El 10 de octubre, se ha celebrado el día de la Salud Mental y como
ya se introdujo en una entrada anterior, este año la Organización Mundial
de la Salud
(OMS) ha querido poner énfasis en la inversión en prevención y tratamiento.
Esto tiene aún más sentido en la época de crisis en la que nos encontramos
inmersos, pues en lo relativo a la salud mental, mayor inversión se traduce en
menor coste económico y por tanto en mayor ahorro para los países. No obstante,
en países como España aún falta realizar ese cambio de mentalidad, para llevar
a la práctica aquellas medidas que permitirían dar una atención mejorada a los
problemas de salud mental, reduciendo así el coste económico que a largo plazo
se deriva de una intervención deficitaria.
Los expertos nos ponen al corriente de el estado de la
situación, quejándose de que si bien es cierto que se ha producido una mejora
importantísima en el abordaje y la concepción de los trastornos mentales
(pasando de los internamientos psiquiátricos a los tratamientos ambulatorios en
Unidades Mentales, y del aislamiento del afectado a la integración en la
sociedad), aún quedan muchos pasos que dar para lograr una intervención óptima
que iría a favor de todos: De la sociedad por el ahorro que supondría y de las
personas afectadas (familiares y pacientes), que verían mejorada su situación y
su calidad de vida.
José María Sánchez Monge, presidente de FEAFES
(Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad
Mental) se queja de que los recortes presupuestarios que están teniendo lugar
pueden afectar seriamente la atención en salud mental. El problema radica en
que cuanto más recortes, peores y menores servicios y menos personas podrán
beneficiarse de ellos. Además, se corre el riesgo de que al reducirse
precisamente el número de servicios, obligatoriamente se tenga que cambiar de
un modelo de atención ambulatoria y continuada a un modelo centrado en la
atención a las emergencias. Caer en este segundo modelo de intervención
supondría descuidar, como Sánchez Monge dice, «aspectos considerados a veces
"secundarios", pero que resultan indispensables, como son la
prevención, la atención domiciliaria o la integración social».
El riesgo que se corre al trabajar en función de un modelo
de emergencia es llegar a lo que se llama «Síndrome de la puerta giratoria», en
referencia a pacientes que no dejan de salir de un ingreso hospitalario para
volver a entrar. Este fenómeno es favorecido cuando no se ha ofrecido
previamente una atención ambulatoria adecuada, de forma que precisamente se
prevenga ese primer ingreso, permitiendo a la persona llevar una vida más o
menos estable e integrada en sociedad. Cuando ya se produce un internamiento
hospitalario por trastorno mental, la situación es más difícil de abordar
(aunque no imposible) y genera mayor coste económico y mayor sufrimiento para
el afectado y su familia. Lo más alarmante es que esta situación ya se empieza
a detectar en algunas Comunidades Autónomas.
Los expertos e implicados reclaman no solo una mejora en
la intervención, sino una extensión mayor de la misma, para que todo el que lo
necesite pueda recurrir a ella. Defienden que no sólo se trata de un derecho
fundamental, sino que además, la atención continuada dentro de la comunidad (a
través de Centros de Salud Mental, Centros de Día, Centros de Rehabilitación
Psicosocial…) resulta más económica a corto, medio y largo plazo que la
limitada simplemente a «solucionar las crisis» (modelo de
emergencia). Esto viene apoyado por datos como los proporcionados por la OMS, que a través de la puesta
a prueba de diferentes programas ha constatado que al garantizar una atención
continuada a las personas con enfermedad mental dentro de su comunidad, se
reduce considerablemente el número de ingresos hospitalarios.
Los ingresos en hospital son la parte más costosa de todo
tratamiento y al proporcionar una intervención continuada no sólo se estarían
previniendo, sino que además se favorece que la persona goce cada vez de mayor
autonomía y requiera menos servicios, convirtiéndose de esta forma en un
ciudadano más activo e integrado, reduciendo al mínimo posible la incapacidad
que produce y el estigma social asociado.
La idea es que cada euro invertido en prevención serán
euros ahorrados en el futuro, pues la detección e intervención temprana evita
que el problema se agrave y permite tratamientos más cortos y eficaces, de
manera que la persona no llegue a deteriorarse tanto en todos los sentidos, ni
tampoco lo haga la familia.
En el sistema de salud de Reino Unido encontramos un buen
modelo a seguir. Ya hace años (2006-2007) se plantearon el hecho de invertir en
salud mental e incrementar el acceso a servicios de este tipo de manera rápida
y generalizada. Así incorporaron la intervención psicológica en los servicios
de Atención Primaria. Las razones eran las siguientes: Los costes económicos que
suponía al Gobierno británico la falta de tratamiento de los trastornos
mentales era de unos 17.500 millones de euros, relacionadas con la inactividad
de las personas que se encuentran de baja y/o el pago de pensiones por
incapacidad, los costes de los ingresos…; mientras que la puesta en marcha los
dispositivos de terapia adecuados, suponía únicamente un coste de unos 900
millones de euros. De estos datos el Gobierno británico concluyó que las
pérdidas por la falta de tratamiento adecuado de estas problemáticas, superaban
las inversiones que debería llevar a cabo para poner en marcha los servicios de
intervención adecuados. Las acciones emprendidas fueron lógicas: Mejorar los
servicios de salud para dar soporte a las necesidades de la salud mental. En estos
últimos años, los resultados han sido muy favorables, por lo que la inversión
se sigue manteniendo.
En España por el contrario, pasa algo muy distinto, si
bien existen leyes y acuerdos que bien podrían dar respuesta a las necesidades
actuales en Salud Mental, estas no se aplican. Como explica Sánchez Monge, «en
España no hace falta pensar en más leyes ni acuerdos, basta con terminar de
cumplir los ya aprobados» y cita varios ejemplos: La Estrategia en Salud
Mental del Sistema Nacional de Salud
(documento consensuado por todas las Comunidades Autónomas), supone una
excelente guía para todas las actuaciones en este ámbito. Por su parte, La Ley de Autonomía Personal, si
se desarrollara adecuadamente, permitiría a las personas con discapacidad
resultante de una enfermedad mental integrarse mejor en la sociedad, en lugar
de meramente recibir una atención paliativa.
Mirian Rocha
Mirian Rocha
No hay comentarios:
Publicar un comentario