éste y muestran que están padeciendo el síndrome de Estocolmo, como decía tan certeramente Carlos París.
Pero lo que nosotros, los resistentes, no podemos aceptar con resignación es que la Historia la escriban los enemigos y los conformistas. Porque nuestros antepasados, aquellos que dieron la libertad y la vida por evitar el triunfo fascista, se merecen que se reivindique su heroicidad, y también nuestros descendientes se merecen que les cuenten la auténtica historia, a los que de otra manera dejaremos en la ignorancia y el engaño para que sufran nuevas derrotas. Como también nosotros mismos, los que aún estamos vivos y sabemos lo que fue la interminable lucha contra la dictadura y más tarde contra la democracia, por tener un país digno que legarle a nuestros hijos, no nos merecemos tanta mentira.
Hasta la última gota de saliva, hasta el último resuello del aliento, hasta el último minuto de vida, debemos seguir gritando la verdad; esa que, como decía Antonio Gramsci, es siempre revolucionaria.
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