César Pérez Navarro
Tercera Información | 17-04-2012 |
España no es Grecia y España no es Portugal. Estas construcciones gramaticales citadas hasta la saciedad nos advertían de que las condiciones económicas de esos países no son las mismas que las de España. Con ellas se trataba de evitar el castigo de los poderes financieros (bancos, fondos de inversión, etc.) sobre la deuda pública o evitar cualquier tipo de «rescate».
Pues bien, repitan ahora: Repsol-YPF no es España, y su capital privado ni siquiera es mayoritariamente español. Más del 50% de las acciones de Repsol-YPF son extranjeras y el 57% de YPF pertenec[ía] a Repsol. El resto, a otros fondos estadounidenses, mexicanos, etc.
Si acaso podía decirse que era una «empresa española» antes de sufrir su privatización, pero ahora los dueños de esta compañía son inversores privados cuyos intereses se entrecruzan con grandes medios de comunicación y fortunas personales entre las cuales podría incluirse la de algunos de los actuales ministros. Como es una multinacional más, proporciona beneficios irrisorios a la economía española ya que aquí solo declara el 25% de sus beneficios totales, mientras que el resto se reparte en otros países que incluyen paraísos fiscales. En España, Repsol pagó en 2010 un total de 949 millones de euros a un tipo del 26,85%, pero esa cantidad se verá escasamente afectada por la nacionalización de YPF puesto que en 2012, y según se indica en los propios resultados de la compañía (pag.17), los activos de YPF sólo suman el 18% del total, y el capital que se obtenga de su venta podrá reinvertirse en otros negocios. Contrasta la indignación del coro neoliberal con el actual gobierno a la cabeza y el PSOE detrás, con la aceptación de la amnistía del fraude fiscal, que se calcula en unos 70.000 millones al año y se atribuye en un 71% a las grandes fortunas y empresas. ¿Dónde se esconden los patriotas que no reclaman el fraude fiscal? La pérdida en recaudación de impuestos a Repsol por la nacionalización de YPF es menos que calderilla a su lado, o al lado de los miles de millones empleados en rescatar a la banca privada.
Por todas estas razones, es aún más patético comprobar como los mass media recitan igualmente con voz uniforme mensajes entre la vehemencia del empleo de términos falsos que sustituyen «nacionalización». El editorial de hoy de El País es un buen ejemplo: «Expolio consumado» (1), y una marabunta de fórmulas tanto o más falsas que la afirmación de que Repsol es España. Por una nacionalización se paga un precio, mientras que la definición de la RAE de expolio es «despojar con violencia o con iniquidad», como bien conoce el nervioso editorialista de El País, y la de expropiación (2) implica una indeminización sin más, y no un pago de las acciones a su precio de mercado.
Arbitrariedad ha sido la palabra más empleada por los ministros de exteriores e industria, y coreada por sus sabuesos, e incluido el Grupo Prisa, a fin de deslegitimizar la acción del gobierno argentino. Junto a ella, la omisión descarada de las explicaciones más convincentes de Cristina Fernández de Kichner que desmienten tal «arbitrariedad», y las amenazas y apelaciones a «la comunidad internacional» que vela por el expolio —esta vez sí— de numerosos países.
Repitan ministros: España no es Repsol-YPF, y los ciudadanos vemos muy poco de sus beneficios en explotaciones petrolíferas por todo el mundo.
Tercera Información | 17-04-2012 |
España no es Grecia y España no es Portugal. Estas construcciones gramaticales citadas hasta la saciedad nos advertían de que las condiciones económicas de esos países no son las mismas que las de España. Con ellas se trataba de evitar el castigo de los poderes financieros (bancos, fondos de inversión, etc.) sobre la deuda pública o evitar cualquier tipo de «rescate».
Pues bien, repitan ahora: Repsol-YPF no es España, y su capital privado ni siquiera es mayoritariamente español. Más del 50% de las acciones de Repsol-YPF son extranjeras y el 57% de YPF pertenec[ía] a Repsol. El resto, a otros fondos estadounidenses, mexicanos, etc.
Si acaso podía decirse que era una «empresa española» antes de sufrir su privatización, pero ahora los dueños de esta compañía son inversores privados cuyos intereses se entrecruzan con grandes medios de comunicación y fortunas personales entre las cuales podría incluirse la de algunos de los actuales ministros. Como es una multinacional más, proporciona beneficios irrisorios a la economía española ya que aquí solo declara el 25% de sus beneficios totales, mientras que el resto se reparte en otros países que incluyen paraísos fiscales. En España, Repsol pagó en 2010 un total de 949 millones de euros a un tipo del 26,85%, pero esa cantidad se verá escasamente afectada por la nacionalización de YPF puesto que en 2012, y según se indica en los propios resultados de la compañía (pag.17), los activos de YPF sólo suman el 18% del total, y el capital que se obtenga de su venta podrá reinvertirse en otros negocios. Contrasta la indignación del coro neoliberal con el actual gobierno a la cabeza y el PSOE detrás, con la aceptación de la amnistía del fraude fiscal, que se calcula en unos 70.000 millones al año y se atribuye en un 71% a las grandes fortunas y empresas. ¿Dónde se esconden los patriotas que no reclaman el fraude fiscal? La pérdida en recaudación de impuestos a Repsol por la nacionalización de YPF es menos que calderilla a su lado, o al lado de los miles de millones empleados en rescatar a la banca privada.
Por todas estas razones, es aún más patético comprobar como los mass media recitan igualmente con voz uniforme mensajes entre la vehemencia del empleo de términos falsos que sustituyen «nacionalización». El editorial de hoy de El País es un buen ejemplo: «Expolio consumado» (1), y una marabunta de fórmulas tanto o más falsas que la afirmación de que Repsol es España. Por una nacionalización se paga un precio, mientras que la definición de la RAE de expolio es «despojar con violencia o con iniquidad», como bien conoce el nervioso editorialista de El País, y la de expropiación (2) implica una indeminización sin más, y no un pago de las acciones a su precio de mercado.
Arbitrariedad ha sido la palabra más empleada por los ministros de exteriores e industria, y coreada por sus sabuesos, e incluido el Grupo Prisa, a fin de deslegitimizar la acción del gobierno argentino. Junto a ella, la omisión descarada de las explicaciones más convincentes de Cristina Fernández de Kichner que desmienten tal «arbitrariedad», y las amenazas y apelaciones a «la comunidad internacional» que vela por el expolio —esta vez sí— de numerosos países.
Repitan ministros: España no es Repsol-YPF, y los ciudadanos vemos muy poco de sus beneficios en explotaciones petrolíferas por todo el mundo.
(1) http://elpais.com/elpais/2012/04/16/opinion/1334604056_382900.html
(2) Expropiar (RAE): Dicho de la Administración: Privar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización. Se efectúa por motivos de utilidad pública o interés social previstos en las leyes.
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