2 febrero 2018
El Atlántico Sur es una de las regiones más ricas del mundo en recursos pesqueros, gracias a las corrientes marítimas y la abundancia de nutrientes. Sin embargo, la actividad en aguas internacionales no está exenta de polémicas por la falta de regulación.
Al sur del océano Atlántico, a unas 200 millas frente a la costa de Argentina, una enorme mancha de luz se destaca en las fotografías satelitales nocturnas. No se trata de los focos de una ciudad en actividad, sino de inmensos barcos pesqueros, muchos de ellos con banderas de países en las antípodas.
Cuando en 2012 la NASA publicó una imagen del sur de América, debió difundir una nota para explicar qué había detrás de esta curiosa estampa, que dejó perplejos a muchos: en ese sitio en medio del mar no hay asentamientos humanos, ni pozos de gas o fuegos.
«Pero hay una enorme cantidad de barcos pesqueros. Munidos de luces para la pesca nocturna, las naves se agrupan en alta mar a lo largo de líneas invisibles: el eje submarino de la plataforma continental, la corriente de Malvinas —rica en nutrientes— y las fronteras de las zonas económicas exclusivas de Argentina y las islas Malvinas», describe la NASA.
Los pesqueros utilizan las luces para atraer el Illex argentinus, una preciada especie de calamar. Según explicó a Sputnik el especialista en conservación marina Milko Schvartzman, se trata de la principal captura de una flota de entre 350 y 400 barcos de bandera china (40%), española (12-15%), taiwanesa (17-18%) o surcoreana (18-20%). La mayoría de estas naves goza de subvenciones de sus naciones de origen a través del combustible y el instrumental de navegación.
Schvartzman, un activista contra la pesca «ilegal, no regulada o no declarada» (IUU, por sus siglas en inglés), se dedica a vigilar meticulosamente en páginas de rastreo satelital la presencia de los pesqueros en esa mancha luminosa.
A criterio del experto, la actividad de los barcos extranjeros tiene serias consecuencias en los ecosistemas y las economías locales, pero está protegida por una «connivencia» de las autoridades de países de la zona (particularmente Uruguay) y apunta al puerto de Montevideo como un centro neurálgico de pesca IUU. El Estado, el sindicato de trabajadores y las cámaras empresariales del sector en Uruguay rebaten estas acusaciones.
¿Qué es la pesca IUU?
La pesca es considerada ilegal cuando la actividad se da en conflicto con la ley del país en cuyas aguas se realiza, o cuando viola las reglamentaciones de organismos con jurisdicción en zona internacional.
«Pero cuando esos barcos están en aguas internacionales, fuera de la zona económica exclusiva, más allá de las 200 millas, como pasa con los barcos que están en el Atlántico Sur, no se la puede llamar ilegal porque no hay una prohibición de pescar allí. Lo que sí tiene esta pesca es que no está regulada, ni reglamentada, ni tiene ningún tipo de control», aseguró Schvartzman a Sputnik.
Mientras que los barcos que realizan pesca estrictamente ilegal son casos puntuales, la mayoría de las actividades en aguas internacionales no están cometiendo necesariamente un ilícito a los ojos del orden jurídico. En total, la pesca IUU representa un giro de entre 9.000 y 23.000 millones de dólares según la FAO.
¿Qué regulaciones hay en el Atlántico Sur?
La mayoría de los barcos que pescan en el Atlántico suroccidental pasa entre cuatro meses y un año en alta mar y evitan ir a puerto para abaratar costos. La descarga de la mercadería se hace a través de transbordos en alta mar a gigantescos buques refrigerados, llamados 'reefers' en la jerga naval.
Según la organización Oceana, realizar transbordos en alta mar «puede ser legal en muchos casos, pero puede facilitar el blanqueo de pescado capturado de manera ilegal, especialmente en alta mar y en aguas alrededor de países en desarrollo o pequeños Estados insulares con recursos insuficientes para patrullar sus aguas».
La zona frente al mar territorial argentino es una de las que presenta más densidad de esta práctica en el mundo. El puerto de Montevideo es, según Oceana, el segundo en escala global donde llegan las naves una vez que reciben la mercadería de los pesqueros. De acuerdo con una nota de prensa de la presidencia uruguaya, en 2015 en esa terminal se realizaron «más de 1.500 descargas», de las cuales una cifra superior a la mitad «fueron de barcos que fueron transbordados en alta mar».
En otras regiones, el espacio internacional está controlado por organizaciones regionales de pesca conformadas por los Estados interesados, que establecen cuotas para la captura de determinadas especies y fijan las condiciones, pero no es el caso de las aguas en cuestión.
«El Atlántico Sur sigue hoy en día bastante librado a la actividad como tal, pero el buque para pescar tiene que tener una licencia de su bandera que es la que le permite operar en aguas internacionales. A su vez, los buques muchas veces tienen otras licencias para ingresar a aguas de países y territorios ribereños y pescar», dijo a Sputnik Aldo Braida, presidente de la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros de Uruguay (CAPE).
Esta entidad, creada en 2016, nuclea a agencias uruguayas que representan a empresas marítimas internacionales y proveen servicios a los barcos que pasan por los puertos del país. Según Braida, «el ideal sería una pesca sustentable y controlada».
La CAPE, a través de sus miembros, representa los intereses de unos 120 buques de nacionalidad china, surcoreana, española, taiwanesa y británica. Todos ellos ingresan al puerto de Montevideo y se someten «a inspecciones de las autoridades (uruguayas) que verifican el cumplimiento de las normas internacionales». Braida subrayó que hay «un número muchísimo mayor que no ingresa a Uruguay» y que por lo tanto no tiene vínculo con la cámara.
El Estado uruguayo, por su parte, reconoce que los transbordos en alta mar pueden esconder prácticas irregulares, pero asegura que realiza inspecciones «en un 100%» antes de permitir el ingreso al puerto, según el Servicio de Prensa de la Presidencia. El país realiza este control en conformidad con el «Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto», un tratado vinculante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ratificado por Uruguay en 2013.
Carlos Vega, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), dijo en diálogo con Sputnik que en el pasado el puerto de Montevideo «era muy común» ver naves con banderas extranjeras vinculadas a la pesca ilegal, pero hoy en día «ningún barco puede entrar sin la autorización para pescar en distintos mares».
Schvartzman, por el contrario, consideró que las empresas que capturan en esas condiciones y hacen escala en Montevideo «no cumplen» ningún lineamiento sobre «sustentabilidad», «fechas de veda» o protección del medio ambiente, con un trágico impacto para las especies pescadas, pero también en todo el resto de la cadena alimenticia.
La mano de obra, objeto de polémicas
El trabajo de la pesca es «muy sacrificado», aún en condiciones ideales, subrayó Vega. La lejanía de los seres queridos, las duras condiciones a la intemperie, las temperaturas y la convivencia a bordo posicionan a los marineros al trabajo «quizás más difícil después del de los mineros», según el secretario del Suntma.
Para los migrantes que tripulan los barcos internacionales la situación es un poco peor. En diversos medios locales y globales han trascendido casos de pescadores migrantes que desembarcan en Montevideo gravemente enfermos o con signos de violencia física por parte de los oficiales de los barcos.
Schvartzman también subraya ese punto como uno de los más preocupantes de la pesca en aguas internacionales del Atlántico sur, que emplea en su mayoría a nacionales africanos, filipinos e indonesios. Estos trabajadores cobran salarios bajos y están sometidos al trabajo «esclavo»: según el argentino, una vez en alta mar, los capitanes de los barcos los someten a condiciones inhumanas e incumplen con el pago de sus haberes.
El estipendio de un marinero indonesio ronda entre los 400 y 500 dólares, alrededor de un salario mínimo en Uruguay. Aunque a criterio de Vega en el país sudamericano con ese dinero «la gente se muere de hambre», en su nación de origen se trata de «un buen salario».
De este punto, según el representante de los trabajadores, se aprovechan las pesqueras y la marina mercante. La situación es particularmente grave en los barcos de bandera coreana «con la gente de color», aseguró el sindicalista.
«En algunos la mala alimentación llevó a que algunos compañeros vinieran con tuberculosis. Y algunos compañeros asiáticos también llegaron con lesiones, producto del castigo del capitán a bordo», aseveró Vega, cuyo gremio ha «acobijado», asesorado y «tratado de repatriar».
Respecto a este punto, Javier Bossio, secretario de la CAPE, subrayó que las agencias de pesca extranjera «son los representantes de los armadores en lo que respecta a Uruguay». Por lo tanto, dijo, en los buques que representan se da cumplimiento a la normativa laboral exigida por las autoridades uruguayas.
«Lo que pueda pasar en aguas internacionales solamente lo puede saber el armador, difícilmente lo sepa algún periodista y difícilmente lo sepamos nosotros. La realidad es que ha habido una profesionalización que ha mejorado en los últimos años», comentó el dirigente empresarial. Actualmente, afirmó, «se requiere una documentación y una capacitación que hacen mejorar la calidad de trabajo de los barcos».
El impacto ambiental y económico
Como las aguas internacionales no están regidas por ninguna cuota de pesca, los buques echan sus redes y anzuelos sin observar temporadas de crecimiento o reproducción, según Schvartzman.
El 60% de la pesca en cuestión la constituye el calamar: según el experto, son unas 500.000 toneladas de la especie Illex argentinus en base a estimaciones, ya que al no estar regulada la actividad, las cifras son difusas. Este molusco es, junto al plancton, una de las «columnas vertebrales» del ecosistema marino del Atlántico Sur.
«Es el principal alimento de una cantidad de mamíferos como delfines, lobos y elefantes marinos y cachalotes. También de pingüinos, aves marinas y otras especies de peces», comentó el ambientalista.
La sobrepesca, puntualizó, ha redundado en «problemas de alimentación» documentados en Malvinas y las costas. Además, «se habla poco» de la flota de 400 barcos «que tiran permanentemente residuos, aceite de motor, redes abandonadas y todo tipo de basura».
Por su parte, para Braida esta actividad «es 100% aporte» para la economía, porque «no consume recursos uruguayos». «El buque descarga y despacha en Montevideo; compra víveres, agua, y combustible pero su productividad viene desde aguas internacionales, entonces más allá de los subsidios creo que económicamente a nosotros no nos afecta», concluyó.
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