viernes, 10 de agosto de 2018

La biodiversidad es fundamental para la estabilidad de los ecosistemas

Vegetación gipsófila de El Carrascal
en la provincia de Valladolid.

Un equipo internacional de investigadores, liderado por la Universidad Rey Juan Carlos, ha comprobado que la diversidad vegetal tiene un efecto positivo en la capacidad de los ecosistemas para proporcionar servicios a la humanidad de manera estable a lo largo del tiempo. El estudio identifica qué aspectos de la diversidad vegetal determinan la estabilidad de los ecosistemas bajo distintos escenarios climáticos.
30 julio 2018

Para nuestra supervivencia, los seres humanos dependemos de los servicios que nos proveen los ecosistemas como, por ejemplo, la producción de biomasa por parte de la vegetación. En países en vías de desarrollo, la dependencia de servicios relacionados con esta producción, como la de alimento para las personas y el ganado, el uso de madera como combustible o la fertilidad del suelo, es muy acusada. Para que un agricultor o un ganadero puedan planificar su actividad es necesario poder contar con una producción vegetal estable a lo largo de los años.

Sin embargo, se espera que el cambio climático aumente la variabilidad temporal de esta producción vegetal. Los modelos predicen un incremento de la aridez para la segunda mitad del siglo XXI en las zonas secas del planeta, que comprenden más del 45% de la superficie del mismo.

Un estudio, liderado por Pablo García-Palacios, investigador del Laboratorio de Zonas Áridas y Cambio Global de la Universidad Rey Juan Carlos y publicado en la revista PNAS, ha estudiado la variación de la cobertura vegetal a lo largo de 14 años en 123 sitios de 13 países de varios continentes, salvo la Antártida, y ha identificado los aspectos de la diversidad vegetal que determinan la estabilidad de los ecosistemas.

«En este trabajo nos hemos centrado en las zonas áridas porque en ellas vive el 38% de la población humana, y porque su naturaleza dinámica los convierte en un sistema de estudio relevante a escala mundial para el estudio de la estabilidad de los ecosistemas», afirma García-Palacios.

Los resultados de esta investigación indican que los efectos positivos de la diversidad vegetal en la estabilidad de los ecosistemas son detectables a escala mundial, y tienen una influencia tan importante como las que ejercen el clima o el tipo de suelo.

«Mientras que los políticos y los medios de comunicación siempre ponen el énfasis en los impactos del cambio climático, nuestros resultados destacan que la actual pérdida de biodiversidad mundial también afecta negativamente al funcionamiento de los ecosistemas», mantiene Nicolas Gross, investigador del Institut National de la Recherche Agronomique (Francia) y coautor del estudio.

Por lo tanto, esta investigación destaca que conservar y restaurar la diversidad vegetal es fundamental para que la provisión de servicios por parte de los ecosistemas sea estable a lo largo del tiempo.

Indicador de la estabilidad

Además, el estudio indica que, en el actual contexto de cambio climático, la estabilidad de las zonas áridas se puede manipular a través de dos mecanismos diferentes. «En zonas subhúmedas, la diversidad de rasgos funcionales controla la estabilidad del ecosistema; sin embargo, en zonas áridas y semiáridas este papel lo desempeña principalmente el número de especies presentes en el sitio», afirma Gross.

La variación temporal en la cobertura vegetal se ha utilizado como indicador de la estabilidad del ecosistema y se ha relacionado con la diversidad vegetal medida en condiciones de campo.

«La combinación de datos proporcionados por satélites, junto con campañas de muestreo mundiales utilizando el mismo protocolo, es una herramienta muy poderosa para estudiar la naturaleza a escala global y a lo largo del tiempo», afirma Juan Gaitán, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, que participa en el trabajo.

En los últimos 20 años, múltiples estudios han comprobado la importancia que tiene la diversidad vegetal (el número de especies presentes) en el mantenimiento de la estabilidad de los ecosistemas. Sin embargo, estos estudios han sido realizados utilizando experimentos en lugares concretos y bajo condiciones muy controladas.

«En este trabajo hemos abordado la relación entre la diversidad vegetal y la estabilidad de los ecosistemas utilizando una red mundial de 123 sitios distribuidos en todos los continentes menos la Antártida», informa García-Palacios. Esta red es el resultado del proyecto BIOCOM, liderado por Fernando T. Maestre, catedrático de Ecología de la URJC, y financiado por el programa Starting Grants del Consejo Europeo de Investigación (ERC).

Además del número de especies vegetales, los científicos han estudiado aquellos atributos de las plantas que, como su tamaño o el tipo de hoja, les permiten sobrevivir bajo determinadas condiciones ambientales.

Referencia bibliográfica:
Pablo García-Palacios, Nicolas Gross, Juan Gaitán y Fernando T. Maestre. «Climate mediates the biodiversity-ecosystem stability relationship globally». PNAS 30 de julio de 2018

miércoles, 25 de julio de 2018

Para enterrar de verdad al asesino, hay que desenterrar a todas sus víctimas


 La CNT aplaude la iniciativa que llevará a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, aunque se sorprende de la extrema rapidez de los políticos de izquierdas de este país, que sólo han tardado algo más de cuarenta años en tomar una decisión que, por otra parte, es mínima. Pero ya que lo van a llevar a cabo, les hacemos una primera petición, que lo hagan en 18 de julio, para que el monstruo salga de las «vidas» de tantas víctimas que le rodean el mismo día que entró en ellas, para devastarlas.

Y, en el mismo orden de cosas, si la familia no quiere hacerse cargo de los restos, poniendo en marcha a un ejército de abogados para evitar la exhumación, lo que hará que el gesto de maquillaje del gobierno haga que el dictador nos cueste AÚN más dinero público, proponemos soluciones similares a las que se llevaron a cabo con Hess o Goering, que fueron incinerados y lanzados a las aguas -se evitaría así el vandalismo que teme la apenada familia-, pero en una versión más cercana al personaje: una cuneta en algún lugar perdido para él solo. Lo difícil será encontrar ese lugar, pues él mismo se encargó de que nos quede poco suelo sin que, bajo tierra, esperen los restos de sus víctimas.

También sugerimos que el maquillaje se complete, y que se haga un poco mejor que en la cacareada Transición. Receta general: retirar todas las subvenciones estatales a la comunidad de monjes, retirarles el control sobre un lugar que, curiosamente, es considerado patrimonio nacional pero controla la Iglesia, y sugerir a la comunidad que se busque otro lugar para residir, después de una auditoria sobre sus —nuestros— dineros y lo que han hecho con ellos y depurar responsabilidades.

Después retirar el estatus de patrimonio nacional a un lugar de sangre, terror, miseria y recuerdo de una dictadura feroz y asesina. Preferiríamos que los patrimonios nacionales fueran arte y arquitectura que pudiera enriquecernos culturalmente, y no al revés.

Y, por fin, volar los elementos más visibles del conjunto. Que no quede piedra sobre piedra de símbolos tan fascistas construidos con la sangre y el sudor de los vencidos, centro de desfachatez demagógica cuando se atreven a hablar de reconciliación. Y, entre las ruinas, intocadas, crear un lugar contra el olvido de la barbarie franquista.

No crean que hemos olvidado a los enterrados. Damos por hecho que, si tienen un poco de dignidad y memoria, llevarán a término el obligado proceso de exhumar los restos de los que, incluso después de muertos, fueron tratados como vencidos y obligados a acompañar a su verdugo.

Les deseamos suerte y acierto.


sábado, 21 de julio de 2018

¿Qué pasa realmente en Nicaragua?


Por KEVIN ZEESE y NILS McCUNE

Hay una gran cantidad de información falsa e inexacta sobre Nicaragua en los medios. Incluso en la izquierda, algunos simplemente han repetido las afirmaciones dudosas de la CNN y los medios oligárquicos de Nicaragua para apoyar la destitución del presidente Ortega. La narrativa de manifestantes no violentos versus escuadrones antidisturbios y paramilitares progubernamentales no ha sido cuestionada por los medios internacionales.

Este artículo busca corregir el registro, describir lo que está sucediendo en Nicaragua y por qué. Mientras escribimos esto, el golpe parece estar fallando, la gente se ha unido para la paz (como demostró esta marcha masiva por la paz del sábado 7 de julio) y la verdad está saliendo (por ejemplo, el escondite de armas descubierto en una iglesia católica el 9 de julio). Es importante entender lo que está ocurriendo porque Nicaragua es un ejemplo de los tipos de golpes de estado violentos que Estados Unidos y los ricos usan para poner en marcha gobiernos neoliberales dominados por los negocios. Si las personas entienden estas tácticas, serán menos efectivas.

Mezclando los intereses de clase

En parte, los expertos estadounidenses están obteniendo su información de los medios de comunicación, como La Prensa de Jaime Chamorro-Cardenal, y el Confidencial de la misma familia oligárquica, que son los elementos más activos de los medios golpistas. Repetir y amplificar su narrativa deslegitima al gobierno sandinista y presenta la rendición incondicional de Daniel Ortega como la única opción aceptable. Estos expertos protegen a los infames intereses internos y externos que se han propuesto controlar el país más pobre y, a la vez, rico en recursos naturales de Centroamérica.

El intento de golpe trajo las divisiones de clase en Nicaragua a la luz pública. Piero Coen, el hombre más rico de Nicaragua, dueño de todas las operaciones nacionales de Western Union y una compañía de agroquímicos, llegó personalmente al primer día de protestas en la Universidad Politécnica de Managua para alentar a los estudiantes a seguir protestando, prometiendo su apoyo continuo.

La oligarquía terrateniente tradicional de Nicaragua, liderada políticamente por la familia Chamorro, publica ultimátums constantes al gobierno a través de sus medios de comunicación y financia los bloqueos que han paralizado al país durante las últimas ocho semanas.

La Iglesia Católica, aliada por mucho tiempo con los oligarcas, ha puesto todo su empeño en crear y sostener acciones antigubernamentales, incluyendo sus universidades, escuelas secundarias, iglesias, cuentas bancarias, vehículos, tweets, sermones dominicales y un esfuerzo unilateral para mediar en el Diálogo Nacional. Los obispos han amenazado de muerte al presidente y su familia, y se ha filmado a un sacerdote que supervisa la tortura de los sandinistas. El Papa Francisco ha pedido un diálogo de paz e incluso ha llamado al cardenal Leonardo Brenes y al obispo Rolando Álvarez a una reunión privada en el Vaticano, lo que desencadena los rumores de que los monseñores nicaragüenses estaban siendo regañados por su evidente participación en el conflicto que están mediando oficialmente. La Iglesia sigue siendo uno de los pocos pilares que mantienen vivo el golpe.

Un reclamo común es que Ortega se ha alineado con la oligarquía tradicional, pero lo contrario es cierto. Este es el primer gobierno desde la independencia nicaragüense que no incluye a la oligarquía. Desde la década de 1830 hasta la década de 1990, todos los gobiernos nicaragüenses, incluso durante la Revolución Sandinista, incluyeron personas de la élite, como los «apellidos» de Chamorro, Cardenal, Belli, Pellas, Lacayo, Montealegre, Gurdián. El Gobierno desde 2007 ya no lo hace, por lo que estas familias apoyan el golpe.

Los detractores de Ortega denuncian que su diálogo en tres partes, incluidos los sindicatos, los capitalistas, y el Estado es una alianza con las grandes empresas. De hecho, ese proceso ha producido la mayor tasa de crecimiento en América Central y el salario mínimo anual aumenta 5-7% por encima de la inflación, mejorando las condiciones de vida de los trabajadores y sacando a las personas de la pobreza. El proyecto «Borgen contra la pobreza» informa que la pobreza disminuyó en un 30 por 100 entre 2005 y 2014.

El gobierno liderado por el FSLN ha puesto en marcha un modelo económico basado en la inversión pública y en el fortalecimiento de la red de seguridad para los pobres. El gobierno invierte en infraestructura, tránsito, mantenimiento de agua y electricidad dentro del sector público y mueve los servicios privatizados, por ejemplo, cuidado de la salud y educación primaria en el sector público. Esto ha asegurado una estructura económica estable que favorece a la economía real sobre la economía especulativa. La mayor parte de la infraestructura en Nicaragua se ha construido en los últimos 11 años, algo comparable a la era del New Deal en EE.UU., incluidas las plantas de electricidad renovable en todo el país.

Lo que los comentaristas liberales e incluso izquierdistas pasan por alto es que a diferencia del gobierno de Lula en Brasil, que redujo la pobreza a través de pagos en efectivo a familias pobres, Nicaragua ha redistribuido el capital productivo para desarrollar una economía popular autosuficiente. El modelo FSLN se entiende mejor como un énfasis en la economía popular sobre el Estado o las esferas capitalistas.

Si bien el sector privado emplea alrededor del 15% de los trabajadores nicaragüenses, el sector informal emplea a más del 60%. El sector informal se ha beneficiado de 400 millones de dólares en inversiones públicas, muchas de las cuales provienen de los fondos de la alianza ALBA para financiar microcréditos para pequeñas y medianas empresas agrícolas. Las políticas para facilitar el crédito, el equipo, la capacitación, los animales, las semillas y el combustible subsidiado respaldan aún más a estas empresas. Los pequeños y medianos productores de Nicaragua han llevado al país a producir 80-90% de sus alimentos y terminar su dependencia de los préstamos del FMI.

Como tales, los trabajadores y campesinos, muchos de los cuales trabajan por cuenta propia y accedieron al capital productivo a través de la Revolución Sandinista y las luchas subsiguientes, representan un tema político importante del desarrollo social estable de posguerra de la última década, incluidos los cientos de miles de campesinos que han recibido el título de propiedad de la tierra y casi la cuarta parte del territorio nacional que ha recibido el título colectivo como territorio de naciones indígenas. Los movimientos sociales de los trabajadores, los campesinos y los grupos indígenas fueron la base del apoyo popular que llevó al FSLN de nuevo al poder.

La titulación de tierras y la asistencia a pequeñas empresas también han enfatizado la igualdad para las mujeres, lo que resulta en que Nicaragua tiene el nivel más bajo de desigualdad de género en América Latina y ocupa el lugar 12 entre 145 países en el mundo, justo detrás de Alemania.

Con el tiempo, el gobierno del FSLN ha incorporado este sector de autoempleo masivo, así como los trabajadores de maquiladoras (es decir, trabajadores textiles en plantas de propiedad extranjera ubicadas en zonas de libre comercio creadas por gobiernos neoliberales anteriores) en el sistema de salud y pensiones, causando los compromisos financieros para crecer que requerían una nueva fórmula para garantizar la estabilidad fiscal. Las reformas propuestas a la Seguridad Social fueron el disparador para el sector privado y protestas estudiantiles el 18 de abril. El lobby empresarial solicitó protestas cuando Ortega propuso aumentar las contribuciones del empleador en un 3,5% a los fondos de pensiones y salud, mientras que solo aumentó ligeramente las contribuciones de los trabajadores en un 0,75% y transfirió el 5% de la transferencia de efectivo de los pensionistas a su fondo de asistencia médica. La reforma también puso fin a una laguna jurídica que permitía a las personas de altos ingresos reclamar unos ingresos bajos para acceder a los beneficios de salud.

Esta fue una contrapropuesta a la propuesta del FMI para elevar la edad de jubilación y más del doble de la cantidad de semanas que los trabajadores tendrían que pagar en el fondo de pensiones para poder acceder a los beneficios. El hecho de que el gobierno se sintiera lo suficientemente fuerte como para negar las exigencias de austeridad del lobby empresarial y del FMI era una señal de que la fuerza de negociación del capital privado había disminuido, ya que el impresionante crecimiento económico de Nicaragua, un aumento del 38% en el PIB 2006-2017, ha sido liderado por pequeños productores y gasto público. Sin embargo, la oposición utilizó anuncios manipuladores de Facebook que presentaban la reforma como una medida de austeridad, más falsas noticias de la muerte de un estudiante el 18 de abril, para generar protestas en todo el país el 19 de abril. Inmediatamente, la máquina de cambio de régimen se puso en movimiento.

El Diálogo Nacional muestra los intereses de clase en conflicto. La Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia de la oposición tiene como figuras clave: José Adan Aguirre, líder del lobby empresarial privado; Maria Nelly Rivas, directora de Cargill en Nicaragua y jefa de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Nicaragua; los estudiantes universitarios privados del Movimiento 19 de Abril; Michael Healy, gerente de una corporación azucarera colombiana y jefe del lobby de agronegocios; Juan Sebastián Chamorro, que representa a la oligarquía vestida de civil; Carlos Tunnermann, exministro sandinista de 85 años y excanciller de la Universidad Nacional; Azalea Solís, directora de una organización feminista financiada por el gobierno de EE.UU.; y Medardo Mairena, un «líder campesino» financiado por el gobierno de los Estados Unidos, que vivió 17 años en Costa Rica antes de ser deportado en 2017 por trata de personas. Tünnermann, Solis y el Movimiento 19 de Abril estudiantil están todos asociados con el Movimiento de Renovación del Sandinismo (MRS), una pequeña rama del partido sandinista, que sin embargo merece una atención especial.

En la década de 1980, muchos de los cuadros de alto nivel del Frente Sandinista eran, de hecho, los hijos de algunas de las famosas familias oligárquicas, como los hermanos Cardenal y parte de la familia Chamorro, a cargo de los ministerios de Cultura y Gobierno del Gobierno revolucionario. La educación y sus medios, respectivamente. Después de la derrota electoral del FSLN en 1990, los hijos de la oligarquía organizaron un éxodo del partido. Junto con ellos, algunos de los cuadros intelectuales, militares y de inteligencia más notables dejaron y formaron, con el tiempo, el MRS. El nuevo partido renunció al socialismo, culpó a Daniel Ortega de todos los errores de la Revolución y con el tiempo se hizo cargo de la esfera de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Nicaragua, incluidas las organizaciones feministas, ecologistas, juveniles, de los medios de comunicación y de derechos humanos.

Desde 2007, el MRS se ha vuelto cada vez más cercano con la extrema derecha del Partido Republicano de los Estados Unidos. Desde el estallido de la violencia en abril, muchas, si no la mayoría de las fuentes citadas por los medios occidentales (incluida, inquietantemente, Democracy Now de Amy Goodman), provienen de este partido, que cuenta con el apoyo de menos del 2% del electorado nicaragüense. Esto permite a los oligarcas expresar su violento intento de reinstalar el neoliberalismo en un discurso de izquierdistas de antiguos sandinistas críticos con el gobierno de Ortega.


Es una farsa afirmar que los trabajadores y los campesinos están detrás de los disturbios. La Vía Campesina, el Sindicato Nacional de Agricultores y Ganaderos, la Asociación de Trabajadores Rurales, el Frente Nacional de Trabajadores, la Nación indígena Mayangna y otros movimientos y organizaciones han sido inequívocos en sus demandas para poner fin a la violencia y su apoyo al Gobierno de Ortega.

Este malestar es una operación de cambio de régimen a gran escala llevada a cabo por oligarcas mediáticos, una red de ONGs financiadas por el gobierno de los EE.UU., elementos armados de familias de terratenientes de élite y la Iglesia Católica, y ha abierto la puerta a los cárteles de la droga y al crimen organizado para ganar un punto de apoyo en Nicaragua.

El elefante en la habitación

Lo que nos lleva a la participación del gobierno de Estados Unidos en el golpe violento.

Como Tom Ricker informó al principio de esta crisis política, hace varios años el gobierno de EE.UU. decidió que, en lugar de financiar a los partidos políticos de oposición, que han perdido enorme legitimidad en Nicaragua, financiaría el sector de la sociedad civil a través de ONGs. De modo que National Endowment for Democracy (NED) otorgó más de 700.000 dólares para construir la oposición al Gobierno en 2017, y ha otorgado más de 4,4 millones de dólares desde 2014. El objetivo principal de este financiamiento fue «proporcionar una estrategia coordinada y voz de los medios para los grupos de oposición en Nicaragua». Ricker continúa:

«El resultado de esta consistente construcción y financiamiento de los recursos de la oposición ha sido crear una cámara de resonancia que sea amplificada por comentaristas en los medios internacionales, la mayoría de los cuales no tienen presencia en Nicaragua y dependen de estas fuentes secundarias.»

El padre fundador de NED, Allen Weinstein, describió a NED como la CIA abierta que decía: «Mucho de lo que hacemos hoy fue hecho encubiertamente hace 25 años por la CIA». En Nicaragua, más que en la derecha tradicional, NED financia al MRS —organizaciones afiliadas que plantean críticas izquierdistas al gobierno sandinista—. Los activistas del cambio de régimen usan eslóganes, canciones y símbolos sandinistas incluso cuando queman monumentos históricos, pintan sobre los marcadores rojos y negros de los mártires caídos y atacan físicamente a los miembros del partido sandinista.

De los grupos opositores en el Diálogo Nacional, la organización feminista de Azalea Solís y la organización campesina de Medardo Mairena se financian a través de becas NED, mientras que los estudiantes del 19 de Abril permanecen en hoteles y realizan viajes pagados por Freedom House, otro órgano de cambio de régimen financiado por NED y USAID. NED también financia Confidencial, la organización de medios Chamorro. Las subvenciones de NED financian el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), cuyo Director Ejecutivo, Félix Maradiaga, es otro cuadro de MRS muy cercano a la Embajada de los Estados Unidos. En junio, Maradiaga fue acusado de dirigir una red criminal llamada Viper que, desde el campus UPOLI ocupado, organizó robos de automóviles, incendios y asesinatos para crear caos y pánico durante los meses de abril y mayo.

Maradiaga creció en los Estados Unidos y se convirtió en miembro del Aspen Leadership Institute, antes de estudiar política pública en Harvard. Fue secretario en el Ministerio de Defensa del último presidente liberal, Enrique Bolaños. Es un Líder Joven Global en el Foro Económico Mundial y en 2015, el Consejo de Asuntos Globales de Chicago le otorgó la Beca Gus Hart, entre los que se incluyen los disidentes cubanos Yoani Sánchez y Henrique Capriles Radonski, el líder de la oposición venezolana que atacó a la embajada cubana durante el intento de golpe de Estado del 2002.

Sorprendentemente, Maradiaga no es el único líder del intento de golpe que es parte de la Red Mundial de Liderazgo Aspen. Maria Nelly Rivas, directora en Nicaragua del gigante corporativo estadounidense Cargill, es uno de los principales voceros de la oposición, Civic Alliance. Rivas, quien actualmente también dirige la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Nicaragua, está siendo preparado como un posible candidato presidencial en las próximas elecciones. Debajo de estos líderes preparados por los Estados Unidos, hay una red de más de 2.000 jóvenes que han recibido capacitación con fondos de NED en temas tales como las habilidades de los medios sociales para la defensa de la democracia. Este batallón de guerreros de las redes sociales pudo dar forma y controlar inmediatamente a la opinión pública en Facebook en los cinco días del 18 al 22 de abril, lo que provocó protestas violentas espontáneas en todo el país.

Sobre la violencia

Una de las formas en que los informes sobre Nicaragua se han aventurado más lejos de la verdad es llamar a la oposición «no violenta». El guión de violencia, inspirado en las protestas de las guarimbas de 2014 y 2017 en Venezuela, es organizar ataques armados contra edificios gubernamentales, tentar a la policía para enviar escuadrones antidisturbios, participar en enfrentamientos filmados y publicar videos editados en línea alegando que el gobierno está siendo violento contra los manifestantes 'no violentos'.

Más de 60 edificios gubernamentales han sido quemados, escuelas, hospitales, centros de salud atacados, 55 ambulancias dañadas, al menos 112 millones de dólares en daños a la infraestructura, pequeñas empresas han sido cerradas y 200.000 empleos perdidos causando un impacto económico devastador durante las protestas. La violencia ha incluido, además de miles de lesiones, 15 estudiantes y 16 policías muertos, así como más de 200 sandinistas secuestrados, muchos de ellos torturados públicamente. Las violentas atrocidades de la oposición fueron mal informadas como represión gubernamental. Si bien es importante defender el derecho del público a protestar, independientemente de sus opiniones políticas, no es ingenuo ignorar que la estrategia de la oposición requiere y se alimenta de la violencia y las muertes.

Las noticias nacionales e internacionales reclaman muertes y lesiones debido a la «represión» sin explicar el contexto. Los medios de comunicación ignoran los cócteles molotov, los lanzadores de mortero, las pistolas y los rifles de asalto utilizados por los grupos de oposición, y cuando los simpatizantes sandinistas, la policía o los transeúntes son asesinados, son contados falsamente como víctimas de la represión estatal. Se ha demostrado que los reclamos explosivos de la oposición, como las masacres de niños y los asesinatos de mujeres, son falsos, y los casos de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas policiales no se han corroborado con pruebas o debido proceso.

Si bien hay evidencia para apoyar el reclamo de la oposición, de los manifestantes, asesinos de francotiradores, no hay una explicación lógica para que el Estado use francotiradores para aumentar el número de muertos, y los contramanifestantes también han sido víctimas de disparos de francotiradores, lo que sugiere un «tercero» papel provocador en la violencia desestabilizadora. Cuando toda una familia sandinista fue quemada en Managua, los medios de la oposición citaron a un testigo que afirmó que la policía había prendido fuego a la casa, a pesar de que la casa se encontraba en un vecindario cerrado al acceso policial.

La Policía Nacional de Nicaragua ha sido reconocida desde hace mucho tiempo por su modelo de policía comunitaria (en contraste con la policía militarizada en la mayoría de los países centroamericanos), su relativa falta de corrupción y la mayoría de sus altos mandos femeninos. La estrategia de golpe de Estado ha tratado de destruir la confianza pública en la policía a través del uso atroz de noticias falsas, tales como las muchas afirmaciones falsas de asesinatos, palizas, torturas y desapariciones en la semana a partir del 17 al 23 de abril. Varios jóvenes cuyas fotos fueron llevadas a manifestaciones de la oposición como víctimas de la violencia policial han resultado estar vivos y bien vivos.

La policía ha sido totalmente inadecuada y no está preparada para los enfrentamientos armados. Los ataques a varios edificios públicos en la misma noche y los primeros grandes ataques incendiarios llevaron a los trabajadores del Gobierno a vigilar con barriles de agua y, a menudo, palos y piedras, para defenderse de los atacantes. La oposición, frustrada por no lograr más conflictos policiales, comenzó a construir barricadas en todo el país y quemando las casas de los sandinistas, incluso disparando y quemando a las familias sandinistas en atroces crímenes de odio. En contraste con la versión de los hechos de La Prensa, los nicaragüenses han sentido la clara falta de presencia policial y la pérdida de seguridad en sus barrios, mientras que muchos fueron blanco de la violencia.

Desde mayo, la estrategia de la oposición ha sido construir barricadas armadas en todo el país, cerrando el transporte y atrapando a las personas. Las barricadas, generalmente construidas con grandes adoquines, están tripuladas por entre 5 y 100 hombres armados con pañuelos o máscaras. Mientras que los medios informan sobre jóvenes idealistas que realizan barricadas, la gran mayoría de los controles de carretera son mantenidos por hombres pagados que provienen de un fondo de delitos menores. Cuando grandes áreas de ciudades y pueblos están bloqueadas por las fuerzas gubernamentales y policiales, las actividades relacionadas con las drogas se intensifican, y las bandas de narcotraficantes ahora controlan muchas de las barricadas y pagan los salarios.


Estos bloqueos han sido los centros de violencia, los trabajadores que necesitan pasar por los controles son a menudo robados, golpeados, insultados y, si se sospecha que son sandinistas, atados, desnudados, torturados, pintados en azul y blanco, y algunas veces delicado. Hay tres casos de personas que mueren en ambulancias que no pueden atravesar los controles de carretera, y un caso de una niña de 10 años secuestrada y violada en el retén de Las Maderas. Cuando los vecinos organizados o la policía despejan los controles de carretera, los grupos armados huyen y se reagrupan para quemar edificios, secuestrar o herir a personas en venganza. Todas las víctimas que produce esta violencia son contadas por los medios de comunicación como víctimas de la represión, una falsedad total.

El gobierno nicaragüense se ha enfrentado a esta situación al mantener a la policía fuera de las calles, para evitar encuentros y acusaciones de represión. Al mismo tiempo, en lugar de simplemente arrestar manifestantes violentos, lo que sin duda le habría dado a la oposición las muertes de batalla que anhela, el gobierno pidió un Diálogo Nacional, mediado por la Iglesia Católica, en el que la oposición pueda presentar cualquier propuesta para humanos derechos y reforma política. El gobierno creó una Comisión Parlamentaria de Verdad y Paz y lanzó una consulta independiente del Ministerio Público.

Con la policía fuera de las calles, la violencia de la oposición se intensificó a lo largo de mayo y junio. Como resultado, se desarrolló un proceso de autodefensa del vecindario. Las familias que han sido desplazadas, los jóvenes que han sido golpeados, robados o torturados y los veteranos de la insurrección de 1979 y/o la Contra, realizan una vigilia alrededor del cuartel general del Frente Sandinista en cada pueblo. En muchos lugares, construyeron barricadas contra los ataques de la oposición y han sido etiquetados falsamente como fuerzas paramilitares en los medios de comunicación. En las ciudades que no cuentan con barricadas organizadas por la comunidad, el costo humano de la violencia de la oposición es mucho mayor. La Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses ha sido particularmente el blanco de la violencia de la oposición. En junio, un estudiante delegado del Diálogo Nacional, Leonel Morales, fue secuestrado, disparado en el abdomen y arrojado a una zanja para morir, para sabotear el diálogo y castigarlo por desafiar el derecho de los estudiantes del 19 de Abril a hablar en nombre de todos los nicaragüenses estudiantes.

Desde abril, se han realizado cuatro concentraciones principales de la oposición, dirigidas a movilizar a los nicaragüenses de la clase media alta que viven en los suburbios entre Managua y Masaya. Estas manifestaciones ofrecieron un 'Quién es quién' de la alta sociedad, incluyendo reinas de belleza, propietarios de negocios y los oligarcas, así como estudiantes universitarios del Movimiento 19 de Abril, la alta moral de la oposición.

Tres meses después del conflicto, ninguna de las víctimas mortales ha sido burguesa. Todos han venido de las clases populares de Nicaragua. A pesar de las denuncias de represión total, la burguesía se siente perfectamente segura de participar en las protestas públicas de día, aunque la última manifestación diurna terminó en un ataque caótico por manifestantes contra ocupantes ilegales en una propiedad de, curiosamente, Piero Coen, el hombre más rico de Nicaragua. Los ataques armados nocturnos generalmente han sido llevados a cabo por personas que provienen de vecindarios pobres, muchos de los cuales reciben de dos a cuatro veces el salario mínimo diario por cada noche de destrucción.

Desafortunadamente, la mayoría de las organizaciones nicaragüenses de derechos humanos son financiadas por NED y controladas por el Movimiento para la Renovación Sandinista (MRS). Estas organizaciones han acusado al gobierno nicaragüense de dictadura y genocidio durante la presidencia de Ortega. Las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han sido criticadas por sus informes unilaterales, que no incluyen ninguna información proporcionada por el gobierno o personas que se identifican como sandinistas.

El Gobierno invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, una entidad con sede en Washington notoriamente hostil a los gobiernos de izquierda, a investigar los eventos violentos de abril y determinar si la represión había ocurrido. La noche de una polémica escaramuza en la carretera a las afueras de la Universidad Agraria de Managua puso fin a una tregua negociada de 48 horas, el director de la CIDH, Paulo Abrao, visitó el sitio para declarar su apoyo a la oposición. La CIDH ignoró la violencia generalizada de la oposición y solo informó sobre la violencia defensiva del gobierno. No solo fue categóricamente rechazado por el canciller nicaragüense Denis Moncada como un «insulto a la dignidad del pueblo nicaragüense», una resolución que aprueba el informe de la CIDH fue respaldada solo por diez de 34 países.

Mientras tanto, el Movimiento 19 de Abril, compuesto por estudiantes universitarios actuales o anteriores a favor del cambio de régimen, envió una delegación a Washington y logró alejar a gran parte de la sociedad nicaragüense sonriendo a la cámara con miembros intervencionistas de extrema derecha del Congreso de los Estados Unidos, incluida la representante Ileana Ros Lehtinen, el senador Marco Rubio y el senador Ted Cruz. Los líderes de M19 también aplaudieron las belicosas advertencias del Vicepresidente Mike Pence de que Nicaragua está en la lista de países que pronto sabrán el significado de libertad de la Administración Trump, y se reunieron con el partido ARENA de El Salvador, conocido por sus vínculos con los escuadrones de la muerte el teólogo de la liberación asesinado, el arzobispo Oscar Romero. Dentro de Nicaragua, la masa crítica de estudiantes dejó de manifestarse hace semanas, las grandes protestas cívicas de abril y mayo han menguado, y los mismos rostros familiares de la política de derecha nicaragüense se quedan con la cuenta por el daño material masivo y la pérdida de vidas.

¿Por qué Nicaragua?

Ortega ganó su tercer mandato en 2016 con un 72,4 por 100 de los votos de un 66 por 100 de participación, muy alto en comparación con las elecciones en los Estados Unidos. Nicaragua no solo ha establecido una economía que trata a los pobres como productores, con resultados notables que elevan su nivel de vida en 10 años, sino que también tiene un gobierno que rechaza consistentemente el imperialismo estadounidense, aliándose con Cuba, Venezuela y Palestina, y soporte de voces para la independencia puertorriqueña y una solución pacífica a la crisis coreana. Nicaragua es miembro de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), una alternativa latinoamericana a la OEA, ni incluye a EE.UU. ni a Canadá. También se ha aliado con China para un proyecto de canal propuesto y Rusia para la cooperación de seguridad. Por todas estas razones, Estados Unidos quiere instalar un gobierno nicaragüense amistoso con Estados Unidos.

Más importante es el ejemplo que Nicaragua ha establecido para un modelo social y económico exitoso fuera de la esfera de dominación estadounidense. Generando más del 75% de su energía a partir de fuentes renovables, Nicaragua fue el único país con autoridad moral para oponerse al Acuerdo Climático de París por ser demasiado débil (luego se unió al tratado un día después de que Trump retirara a EE.UU., declarando que «nos oponíamos Acuerdo de París fuera de responsabilidad, los Estados Unidos se opone por irresponsabilidad»). El gobierno del FMLN en El Salvador, aunque menos dominante políticamente que el Frente Sandinista, ha tomado el ejemplo del buen gobierno de Nicaragua, que recientemente prohibió la minería y la privatización del agua. Incluso Honduras, el bastión eterno del poder de Estados Unidos en Centroamérica, mostró signos de un giro hacia la izquierda hasta el golpe militar respaldado por Estados Unidos en 2009. Desde entonces, ha habido una represión masiva de activistas sociales, una elección claramente robada en 2017, y Honduras ha permitido la expansión de las bases militares de EE.UU. cerca de la frontera nicaragüense.

En 2017, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por unanimidad la Ley de Condicionalidad de Inversión Nicaragüense (Ley NICA), que si es aprobada por el Senado obligará al gobierno de EE.UU. a vetar los préstamos de las instituciones internacionales al gobierno nicaragüense. Este imperialismo de Estados Unidos dañará la capacidad de Nicaragua de construir carreteras, actualizar hospitales, construir plantas de energía renovable y hacer la transición de una ganadería extensiva a sistemas integrados de silvicultura, entre otras consecuencias. También puede significar el final de muchos programas sociales populares, como electricidad subsidiada, tarifas estables de autobuses y tratamiento médico gratuito de enfermedades crónicas.

El Poder Ejecutivo de EE.UU. ha utilizado la Ley Magnitsky Global para apuntar a las finanzas de los líderes de la Corte Suprema Electoral, la Policía Nacional, el gobierno de la ciudad de Managua y la corporación ALBA en Nicaragua. Los agentes de policía y los burócratas de salud pública han recibido el aviso de que sus visas estadounidenses han sido revocadas. El punto, por supuesto, no es si estos funcionarios han cometido o no cometieron actos que merecen su reprimenda en Nicaragua, sino si el gobierno de EE.UU. debe tener la jurisdicción para intimidar y acorralar a los funcionarios públicos de Nicaragua.

Mientras la violencia sádica continúa, la estrategia de los golpistas para expulsar al gobierno ha fracasado. La resolución de la crisis política vendrá a través de elecciones, y es probable que el FSLN gane esas elecciones, salvo una nueva ofensiva dramática e improbable por parte de la oposición de derecha.

Una guerra de clases al revés

Es importante comprender la naturaleza de los golpes estadounidenses y oligárquicos en esta era y el papel de los medios y el engaño de las ONGs porque se repite en múltiples países de América Latina y otros países. Podemos esperar un ataque similar contra el recientemente elegido Andrés Manuel López Obrador en México si él busca los cambios que ha prometido.

Estados Unidos ha tratado de dominar Nicaragua desde mediados del siglo XIX. Los ricos en Nicaragua han buscado el retorno del gobierno aliado de Estados Unidos desde que los sandinistas subieron al poder. Este golpe fallido no significa el final de sus esfuerzos o el final de la desinformación de los medios corporativos. Saber lo que realmente está ocurriendo y compartir esa información es el antídoto para derrotarlos en Nicaragua y en todo el mundo.

Nicaragua es una guerra de clases patas arriba. El gobierno ha elevado los niveles de vida de la mayoría empobrecida a través de la redistribución de la riqueza. Los oligarcas y los Estados Unidos, incapaces de instalar el neoliberalismo a través de las elecciones, crearon una crisis política, destacada por la cobertura falsa de los medios para obligar a Ortega a renunciar. El golpe está fallando, la verdad está saliendo, y no debe ser olvidada.

18 julio 2018


* Kevin Zeese es un abogado que codirige el sitio Popular Resistance de Estados Unidos. Y Nils McCune está en el equipo técnico de IALA Mesoamérica (Instituto Agroecológico de América Latina en Nicaragua) y becario de investigación en la Universidad de Michigan.

domingo, 15 de julio de 2018

19 de julio de 1936: El género humano de vacaciones


Por MICHEL SUÁREZ

En su último parte de guerra firmado el 1 de abril de 1939, el general Francisco Franco proclamaba exultante la victoria definitiva de los «nacionales», dando por concluido un conflicto que había desgarrado España durante casi tres años. El júbilo de los vencedores estaba justificado: no se trataba simplemente de un triunfo militar o de un relevo en el gobierno; lo que el final de la guerra definió fue el establecimiento de una tiranía rapaz y asesina cuyos fundamentos nacional-católicos han perdurado en buena medida hasta nuestros días.

Atildado y pomposo, con aire de criatura grotesca y ridícula, el general Franco jamás pensó en resignar su poder autocrático. A lo largo de su reinado llevó a cabo minuciosamente el plan original diseñado por los militares, esto es: un asalto a la República que encubría la voluntad de aniquilar a un combativo movimiento obrero. Aunque no fuese el escogido en un primer momento, nadie más indicado que Franco para hacer prosperar aquél encargo: astuto, implacable, cruel, despiadado y profundamente resentido con la República, el «Caudillo» conocía bien su oficio. En 1917 había prestado sus servicios para sofocar una huelga general, y en 1934 capitaneó la violencia legal contra los trabajadores asturianos; bajo su mando, por primera vez los temibles «Regulares» y la Legión, integrados por tropas africanas, actuaron como cabeza de puente de la represión del Estado contra su propia población.

Tras el flirteo inicial con un fascismo de corte mussoliniano, el panorama internacional resultante de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, así como el proceso de industrialización masiva y la bonanza económica de los años sesenta, impusieron algunas correcciones ideológicas al régimen franquista. Sin embargo, ninguna de estas adaptaciones a las diferentes coyunturas fue tan audaz como para conmover sus sagrados fundamentos, esto es, el catolicismo, el militarismo y un contumaz nacionalismo. Carente de modelos de referencia históricos, el franquismo rescató el legado de los Reyes Católicos para cocinar una papilla ideológica donde no faltaron ni la exaltación del glorioso pasado imperial y del ejército, ni el elogio del racismo y el machismo más rampantes, ni elementos tomados del fascismo como las liturgias de masas o el culto al caudillo redentor. Abanderando las fuerzas de la «España eterna» contra las ideologías de importación, Franco simbolizó la victoria de la Contrarreforma, del patriotismo militante y del catolicismo fundamentalista; triunfo de la usura moral, pero también de la ambición personal sin límites encarnada en un hombre sediento de poder absoluto.

Es posible que las teorizaciones sociológicas del franquismo nos hagan perder de vista la verdadera naturaleza de un régimen mórbido y brutal. Durante casi cuatro décadas, una España de uniformes y sotanas albergó campos de concentración, prisiones abarrotadas de presos políticos y patios de ejecuciones, y fue escenario de torturas, extorsiones laborales, expolios, saqueos y robos de bebés. Pero sería un error pensar que un reinado de terror puede perdurar sostenido únicamente en la coacción y la violencia. No hay tiranía capaz de perpetuarse apelando al temor y al castigo como únicos estímulos. Cicerón ya advirtió de que «no hay poder tan grande que dure mucho tiempo bajo la presión del miedo». En estos casos, el descontento general acaba por tambalear el statu quo y se crea un estado de excepción permanente que hace imposible la gobernabilidad.

Como tantos otros tiranos que nunca se dejaron tentar por el remordimiento y jamás pensaron en abandonar la escena de la Historia por otra puerta que no fuese la muerte, Franco contó hasta el final con la lealtad de las élites y con la adhesión entusiasta de sus correligionarios, pero también con la pasividad y la aquiescencia de grandes bolsas de población beneficiadas por el ciclo de bonanza económica derivado de la industrialización del país. En efecto, Franco falleció de forma agónica en la cama de un hospital después de haberlo dejado todo atado y bien atado.

En cualquier caso, lo verdaderamente significativo del régimen fue su carácter inaugural; si obviamos los elementos puramente propagandísticos, el franquismo carecía de antecedentes históricos y de puntos de referencia en el pasado. Había, claro está, la remisión a los Reyes Católicos, forjadores de la gloria de España, a la proyección de un destino providencial, al bastión de la cristiandad, etc.; pero, desde un punto de vista estrictamente político, la ideología nacional-católica aquilatada en torno a un líder carismático era algo novedoso. De ahí que fuese necesario tejer una épica de la Guerra Civil y conferirle un sentido seminal, mítico. Así, definida como combate decisivo entre las dos Españas tradicionalmente en conflicto, la Guerra Civil habría puesto fin a siglos de insidias y maquinaciones de los enemigos de la patria, de los partidarios de nocivas ideologías ajenas a la esencia nacional, de los liberales, los socialistas, los sin Dios.

En los anales de la historia oficial quedó registrado que el general Franco, auxiliado por la Providencia, había arrancado el país de las garras del comunismo, un casus belli que poseía el inmenso valor de presentar al nuevo régimen bajo una luz heroica y salvadora. Los numerosos propagandistas del «espíritu del 18 de julio» difundieron sin desmayo la letanía de la lucha fratricida entre la España devota y eterna, y la anti-España, diseminadora de desorden y anarquía. De este modo, la victoria militar significó para el franquismo una fuente de legitimación, una autoinvestidura que le permitió sentar las bases de su propia legalidad.

No obstante, más allá del barniz doctrinario y propagandístico, hoy en día restan pocas dudas de que la Guerra Civil española debe ser leída en clave de lucha de clases, más concretamente, como el último de los grandes conflictos marcados por un agudo antagonismo de clases. El movimiento obrero español de los años treinta había cobrado una dimensión y una capacidad de organización y combate realmente amedrentadoras para las élites tradicionales que fiaron, una vez más, la custodia de sus privilegios a un ejército ultramontano de raigambre golpista. Dados los antecedentes de las primeras décadas del siglo y la esgrima permanente entre tentativas revolucionarias y represión estatal que había generado un clima social inflamable, los sectores dirigentes comenzaron a temer por sus posiciones. La victoria del «Movimiento Nacional» dejó el camino expedito para llevar a cabo una «limpieza» definitiva que adquirió la categoría de genocidio.

La claudicación del movimiento obrero fue completa; a excepción de algunos focos de resistencia encarnados en el maquis, se vio abocado a una larga travesía en el desierto del exilio y únicamente lograría rehacerse durante los años sesenta, con la creación en Asturias de las primeras «Comisiones Obreras». De esta forma, los trabajadores resurgían tras un hiato de «25 Años de Paz» y emprendían el duro camino de la resistencia organizada contra el régimen.

* * *

Con independencia de las particularidades de sus respectivos análisis, vencedores y vencidos comparten una memoria de la Guerra Civil entendida como conflicto entre dos concepciones antagónicas del Estado. Aunque esta visión ofrece numerosas variantes sobre las causas y las consecuencias de la guerra, preserva la dicotomía esencial que opone a «nacionales» contra «republicanos». Naturalmente, no se trató simplemente de una lucha entre modelos estatales, sino de cosmovisiones contrapuestas. En todo caso, cuando se estudia la literatura producida por republicanos y «nacionales» lo que resta en el filtro de la crítica historiográfica es una batalla entre un proyecto de orden nimbado de patriotismo y clericalismo, por un lado, y un proyecto de democracia liberal, por el otro. Este contexto explicativo de la Guerra Civil ha ofrecido estupendas oportunidades para escamotear aspectos decisivos del conflicto. En primer lugar, se ha obviado la paradoja de que la guerra tuvo lugar debido a que el movimiento obrero, de fuerte impronta anarcosindicalista y consciente de la inminencia del golpe, se preparó para dar una respuesta armada, mientras los dirigentes republicanos hacían desesperadas concesiones entre bastidores a los militares.

Por otro lado, se ha negligenciado que durante el colapso del aparato estatal republicano los combates en muchos puntos del país no se saldaron con un claro vencedor. Fue precisamente durante ese periodo de indeterminación cuando el movimiento obrero español modificó de forma «espontánea» la respuesta defensiva inicial en un proyecto revolucionario de transformación social radical.

Principalmente en Barcelona, un tradicional 'feudo' anarcosindicalista, la fisionomía urbana y el pulso de la ciudad se vieron alterados de forma espectacular. Tras contener y reducir los últimos enclaves golpistas, los trabajadores crearon nuevos órganos de poder popular que procedieron inmediatamente a colectivizar la producción: las fábricas fueron ocupadas y en algunos casos reconvertidas en centros de producción militar con el objetivo de contribuir al esfuerzo bélico. Se expropiaron casas de simpatizantes del golpe huidos o detenidos que fueron reformadas para dar cabida a mendigos, ancianos, niños y refugiados de otras regiones, o transformadas en bibliotecas y comedores populares. Los Comités de Distrito y la Federación de Barricadas controlaron la circulación de los vehículos e individuos en el interior de la ciudad y establecieron perímetros de seguridad para los habitantes de los barrios; en este sentido, algunos elementos considerados nocivos para la sociedad como los proxenetas y los traficantes fueron eliminados.


En estas y otras medidas resonaban los ecos de otros episodios en los que la clase obrera había tratado de anticipar su proyecto de una sociedad sin dirigentes y dirigidos; y tal como había sucedido en el pasado, surgieron los mismos problemas a la hora de superar una situación en la que una multiplicidad de poderes no federados competían con un poder estatal que iba poco a poco recobrando el aliento. A pesar de controlar la calle y la producción, los trabajadores no se desembarazaron por completo del Estado; destacados líderes anarcosindicalistas auspiciaron la creación del Comité Central de Milicias Antifascistas, un órgano que, apelando a la unidad con fuerzas políticas sin la menor representación en la calle, acabaría por convertirse en la palanca que expulsaría a los trabajadores revolucionarios de su posición de fuerza. Pero antes de ese desenlace, se organizaron columnas de milicianos con el objetivo de socorrer Zaragoza y apoyar la formación de las colectividades que habían ido brotando en diversos pueblos de Aragón.

Animados por un ideal de igualdad y fraternidad, estas milicias precariamente pertrechadas, compuestas en su gran mayoría por trabajadores y trabajadoras sin formación militar, apelaron a la responsabilidad individual y no a la tradicional jerarquía castrense. Acatando los acuerdos adoptados en asamblea, sus integrantes recibían la misma remuneración y no se contemplaban ni jerarquías ni estados mayores, aunque existiese un mando escogido según un principio electivo y sujeto a revocación inmediata. Este espíritu suplió, al menos en un primer momento, todas las adversidades; sin embargo, con el desarrollo de los eventos y los giros internacionales del conflicto, en especial la intervención de Italia y Alemania, y el fortalecimiento de la influencia comunista en la retaguardia, el vigor inicial fue cediendo frente a las carencias militares y el boicot soviético.

A medida que las milicias avanzaban hacia Zaragoza asistieron al surgimiento o la consolidación de colectividades rurales que plasmaban en la práctica décadas de decantación de las ideas libertarias en la Península. El vacío de poder dejado por el derrumbe del Estado propició en numerosas localidades la puesta en funcionamiento de una organización social horizontal y democrática. Como consecuencia de este proceso, se produjo un colosal cambio de clima mental, una transformación que apenas tenía parangón en la historia contemporánea.

* * *

Hoy disponemos de un saber bastante aproximado de estas colectividades. En las últimas décadas el interés por el estudio de diferentes aspectos de la experiencia colectivista dio como resultado un buen número de obras rigurosas desde el punto de vista metodológico, así como trabajos más acentuadamente ideológicos, a los que debemos agregar una extensa lista de memorias y testimonios de los protagonistas, nos ofrecen una pintura general del proceso colectivizador. Sin embargo, en los años sesenta, cuando Frank Mintz comenzó a preguntarse por el alcance real de las colectividades, no disponía ni de una vasta bibliografía ni de una base empírica documental accesible. Mediante una ardua labor de investigación y con el espíritu del buen estudioso que busca la verdad más allá de sus propias preferencias, trató de calibrar el impacto del proceso autoinstituyente que los campesinos españoles habían emprendido y de verificar si poseía algún valor de ejemplo para el presente. La minuciosidad de Mintz en el manejo de las fuentes y de la documentación permitió contemplar desde otro ángulo un acontecimiento sometido hasta entonces al disimulo académico. El estudio fue enriqueciéndose con nuevo material con el paso del tiempo y a mediados de los años setenta obtuvo su primera edición en español, convirtiéndose de inmediato en una obra de referencia.

Mintz nunca ocultó su simpatía por la obra de los anarcosindicalistas, pero no se dejó llevar por el entusiasmo militante y subrayó la complejidad de un proceso rodeado de luces y sombras. Desde el primer momento entendió que una hagiografía de las colectividades obstaculizaría el camino para un entendimiento cabal del fenómeno; la única forma de ser fiel al espíritu que animó a aquellos hombres y mujeres del 36 era estudiar con rigor sus actos y analizar sus posibles movimientos en falso. No se trataba en absoluto de erigir un tribunal desde el que emitir un veredicto post festum, jugando con la ventaja de conocer el desenlace. Mintz cobró distancia tanto de la glosa aduladora como de la resentida acusación del purista. Por encima de todo trató de entender.

Con ese talante, su trabajo situó en su justa perspectiva una de esas contadas brechas históricas en las que se rompe con la inercia de lo establecido y se esbozan formas de organización democráticas. No era una alternativa a un liberalismo refutado exhaustivamente tres décadas antes por la realidad y la academia, ni un precoz esbozo del Estado del bienestar; se trataba de otra cosa completamente diferente: la impugnación del capitalismo.

Las colectividades esculpieron en la fachada de su obra constructiva un único lema: «Queda abolida la explotación del hombre por el hombre». Con ese bello principio bastaba, o casi, ya que como toda declaración de intenciones tuvo que enfrentar de inmediato la realidad de los hechos. En el inflamable contexto rural español de los años treinta, marcado por la enorme concentración de la propiedad de la tierra, la explotación despiadada de los jornaleros, la represión estatal implacable, tasas de desempleo exorbitantes y una deficiente productividad, los campesinos comenzaron su transformación por la puesta en común de la propiedad del suelo. De modo general, tras la fuga o la neutralización de las fuerzas represivas del Estado se procedía a convocar una asamblea general que involucraba a todos los miembros de la comunidad, excepto a los «individualistas», poseedores del derecho de voz en la asamblea, aunque excluidos de las votaciones. Se decidía cuál sería el funcionamiento de la colectividad y el papel de los técnicos, y se formaron brigadas o grupos de trabajo para atender las cuestiones perentorias como la recogida de la cosecha.

Los comités dimanados de la asamblea coordinaban los diferentes sectores de la vida social, y en muchos casos se apeló a un sistema rotativo para que todos, por lo menos durante un pequeño periodo, participasen de las tareas propias de gobierno, teniendo la prudencia de someter a los cargos a revocación inmediata por parte de la base.

La abolición de la propiedad privada de los medios de producción vino acompañada de un reparto horizontal del poder que trataba de dar voz a todos los implicados sin consideraciones de fortuna personal o posición social. En muchas colectividades el dinero fue suprimido y reemplazado por vales. Se realizó un extraordinario esfuerzo educador: se crearon bibliotecas por doquier y se organizaron cursos de capacitación profesional; de igual modo, se tejieron vastas redes de solidaridad para atender a los ancianos, los enfermos, los huérfanos y las viudas.

No podemos olvidar que estas medidas fueron desplegadas en el fragor de una guerra civil, en un contexto económico devastado, con una carencia absoluta de apoyos entre la burguesía nacional e internacional y en un marco geopolítico claramente hostil a los anarcosindicalistas en el que las potencias europeas, a pesar de su neutralidad, evitaron por todos los medios establecer acuerdos comerciales con las colectividades. Sin embargo, a pesar de este cuadro catastrófico y contra todo pronóstico, el nivel de vida y las condiciones de trabajo de los miembros de las colectividades se elevaron de forma considerable.

Este descuidado e incompleto cuadro general pretende esbozar de forma esquemática la naturaleza del impulso que orientó la construcción de un poder democrático en circunstancias tan dramáticas. Es probable que la ambición de los campesinos españoles de vivir según los principios del comunismo libertario tuviese trazos de puritanismo revolucionario, como se podría inferir del rechazo al dinero o la condena del alcohol y los cafés, o que incluso estuviese impregnado de un cierto utopismo mesiánico como apuntaron insistentemente sus abundantes críticos. Sin embargo, esa visión de los campesinos como furibundos milenaristas dispuestos a erigir el Reino de Dios en la Tierra pasaba por alto que, en un sentido muy profundo, el campo español asistió a la reedición de uno de los artefactos más valiosos para la vida en sociedad creado por los hombres: la política como democracia.

Resulta sintomático comprobar cómo las críticas elaboradas por los detractores de las colectividades coinciden punto por punto con las que Platón y Aristóteles dirigieron al régimen democrático ateniense veinticuatro siglos antes. En primer lugar, para estos críticos, la concesión de la capacidad de decidir a «ignorantes» equivale a la ruina de la ciudad, puesto que no conocen, ni pueden conocer, el arte de gobernar. En segundo lugar, y estrechamente relacionado con lo anterior, se ha afirmado que la ausencia de un poder centralizado coloca la suerte de la polis a merced de los más hábiles sofistas. En consecuencia, la deliberación y la toma de decisiones en común son un camino seguro para la parálisis de la vida social y una invitación para la proliferación de tiranos. Por último, contra la organización democrática se ha argüido que la supremacía del poder público restringe la autonomía y el círculo de acción de los ciudadanos, sistemáticamente expuestos a las exigencias de lo común.

A estos argumentos genéricos tan antiguos como la democracia debemos agregar un rosario de críticas específicas al proceso revolucionario español que en la mayor parte de los casos son fruto de la obstinación ideológica. Entre ellas, la favorita del Partido Comunista, que atribuía a la impaciencia revolucionaria de los «aventureros» libertarios no haber respetado las necesarias etapas de desarrollo capitalista prescritas por Marx y determinadas por los Comités centrales de los respectivos partidos comunistas. Para los exégetas del materialismo dialéctico, el desconocimiento de las leyes de la historia no exime de su cumplimiento. No nos detendremos en estas mistificaciones ideológicas.

En definitiva, ¿cuál era, en realidad, el motivo de tanta inquina, de tanta injuria en relación al proceso colectivizador? ¿Por qué atrajeron la cólera indisimulada de todo el espectro político, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda?

* * *

En el siglo XVIII, Rousseau espetaba a sus conciudadanos ginebrinos: «No sois ni romanos ni espartanos, ni siquiera atenienses. Sois mercaderes, burgueses, siempre ocupados en vuestros intereses privados, en vuestro trabajo, en vuestro tráfico, en vuestro lucro. Gentes para quienes la libertad no es más que un medio para adquirir sin obstáculos y poseer en seguridad». En el muy improbable caso de haber recorrido el campo español en julio de 1936, Jean-Jacques tampoco podría haber acusado a los campesinos anarcosindicalistas de ser romanos o espartanos, mucho menos burgueses. Su puesta en común del suelo, la prohibición de contratar mano de obra de forma privada por constituir un acto de explotación del prójimo, la nivelación de los salarios o la posibilidad de participar de forma efectiva en el poder eran medidas que reflejaban coordenadas mentales muy alejadas de la sed de beneficio y del deseo de acumulación. Sin embargo, Rousseau habría tenido más problemas para negar un cierto aire de familia con los atenienses. De hecho, lo supiesen o no, la arquitectura social que implementaron enraizaba en la Grecia del periodo clásico. Veamos brevemente algunos rasgos en común.

En primer lugar, de igual manera que los atenienses del siglo V a.N.E., los campesinos anarcosindicalistas inauguraron un proceso instituyente cuya última fuente de legitimidad era la propia colectividad. La consigna: «fue decidido por el pueblo» institucionalizó el poder del demos y situó a la Asamblea como su marco fundamental de actividad política. De este modo, los campesinos de las colectividades se erigieron en legisladores supremos sin ajustarse a un corpus jurídico dado desde fuera y desde lo alto de la propia comunidad. Fue el conjunto de ciudadanos, de politeai, y no sus representantes, quien se dio las pautas para el desarrollo de la vida en común. En este elemento residía la cuestión central de la reedición democrática: la recuperación de la isonomia entendida como reparto equitativo del poder bloqueaba la emergencia de una autoridad suprema ajena al demos. Esto suponía una ruptura radical en relación a cualquier forma de organización estatal. Al autoerigirse en juez supremo y exclusivo de su destino, el demos anuló la soberanía popular y el imperio de la ley. Ejerció la soberanía debatiendo, deliberando y decidiendo qué ley debía ser aplicada y cuál, llegado el caso, derogada. En consecuencia, al perfilarse la asamblea como el único órgano capaz de legislar y definir los códigos de conducta se imposibilitó la existencia de una instancia superior que pudiese contravenir o revocar las decisiones tomadas por el demos.

Esta medida, lo suficientemente profunda en sí misma como para suscitar un debate de calado sobre la naturaleza del poder, refuta, además, las acusaciones de milenarismo, pues deja sentado que más allá de las leyes que la propia colectividad se otorgó no existía ninguna profecía que plasmar ni ningún mandato divino que cumplir. Las leyes dimanaban del pueblo para el pueblo y a través del pueblo, hic et nunc.


Pero a partir de esta premisa elemental del reparto del poder, es decir, de la «política», surge una enorme cantidad de cuestiones complejas y profundas. El demos se otorgó la potestad de autogobernarse, ¿pero quién integraba el demos? En principio, las asambleas eran fundadas sin diferencias de clase ni género; sin embargo, esta afirmación merece una elucidación. Por un lado, el mundo del trabajo tenía una representación mayoritaria debido al sustrato anarcosindicalista del proceso; y, por otro lado, la inercia de la tradición y la vigencia de prácticas inveteradas de discriminación de género constituyeron un grave obstáculo para la igualdad entre hombres y mujeres, imposible de ser eliminado en apenas unos meses. No obstante, exceptuando a todos los afectos al golpe y a los que libremente decidieron no adherirse al proceso constituyente, el demos no estaba pensado en virtud de la hegemonía de determinadas categorías profesionales; no era ni la mayoría ni la minoría, ni los ricos ni los pobres; era, antes, un colectivo que involucraba a todos en la necesidad de poner en común el kratos, el poder.

La rotación del ejercicio de ese poder limitado, no ejecutivo y sometido al control de la base, trasparentaba la intención de incluir a todos los ciudadanos en el proceso. De hecho, el desprecio por el mando propició situaciones que ilustran el poso dejado por décadas de pedagogía libertaria en el campo español. Los cargos «representativos» se remuneraban según lo percibido por un trabajador cualificado, aunque hubo individuos que decidieron voluntariamente rebajar sus emolumentos en un veinticinco por ciento con la intención de conjurar posibles suspicacias sobre sus expectativas en relación al cargo. Contrariamente a lo que sucede en nuestros días, la voluntad de servicio constituía una auténtica pasión y no un vil pretexto para la promoción personal.

Por otra parte, tal y como había sucedido en Atenas, la oralidad fue el vehículo principal para la participación de los ciudadanos. No eran necesarias grandes construcciones intelectuales ni una sólida base teórica para que cada individuo expusiese lo que consideraba más beneficioso para la colectividad. En ese espacio verdaderamente público de la toma de decisiones, la ekklesia, nadie era rebajado por sus carencias intelectuales. Los especialistas, especialmente los juristas, no jugaron ningún papel en un proceso de transformación que no fundaba su legitimidad en leyes elaboradas sin la participación del demos.

Sin duda, la oralidad como terreno de la democracia entrañaba el peligro de la ápate, de la persuasión mendaz propia de los demagogos y los arribistas sin escrúpulos. De hecho, en Atenas fueron los propios ciudadanos quienes, prestando oídos a sus enemigos, votaron contra la continuidad del régimen democrático. En esencia, lo que la oralidad exigía de los ciudadanos era una mínima claridad para la exposición de argumentos a favor o en contra de determinada propuesta. Reflexionar, fundamentar y emitir un juicio político es algo muy diferente de deglutir toneladas de propaganda electoral y decidir quién ha de decidir por nosotros.

Análogamente, en el lenguaje usado por los campesinos en las asambleas para defender sus posiciones con credibilidad y rigor no hay resonancias de la habitual retórica sibilina de los representantes políticos. La publicidad de la discusión política es exactamente lo contrario del secuestro de la toma de decisiones por una burocracia partidista. Lo que estaba en juego no era el habitual cinismo de los políticos ni la mejora de la imagen del partido en las encuestas ni la necesidad de crear las condiciones para la reelección. En ese sentido, el derecho a tomar la palabra, la isegoria, y la libertad de hablar sin censura, la parresia, incluso para los menos instruidos, acarreaba la obligación de ser responsable de sus palabras. La libertad para hablar no autorizaba la estupidez espontánea ni el rebuzno sabihondo que se pretende ilustrado; por encima de todo, demandaba responsabilidad personal.

No se trataba únicamente, entiéndase bien, de «verdad» o de «mentira», sino de ser conscientes de las repercusiones del discurso y las decisiones de cada uno. En la arena política no existen, ni pueden existir, verdades definitivas. Las decisiones alcanzadas por la asamblea no podían ser consideradas «verdaderas» o «falsas», puesto que eran verdaderas en virtud de la fuente, es decir, la propia asamblea. Determinar verdades políticas de antemano significa anular el debate; si esa verdad existiese y no emanase de la colectividad, la única cuestión a elucidar para una colectividad sería encontrar al responsable de ejecutarla. Toda tiranía comparte con los partidos políticos «democráticos» esta mistificación.

Por otro lado, la forja de un politeai consciente de las implicaciones de hacer parte de un régimen democrático no era una cuestión de enseñanza, educación o formación en un sentido político del término. «La erudición llega, la sabiduría tarda», afirmó Lewis Mumford, en una síntesis perfecta de lo que para los atenienses constituía la necesidad vital de vincular de forma estrecha las tareas propias de la política democrática y las de la vida cultural. La elección de formas organizativas basadas en la horizontalidad y la igualdad proporcionaron una vívida educación política a los integrantes del movimiento libertario español. Además, la paideia, entendida como proyecto integral de formación de ciudadanos autónomos que no rendían culto a la obediencia ciega en política ni a la ignorancia complacida en la cultura, fue reeditada por los libertarios a través de la creación de una vasta red de ateneos, bibliotecas, grupos de teatro, cursos de alfabetización y escuelas populares.

La participación efectiva en organizaciones no jerárquicas, así como el esfuerzo continuado a lo largo de los años por generar pasión democrática, fueron la clave del desarrollo del proceso transformador de 1936, un proceso colectivizador que mostró a las claras que no son necesarios Estados, partidos, burócratas, militares profesionales, gendarmes y pastores de almas para construir un modelo de sociedad donde la libertad, la autonomía y la dignidad sean algo más que conceptos huecos y lugares comunes del léxico político.

Sin dejar nunca de lado el deseo de revelar las cuestiones más estridentes y de iluminar sus puntos más oscuros, el estudio de Mintz llegó a la conclusión de que la importancia de esta experiencia radicaba en la decisión de organizarse sin necesidad de tutelas y jerarquías. Los historiadores no afines a los postulados libertarios que siguieron el surco abierto por la obra de Mintz aportaron posteriormente nuevos datos y ángulos de interpretación; gracias a todas esas contribuciones es posible afirmar que las colectividades no fueron un fracaso. Por el contrario, el nivel de vida de los habitantes de los miserables pueblos organizados en comunas mejoró, y, más aún, después de ser arrasadas militarmente por la República, muchos campesinos porfiaron en reconstruirlas. En cualquier caso, lo verdaderamente importante no son los resultados materiales, sino el testimonio de grandeza y amor por la libertad que legaron al futuro.

Lo cierto es que esos escasos episodios históricos en los que los individuos toman las riendas de sus propias vidas siempre tuvieron perturbadoras implicaciones para los amantes del orden. Nadie las expresó mejor que Chateaubriand cuando, refiriéndose a la Revolución francesa, escribió que en una sociedad consumida por el cambio traumático «el género humano de vacaciones pasea por las calles, libre de sus pedagogos, volviendo por un momento al estado de naturaleza, y no siente de nuevo la necesidad del freno social más que cuando lleva el yugo de los nuevos tiempos engendrados por la licencia». Como el gran escritor francés, también los detractores de la revolución social trataron de acabar con las vacaciones del género humano e imaginaron en la irreductible voluntad de ser libres de sus protagonistas un acceso de demencia que amenazaba con desintegrar la sociedad. Contrariamente a lo sucedido en Francia, en el caso español los nuevos tiempos que siguieron a la derrota no fueron «engendrados por la licencia», sino por la represión y el olvido.

Frank Mintz puso una de las primeras y duraderas piedras en el edificio de la memoria de estos hechos y demostró que no había en ellos el menor rastro de extravagancia ni de fervor milenario, sino un sentido muy profundo del bien común como principio de la vida colectiva. Han pasado cuatro décadas desde la gestación de este libro, pero continúa tan vigente como el primer día. Ese es el gran mérito del trabajo de Mintz; posee la cualidad de los clásicos: la perdurabilidad.
Nº 359-360 / junio-julio 2018