martes, 3 de junio de 2014

El fin de la Borbonquía

 

Después de treinta y ocho años de reinado, Juan Carlos I ha decidido abdicar, con nocturnidad y alevosía, dos características que definen su reinado a la perfección


Hoy 2 de Junio de 2014, después de treinta y ocho años de reinado, Juan Carlos I ha decidido abdicar, con nocturnidad y alevosía, dos características que definen su reinado a la perfección. Una época, que yo he bautizado como la «borbonquía», expresión que caracteriza, a mi juicio, la particular forma con que en este país se ha entendido la Monarquía parlamentaria.

Dicha forma de gobierno nació en la Inglaterra del siglo XVIII, de la circunstancia histórica de que la casa Hannover se desentendiera de las labores de gobierno, y que se desarrolló plenamente en el siglo XIX cuando la Monarquía intento reinventarse a si misma y hacer frente a la creciente democratización de los gobiernos representativos. Frente al poder democrático, representado por las asambleas legislativas elegidas por sufragio universal, se le oponía un elemento monárquico que se decía representaba la unidad y la permanencia del Estado, constituyéndose la corona en una especie de poder, neutro, moderador y no partidista que arbitraba el correcto funcionamiento de las instituciones e impedía que no se «cayese» en los supuestos extremismos, con los que la teoría política, al menos desde Aristóteles, venía vinculado a la democracia. En el franquismo se consideró que la monarquía parlamentaria era una forma «obscena» de Monarquía, una mera «república coronada» en expresión del jurista alemán Jellinek y, en cambio, se vio en la monarquía autoritaria una forma de vertebración institucional del franquismo sin Franco.

De ahí que, el ya abdicado Juan Carlos jurase fidelidad a esa forma de Monarquía histórica hispánica en 1969. No obstante en el tardo-franquismo, las oligarquías del régimen anterior decidieron que esos ropajes autoritarios y esa legitimidad dictatorial, no podía ser compatible con una democracia de partidos, que ellos consideraban como un «mal» necesario para seguir detentando el poder social y económico de este país. Con este propósito de planteó la Transición, como una operación política de puro Gatopardismo, donde supuestamente un monarca, Juan Carlos, profundamente demócrata, según nos contaron los Ansón de turno, iba a dinamitar con mucha audacia las estructuras del régimen anterior para traernos la tan ansiada democracia. La verdad es que una buena parte de la oposición cayó en el engaño y pactó con las oligarquías franquistas capitaneadas por el rey impuesto por Franco. De ahí surgió la Constitución de 1978, un sistema político aparentemente democrático, donde el monarca tenía un papel institucional más o menos asimilable al de una Monarquía parlamentaría al uso. El título II de la Constitución se consideró que era una parte dogmática más del texto constitucional y que por ello su reforma exigiría un procedimiento agravado de reforma, el del Art. 168, el cual, dado el bipartidismo, que se consagró en la legislación electoral, condenó a los españoles, de por vida, a no poder expresarse democráticamente jamás a cerca de la forma de Estado.

A este blindaje institucional se le sumó una prensa obediente al poder y sumisa en todo lo que concerniese a la figura del monarca, respecto del cual sólo era posible la alabanza y la lisonja. El mito del golpe del 23-F constituyó el ejemplo más palmario de creación de una legitimidad carismática, en terminología weberiana, por parte de esa prensa «adicta» al nuevo régimen sententayochista. Mientras tanto «su majestad» se dedicó a seguir los «buenos» consejos de su «destronado» padre, Juan de Borbón, y a enriquecerse sobre la base de ejercer como «comisionista» de la marca España. Hasta el punto de compadrear con los más importantes dictadores del mundo, desde el rey Fahd de Arabía hasta Pinochet en Chile. Cualquier oportunidad de negocio era buena para nuestro «campechano» monarca. El clima de impunidad debía ser tal que hasta personas de su entorno como Alberto Cortina y más recientemente su «yernísimo» creyeron que la marca España era sínonimo de negocio fácil y lucrativo, haciendo de la cultura del pelotazo su particular contribución al desarrollo de la institución monárquica.

Sólo con el estallido de la burbuja económica, con el consiguiente desprestigio de las instituciones, nos ha permitido conocer la magnitud del engaño a que hemos sido sometidos los españoles, por parte de una «casta», en feliz expresión de algunos movimientos ciudadanos y políticos. Ahora que el «Borbón» se ha ido y los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, que en esto y en otras tantas cosas van de la mano, pretenden «colarnos» la continuación de la Borbonquía, mediante un apaño legalmente impecable, el del Art. 57.5, que establece el cauce de una ley orgánica para regular la sucesión por causa de abdicación del titular de la corona.

Mediante dicha ley, los dos partidos de la «casta», buscaran «reconciliar» a la ciudadanía con la institución monárquica, mediante fórmulas que garanticen una mayor transparencia y control de la institución. Lo que no harán , desde luego, es plantear la posibilidad de que la ciudadanía pueda expresar su derecho a tener un jefe del Estado de elección popular. Primer paso ineludible para poder contar en España con una República. Los que nos consideramos herederos de la tradición republicana debemos, hoy más que nunca, hacer nuestras estas palabras de la filósofa política Hannah Arendt, respecto de lo que supone una República: «contar con una ciudadania que se sienta individual y personalmente responsable del gobierno de su país» (Los orígenes del totalitarismo).

Por ello debemos expresar, con mayor fuerza que nunca, nuestra desaprobación ante cualquier intento de continuación de la Monarquía que no cuenten con el respaldo popular, expresado mediante el voto. Debemos dejar bien claro que la República no es ninguna utopía, ni tampoco ningún régimen político que ponga en cuestión la estabilidad política o la salida de la crisis, como quieren hacernos creer los terminales mediáticos del poder. De hecho es justo lo contrario, sólo saldremos de este marasmo político y económico, cuando los ciudadanos podamos ejercer como tales, expresando libremente y sin coacciones nuestras decisiones políticas y económicas fundamentales.

Hoy más que nunca, ¡VIVA LA REPÚBLICA!

Carlos Barrio
Lunes, 02 de Junio de 2014