El sustento del clero español

El artículo 16. 3. de la Constitución española de 1978 dice: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.»

En un número de la revista La Clave del mes de octubre, hay un artículo de portada titulado Los dineros de la Iglesia de Nazaret Castro, en el que se asegura que el clero español recibe en ayudas del Estado, y otras entidades autonómicas y locales, un total en torno a los cinco mil millones de euros al año, ¿será lo que el artículo constitucional se refiere como «relaciones de cooperación»?

La Iglesia católica española no es una única institución, se habla de hasta unas 40.000 instituciones que la componen. Las relaciones del Estado con el clero consisten en los 3.200 millones que sirven para subvencionar a los 2.400 colegios católicos (el 80% son centros concertados) y unos 520 millones para pagar los sueldos de los profesores de religión (15.000 en la enseñanza pública, aunque bajo las ordenes de los obispos), o los casi 300 millones para las indemnizaciones judiciales por reclamaciones de catequistas. Además de los salarios de los capellanes militares, penitenciarios y de los hospitales. En subvenciones a la sanidad privada y la asistencia social unos 600 millones. Las ONG católicas como CÁRITAS, MANOS UNIDAS, INTERMÓN,… hasta el centenar, reciben 90 millones de euros de ayudas. Para la conservación y rehabilitación de su patrimonio histórico se entrega una partida de 200 millones.

Con todo lo comentado hasta ahora, habría que incluir los 750 millones de euros que se ahorran como los privilegios fiscales que tienen por estar exentos del pago del IVA, el IBI, el IRPF, los de las donaciones y las sucesiones.

Pero todavía hay que añadir a todo esto, lo que el sistema de asignación tributaria les destina de más. El gobierno socialista actual, a pesar de la confrontación supuesta que tiene con los obispos, es el más generoso de todos los que ha habido desde la Transición, en este año tiene proyectado la entrega de 153 millones de euros a la Iglesia católica de los Presupuestos Generales del Estado (en el año 2004 fueron solamente 138 millones, 144 millones en el 2006 y 150 millones en 2007). Desde 1998, el Estado adelanta una cantidad mensual a la Iglesia, que corresponde al 0,52% (la Iglesia ha obtenido del gobierno socialista hasta el 0,7%) del IRPF que año tras año la cantidad recaudada excede a lo acordado, y el gobierno perdona esta diferencia en el llamado «complemento presupuestario» (unos 230 millones en los últimos diez años). Este dinero va al Fondo Común de la Iglesia que se utiliza para pagar los sueldos de los obispos y sacerdotes, más los pagos de gestión de la Conferencia Episcopal.

Y los obispos aseguran que las donaciones de los fieles son su única fuente de ingresos, su autofinanciación, por lo que se ve no. Y no hablemos de la especulación inmobiliaria, las inversiones en Bolsa o el cobro de entradas en los monumentos sostenidos con ayudas estatales, o de la cesión de terrenos por ayuntamientos para construir templos. Subvencionar la sanidad y la enseñanza es una cosa, otra es pagar los sueldos de curas y obispos; no es los mismo «sostener» que «cooperar», y menos en un Estado que se autodefine como «aconfesional». En este caso, tendrían que revisar el Concordato con la Santa Sede.

Como dice sobre el tema el diputado socialista Álvaro Cuesta: «La jerarquía eclesiástica ha buscado la confrontación, pero los hechos, las cifras, desmienten que exista el conflicto.»