domingo, 16 de noviembre de 2014

Proyecto Castor: a tiempo para revertir la millonaria indemninazión

La plataforma Castor instalada entre Alcanar y Vinarós

Organizaciones de la sociedad civil piden apoyo de la ciudadanía y de diputados para invalidar el pago de compensaciones por el almacén de gas subterráneo

14/11/2014

El pago de una millonaria indemnización por el Proyecto Castor se ha hecho efectivo, pero todavía está a tiempo de ser revertido. Organizaciones de la sociedad civil impulsan una ciberacción para la recogida masiva de firmas en contra de este pago y reclaman el apoyo de 50 diputados y senadores para pedir la impugnación ante elTribunal Constitucional. El plazo concluye el próximo 3 de enero.

Diversos grupos (entre ellos la Aliança contra la Pobresa Energètica, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, de la que forma parte Ecologistas en Acción) muestran su rechazo frontal a la indemnización que el Real Decreto Ley del pasado 3 de octubre garantiza a ESCAL UGS por renunciar a la concesión del proyecto de almacenaje submarino de gas natural Castor.

Un total de 1.350 millones de euros han ido a parar ya a la empresa promotora, participada en el 66,6% por la ACS de Florentino Pérez. El dinero de la indemnización lo han avanzado tres bancos (Bankia, Santander y Caixa Banc), pero será la ciudadanía quien devolverá ese pago a través de la factura del gas a partir de 2016, denuncian dichas organizaciones.

Aunque el pago ya se ha hecho efectivo, el plazo para la impugnación ante el Tribunal Constitucional no concluye hasta el día 3 de enero de 2015. Las organizaciones urgen los representantes políticos para que un mínimo de 50 diputados y senadores lleven esta iniciativa adelante. Para ello durante estas semanas mantienen reuniones con representantes políticos e impulsan una campaña de recogida de firmas al respecto.

Estas organizaciones alertaron desde un primer momento de la opacidad del Proyecto Castor, de los peligros asociados —como el demostrado riesgo sísmico—, o de las irregularidades administrativas. La ausencia del principio de precaución ha quedado en evidencia, así como la falta de voluntad para explorar opciones energéticas renovables, que no hipotequen a la población a 30 años.