Fuente: FRANCE Multiculturelle
Casi seis meses después de la caída de Laurent Gbagbo, en que se anunció el inminente fin de los combates entre las fuerzas leales al presidente derrocado y los de Alassane Ouattara, al nuevo gobierno se le acusa de incumplir sus promesas en materia de justicia contra la gente de su propio bando, sospechosos de haber cometido matanzas. Según un informe publicado el jueves, 6 de octubre, la organización de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW) nos dice: «desde que asumió el control del país, las primeras medidas adoptadas por Alassane Ouattara en la lucha contra la impunidad han sido, en el mejor de los casos, desiguales. A pesar de las reiteradas promesas del gobierno para pedir cuentas a todos aquellos que han cometido delitos graves durante el conflicto, la realidad es que es la justicia de los vencedores. Ningún miembro de las tropas de Ouattara ha sido acusado en el momento de redactar este informe». Este expediente titulado «Los mataron como si nada, era su costumbre» trata los cinco meses siguientes de guerra civil como consecuencia de la decisión de Laurent Gbagbo de no reconocer su derrota en las elecciones presidenciales de noviembre de 2010. El informe destaca que «cuando la lucha se detuvo a mediados de mayo, las Fuerzas Republicanas de Alassane Ouattara (el FRCI) también habían cometido atrocidades que entraban en el conjunto de los delitos más graves castigados por el derecho penal internacional».
Por otra parte, los magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) se opusieron en el caso de Costa de Marfil, en particular, sobre la fecha en que deberá tenerse en cuenta el comienzo de las investigaciones. La fecha seleccionada es la solicitada por Ouattara, desde el 28 de Noviembre de 2010, cuando Gbagbo había deseado que se remontase hasta el año 2002. Según Abidjan.net siempre que esta decisión judicial fuese el producto de «las últimas intrigas diplomáticas de los gobiernos francés y costamarfileño en La Haya».
Por otra parte, los magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) se opusieron en el caso de Costa de Marfil, en particular, sobre la fecha en que deberá tenerse en cuenta el comienzo de las investigaciones. La fecha seleccionada es la solicitada por Ouattara, desde el 28 de Noviembre de 2010, cuando Gbagbo había deseado que se remontase hasta el año 2002. Según Abidjan.net siempre que esta decisión judicial fuese el producto de «las últimas intrigas diplomáticas de los gobiernos francés y costamarfileño en La Haya».
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