Toledo, 3 de febrero de 1522: el fin de los comuneros de Castilla

— ¿De que sirve defender su derecho a parir si no puede parir?
— Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión.
—¡Es un símbolo de su lucha contra la realidad!
MONTHY PYTHON,
(La vida de Brian)

Aunque la fecha del 23 de abril de 1521 se conozca ampliamente como el fin de la rebelión comunera castellana del siglo XVI, en realidad fue el principio del fin. En esa fecha fueron derrotadas las tropas comuneras capitaneadas por Padilla, que tras su ejecución al día siguiente y la consiguiente rendición de los municipios de la cuenca del Duero, no implicó que todo acabase... aún permanecían las comunidades comuneras al sur del Guadarrama como Madrid, Toledo o Murcia, entre otras.

Tras la campaña del obispo Acuña por Tierra de Campos, la Junta comunera reunida en Valladolid decidió trasladarlo a Toledo, para recaudar los fondos del arzobispado de la ciudad en beneficio de la hacienda comunera. Con la muerte en enero del año 1521 de Guillermo de Croy, quien detentaba el puesto de Arzobispo de Toledo, Acuña disputó la mitra con María de Pacheco (esposa de Padilla y, posteriormente, su viuda) quien propugnaba a favor de su hermano. El obispo Acuña salió de Valladolid el 20 de febrero, recibido apoteósicamente en varias localidades al sur del Guadarrama, se enfrentó con las tropas realistas del prior de San Juan, y sufrió una derrota. Pero con su entrada en Toledo, el 29 de marzo, las masas populares lo aclamaron y sentaron en la silla arzobispal; y lo nombran jefe de la Comunidad, en sustitución de Padilla que estaba entonces en la meseta norte. A pesar de la latente rivalidad, pero no explicita, con la Pacheco y sus correligionarios, en una entrevista entre ambos acuerdan repartirse unos cargos: Acuña se hace con la administración del arzobispado y ratifica su liderazgo, a cambio Padilla sería nombrado maestre de la Orden de Santiago. A pesar de la negativa de los canónigos de la catedral a aceptarle en el cargo. Aunque obtenga parte del tesoro, Acuña aún forcejea con éstos y se acrecienta la división interna entre los comuneros toledanos.

Tras el conocimiento del desastre de Villalar y la ejecución de Padilla, se organizó un duelo colectivo popular en la ciudad del Tajo, participando el mismo obispo ante la casa de la viuda. Con la división del bando comunero, y algunos enfrentamientos y refriegas en esos días, Acuña abandona Toledo a comienzos de mayo de 1521. Dejando que la señora Pacheco se haga con el control de la Comunidad y mantenga viva la llama de la rebelión. Tras la rendición de Madrid el 7 de mayo, Toledo se queda solo como el último foco comunero, avivado por la presencia de la viuda de Padilla.

María de Pacheco (la «leona de Castilla») erigida en auténtica dueña de la ciudad se instala en el Alcazar para organizar la resistencia. El prior de San Juan se aprestó de inmediato para acabar con ella. Durante el verano hubo varios combates entre las tropas realistas (o imperiales) y las de Toledo. A primeros de septiembre da comienzo el asedio de la ciudad comunera; tras la derrota del 16 de octubre se iniciaron las negociaciones entre ambas partes, nueve días después se firma un acuerdo entre los representantes de Toledo y el prior de San Juan. El pacto además de poner fin a la guerra, reconocía los derechos y libertades de la ciudad y aseguraba una amnistía. El 19 de diciembre se rompía tal pacto, el prior ocupaba la ciudad y daba comienzo a la represión. El 3 de febrero de 1522 vuelve a estallar otra revuelta más, hasta ser sofocada en tres horas. Y esto supuso el acto final y definitivo de la rebelión comunera o Guerra de las Comunidades de Castilla, en la misma ciudad donde se inició todo dos años atrás. María de Pacheco huye de Toledo disfrazada, para terminar refugiándose en Portugal, donde murió en marzo de 1531 sin obtener el perdón del emperador Carlos V. Y en marzo 1526 sería ejecutado en Simancas el obispo Acuña, tras protagonizar un intento frustrado de fuga el mes anterior.

La semana pasada se cumplía el 490 aniversario de los sucesos que pusiéron el punto final a esta rebelión. Hecho que fue considerado por muchos como el fin de las libertades castellanas ante el absolutismo regio y la gran nobleza terrateniente. Liberales, republicanos, castellanistas y otros han abogado por ensalzar la mítica figura de los comuneros ejecutados en Villalar y, también, a los posteriormente represaliados como auténticos símbolos de la libertad y de la identidad popular castellana. Por ejemplo, tenemos a la gente de IzCa y Yesca reivindicándolos como luchadores por los derechos del «pueblo trabajador castellano» y dignos de recordar en nuestra memoria colectiva. Aunque durante esta rebelión del primer tercio del siglo XVI hubiese habido una gran participación de «la gente del común», en realidad más que popular fue una revuelta acaudillada por una parte de los sectores privilegiados de las urbes del momento, y atizada desde los pulpitos por los sermones incendiarios de curas y frailes. Fue esta pequeña nobleza, la que componía parte del patriciado urbano castellano, la que verdaderamente dirigió a las masas populares en nombre del llamado «bien común» y bajo el grito de «Comunidad».

Todo comenzaba años atrás con la llegada, en 1517, de un adolescente rey extranjero, acompañado de un séquito de cortesanos flamencos que se repartieron los mejores cargos del Reino y, a su vez, rapiñaban todo lo que podían, produciendo un gran malestar entre los autóctonos. Agravándose con el deseo del rey de recaudar más impuestos para financiar los gastos por su elección al trono imperial, cosa que gustó mucho menos a los castellanos. A pesar del enfado de varias ciudades, el joven rey convocó a Cortes para aprobar las nuevas cargas fiscales en 1520. Dos municipios (Toledo y Salamanca) se negaron a enviar sus representantes para tal farsa; y cuando algunos de los gobernantes toledanos fueron llamados ante la presencia del rey, en abril estalló un motín para impedir su salida de la ciudad. Motín encabezado por uno de sus regidores y capitán de milicias, Juan de Padilla. Rebelión que fue seguida en otros municipios, y dando inicio a la guerra. Guerra que terminó ganando el monarca, cuyo poder central salió más fortalecido, y sus aliados, los grandes señores feudales. Victoria con la que se identifica más tarde como el comienzo del declive de las libertades de Castilla… Pero con la derrota comunera no se acabaron tales libertades, porque, en contra de que se ha dicho y se ha creído, ya no existían o eran raquíticas en una población que mayoritariamente carecía de derechos.

La Guerra de las Comunidades fue una revuelta netamente urbana, aunque acompañada de algunos levantamientos antiseñoriales en el campo, lo que implicó y posibilitó un mayor acercamiento de la alta nobleza al bando real, inicialmente mantuvieron una actitud pasiva. Aunque se pueda simplificar que fuese un enfrentamiento entre el pueblo y la aristocracia, la realidad, más bien, fue heterogénea. Había componentes de los tres estamentos sociales en ambos bandos, con el predominio nobiliario, en uno, y el menesteroso, en el otro. Algo muy similar a las revueltas antiseñoriales y urbanas de siglos anteriores, lo cual de nuevo no tuvo nada.

Varios historiadores han pretendido ver en estos acontecimientos un precedente de las revoluciones modernas. (Incluso la gente de IzCa y Yesca llegan a considerar en un manifiesto reciente: «La Rebelión de las Comunidades es un referente clave, es nuestra primera revolución, nuestra primera organización en lo político, lo social, lo económico, que tiene como sujeto político a Castilla desde un proyecto que pretende dar respuestas a sus necesidades y problemas.») Revoluciones modernas que sólo supusieron el cambio de poder de unas manos a otras. Revoluciones que en nombre del pueblo, la nación, las clases oprimidas o la democracia, auparon a lo más alto a ciertos sectores sociales que tenían una posición social y política secundaria para convertirse en las nuevas élites. La Revolución Francesa dio el poder a la burguesía; las luchas de liberación nacional para sustituir el poder colonial por el de las élites nativas; etc. Algo muy parecido con las sublevaciones medievales de varias ciudades europeas, que dieron paso a mercaderes y campesinos ricos para formar parte de las oligarquías dominantes. Nada nuevo. Padilla y señora, el obispo Acuña, el conde de Salvatierra y otros líderes comuneros eran miembros de las clases dominantes, y al igual que los diputados Montañeses de la Francia revolucionaria de finales del XVIII, se apoyaban en las clases populares para adquirir más poder ante sus rivales. Los comuneros castellanos exigían al rey una mayor participación de los municipios del Reino para la toma de decisiones políticas en las Cortes. Cortes representadas por una minoría respecto a la totalidad. Si en las Cortes de principios del siglo XIV hubo 100 localidades, a finales del siglo apenas eran la mitad, y en el XVI solamente eran 18. Y, prácticamente, ninguna de las exigencias comuneras fue ampliar el número. Exigían participar en el poder político pero sin contar con la mayoría.

Otro factor supuestamente revolucionario fue el de una mayor democratización en el interior de los municipios. El mítico «concejo abierto» era inexistente (solamente existió en el pasado y en localidades pequeñas), el concejo era cerrado y restringido, estaba en manos de unas pocas familias, que conformaban la pequeña nobleza o patriciado urbano, cuyos miembros heredaban los cargos municipales; generalmente se los turnaban o se los repartían entre los linajes y banderías oligárquicas, algo muy parecido al bipartidismo actual. Los anhelos de ciertos sectores populares eran formar parte de ellos, pero no un cambio radical del sistema. Esta oligarquía urbana cuando entraba en conflicto con los grandes, recurría al apoyo de la gente del común, enarbolando el lema del «bien común». Pero otras veces, ante posibles motines populares, recurrían a los nobles. Algo parecido hacían los artesanos y campesinos más ricos respecto a sus vecinos más pobres del mismo estamento, defendían el «bien común» en unos casos y se apoyaban en los oligarcas, en otros, según sus intereses.

«Conocer la historia de aquellas leonas y leones que deben estar en nuestra memoria colectiva de pueblo trabajador castellano para llevar a cabo una nueva Rebelión Comunera» (del manifiesto de IzCa y Yesca)… ¿¡!? Decir que estos comuneros de Castilla, como Padilla y la Pacheco, sean símbolos del pueblo castellano, símbolos de la lucha por la libertad, está completamente fuera de lugar. Si hubiese triunfado su rebelión, no habrían cambiado mucho las cosas, creer en su «revolución» es algo que está fuera de la realidad.

Homenaje reciente en Toledo a un símbolo
de la lucha contra la realidad histórica.

Sobre los concejos medievales castellanos y su mitificación por parte de los nacionalistas de “izquierda”

[Supongo que en un día como hoy, 23 de abril (en el que el nacionalismo de izquierda congregado en la campa de Villalar de los Comuneros y la superficial progresía que le sigue manipula los hechos del pasado para reclutar nuevos adeptos a la causa “castellanista”), se volverá a airear el mito de los concejos medievales de Castilla como órganos de libertad y democracia directa. Ya el año pasado pudimos leer en la propaganda de las organizaciones convocantes cosas como que en la Castilla de la Baja Edad Media: “Las gentes (...) disfrutaron durante varios siglos de una estructura social fundamentada en el “Concejo Abierto” o asamblea popular soberana que realizaba la gestión de todos los bienes comunales.(...) Los bienes comunales pertenecían al común de los vecinos y estos constituidos en asamblea soberana tenían la capacidad de decisión y de gestión, sin subordinarse a ningún otro núcleo de toma de decisiones o centro de poder, siempre y cuando todos estos recursos fueran destinados al autoabastecimiento en forma de bienes de uso y nunca productos destinados al mercado”. Pero esta descripción de un concejo medieval como si fuera la asamblea de una colectividad anarquista de los tiempos de la Guerra Civil, no puede estar más alejada de la realidad histórica medieval, marcada por el dominio del sistema feudal del cual el concejo era un apéndice. Tampoco habría que olvidar que la aparición de los concejos medievales se produce en el contexto de una guerra de religión, lo que se llamó la Reconquista.

El texto que sigue, elaborado por los medievalistas de la Universidad de Valladolid J. A. Bonachía y J. C. Martín Cea, ataca esta imagen mitificada del concejo medieval que fue difundida por los liberales (que también crearon su particular novela romántica sobre la Revuelta Comunera del siglo XVI) y deja claro que el concejo tiene muy poco de democrático, que estaba dominado por un señor feudal que era propietario de tierras y ganados. No hay, pues, nada de ese “comunismo libertario” medieval que algunos quieren ver. Además, la poca representación que tenía el “común” en los concejos estaba en manos de la clase acaudalada, o sea, de la burguesía. Por otra parte, habría que aclarar que el término “concejo abierto” es un término jurídico moderno que se refiere a la organización de núcleos de población que por su escaso número de habitantes son considerados inferiores al municipio, según se recoge en la Constitución Española de 1978. Usar el adjetivo “abierto” para los concejos medievales tan sólo alimenta el confusionismo.

Lo que sigue es un extracto del texto. Quien quiera leerlo al completo lo tiene aquí:
http://centros.uv.es/web/departamentos/D210/data/informacion/E125/PDF196.pdf

Por cierto, la negrita es de mi cosecha.]

(...) la valoración del municipio en el Antiguo Régimen y el proceso de constitución de las oligarquías han centrado la atención de un gran número de historiadores, que, desde diversas perspectivas, han abordado su estudio desde bien entrado el siglo XIX.

Así, en 1877 A. SACRISTÁN y MARTÍNEZ publicaba sus Municipalidades de Castilla y León. Estudio histórico-crítico; algunos años más tarde, E. De HINOJOSA y NAVEROS sacaba a la luz su Origen del régimen municipal en León y Castilla, fruto de una conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid, en el curso 1895-1896. Como buenos representantes de su época, el municipio y el concejo abierto aparecían en sus textos como un símbolo de libertad, autonomía y democracia vecinal, hasta el punto de construir una imagen idílica que reflejaban frases tan rotundas como la siguiente: «el municipio leonés y castellano de los siglos X al XIII es esencialmente democrático» (E. de Hinojosa). Para estos autores, el municipio medieval castellano era, ante todo, un fenómeno institucional, ajeno a su entorno social, que básicamente había sido heredado del mundo tardorromano; un fenómeno democrático, puro, participativo, que sólo comenzaría a erosionarse a partir del siglo XIV, al irrumpir en escena el afán centralizador de la Monarquía.

Este mito, inspirado en el espíritu liberal y desarrollado al amparo de la pujante Historia del Derecho y de las Instituciones decimonónica, ha lastrado durante varias décadas las investigaciones efectuadas por sucesivas generaciones de medievalistas hispánicos, hasta el punto de convertirse en un referente clásico en la historiografía de mediados de los cincuenta, recogido en autores tan significativos como C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, J. Mª LACARRA, J. Mª FONT RIUS. Se trataba no sólo de enfatizar la singularidad de la Península Ibérica sino de demostrar, también, que la llamada marea feudal había quedado varada en las laderas del Pirineo. Con estos antecedentes, no resulta extraño que el propio C. SÁNCHEZ ALBORNOZ se atreviera a manifestar la «gran sorpresa» que le produjo la donación que el concejo de Ávila realizó a favor de un particular, Velasco Velázquez, en 1283, de parte de su término concejil, y a interpretarla como un exponente de las «libertades de la democracia de Castilla en el siglo XIII» y de «la fuerza colosal de la organización municipal y parlamentaria de los concejos castellanos hasta Alfonso XI» (c. Sánchez-Albornoz). Lejos de ser una mera anécdota, este tipo de afirmaciones gozaron de gran credibilidad tanto en la España de la Autarquía como en la Escuela de Buenos Aires, creada en su exilio argentino por el viejo maestro del medievalismo hispánico. Sus tesis pueden verse reflejadas con nitidez en trabajos tan relevantes como el de R. GIBERT sobre El concejo de Madrid. Su organización en los siglos XII al XV o el de Mª del C. CARLE Del concejo medieval castellano-leonés, verdaderos compendios de instituciones municipales, en los que se concede enorme importancia a aspectos tales como el número de funcionarios y cargos concejiles, su tipología, competencias, salarios, el funcionamiento institucional de los ayuntamientos, etc.

Habrá que esperar, por tanto, a mediados de los años setenta para que, al tiempo que se produce el proceso de normalización de la vida pública española, comiencen a percibirse los primeros cambios de tendencia en el estudio del régimen municipal. Es entonces cuando empieza a manifestarse con fuerza la idea de que las instituciones locales no son realidades inmóviles o ajenas al entorno social, sino que se encuentran incardinadas de pleno dentro del contexto feudal. Se abría así, como dice J. Mª MONSALVO, un doble desafío para las nuevas generaciones de medievalistas hispánicos: por un lado, la necesidad de desmitificar las visiones idílicas pergeñadas en el pasado y, por otro, la urgencia de reemplazarlas por nuevas categorías de análisis más completas y elaboradas. Poco a poco, y gracias a trabajos como el de M. GONZALEZ JIZMENEZ sobre Carmona, el de C. ESTEPA sobre León o los de J. A. BONACHIA y T. F. RUIZ sobre Burgos, el viejo tópico de los concejos libres y democráticos comienza a derrumbarse; el concejo deja de ser un ente institucional y abstracto y se inserta con toda normalidad en las estructuras de poder feudales.

En el curso de los años ochenta, numerosas monografías siguieron la senda trazada por estos trabajos pioneros; tanto es así que, con el tiempo, acabará conformándose un modelo de análisis de las instituciones concejiles en Castilla, en el que, primero, se aborda el estudio del marco natural, después, el de las bases socio-económicas locales y, por fin, el examen de las instituciones municipales concretas; repaso que, generalmente, concluye con unas reflexiones más o menos breves sobre la hacienda municipal. En cualquier caso, tanto en este tipo de trabajos generales como en otros de enfoque más puntual, la tónica dominante apunta hacia la profundización en facetas hasta entonces menos desarrolladas, que tienden a ahondar en la relación de los diversos poderes concejiles con la sociedad feudal dominante. Ese es el caso de las nuevas y sólidas interpretaciones sobre el origen y formación de los grupos oligárquicos (J. Mª MÍNGUEZ, A. BARRIOS, etc.), sobre las particularidades de la conformación de los señoríos castellanos (C. ESTEPA) o, sobre el carácter colectivo del ejercicio del poder local sobre el conjunto del territorio dependiente, que dará lugar a la constitución de una forma específica de dominación feudal a la que algunos autores han calificado con el expresivo nombre de señorío concejil (J. A. BONACHÍA, M. SANTAMARÍA LANCHO, J. MARTÍNEZ MORO, etc.). (...)

Gracias a estos estudios, hay algunas conclusiones que poco a poco han ido cobrando cuerpo en el seno de la historiografía castellana hasta el extremo de ser mayoritariamente admitidas en la actualidad. De forma sintética, pueden destacarse algunas de ellas:

a) Así, frente a la concepción que se había defendido tradicionalmente, las oligarquías han dejado de contemplarse como una novedad radical de los siglos bajomedievales. Hoy no se discute que su formación es el resultado de un proceso histórico que arranca desde el mismo instante en que comienzan a producirse importantes estratificaciones sociales en el seno de las comunidades aldeanas (fines del siglo X-siglo XI). A este respecto, las consideraciones generales realizadas por J. Mª MINGUEZ han sido particularmente esclarecedoras, al apuntar, con datos fehacientes, cómo en el seno de las primeras comunidades podía detectarse con nitidez una clara polarización social entre unos pocos, los futuros caballeros villanos, que detentaban fortunas y cargos públicos y otros muchos, integrantes del común de la población campesina, relegados a un papel secundario en lo económico y en lo político.

b) En este mismo sentido, tampoco parece cuestionarse en estos momentos la íntima relación que se establece entre la ostentación del poder político en el municipio y la posición que ocupan los integrantes de las oligarquías en la estructura social; o, si se quiere, resulta cada vez más evidente que lo político no puede desvincularse de los aspectos sociales y económicos. Es más, si por algo se caracteriza la caballería villana de Castilla que se está gestando en los siglos plenomedievales es precisamente por su posición económica como medianos o grandes propietarios —tanto de tierras como de ganados— y por su progresivo control del poder político concejil, sin olvidamos naturalmente de lo que ha sido la base esencial utilizada para su promoción en la escala feudal: la especialización militar como combatientes a caballo. Por lo demás, hay que subrayar que este proceso de aristocratización y consolidación de la posición política dominante por parte de los grupos antes citados se produce siempre de forma paralela a la creación y desarrollo del propio sistema concejil.

c) Otro aspecto en el que se ha avanzado profundamente en los últimos años es la consideración de que la institución concejil no es un fenómeno ajeno al universo feudal, sino que se encuentra plenamente inserta e involucrada en él. A fin de cuentas, éste era el argumento central de partida de la renovación producida en los años setenta; un argumento que enfatizaba la definición y consideración de la caballería villana como parte integrante de la clase señorial feudal y que arrumbaba, de una vez por todas, las tesis sobre la inexistencia de feudalismo en Castilla.

(...)

La función de todo gobernante consiste principalmente en imponerse sobre los gobernados, pero con el menor coste posible y con el mayor grado de aceptación hacia sus dictados. La actuación de los dirigentes no puede cimentarse exclusivamente sobre la coacción o la imposición por la fuerza, sino que busca fomentar el más amplio consentimiento hacia su función y, a través de él, procurar la obediencia de los subordinados. En la medida en que esto se consiga, utilizando para ello la cobertura ideológica y los mecanismos de propaganda que sean necesarios, su autoridad será menos discutida, se atenuarán los posibles conflictos latentes y se avanzará hacia la consecución de su ideal de la paz social. Por el contrario, desde la perspectiva de quienes sufren el ejercicio de dicho poder, la respuesta no es uniforme, oscilando entre el acatamiento obediente a las decisiones del poder público, la oposición más a menos abierta a ellas, pero sin cuestionar el orden social vigente o la revuelta o la insurrección, cuando no encuentran otra alternativa.

Precisamente por todo ello el estudio del poder urbano nunca estaría completo si no se tienen presentes a los sectores integrados en el común y en tal sentido es fundamental ahondar en el análisis de sus formas de organización, en sus actitudes políticas, en sus líderes y en sus aspiraciones, en sus cauces de participación institucional en los órganos de gobierno, etc. No seríamos justos, sin embargo, si no reconociéramos que se están produciendo en esta dirección importantes avances, como los derivados de las recientes aportaciones de J. Mª MONSALVO, M. DIAGO HERNANDO o Mª I. Del VAL VALDIVIESO, por citar algunas de las más representativas y originales. Gracias a ellos, podemos conocer mejor las fórmulas organizativas empleadas por los pecheros en algunos concejos bajomedievales, así como las vías utilizadas para acceder en la medida de lo posible a los centros de poder local. En este orden de cosas, habrá que prestar atención a hipótesis tan sugerentes como la que habla de la constitución de una élite dentro del común de perfiles potencialmente revolucionarios; se trata, según Mª I. Del VAL, de un sector acaudalado y pudiente, constituido fundamentalmente por comerciantes, que, apoyado en su propia riqueza, pretende alcanzar un puesto político relevante; para ello, previamente se ha constituido en portavoz de la colectividad, se ha arrogado su representación política en collaciones, cuadrillas y otras asambleas vecinales y no duda en utilizar las luchas del conjunto de la población en su propio beneficio, enfrentándose con la oligarquía. Su actitud alcanza su máxima intensidad en torno a 1520 y acaba saldándose en un fracaso con la derrota de las Comunidades.

Estos tipos también se reclaman herederos de los
concejos medievales castellanos.