Cuando apenas falta un mes para que expire el plazo concedido por la ONU al Reino de España para que el Gobierno comunique si ha comenzado a cumplir las recomendaciones del grupo de trabajo sobre los desaparecidos del franquismo y los niños robados, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no quiere hablar ni oír hablar del tema y sólo ha abordado el cumplimiento parcial del derecho de acceso a la información. La Plataforma de la Comisión de la Verdad sobre las víctimas del franquismo prepara una nueva campaña. Los familiares de niños robados vuelven a concentrarse este primer domingo de septiembre de 11 a 13.30 horas en la Puerta del Sol para exigir justicia y reencuentro. El pleno de Naciones Unidas ratificará el miércoles en Ginebra las exigencias a las autoridades españolas. Todo ello se produce al mismo tiempo que el Ejecutivo español opta a un sillón en el Consejo de Seguridad.
El portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Ramón Gómez de la Serna Villacieros —un alto funcionario en excedencia que mantiene una empresa de consultoría e intervino en 2012 como enviado de Javier Arenas y Ana Mato en la operación dirigida por el abogado Jorge Trías Sagnier para que el juez Pedreira exonerara al tesorero del partido, Luis Bárcenas, del caso Gurtel—, aseguró el 26 de agosto en la Diputación Permanente del Congreso que «hay tiempo más que suficiente» para abordar las recomendaciones. «Claro que lo hay —le replica el portavoz de la Plataforma de la Comisión de la Verdad, Jordi Gordon— todos los desaparecidos están muertos». Gómez de la Serna apeló al margen temporal de tres meses que concedió la comisión de la ONU el 2 de julio y que expira el 2 de octubre para rechazar las peticiones de comparecencia de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Gómez de la Serna dijo que las medidas no son definitivas, que las decisiones de la Transición son válidas y que la Ley de Amnistía de 1977 no es derogable. Pero, no obstante, aseguró que el Gobierno sigue intercambiando información con el grupo de trabajo de la ONU y ha recibido su informe «que todavía no es definitivo, pues ni siquiera figura en la web de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos». El eminente letrado no dijo la verdad: he aquí el enlace a la web de la ONU y el documento. Con todo, quiso demostrar que el Ejecutivo ya está cumpliendo algunas recomendaciones, como la Ley de Acceso a la Información, la tipificación del «delito autónomo de desaparición», en la que trabaja un grupo de expertos del Ministerio de Justicia, y la creación de un banco de datos de ADN sobre los niños robados.
Sin embargo, desde la Comisión de la Verdad sobre los desaparecidos del franquismo recuerdan que no hay un censo de víctimas ni de desaparecidos y que no existe una política de Estado sobre la materia. Según los cálculos más modestos, hay 2.328 fosas sin exhumar en las que estarían los restos de unas 45.000 desaparecidos durante el franquismo. Se trata de personas que fueron fusiladas por oponerse a la sublevación militar franquista, con el apoyo del nazismo y del fascismo, y por defender la República democrática. «El Estado tiene que asumir las exhumaciones, las pruebas de ADN de las identificaciones y la investigación judicial de las responsabilidades criminales a que haya lugar —explica Gordon—, algo que todavía no se ha hecho en 36 años de democracia constitucional y que figura claramente en el mandato de la ONU».
Respecto a la creación del banco de datos de ADN para que los progenitores de niños robados —el robo y la compra de bebés por familias pudientes fue una práctica frecuente durante la dictadura y se prolongó hasta 1982—, los afectados aseguran que es una afirmación falsa, «no se ha hecho nada» y las miles de denuncias que acumula la Fiscalía no están siendo investigadas. SOS Niños Robados y otras asociaciones vuelven a salir a la calle este domingo. Muchos familiares sospechan que el Gobierno y el aparato judicial han recibido presiones desde instancias poderosas para no actuar en este tema, incluido asimismo en las recomendaciones del grupo de trabajo de Naciones Unidas.
Lo verdaderamente contrastable sobre la «buena voluntad» del Gobierno que manifestó Gómez de la Serna en el Parlamento al rechazar la petición de comparecencia de la vicepresidenta y del Fiscal del Estado, es que el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, clausuró hace dos años la oficina que abrió el último Ejecutivo del PSOE en ese departamento para atender a los familiares de las víctimas del franquismo y que la vicepresidenta Saenz de Santamaría eliminó, también hace dos años, el presupuesto de dos millones de euros destinado en 2013 a trabajos de localización y apertura de las fosas comunes y a la exhumación de los huesos de los desaparecidos. Curiosamente esa cantidad equivale al gasto de la campaña del Ministerio de Asuntos Exteriores para ocupar una plaza no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU en el bienio 2015-2016.
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