por Félix Bornstein
Cuarto poder, 03/02/2012Paradoja interrogativa: ¿debe beneficiarse un grupo que aspira a la santidad de la desgracia y el sufrimiento de sus hermanos, aunque éstos sean pecadores y no aspiren a ser santos? En mi modesta opinión, no. Aunque les tiente el Diablo, los buenos no deben aprovecharse del mal ajeno, pues el mandamiento cristiano que dice “amarás al prójimo como a ti mismo” (el imperativo más elevado de perfección) se lo impide a sus conciencias. Sin embargo, en esta crisis económica tan extraña y tan poco sujeta a la razón y al sentido común, es el prójimo no cristiano el que, además de llevarse su propia ración de hostias, pondrá también la otra mejilla. ¿Por qué? A lo peor es que los impíos tienen unos administradores desleales que compran las indulgencias del jefe de los cristianos para evitar que les suelte a sus Domini canis en la próxima romería. Porque en nuestra bendita España la confusión entre la Iglesia y el Estado fue, es y será eterna por la gracia de Dios, y el presidente del Gobierno, cuando no está el Rey, ha sido investido por la Constitución con el cargo de Romero Mayor.
Hacienda va a ingresar algo más de cinco mil millones de euros adicionales en los años 2012 y 2013 como consecuencia de la subida del IRPF decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy el último 30 de diciembre. De ese dinero extra el Estado dará a la Iglesia Católica previsiblemente (la cifra final dependerá de lo que hagan las comunidades autónomas, pues el IRPF es un tributo compartido al 50%) el 0,7% del importe correspondiente a sus fieles, ya que la subida se ha hecho mediante una serie de recargos extraordinarios que elevarán la cuota íntegra del Impuesto. Que es precisamente la magnitud establecida por la Ley 42/2006 para medir la contribución del Estado al sostenimiento de la Iglesia. Por ahora los ordinarios del lugar y el resto del clero católico ya tienen entre sus manos el botín que representan los recargos del IRPF sobre la cuota íntegra estatal. La propina autonómica no tardará en redondear sus emolumentos, porque de la cruzada contra el déficit regional acaudillada por Cristóbal Montoro no se libran ni los cantonalistas de Cartagena. Las comunidades también ahogarán a sus súbditos (llamar ciudadanos a sus víctimas me parece una broma), y el pellizco que sobre irá derechito a la capilla de La Dolorosa.
Si hasta ahora el Vaticano presumía de tener el mejor servicio diplomático del mundo, hoy la justicia divina le obliga a poner un taburete en el escalafón para sentar en el mismo rango a sus astutos asesores fiscales. La recesión ha sido un nicho de oportunidad para sus expertos y en España ya se puede decir, en contra del refranero: “Mal de muchos, consuelo de sacerdotes”. Además, como los católicos, especialmente los muy ricos, no suelen pecar mintiendo sobre sus ingresos cuando presentan las declaraciones tributarias, no existe el peligro de que lo que olvidan pagar a la Iglesia de sus amores al recibir sus servicios privados, lo hurten igualmente en sus liquidaciones del IRPF. Miel sobre hojuelas. Azaña dijo que nuestro país había dejado de ser católico. Cierto, los más de cinco millones de españoles que están en paro se miran al espejo después de salir de la cama y dicen: “Hoy no me encuentro muy católico”. Pero la Iglesia no tiene ningún motivo para poner en entredicho su identidad.
El Decreto-ley de Mariano Rajoy también regala a la Curia otros caramelos muy dulces, siguiendo el código de buenas prácticas aprobado por los revolucionarios del PSOE. Le garantiza a la Iglesia, durante el año 2012, unos anticipos mensuales de 13.266.216,12 euros. Es verdad que esta cifra es la misma que la del ejercicio 2011, pero ya quisieran muchos ver “congelados” de esta forma sus ingresos. Por dos razones. Primera: porque en el marasmo de la crisis el Estado, y sobre todo las comunidades y los ayuntamientos, no anticipan nada a sus proveedores y empleados públicos, sino que (en el mejor de los casos) han reducido sus créditos o salarios y (en el peor) retrasan los pagos o simplemente no atienden las deudas comprometidas. Segunda: porque, en comparación con lo que sucede con la asignación relativa a fines sociales, el Estado liquidará a la Iglesia de Roma un año antes las cantidades atribuidas a su financiación pública. Es decir, que los excesos sobre los mencionados anticipos a cuenta (una deuda estatal que se producirá irremediablemente como consecuencia de la subida del IRPF) estarán muy pronto a disposición de una organización a la que, como se decía en los viejos convenios internacionales, se le ha dado el trato comercial de “Nación más favorecida”.
Me alegro. Por fin el avinagrado cardenal Rouco puede decir que se le ha aparecido la Virgen. Sonría, Monseñor. Que le vamos a llenar la hucha del Domund.
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