¿Quién puede matar a un niño? El fenómeno Greta Thunberg como un manual de dirección de las pasiones políticas

Por DANIEL BERNABÉ

En 1976, el gran Chicho Ibáñez Serrador estrenó ¿Quién puede matar a un niño?, una película de terror donde una joven pareja viaja a una isla mediterránea que ha sucumbido a un terrible mal: los niños han asesinado a los adultos. Mientras que en historias similares como El pueblo de los malditos (1960) los pequeños homicidas tienen un origen paranormal, en la producción española la furia infantil se achaca a los males del mundo y a la inacción de las personas mayores: los críos han llegado para poner orden, al precio que sea.

Viendo el airado discurso de Greta Thunberg en la Cumbre de Acción Climática de la ONU se me hizo muy difícil no pensar en la película de Ibáñez Serrador. La joven protagonista de toda esta historia ha acaparado titulares, conversaciones en red y ha eclipsado al resto de intervinientes, desde los jefes de Estado hasta otros activistas, reafirmando la narrativa de que los niños han venido a poner las cosas claras a los malvados adultos: dicotomías de cuento de los Hermanos Grimm para un momento de audiencias hambrientas de emociones fuertes.

Pero la intervención de Thunberg me ha recordado no sólo a la película por esta división, otra más, sino por un hecho que a pesar de obvio pasamos por alto. ¿Quién puede matar a un niño? toma su título de la frase que uno de los supervivientes de la isla emplea para explicar por qué los pequeños han cometido sus crímenes sin apenas oposición: ¿quién puede enfrentarse a un niño a pesar de que este venga con intenciones hostiles? Quien sea aficionado al cine de zombies sabrá de qué hablamos.

Si hoy decimos «la adolescente más famosa del mundo» gran parte del planeta pensará en Thunberg, pero no hace demasiado tiempo, en 2013, este título le fue otorgado a Malala Yousafzai por el periódico alemán Deutsche Welle. Un poco después vino Muzoon Almellehan, a la que se llamó con demasiado descaro «la Malala siria», suponemos que por ponerle las cosas fáciles al público. Niñas, adolescentes, con vidas muy duras y una historia de superación tras de sí, con mensajes sencillos y directos que apelaban a causas nobles como la educación o los derechos humanos. Niñas que fueron utilizadas desde los centros de poder mundial para sustentar intereses geoestratégicos. Pero, ya saben, ¿quién puede criticar a una niña?

En 1992, Severns Cullis-Suzuki recibió la condecoración de «la niña que silenció al mundo» por un discurso que llevó a cabo en, adivinen, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Cullis-Suzuki, con trece años, pronunció un alegato ecologista tan conmovedor como vacío políticamente. Ese mismo año y en esa misma cumbre, Fidel Castro Ruz, el presidente de Cuba, pronunció otro discurso con mucha menos trascendencia mediática que señalaba con pelos y señales el culpable del desaguisado ecológico: un sistema económico que había hecho de la rapiña, el crecimiento descontrolado y el 'extractivismo' a los países más pobres su principal motor de desarrollo. Eran tiempos en los que, después de la caída del muro, nadie quería escuchar a un comunista: hoy las palabras de Castro parecen premonitorias.

El fenómeno de los niños prodigio del activismo no es nuevo, por lo que sorprende que los medios lo pasen por alto, como si Thunberg fuera única y primera en su especie. Thunberg es, sin duda, un gran producto político, uno especialmente adaptado a la infantilización sentimental de la sociedad, pero uno que también cuenta con la connivencia de un periodismo que necesita obtener visitas a toda costa y que ya no se atreve a adoptar una postura crítica, simplemente plantear una serie de dudas razonables, frente al último fenómeno extraído de una probeta.

Lo realmente desconcertante es cómo un adulto de inteligencia media puede creer que una niña decide por su cuenta iniciar una huelga escolar climática hace un año y que doce meses después sea un icono mundial recibido por Obama y Lagarde, que viaja en un velero acompañada de un príncipe monegasco y cuenta con voz en las tribunas de los organismos más importantes del mundo. Perdonen que levante una ceja en señal de desconfianza, pero rara vez quien posee los resortes de poder decide pegarse un tiro en el pie dando facilidades a quien les confronta.

Si descartamos que Thunberg tenga capacidades de control mental –cosas más raras se han visto–, hemos de deducir que, evidentemente, hay una serie de patrocinadores detrás de la niña. Y no hablamos de ninguna extraña conspiración, sino simplemente de la forma habitual en la que funcionan la cosas en nuestra época. Alguien tiene una serie de intereses y, mejor que hacer lobby, recurre a una protagonista amable para que el público acepte con entusiasmo el cuento que se les ha propuesto, eso que ahora se llaman narrativas.

¿Estamos por aquí afirmando que el cambio climático o en general los problemas ecológicos son un cuento? Ni mucho menos. Probablemente nos enfrentemos como especie a un reto global de dimensiones catastróficas. Lo que decimos es que Thunberg, al margen de sus deseos, es el enésimo fenómeno que va a permitir que los trabajadores acaben pagando los platos rotos de la transición productiva y además lo acepten de buen grado. La pretensión real puede ser una impostergable adaptación económica para paliar el cambio climático, pero exonerando al capitalismo y manteniendo las tasas de beneficio, cargando sobre los hombros de la clase trabajadora y los países empobrecidos la factura. Ya pasó en la crisis del 2008.

El fenómeno Thunberg cuenta, en primer lugar, con un discurso emocional pero desestructurado políticamente, que no señala ni los cómos ni los porqués, que evita poner el acento en corporaciones empresariales concretas y que pasa de puntillas por el gigantesco complejo industrial-militar norteamericano, pero que además fomenta una peligrosa idea de que «la clase política» es la única responsable del calentamiento global, sin asumir que la mayoría de esos políticos son el consejo de administración, en los organismos públicos, del gran capital. La diferencia de añadir apellido a la culpabilidad es que mientras que en el segundo caso protegemos la democracia, en el primero podríamos estar tentados de verla como un impedimento. De la eco-tecnocracia al eco-fascismo hay tan sólo unos ligeros matices.

De hecho, muchos líderes políticos, de forma similar a los propios medios de comunicación, intentan subirse como pueden al carro de la niña sueca, temerosos de enfrentarse a alguien obligatoriamente popular. Además, estos políticos obvian que desde hace treinta años se han aprobado protocolos para atajar la crisis climática. Que parezca que antes de Thunberg sólo existe el vacío les libra de responder por qué esos protocolos no se han aplicado con efectividad.

La respuesta no es que no se sepa lo qué hacer, ni siquiera que en último término no haya voluntad política para hacerlo, el problema es que en un entorno capitalista de una producción cada vez más desordenada esos protocolos son inasumibles: chocan frontalmente con los modelos de los mismos entes supranacionales, como el FMI, que reciben y agasajan a Thunberg. Y eso no se puede asumir delante de los focos.

Sorprende —sinceramente ya más bien poco— que el progresismo no se esté dando cuenta de la dinámica que genera la propuesta Thunberg. Se diría, escuchando a muchos activistas y líderes, sinceramente fascinados con la joven nórdica, que lo único que importa es la concienciación y el 'movimientismo', cuando la población sabe perfectamente que tenemos un problema climático, es más, cuando la mayoría hace lo que puede por paliarlo. Por otro lado que alguien se sume a una movilización hoy apenas garantiza nada más que la expresión de la preocupación de un sumatorio de individualidades respecto a un tema. Si el progresismo detesta la movilización al estilo del siglo XX no puede luego esperar resultados parejos a los del pasado.

Este progresismo happening parece conformarse con que sucedan cosas, sin preguntarse muy bien por qué suceden o cuál es el poso que van a dejar. Se desea movilizar a una gran cantidad de personas, sin saber muy bien hacia dónde conduce ese movimiento. Conceptos como organización, poder, ideología o estrategia se han vuelto pecaminosos y ya, a lo único que se aspira es a ser meros acompañantes por si, con suerte, se pega algo del charme y las simpatías se traducen en votos. ¿Que ha quedado de la indignación española del 15M? Esa es la pregunta que este progresismo happening debería responder y no seguir con su desesperada escapada hacia adelante, en muchos casos como resultado de la enésima venganza interna para acabar con tradiciones políticas realmente útiles durante décadas.

De hecho, el greenwashing, la coartada de tal producto o empresa mediante lo ecológico, no es el asunto de fondo, sino simplemente un síntoma de una política vaciada que se adquiere como un bien identitario de consumo. Estas semanas la gente se define como pro-Greta o anti-Greta, intentando situarse histéricos en un mercado donde mostrar unas paradójicas diferencias uniformizantes. En el punto más demente las discusiones giran en torno a si el producto Thunberg posee privilegios por ser blanca y europea o sufre opresiones por ser mujer, joven y padecer síndrome de Asperger, como el célebre Sheldon Cooper. ¿Cuál es el personaje de ficción y cuál el real? La misma pregunta vale para la política progresista. A Trump, cómodo, le vale con bromear sardónicamente: su electorado es lo que espera.

En el colmo de la mezquindad y la estrechez de miras, el progresismo happening acusa a cualquiera que critique al producto Thunberg de celebrar la inacción, planteando el «qué hacer» como pregunta irrebatible que apela a la moralidad individual, de una forma muy parecida a los sacerdotes señalando desde el púlpito a los malos creyentes que se plantean dudas teológicas. La respuesta a esa pregunta es bien sencilla: lo que ya se está haciendo y de hecho se lleva haciendo décadas.

En Latinoamérica, pero también en la India y África, hay una tupida red de militantes ecologistas que además suelen hacer coincidir sus acciones con lo sindical, lo comunitario y lo étnico, dando a esa palabra llamada 'interseccionalidad' un valor real, y no el maltrato identitario al que ha sido sometida por los departamentos universitarios de Europa y Estados Unidos. La diferencia es que estos militantes no tienen espacio en los medios, no son recibidos por el FMI, los príncipes no les prestan los yates y, lo peor, son asesinados a centenares cada año. Su problema es que plantean aún un tipo de política en el que los protagonismos brillan por su ausencia, que ataca los problemas sistémicamente y que organiza a las personas de modo estable elevando su nivel de conciencia. Un muy mal producto, al parecer, para un siglo donde importan más las narrativas que las acciones.

Greta Thunberg, en el mejor de los casos, acabará como Cullis-Suzuki o Malala, escribiendo ese tipo de ensayos que se venden en los aeropuertos. Mientras países como Alemania ya anuncian dinero para la transición industrial ecológica, otros hablan de Green New Deal, maneras eufemísticas de nombrar la gigantesca reestructuración productiva que se va a llevar a cabo para intentar evitar la nueva crisis que se nos avecina y que, con la excusa ecológica, destruirá miles de puestos de trabajo estables transformándolos en empleos precarios pero con la etiqueta verde.

O esta transición se lleva a cabo de forma democráticamente ordenada, planificando la economía para el beneficio de la mayoría de la población, o nos quedaremos sin derechos y sin planeta.

No digan luego que no les avisamos.

RT Opinión
25 septiembre 2019

AMOR Y RABIA se despide de Internet

Tras 6 años de actuar en el espacio digital, el grupo Amor y Rabia desaparecerá de internet y centrará sus actividades en torno al papel.

Motivos para esta decisión hay muchos, pero sin duda la gota que ha colmado el vaso es la directiva de Copyright de la UE, que pone punto final a internet como la hemos conocido hasta ahora. Aunque sus efectos tardarán en notarse, el objetivo es claro: crear un instrumento que permita acabar con la disidencia informativa, camuflando la censura con la defensa de la propiedad.

Se aproximan tiempos difíciles, las nubes ya se asoman en el horizonte. Tras una década viviendo en el Mundo Feliz avanzamos hacia un 1984 supertecnológico en un contexto que cada vez se parece más al de la década de los 20 y 30, cuando la otrora potencia hegemónica —el Imperio Británico— se derrumbaba, dando lugar a un carrera armamentística paralela al establecimiento de bloques económicos autárticos.

El mundo virtual creado por la digitalización está devorando el mundo real y sustituyéndolo por un Pueblo de Potemkin, y convierte Fahrenheit 451 en un juego de niños, como demostró el Estado alemán en 2017, al eliminar con tan sólo apretar un botón una filial alemana de Indymedia. Existir en este decorado, en el que la información es un bien con fecha de caducidad inmediata y de valor ínfimo, es una carrera diaria eterna a ninguna parte, que consume un tiempo inmenso a cambio de (casi) nada.

Tras el final de nuestra presencia digital, nuestras cuentas se mantendrán inactivas y centraremos nuestros esfuerzos en levantar una infraestructura que nos permita volver al mundo real, de papel. Quien tenga interés en apoyarnos puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico: colectivo.editorial.ayr@gmail.com. Al resto, agradecer vuestro interés durante estos años. Salud.

No hay que abolir el trabajo sexual. Hay que abolir todo trabajo

 

Describir el trabajo sexual como «un trabajo como cualquier otro» es solo un replanteamiento positivo si consideramos que el «trabajo» es algo bueno por definición.*

Por LAURIE PENNY

¿Es el trabajo sexual «un trabajo como cualquier otro»? ¿Es eso algo bueno? Amnistía Internacional adoptó hoy oficialmente una política que recomienda la despenalización del trabajo sexual en todo el mundo como la mejor manera de reducir la violencia en el sector y salvaguardar tanto a las trabajadoras como a quienes son objeto de trata para la prostitución.

«Las trabajadoras sexuales corren un mayor riesgo de sufrir toda una serie de abusos contra los derechos humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación», dijo Tawanda Mutasah, director de leyes y políticas de Amnistía Internacional. «Nuestra política describe cómo los gobiernos deben hacer más para proteger a las trabajadoras sexuales de las violaciones y el abuso.

»Queremos que las leyes se reorienten para mejorar la seguridad de las trabajadoras sexuales y mejorar la relación que tienen con la policía al abordar el verdadero problema de la explotación», dijo Mutasah, enfatizando la política de la organización que describe al trabajo forzado, la explotación sexual infantil y la trata de personas como abusos contra los derechos humanos que, en virtud del derecho internacional, deben ser penalizados en todos los países. «Queremos que los gobiernos se aseguren de que nadie sea forzado a vender sexo, o no pueda dejar el trabajo sexual si así lo desea.»

La propuesta de la organización de derechos humanos más conocida del mundo ha causado un alboroto, particularmente de parte de algunas activistas feministas que creen que la despenalización «legitimizará» un sector que es especialmente dañino para las mujeres y las niñas.

Mientras que las trabajadoras sexuales de todo el mundo se manifiestan para exigir mejores condiciones de trabajo y protecciones legales, cada vez más países adoptan versiones del «Modelo Nórdico», intentando tomar medidas drásticas contra el trabajo sexual criminalizando a los compradores de sexo comercial, la mayoría de los cuales son hombres. Amnistía, junto con muchas organizaciones de derechos de las trabajadoras sexuales, afirma que el «Modelo Nórdico» de hecho obliga al sector a esconderse y hace poco para proteger a las trabajadoras sexuales contra la discriminación y el abuso.

Las líneas de batalla se han trazado y las «guerras sexuales feministas» de los años 80 están en marcha otra vez. Gloria Steinem, que se opone a la medida de Amnistía, es una de las activistas que creen que el concepto «trabajo sexual» es dañino. «El término 'trabajo sexual' pudo haber sido inventado en los EEUU con buena voluntad, pero es un concepto peligroso, permite incluso a los gobiernos poder retener el dinero del paro y otras ayudas a aquellas que rechacen este tipo de ofertas laborales», escribió Steinem en Facebook en 2015. «Obviamente, somos libres de llamarnos a nosotros mismos lo que deseemos, pero al describir a los demás, cualquier cosa que requiera la invasión del cuerpo, ya sea la prostitución, el trasplante de órganos o la subrogación gestacional (vientres de alquiler), no debe imponerse». Quiere que la ONU reemplace el concepto «trabajo sexual» por el de «mujeres, menores o personas prostituidas».

El debate sobre el trabajo sexual es el único lugar donde se puede encontrar a los progresistas modernos discutiendo seriamente si el trabajo en sí mismo es un bien social inequívoco. La expresión «trabajo sexual» es esencial porque precisamente hace que la pregunta sea visible. Tomemos la carta abierta recientemente publicada por la exprostituta «Rae», ahora miembro militante del campo abolicionista, en el que ella concluye: «Tener que llevar a cabo actividades sexuales debido a la desesperación no es consentimiento. Utilizar a una mujer pobre para la satisfacción íntima, sabiendo que solo lo hace contigo porque necesita el dinero, no es un acto neutral y amoral.»

Estoy de acuerdo absolutamente con esto. La cuestión de si una persona que necesite desesperadamente dinero en efectivo puede dar su consentimiento para el trabajo es vital. Y es precisamente por eso por lo que el término «trabajo sexual» es esencial. Deja claro que el problema no es el sexo, sino el trabajo en sí, llevado a cabo dentro de una cultura de violencia patriarcal que degrada a los trabajadores en general y a las mujeres en particular.

Describir el 'trabajo sexual' como «un trabajo cualquiera» es solo un replanteamiento positivo si consideramos que el «trabajo» es algo bueno por definición. En el mundo real, las personas hacen todo tipo de cosas horribles que preferirían no hacer, por desesperación, para conseguir dinero en efectivo y para sobrevivir. La gente hace cosas que les parecen aburridas, desagradables o las desgarran el alma, porque no tienen otra elección. Se nos alienta a no pensar demasiado en esto, sino a aceptar estas condiciones simplemente porque así es «como funciona el mundo».

La filósofa feminista Kathi Weeks llama a esta despolitización universal del trabajo «la sociedad del trabajo»: una ideología en cuyos términos se considera que un trabajo de cualquier tipo es liberador, saludable y «empoderador». Esta es la razón por la cual el aspecto «trabajo» del «trabajo sexual» causa problemas tanto para los conservadores como para las feministas radicales. «¿Opresión o profesión?» Es la pregunta que plantea un subtítulo del excelente texto de Emily Bazelon sobre el tema en el New York Times de este mes. Pero ¿por qué vender sexo no puede ser ambas cosas?

Las feministas progresistas han tratado de cuadrar el círculo insistiendo en que el trabajo sexual no es «un trabajo como cualquier otro», igualando todo el sexo vendido, en palabras de Steinem, con una «violación comercial», y oscureciendo cualquier posibilidad de mobilización dentro del sector para conseguir mejores derechos para las trabajadoras.

La cuestión de si las trabajadoras sexuales pueden dar un consentimiento válido se puede pedir a cualquier trabajador en cualquier industria, a menos que él o ella sea económicamente independiente. La elección entre el trabajo sexual y morirse de hambre no es una elección completamente libre, pero tampoco lo es la elección entre limpiar escaleras y el hambre, o entre trabajar de camarera y la miseria. Por supuesto, todos los trabajadores en esta economía precaria están obligados a realizar cosas que no quieren hacer, como recoger basura o servir café con leche para los oficinistas exhaustos o quien sea que les pague. No es suficiente presentarse y hacer un trabajo: debemos realizar una sumisión existencial a la sociedad del trabajo todos los días.

En las agotadoras «guerras sexuales feministas», que han durado décadas, la definición que aparentemente se nos ofrece se encuentra entre una visión radicalmente conservadora de la sexualidad comercial (según la cual cualquier transacción que involucre sexo debe ser no solo inmoral y dañina, únicamente) y una versión del trabajo sexual en el que debemos pensar que la profesión es un «empoderamiento» precisamente porque la ortodoxia neoliberal sostiene que todo trabajo es fortalecedor y reafirma la vida.

Estas dos visiones a menudo pueden hacer sentir a las trabajadoras sexuales que no pueden quejarse de sus condiciones de trabajo si quieren argumentar a favor de más derechos. La mayoría de las trabajadoras sexuales que he conocido y entrevistado, de todas las clases y todos los antecedentes, solo quieren poder ganarse la vida sin ser molestadas, lastimadas o intimidadas por el Estado. Quieren las protecciones básicas que otros trabajadores disfrutan en su trabajo: protección contra el abuso, el robo de salarios, la extorsión y la coacción.

A menudo se dibuja un falso dilema entre los sectores en conflicto dentro del feminismo a favor del sexo (sex-positive) y en contra (sex-negative). Personalmente, ni soy sex-positive ni sex-negative: soy crítica hacia el sexo y contraria al trabajo.

Consideremos la preocupación de Steinem de que si el «trabajo sexual» se convierte en una terminología aceptada, los Estados pueden exigir a las personas que lo practiquen para poder acceder a los servicios de asistencia social. Por supuesto, esta es una idea monstruosa, pero asume una actitud relajada hacia los Estados que obligan a las personas a hacer otro trabajo que no han elegido para acceder a los servicios de asistencia social. ¿Cuándo se volvió normal eso? ¿Por qué el obligar a trabajar solo es horrible y degradante cuando se discute sobre el trabajo sexual?

Apoyo la abolición del trabajo sexual, pero solo en la medida en que apoyo la abolición del trabajo en general, donde el «trabajo» se entiende como «la obligación económica y moral de vender su mano de obra [y tiempo] para sobrevivir». No creo que obligar a las personas a pasar la mayor parte de sus vidas haciendo un trabajo que los menosprecie, los enferma y los agota a cambio del privilegio de tener un lugar seco donde poder dormir y algo de comida para llevar a su boca sea un «acto moralmente neutral».

A medida que más y más empleos se automatizan y se vuelven peor remunerados e inseguros, la izquierda redescubre las ideas contra el trabajo: unas ideas que exigen no solo el derecho a un trabajo «mejor», sino el derecho, si las condiciones lo permiten, a trabajar menos. Esto debe ser también un tema feminista.

Entendida a través de la lente de las ideas contra el trabajo, la legalización del trabajo sexual consiste en el control de daños dentro de un sistema que siempre es opresivo. Es el comienzo, y no el final, de una discusión sobre si es moral obligar a los seres humanos a trabajar con sus cuerpos sabiendo el tiempo limitado que tienen para vivir en la Tierra.

El trabajo sexual debe ser legal como parte del proceso por el cual comprendemos que la sociedad del trabajo en sí misma es dañina. La insistencia del feminismo liberal sobre el carácter único explotador del trabajo sexual oscurece el carácter explotador de todo trabajo asalariado y precario, y no tiene por qué. Quizás si realmente comenzamos a escuchar a las trabajadoras del sexo, como ha hecho Amnistía, podemos hablar más calmadamente en este lugar doloroso y problemático, y hablar sobre la explotación más honestamente, no solo dentro de la industria del sexo, sino dentro de cada industria.

NEW STATESMAN

26 mayo 2016

   * Artículo traducido por el colectivo AMOR Y RABIA, que forma parte del número 71 de su revista y que podéis descargaros desde esta dirección (¡ya que está el tema candente!):
http://revistaamoryrabia.blogspot.com/2018/03/revista-amor-y-rabia-n71-contra-el.html

 

PP, PSOE y Ciudadanos rechazan vetar la venta de armas a Arabia Saudí

 

España seguirá exportando material bélico al régimen saudí a pesar de los votos en contra de Unidos Podemos, ERC y PdCat en la Comisión de Defensa.

LA MAREA

19 septiembre 2017

España seguirá vendiendo armamento a Arabia Saudí a pesar de las violaciones de derechos humanos y de la Convención de Ginebra en Yemen gracias a los votos en contra del Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos durante la sesión de la Comisión de Defensa del Congreso celebrada este martes. Unidos Podemos, PDCat y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) votaron a favor del veto a la exportación de armas a Arabia Saudí y también a Iraq, mientras que el PNV se abstuvo.

Actualmente España es el tercer mayor proveedor de material militar al régimen saudí, por detrás de Estados Unidos y Reino Unido, con unas exportaciones de armas que superaron los 1.360 millones de euros entre 2013 y 2016, es decir, 26 veces más que en el trienio anterior (2009-2012).

En 2016 las organizaciones Oxfam Intermón, FundiPau, Aministía Internacional y Greenpace pidieron por carta al Gobierno que vetara la venta de armas españolas a Arabia Saudí después de comprobar que estaban siendo utilizadas para atacar objetivos civiles en Yemen y violar varias 'leyes de la guerra' recogidas en la Convención de Ginebra, contribuyendo así a la grave crisis humanitaria que vive ese país. Además, alertan de las violaciones a los derechos humanos de la petromonarquía saudí contra sus propios ciudadanos. Arabia Saudí es, junto a Qatar, uno de los países más relevantes en la difusión del wahabismo, la corriente del islam fundamentalista que nutre el ideario de los combatientes de Daesh.

Entre los principales contratos armamentísticos de España con Arabia Saudí está la fabricación de cinco corbetas en los astilleros de Navantia en Cádiz, con el beneplácito del consistorio gaditano de Podemos. Oxfam Intermón advirtió de que el ejército saudí planea emplear estos buques militares para asediar y bloquear la entrada de víveres al puerto de Saná, capital de Yemen, una acción prohibida por los tratados internacionales por su devastador efecto sobre la población civil.

En la votación de este martes la Comisión de Defensa aprobó dos propuestas para prohibir la venta de armas a países que violen los derechos humanos (una medida ya contemplada en tratados firmados por España) y para mejorar el seguimiento parlamentario de la venta de armas a otros países una vez realizada la entrega del material bélico. No obstante, la negativa del PP, PSOE (preside la Comisión) y Ciudadanos para poner fin a la exportación de armas a la monarquía saudí llega apenas 10 días después de que Civio revelara que en septiembre de 2016, los gobiernos de España y Arabia Saudí firmaron un acuerdo sobre protección mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa, un secretismo que varias organizaciones denunciaron por última vez en mayo de este año. Este pacto entró en vigor en agosto y tendrá una duración de cinco años.

España fue uno de los primeros países en ratificar en 2014, con Pedro Morenés al frente del Ministerio de Defensa, el nuevo Tratado Internacional de Comercio de Armas, que prohíbe vender material bélico a gobiernos que cometen atrocidades y violan de manera sistemática los derechos humanos y la legislación internacional. Actualmente España es el sexto mayor exportador de armamento a nivel mundial y es uno de los principales proveedores militares de Egipto, Turquía, Bahréin, Israel, Brasil y Colombia, con gobiernos acusados de emplear armamento de guerra contra la población civil. A pesar de los votos en contra de PP y Ciudadanos, la Comisión de Defensa aprobó este martes pedir al Gobierno más detalles sobre las armas exportadas a estos países.

JOSÉ BAUTISTA

¿Son los ricos menos honrados que los pobres?

J. Peláez

YAHOO/Cuaderno de Ciencias

23 agosto 2013

¿Son los ricos menos honrados que los pobres? Los estudios indican que sí. En la última década se han contabilizado más de 800 casos de corrupción política en España. La crisis económica se ha visto agudizada por una crisis de confianza en los responsables y dirigentes que administran los recursos del Estado y que actualmente ofrece datos demoledores: El 96% de la población no confía nada en los políticos actuales y un 93% de los ciudadanos encuestados creen que la corrupción alcanza a las instituciones públicas. Las cifras son el resultado de un exhaustivo estudio publicado por investigadores españoles en el European Journal of Political Economy.

Junto a esta publicación existe también un estudio realizado por la Universidad de la Laguna en Tenerife que además resalta un hecho fundamental: La inmensa mayoría de estos casos de corrupción (un 88%) están relacionados con las grandes fortunas, las tramas urbanísticas y las propiedades del suelo. Tanto es así que los propios investigadores afirman en las conclusiones de artículo que «cuando éstos se convierten en grandes propietarios, empiezan a tener el mismo comportamiento que los antiguos caciques».

Es el reflejo de una eterna cuestión que se remontan hasta hace miles de años: ¿Son los ricos menos honrados que los pobres? ¿Existe relación entre riqueza, poder adquisitivo y corrupción?

Si queremos encontrar una respuesta científica a estas preguntas debemos echar mano de uno de los estudios más citados de los últimos años sobre este tema. Se publicó en 2012 en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) y consistió en una serie de siete experimentos de diversa índole para intentar aclarar si existe relación entre nivel de riqueza y comportamientos poco éticos.

Las conclusiones fueron positivas: Efectivamente, los estudios indicaban que las personas de clase alta y con mayor poder adquisitivo tienden a exhibir comportamientos menos éticos que las personas menos pudientes.

El detonante de esta menor ética es la codicia. Los investigadores demostraron, y la realidad actual parece darles la razón, que los individuos con mayor grado de riqueza suelen estar más preocupados que el resto por su propio bienestar. Esta tendencia tiene consecuencias obvias en forma de mayor ambición y codicia, un poderoso condicionante del comportamiento que lleva más fácilmente a exhibir actitudes menos éticas.

Los experimentos («Higher social class predicts increased unethical behavior») también incluyeron una interesante correlación entre coches de alta gama y comportamiento al volante. Al parecer los propietarios de coches más caros son más proclives a no respetar las señales de circulación.

A estas investigaciones se unen estudios más recientes como el publicado hace tan solo unos días en Personality and Social Psychology Bulletin, en el que científicos de la Universidad de California, Berkeley demuestran mediante el análisis de cinco artículos científicos que los individuos más ricos muestran actitudes más arrogantes, altivas y narcisistas que las personas más pobres.

Evidentemente todos conocemos a algún personaje millonario que no se adapta a estos parámetros y que muestra gran generosidad y ética. No obstante, siempre hay que tener en cuenta que estos experimentos y estudios indican tendencias generales y que, si bien pueden existir notables excepciones, la regla general confirma lo que ya conocíamos desde hace siglos: «Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos»…

Referencias científicas:

- P. K. Piff, D. M. Stancato, S. Côté, R. Mendoza-Denton, D. Keltner (2012): «Higher social class predicts increased unethical behavior», Proceedings of the National Academy of Sciences, 109 (11): 4086-4091

- La Naturaleza Humana, «Pobres y honrados (... o viceversa)», Juan Ignacio Pérez Iglesias, Catedrático de Cultura Científica en la UPV/EHU.

- Patrick Meyer, «Just how bad are rich people, Anyway?», UA Magazine (5 agosto 2013).

- Elena Costas-Pérez, Albert Solé-Ollé, Pilar Sorribas-Navarro, «Corruption scandals, voter information, and accountability», European Journal of Political Economy, 2012, vol. 28, nº 4, ps. 469-484.

- Luis M. Jerez Darias, Víctor O. Martín Martín, Ramón Pérez, «Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España», Ería. Revista de Geografía vol. nº 84, Universidad de Oviedo.
- Paul K. Piff, «Wealth and the inflated self: Class, Entitlement, and Narcissism», Personality and Social Psychology Bulletin (20 agosto 2013).

La doctrina de Malthus

Por P. KROPOTKIN

Pocos libros han ejercido una influencia tan perniciosa sobre el desarrollo general del pensamiento económico como la que el Estudio del principio de población, de Malthus, ha tenido durante tres generaciones consecutivas. Apareció en un momento oportuno, como todos los libros que han alcanzado alguna influencia, asociando ideas ya existentes en el cerebro de la minoría privilegiada. Era precisamente cuando las ideas de igualdad y libertad, despertadas por las revoluciones francesa y americana, pugnaban por penetrar en la mente del pobre, mientras que los ricos se habían ya cansado de ellas, cuando Malthus vino a afirmar, contestando a Godwin, que la igualdad es imposible; que la pobreza de los más no es debida a las instituciones, sino que es una ley natural. «La población —decía— crece con demasiada rapidez; los últimos recién venidos no encuentran sitio para ellos en el festín de la naturaleza; y esta ley no puede ser alterada por ningún cambio de instituciones.» De este modo le daba al rico una especie de argumento científico contra la ideas de igualdad; y bien sabemos que, aunque todo dominio está basado sobre la fuerza, ésta misma comienza a vacilar desde el momento que deja de estar sostenida por una firme creencia en su propia justificación. Respecto a las clases desheredadas, las cuales siempre sienten la influencia de las ideas predominantes en un momento determinado entre las clases privilegiadas, Malthus las privó de toda esperanza de mejora; las hizo escépticas respecto a los ofrecimientos de los reformadores sociales, y hasta nuestros días, los reformadores más avanzados abrigan dudas en cuanto a la posibilidad de satisfacer las necesidades de todos, en el caso de que alguien las reclamase, y de que una mejora temporal de los trabajadores diera por resultado un aumento repentino de la población.

La ciencia, hasta el presente, permanece imbuida de esa doctrina. La economía política continúa basando sus razonamientos sobre una tácita admisión de la imposibilidad de aumentar rápidamente las fuerzas productoras de las naciones, y poder dar así satisfacción a todas las necesidades. Esa suposición permanece indiscutible en el fondo de todo lo que la economía política, clásica o socialista, tiene que decir sobre valor de cambio, salarios, venta de la fuerza de trabajo, renta, cambio y consumo. Ella no se eleva nunca sobre la hipótesis de un suministro limitado e insuficiente de lo necesario a la vida; la tiene por segura, y todas las teorías relacionadas con la economía política retienen el mismo principio erróneo.

Casi todos los socialistas admiten también semejante afirmación: y hasta en biología (tan íntimamente entrelazada con la sociología) hemos visto recientemente la teoría de la variabilidad de las especies prestar una ayuda inesperada, por haber sido relacionada por Darwin y Wallace con la idea fundamental de Malthus[*], de que los recursos naturales deben inevitablemente ser insuficientes para suministrar los medios de subsistencia relativamente a la rapidez con la que se multiplican los animales y las plantas. En suma, podemos decir que la teoría de Malthus, al revestir de una forma pseudocientífica las secretas aspiraciones de las clases poseedoras de la riqueza, vino a ser el fundamento de todo un sistema de filosofía práctica, que, penetrando en la mente de todas las clases sociales, ha venido a reaccionar (como lo hace siempre la filosofía práctica) sobre la filosofía teórica de nuestro siglo.

Campos, fábricas y talleres

(1898)

  [*] De ahí que socialdarwinismo y maltusianismo sean, en realidad, lo mismo. De lo que se deduce que el llamado 'socialdarwinismo' precede al darwinismo, y no lo contrario, como se ha creído durante mucho tiempo, incluso hemos defendido desde este blog.

Medios por encima de la democracia

Por PASCUAL SERRANO

Los medios de comunicación tienen como función informar a los ciudadanos de lo que sucede en su país y en el mundo, si bien adoptan una determinada línea editorial. La cuestión surge cuando descubren que su influencia es determinante para crear opinión pública y se encuentran con propuestas políticas que afectan a sus intereses. Renaud Lambert se preguntaba en Le Monde Diplomatique: ¿qué sucede cuando el programa que conduce a la elección de un dirigente político lo lleva a afectar los intereses del sector privado o de los dueños de los medios de comunicación? O no solamente de sus dueños, sino de todo el entramado económico y financiero en el que se desenvuelven la rentabilidad del medio.

El director del Centro de Competencia en Comunicación de la Fundación Friedrich Ebert, el colombiano Omar Rincón, se pregunta si más que defender a los medios del Estado, como se suele argumentar desde las tesis neoliberales, lo que hay que hacer es defender al Estado de los medios. Rincón se refiere a los Estados porque se sitúa en un marco latinoamericano donde hay determinados Gobiernos progresistas enfrentados a las empresas de comunicación. Esto no sucede en Europa, pero sí tenemos una confrontación entre determinadas opciones o líderes políticos y los intereses de estos medios. Por lo que no es aventurado preguntarse si, en muchas ocasiones, los emporios mediáticos no pueden ser más poderosos que los políticos que osen enfrentarse a sus intereses.

Un poder incontrolable y antidemocrático

El desarrollo de las democracias representativas y el capitalismo avanzando ha alcanzado un punto en el que el poder acumulado por el denominado cuarto poder es gigantesco. De esa supuesta función de control de los otros tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), hemos llegado a un nivel en el que la hipertrofia del poder mediático le ha convertido en el más incontrolable de todos, además del menos democrático. Incontrolable porque no existe ningún contrapoder que lo limite. Los Gobiernos tienen oposición; los empresarios, sindicatos; las firmas comerciales, consumidores, pero ¿cuál es el contrapoder de los medios? Y es el menos democrático porque, a diferencia de los otros tres, no existe ningún mecanismo de elección para quienes ejercen el poder mediático.

El neoliberalismo ha descubierto también que intervenir políticamente a través de los medios, incluso convirtiéndolos en agentes políticos, puede ser muy eficaz, pero ilícitamente eficaz. La supuesta igualdad de oportunidades con la que partidos o candidatos se deberían presentar ante los ciudadanos para buscar su apoyo se convierte en ventaja para los que disponen de medios de comunicación o de dinero para protagonizar una buena imagen en los medios. El control y la transparencia económica a la que se debe someter un partido político, cuyos ingresos están limitados y controlados, desaparece al tratarse de una empresa privada de comunicación que puede manejar los recursos que considere y recibir libremente ingresos de anunciantes o accionistas. Además la aureola de agente informativo neutral e imparcial con la que se presentan los medios resulta más eficaz para el convencimiento político que el discurso lógicamente sesgado de un partido. Esa militancia de los medios es la que les lleva a coordinar campañas tan burdas como la de estigmatizar un vocablo, el de populismo, para, a continuación, endosarlo a cualquier opción política o líder que no les guste por dispar que sea: Putin, Trump, Podemos, Chávez, Le Pen, Beppe Grillo…

Los grandes medios, en su abusiva explotación de la libertad de expresión, han logrado el apoyo de grandes organizaciones sociales incluso para mentir. El director de la división de las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que «el derecho a la información abarca todo tipo de información, inclusive aquella que (…) pueda resultar 'errónea', 'falsa' o 'incompleta'». Pero justificar el derecho a una información falsa supone violar otro derecho, el de recibir una información veraz. Y este último sí está perfectamente explicado en numerosas normas de alto rango, sin ir más lejos, la Constitución española.

A pesar de ello, en España hemos tenido que soportar durante más de una década las mentiras y manipulaciones de algunos medios sobre los atentados del 11-M, incluido el pago a testigos para que falsearan la realidad, sin que ello tuviera ninguna consecuencia legal contra esos medios y periodistas.

Falsedades frecuentes e impunes

Las falsedades difundidas en los medios son tan frecuentes como impunes. En marzo de 2014, algunas televisiones y prensa difundían fotografías de supuestas armas que manejaban manifestantes madrileños contra la policía. Finalmente resultaron falsas, se trataba de objetos incautados por la policía en circunstancias que nada tenían que ver con las manifestaciones. En 2015 en la televisión pública española se difundía un supuesto desnudo de la dirigente andaluza de Podemos Teresa Rodríguez que resultó ser falso y una presentadora hablaba de las propiedades curativas del aroma de limón. Difundir mentiras y fotos falsas solo le supuso un «reproche» del Defensor del Espectador, el Radioyente y el Internauta de RTVE.

Los medios no tienen que rendir cuentas por sus informaciones falsas por el uso de fuentes inapropiadas o por la falta de contraste de las noticias. En los primeros días de diciembre, los medios difundieron la mentira de un padre que pedía ayuda para financiar en Houston una operación que salvaría la vida de su hija, víctima de una rarísima enfermedad. Aunque, efectivamente, la niña estaba enferma, ni su vida corría peligro ni se requería ninguna operación en Estados Unidos. Gran parte de lo difundido era mentira, incluido el peregrino dato de que había viajado a Afganistán a entrevistarse con un eminente médico especializado en la enfermedad de su hija. Televisiones, radios y periódicos difundieron la falsa historia del padre, cuando se descubrió la verdad dijeron que «el padre nos había engañado a todos». A los espectadores no les engañó el padre, les engañaron los medios que no contrastaron la noticia y sus periodistas la contaron como veraz.

Otro ejemplo elocuente de la perversión del poder de los medios es la información que nos hacen llegar sobre los políticos. Durante décadas hemos asumido que los medios de comunicación eran los mediadores entre las instituciones y los ciudadanos. Un político, un ministro, el informe anual de un Ministerio, los datos estadísticos de un Gobierno, todo ello, se ponía —o se debía poner— a disposición de los medios, de la prensa, de los periodistas y éstos aplicaban unos criterios de selección y los difundían. El poder acumulado por los medios de comunicación, su estructura empresarial determinada por grandes grupos económicos, los intereses cruzados con emporios económicos, unido todo ello a los métodos cada más refinados y sutiles de manipulación y aplicación de intencionalidad en sus informaciones, ha provocado que estos medios se hayan convertido más en un elemento de deformación y de interceptación de la información que de difusores de ésta.

O, dicho de otra manera, los medios han pasado de ser unos facilitadores del libre acceso a la información a ser un obstáculo. Un discurso de diez minutos de ministro no es reproducido por los medios, es deformado, desenfocado, recortado, titulado y contextualizado con intencionalidad muchas veces discutible. O incluso silenciado. Todo, menos transmitido con rigurosidad.

Veamos un ejemplo. El 10 de diciembre de 2008, el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, comparecía ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. El motivo era la difusión por el diario El País, diez días antes, de documentos oficiales calificados de alto secreto que demostraban que el Gobierno español durante la época de José María Aznar conoció y aprobó que los vuelos clandestinos de la CIA con destino a Guantánamo utilizasen aeropuertos y espacio aéreo español. El 11 de diciembre los medios se hacían eco de la intervención oficial del ministro a partir, solo y exclusivamente, del contenido de su discurso. Sin embargo, esas mismas palabras sirvieron para que los periódicos titulasen de esta forma tan dispar, en función de sus alineamientos políticos: en El País embestían contra Moratinos y contra Aznar: «Moratinos justifica la connivencia de Aznar con los vuelos a la prisión de Guantánamo». El diario Público, solo contra Aznar: «El Gobierno confirma que Aznar autorizó los vuelos a Guantánamo». Y ABC exculpaba a todos: «Moratinos proclama que los vuelos de Guantánamo nunca tocaron España». Es evidente que si los ciudadanos se hubieran dirigido a la página web del Ministerio español y hubieran leído la intervención del ministro se hubieran informado de forma mucho más rigurosa, sin tener que someterse a la decantación ideológica de cada periódico. Los medios, en esta ocasión, en lugar de facilitar la mediación entre gobernante y ciudadano, lo que hicieron fue interceptar la comunicación que permiten las nuevas tecnologías e incorporar ruido y sesgo a las palabras originales.

Libertad de expresión e intereses

Otra anécdota que muestra el poder de los medios de comunicación sobre los Gobiernos y los políticos es que ningún Gobierno se ha atrevido en España a impedir los anuncios de prostitución en la prensa escrita a pesar que fue una recomendación aprobada por todos los grupos parlamentarios del Congreso. Y hace unos meses escuchábamos al que fuese secretario general del principal partido de la oposición, Pedro Sánchez, afirmar que detrás de su cese al frente del partido se encontraba el grupo de comunicación PRISA.

En abril de 2016 comenzó a salir a la luz el escándalo que se denominó los Papeles de Panamá. Los medios fueron difundiendo la identidad de todas las personas públicas que ahí aparecían y éstas lo confirmaban o lo negaban, pero aguantaban la difusión de la información. El único que montó en cólera y demandó a los medios por difundir su implicación fue precisamente el periodista y consejero delegado de PRISA, Juan Luis Cebrián. El adalid de la libertad de expresión no toleraba que se utilizase esa libertad para desvelar sus chanchullos.

Para defender su poder se presentan como defensores de la libertad de expresión, convirtiendo este principio democrático en una coartada para su dominio y para atropellar el derecho ciudadano a informar y estar informado. Pero cuando están en juego sus intereses desaparece la libertad de expresión y la transparencia. No soportan que conozcamos sus cuentas, por eso nunca informan sobre la identidad de los accionistas de los medios o demandan en los tribunales a los periodistas que difunden sus negocios.

Frente al predominio empresarial de los medios, el relator especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, recordó que la libertad de expresión «es un derecho universal, un derecho de todos, y no solo de las grandes corporaciones de los media… Es un derecho de la sociedad a estar bien informada, es una cuestión de justicia y ciudadanía vinculada directamente al principio de diversidad de los medios. Por eso, el monopolio de comunicación está contra, justamente, la libertad de expresión y el ejercicio pleno de la ciudadanía».

Nunca olvidaré la respuesta de un académico venezolano al ser preguntado hace varios años sobre si había libertad de expresión en Venezuela. «No, la han secuestrado los medios privados», respondió.

ATLÁNTICA XXII

Nº 48, enero 2017

Derechos humanos, mercado e información

Por JULIO ANGUITA

Tanto el artículo 19 de la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como el 20 de la Constitución española de 1978, recogen el derecho a la libertad de expresión, así como «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». Sin embargo, en la realidad, esos enunciados tienen que contrastarse con una situación evocada por dos inquietantes preguntas: ¿Quiénes disponen de medios para comunicar y difundir su opinión? ¿Cuántos y quiénes son los propietarios de los medios de comunicación? Y tanto da que la titularidad de los medios sea pública como privada.

Alguien tan defensor del capitalismo y tan convencido de sus 'bondades' como George Soros ha alertado del peligro que el fundamentalismo del mercado conlleva como subvertidor de la ética y los Derechos Humanos; y de la información libre y plural, añado yo. Efectivamente la globalización capitalista y su dogma trinitario: Competitividad, Mercado y Crecimiento sostenido están incidiendo, muy negativamente, sobre la calidad de la información y sobre la fiabilidad misma de los informadores.

En la actualidad estamos asistiendo a un proceso de concentración de la propiedad de medios de comunicación tanto en nuestro país como en el mundo entero. Esas tendencias oligopolistas y monopolistas son incompatibles con la Democracia y con una información medianamente libre. Da lo mismo, al fin y a la postre, que el único propietario de los medios de comunicación sea un Estado totalitario o un único empresario.

La Competitividad como motor de la actividad económica y empresarial, ha ido acentuando, cada vez más, la información en un mercancía cuyo destino principal y prioritario es ser vendida. A partir de ahí el titular es como el envoltorio de cualquier producto de la estantería de un supermercado: impactante y llamativo. Muchas veces, por no decir casi todas, el titular-envase no se corresponde en absoluto con lo que se redacta a continuación.

Esta técnica que tiende a priorizar la capacidad de venta conduce a una uniformidad y a un empobrecimiento del lenguaje. Seguramente que nuestros lectores habrán podido comprobar cómo en las distintas empresas televisivas hay programas parecidos, o casi iguales, en la misma franja horaria, que luchan entre sí para conseguir la audiencia, y por ende la publicidad, estableciéndose entre ellas una competencia para ver quien ofrece el producto más degradado y más degradante.

Si lo que importa es el impacto del eslogan, la rotundidad en la formulación de un juicio y la brevedad en su exposición, el lenguaje se hace cada vez más pobre, más esquemático y más rígido. Un lenguaje en creciente disminución de vocablos y de matices incide en un pensamiento equivalente cada vez más pobre, más simplista y más primario. Los matices desaparecen, las categorías se simplifican en torno a un eje binario de tesis y antítesis sin posibilidad alguna de síntesis. El empobrecimiento del lenguaje y por ende del pensamiento nos instala a todos, especialmente en el campo de la política y de la información, en los aledaños de un fascismo mental.

La lucha por captar audiencias, lectores o espectadores, no puede hacerse degradando la calidad de la información o manipulándola de tal manera que deje de ser información y se transforme en arenga, azuzamiento al linchamiento o propaganda en el más puro sentido del Dr. Goebbels.

Pero queda aún otra cuestión no menos grave: la de la situación laboral de la inmensa mayoría de quienes reciben la información en primera instancia: los reporteros y los periodistas de a pie. Sobre un reducido empíreo de comunicadores-estrella se monta toda una parafernalia que tiene como base el salario casi de mínimo vital de miles y miles de hombres y mujeres que habiendo terminado su carrera tienen que transigir con esta explotación, cuando no expolio, ya que primero es comer. Invito a los lectores a que consideren algo que muchas veces nos pasa desapercibido: la información y su tratamiento es el resultado laboral de un esfuerzo hecho por muchas personas, es una mercancía. Y en ella existen todos los elementos que hay en cualquier otra: materia prima, trabajo, valor de uso y valor de cambio, extracción de plusvalía, etc., y que también, como en las otras mercancías hay un componente de reproducción ideológica para seguir incitando al consumo de esa mercancía. La información, rectamente entendida cumple el nobilísimo papel de suministrar los elementos fundamentales para el ejercicio del pensamiento y la opción consecuente; es decir, el ejercicio de la racionalidad. De todo ello se infiere que la información no puede entrar a ser tratada como cualquier otra mercancía en el mercado capitalista.

LA CLAVE

Nº 82, 8-14 noviembre 2002

Salvar las pensiones

LAS MENTIRAS SOBRE LA INVIABILIDAD DEL SISTEMA

Por AGUSTÍN MORENO

Nuestros banqueros son gente muy austera. Por ejemplo, los del Santander destinan 233 millones de euros a asegurarse unas pensiones de oro. Eso no les impide defender la bajada de las pensiones públicas o la elevación de la edad de jubilación, como acaba de hacer el Bundesbank proponiendo que sea a los 69 años. Pero no nos hagamos mala sangre con la doble moral. El fondo del asunto es que las pensiones son una pieza clave del estado de bienestar. Más aún en tiempos de crisis: en España el 34% de hogares tiene como principal fuente de ingresos algún tipo de pensión y un 7,25% de los jubilados convive con personas en paro.

Está en marcha un intento de desmantelar del sistema público de pensiones y hay un silencio casi absoluto. Los neoliberales asisten complacidos a un deterioro del sistema que les interesa para sus planes. Hay políticos y entidades que prefieren culpabilizar a los ciudadanos de una quiebra de la Seguridad Social por vivir más de lo debido o tener menos hijos en un país que nunca ha fomentado la natalidad. Otros, para no aparecer como aguafiestas y no perder votos entre los electores de mayor edad, miran para otro lado. Complicidad o cobardía, da lo mismo, tras la devastación no habría inocencia. Vayamos por partes.

Primero el saqueo. El gobierno en funciones del Partido Popular ha sacado en julio otros 9.700 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la paga del verano y el IRPF. Se está procediendo al vaciamiento sistemático de la llamada «hucha de las pensiones». El Fondo de Reserva se creó en 2000, llegó a tener 66.815 millones en 2011 y el gobierno Rajoy se lo ha ido puliendo durante su mandato hasta dejarlo en solo 24.207 millones. Han consumido 55.151 millones de euros en los últimos cinco años y quedan reservas para año y medio. ¿Por qué se ha tirado del Fondo de Reserva? Por la caída de ingresos en la Seguridad Social como consecuencia de dos hechos: el menor número de cotizantes al aumentar los despidos, los ERE y el desempleo (se han perdido 2,9 millones de cotizantes entre 2007 y 2013); y la disminución de las bases de cotización por la devaluación salarial aplicada. Es decir, la caída de ingresos es consecuencia directa de la política de austeridad y de las reformas laborales.

El problema está también en que la «hucha» se ha usado para bajar cotizaciones a los empresarios a través de las «tarifas planas» que han supuesto este año una caída de 2.500 millones en la recaudación de la Seguridad Social. Incluso para sanear la banca, tal y como ha denunciado la prensa internacional y Vicenç Navarro, que afirman que la hucha está pagando el rescate de 61.000 millones de euros a la banca, ya que el 97% de los activos totales de los fondos de pensiones del Estado español están convertidos en bonos en España para poder financiarlo. Hasta aquí el expolio.

La estrategia de derribo. En paralelo se intensifica la campaña de los interesados profetas de la catástrofe para sembrar el miedo. Formulan una falsa dicotomía: la quiebra del sistema o bajar las pensiones, con su no revalorización y un endurecimiento de los requisitos para causar derecho. En el colmo del cinismo, hablan incluso de solidaridad intergeneracional que pasaría por bajar las pensiones para que les lleguen a los jóvenes. Tratarán de degradar las pensiones públicas para impulsar los fondos privados y atrapar el ahorro de millones de trabajadores, ya que de forma voluntaria no han funcionado. Interesa destacar que las pensiones en España son bajas (el 53% inferior a 700 euros) y que muchos millones de trabajadores no tendrían capacidad de financiarse una jubilación privada complementaria dado el empleo-basura existente (precariedad, tiempo parcial y bajos salarios).

La munición argumental que utilizan para «vender» la falta de sostenibilidad del sistema es que ha aumentado la longevidad, la tasa de natalidad es muy baja, la llegada a la jubilación de la generación del baby-boom y que se ha desequilibrado la ratio activos/pasivos. Se intentan presentar las dificultades del sistema con la inexorabilidad de los fenómenos naturales, como si fuera la sucesión de la lluvia y la sequía. Y no es cierto que sea algo inevitable. Empobrecer y liquidar el sistema público es una decisión política de la que deberían de dar cuenta a sus electores los partidos que están en la operación.

Hay alternativas, por supuesto. Empezando por la derogación de las últimas reformas del PSOE (2010) y del PP de 2013, una de las más nefastas y que —en combinación con la reforma laboral— condena a la pobreza a una gran parte de los jubilados del futuro. Los únicos que planteaban esta medida eran Unidos Podemos en el punto 16 de su Programa. Hay otros factores para corregir las tendencias demográficas y mejorar la financiación. Entre ellos está la reducción del paro, el aumento de la tasa de actividad de la mujer, el recurso a la inmigración para disponer de mano de obra, la mejora de la calidad del empleo, una política fiscal de mayor progresividad y suficiencia recaudatoria.

En términos estratégicos lo que cuenta no es cuántos producen sino cuánto se produce. Hay que hablar de la productividad. La historia demuestra cómo se ha incrementado de forma exponencial en todos los sectores económicos. Con menos trabajadores puede haber más productividad y se pueden mantener más y mejores pensiones. Es una cuestión de renta per cápita que se ha doblado en los últimos años, de la riqueza producida y su redistribución. Es evidentemente una cuestión de prioridad política y hay margen: España dedica a gasto en pensiones tres puntos del PIB menos que la media de la zona euro (10,4% frente al 13,4%).

Además ¿por qué deben ser financiadas las pensiones solo con cotizaciones sociales y no con impuestos o el recurso a la deuda si fuera necesario? Hay un derecho constitucional a las pensiones y se debe asegurar su prestación pública de igual forma que se financia la educación, la sanidad o las carreteras. Las pensiones no deben depender de la evolución de la pirámide de población sino de la riqueza, la fiscalidad y la redistribución. Esto es, de decisiones políticas adecuadas, de si se gobierna para los más o para los menos, al servicio de la sociedad o de las élites financieras. Hay que recordar que la presión fiscal en España (32,6%) es de las más bajas de Europa (40% de media).

Hay que abordar la situación, no se puede vivir al día, políticamente hablando. Porque en cualquier momento bancos y compañías de seguros lanzarán la campaña definitiva contra las pensiones públicas. De nuevo se utilizará una supuesta crisis como excusa para una estafa monumental: convertir un sistema de reparto y solidaridad en uno de capitalización a través de planes y fondos privados. Y si alguien tiene dudas de la estafa, que se informe sobre lo acontecido en Chile, donde un millón de personas se han manifestado contra las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Se puede salvar el sistema público de pensiones con una condición: que la izquierda y los sindicatos no interioricen las falacias neoliberales y que se esfuercen en desmontarlas. No es una cuestión técnica, es pura lucha de clases. Ya ha habido demasiadas reformas de pensiones, unas con acuerdo y otras sin él y no han servido para otra cosa que para reducir derechos de las pensiones actuales y futuras, un robo enmascarado a veces en fórmulas complejas. Hace falta iniciativa política para abrir el debate y disponer de un gobierno que sea garante de unas pensiones públicas dignas ¿O alguien cree que Rajoy y Rivera van a garantizar las pensiones con sus acuerdos sobre techo de gasto y reducción del déficit?

CUARTO PODER

21/8/2016