El pasado sábado se reunieron en La Moncloa junto a ZP y sus ministros de Interior y de Economía: El presidente de Telefónica, César Alierta; el presidente del Banco Santander, Emilio Botín; así como los de Repsol-YPF (Antonio Brufau); Grupo Planeta (José Manuel Lara); Anfac (Francisco Javier García Sanz) y Endesa (Borja Prado). El presidente del BBVA, Francisco González; el presidente del Corte Inglés, Isidoro Álvarez; junto al de Gas Natural-Unión Fenosa, Salvador Gabarró; el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el de Mapfre, José Manuel Martínez; el de ACS-Dragados, Florentino Pérez; la presidenta de Hispasat, Petra Mateos Aparicio y la consejera delegada de Hoteles Riu, Carmen Riu. Ya que dos de las convocadas (Mercadona y Cepsa) no han acudido a la cita. Fueron en total estas 37 empresas multinacionales las convocadas (sumando las dos excepciones anteriormente citadas): Acciona, ACS, Banco Santander, Banco Popular, BBVA, Caja Madrid, Cepsa, El Corte Inglés, Ebro Foods, Endesa, FCC, Gamesa, Gas Natural-Fenosa, Grifols, Ferrovial, Cooperativa Mondragón, Iberdrola, Iberia, Inditex, Indra, La Caixa, Mapfre, Mercadona, OHL, Repsol, Sacyr-Vallehermoso, Sol Meliá, Telecinco y Telefónica, además de la asociación española de fabricantes de automóviles y camiones, Anfac. Así como Abertis, Banco Sabadell, Globalia, Hispasat, Hoteles Riu, Grupo Planeta y Técnicas Reunidas.
Y Zapatero nos dice: «El Gobierno se ha comprometido con seguir con las reformas estructurales y a algo más, a realizarlas con la máxima celeridad.» ¡Mal lo veo para nosotros los trabajadores, los sencillos, la gente de la calle: el Pueblo! ¿Dónde está la democracia?
Y como bien nos dicen desde la CGT a través de este comunicado de su Secretariado Permanente:
Estas 37 empresas representan el 40% del Producto Interior Bruto de este país, 400.000 Millones de euros, de los cuales, cerca del 40% los obtienen en el exterior, especialmente en América del Sur y América Central, ocupan a más de un millón de trabajadores y trabajadoras y concentran la mayoría de las exportaciones.En el año 2009, obtuvieron 40.000 millones de euros de beneficios netos y en el 2010, de enero a junio, sus beneficios netos han crecido un 8%, situándose en los 25.000 Millones de euros.Con estas cifras, están exigiendo que 23 millones de trabajadores y trabajadoras seamos ninguneados y expoliados al imponernos rebajar las rentas salariales (moderación salarial), terminar con la negociación colectiva como elemento esencial del cuerpo colectivo de derechos laborales y que el sistema público de pensiones y de jubilación, se privatice y se reforme en un sentido contrario al reparto de trabajo y al derecho a una pensión pública suficiente y digna.Las políticas de Ajuste del Gobierno, en concordancia con los Gobiernos de la UE, el FMI, la OCDE y el BCE, han sido no sólo lesivas contra los derechos de la mayoría social, trabajadores/as, pensionistas, mujeres, jóvenes, migrantes, sino absolutamente injustas y antidemocráticas, pues todas ellas, suponen aumentar las desigualdades sociales, con ataques destructivos de lo público y una primacía del interés privado, especialmente del representado por el tridente financiero–inmobiliario–energético, quienes, siendo los responsables de esta crisis, han recibido todos los dineros públicos para financiar su «robo y su gran estafa».Esta injusticia social es una burla a la soberanía popular y a las reglas de su propio juego democrático. 37 Poderosos Empresarios, no pueden decidir sobre la vida de 44 millones de personas. Ellos no han sido elegidos por nadie, ellos explotan recursos colectivos que no les pertenecen. La generación de riqueza de sus empresas, no es producto de su trabajo, sino del trabajo de ese millón de trabajadores y trabajadoras, es decir, es una riqueza social que es apropiada individual y egoistamente por estos 37 empresarios, que ahora dictan al gobierno «Que no le tiemble el pulso, que sea firme, rápido y contundente» en la adopción de nuevas medidas antisociales como la privatización y reforma del sistema público de pensiones y la reforma de la negociación colectiva con el objetivo de que desaparezcan todos los derechos laborales y sociales actuales.La patronal, con el apoyo de los políticos, está consiguiendo todos sus objetivos. Los trabajadores y trabajadoras sólo tenemos un camino: La movilización social continuada hasta convocar nuevas Huelgas Generales que pongan freno a tanta injusticia.Secretariado Permanente del Comité Confederal.
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